Washington pretende que sus fuerzas no sean procesadas por el Tribunal Penal Internacional si violan los derechos humanos. El ministro de Defensa fue tajante: "Brasil no firmará ningún pacto."

Brasil rechazó de raíz las presiones de Washington para que su gobierno firme un acuerdo que otorgaría inmunidad al personal militar estadounidense ante crímenes de guerra o contra los derechos humanos.

El ministro de Defensa brasileño, Geraldo Quintao, fue enfático: "Brasil no va a firmar ningún pacto de inmunidad con Estados Unidos", le dijo a la agencia Estado, y desestimó así la pretensión norteamericana de evitar que sus tropas sean juzgadas por el Tribunal Penal Internacional, vigente desde julio pasado.

"Aquí, en Brasil, no nos preocupamos (por esas cuestiones), porque nuestros tribunales juzgan y condenan cuando entienden que es necesario", remató Quintao, con un tono que sugirió cierta descalificación a la pretensión estadounidense.

Como lo había hecho primero con Colombia y después con la Argentina -que también rechazó el pedido, aunque ofreció una alternativa más conciliadora, el gobierno de George W. Bush apuntó a Brasil para que acordara la inmunidad para sus fuerzas militares.

Había sido la propia embajadora estadounidense en Brasilia, Donna Hrinak, la responsable de confirmar el interés de su gobierno de firmar este tipo de pacto con Brasil antes de la salida del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Amnesty International dio las primeras pistas sobre el asedio diplomático norteamericano en Sudamérica, así como en todos aquellos países donde ya actúan, o puedan hacerlo en el futuro, sus tropas.

Según esta ONG, un funcionario del Departamento de Estado precisó que "Estados Unidos no colocó entre las prioridades a aquellos países en los que no piensa establecer personal en un futuro próximo". Esto permitiría deducir, según fuentes consultadas por este diario, que la ofensiva diplomática sobre Brasil y Argentina podría deberse a la intención de la administración Bush de hacer base en ambos países con fines militares.

"Es verdad que buscamos un acuerdo y lo estamos negociando con muchos países. Brasil es uno de ellos", dijo la embajadora Hrinak en una rueda de prensa en Brasilia, y expresó su intención de apresurar un pacto de inmunidad en los tres meses y medio que le restan al gobierno de Cardoso. Washington consideraba que el próximo presidente, cualquiera sea, tendría más dificultades para conceder ese tipo de salvaguardias.

Itamaraty, la Cancillería brasileña, ya había emitido signos sobre su renuencia a la firma de semejante pacto, por considerar que violaría el Tratado de Roma que instituyó el Tribunal Penal Internacional. "Washington conoce la posición brasileña de no limitar el alcance del Tribunal", le habían dicho fuentes de Itamaraty al diario paulista O Estado de Sao Paulo.

Analistas militares brasileños sugirieron que EE.UU. pretende despejar el camino para que sus tropas puedan perseguir a la guerrilla de las FARC colombianas dentro de la selva brasileña, si fuera necesario. A Brasil le preocupa exactamente lo mismo, pero en sentido contrario: la diplomacia y las fuerzas armadas brasileñas quieren evitar a toda costa que la guerra de Colombia se introduzca en su territorio, más aún con tropas extranjeras.

Dentro de la región, Colombia es el único país que aceptó demorar hasta el 2007 la jurisdicción del Tribunal para los delitos de guerra de las tropas estadounidenses. Las presiones sobre Argentina tuvieron un resultado limitado que parecen no haber satisfecho al gobierno norteamericano. Esto explica que aún esté en suspenso la decisión de enviar personal para las maniobras conjuntas en la provincia de Misiones. Washington colocó también en su mira la Triple Frontera (Brasil-Paraguay-Argentina). Según la embajadora Hrinak, existen "grupos extremistas que actúan en la región para garantizar recursos de financiación al terrorismo internacional". Si la guerra al terrorismo no reconoce fronteras, individuos caracterizados como terroristas en la región podrían, por lo tanto, ser susceptibles de acciones represivas norteamericanas.

Amnesty International confirmó que, hasta ahora, hay cuatro países que firmaron el pacto de inmunidad con Estados Unidos. Son Israel, Timor Oriental, Rumania y Tajikistán. El 30 de agosto del 2002, 78 Estados ratificaron el Tratado de Roma (de 1998). En tanto, son 139 Estados los que lo han firmado.

El Tribunal Penal Internacional, que entrará en plena operación durante el primer semestre del 2003, podrá juzgar casos con retroactividad al 1ø de julio pasado. Abarca la investigación de individuos acusados de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, cuando las cortes nacionales están impedidas de hacerlo.

En realidad, con la creación del Tribunal, tanto personal militar como político de cualquier nación puede ser procesado por genocidio y crímenes de guerra, independientemente de haber firmado o no el tratado. Si algún militar o funcionario de EE.UU. fuera detenido por actos ilegales en un país signatario, deberá ser entregado al Tribunal Internacional de La Haya.

Fuente: Clarín.com, septiembre 5, 2002
Eleonora Gosman, corresponsal en Sao Paulo
http://www.clarin.com/diario/hoy/index_diario.html