A la luz de los nuevos cambios tecnológicos, la dinámica de la sociedad actual viene guiada por la necesidad de procesar mayores flujos de información que tiene el potencial de cambiar el nivel de tiempo y esfuerzo requerido para desarrollar nuestras tareas y generar valor añadido. Pese a la disminución de los valores tecnológicos y los fuertes ajustes de personal de las grandes empresas, resultan indudables los incrementos de la productividad acaecidos durante el último decenio derivados de las innovaciones tecnológicas, así como su indudable influjo sobre la creciente internacionalización de las actividades y los nuevas formas de producción y organización industrial y empresarial.
Dado este escenario, parece oportuno preguntarse cómo debe responder la acción colectiva ante los nuevos y conocidos avatares que acarrea un mundo más interconectado y global, cuyos nuevos problemas son en parte viejos (desigualdad de acceso, de medios y otros.) y que han conducido, acertadamente, a muchos teóricos a hablar de toda una nueva sociedad de la información y del conocimiento.
Con la intención más de comentar los frentes abiertos que proporcionar una visión compacta y precisa sobre una cuestión todavía muy abierta, este artículo se pregunta por las formas y las interrelaciones que deben tenerse presentes para encauzar normativamente esta amalgama de factores que conforman la moderna era digital. La necesidad de regular la red se debe a dos sencillos factores en muchos sentidos incompatibles: evitar la exclusión y fortalecer su avance tecnológico, así como su utilidad para las personas y empresas.
Para lograr estos objetivos resulta imprescindible primero responder a la pregunta de si es posible regular y actuar sobre el avance la sociedad de la información. Y, a su vez, para responder a esta pregunta, primero es necesario entender el funcionamiento de los fundamentos básicos de la sociedad de la información y los retos actuales planteados en el ámbito de las nuevas tecnologías. Con este ambicioso objetivo en mente, primero se comentan de forma sencilla desde el prisma de la regulación los dos elementos determinantes de la sociedad de la información, a saber: la globalización y la tecnología.
En segundo lugar, se examina de dónde surgen y cuáles son a grandes rasgos los grandes retos regulatorios de la sociedad de la información en términos de convergencia, integración, mecanismos y actores relevantes. Finalmente, se concluirá poniendo en común los puntos tratados aportando algunas reflexiones centradas en un nuevo papel de la esfera pública como sujeto y objeto de una acción reguladora plural que contemple los conflictos distributivos y permita el crecimiento adaptado a las necesidades de las personas.

Sociedad de la Información: Globalización y Tecnología

Los factores que, de forma general, caracterizan la sociedad de la información son la globalización y la tecnología. Ambos se refuerzan mutuamente siendo causa y consecuencia el uno del otro. Al no ser el propósito de este trabajo examinar los complejos vínculos que puedan existir entre ambos (como realizan grandes autores como Castells, Toffler, o Naisbitt), lo realmente trascendente para examinar el problema de la regulación es observar qué perspectivas analíticas existen para abordar ambos conceptos y cuáles son las lecciones que podemos esperar de las mimas.
Tal como la define David Held, la globalización es un proceso, o una serie de procesos, que transforman la organización espacial de las relaciones y las transacciones sociales - entendidas en términos de su extensión, intensidad, velocidad, e impacto -generando flujos transcontinentales o interregionales y redes de actividad, interacción y ejercicio de poder (Held, D. et. al: 1999). Así pues, la globalización transforma los patrones de interacción de individuos y organizaciones. Sin embargo, dada la gran variedad de actores y de relaciones es necesario preguntarse si es posible identificar algunos de estos 'patrones' que expliquen las diferentes formas y intensidades en las que acaece dicho proceso de transformación de las relaciones y las organizaciones-instituciones.
Es en este punto donde resulta de utilidad destacar la distinción analítica de Braithwhaite y Drahos entre la globalización de empresas, la de mercados y la de las regulaciones de los sectores específicos. Así, las empresas globales son aquellas que, originadas en un territorio específico, esparcen sus operaciones a través de grupos y corporaciones a otros territorios. Por su parte, los mercados globales son donde compradores y vendedores de cualquier territorio se encuentran (de forma física o electrónica) para realizar sus transacciones. Finalmente, la globalización de la regulación supone la internacionalización y expansión de normas, aunque no necesariamente su harmonización, pues aunque un negocio se regule en todo el mundo esto no implica que dicha regulación adopte la misma forma.
Siguiendo a estos autores, conviene resaltar que dicha distinción es contingente y, por tanto, pueden darse unos tipos de globalización sin los otros. Por ejemplo, se pueden encontrar mercados globalizados sin una regulación globalizada, como sucede en el caso de las apuestas en el que, aunque podemos jugarnos nuestro dinero en cualquier parte del mundo a través de la red, cada país regula el juego de forma diferente. También puede existir una regulación global sin un mercado globalizado. Éste sería el caso de un mercado como el farmacéutico donde el Estado es el comprador monopsonista y, por tanto, puede discriminar precios desvinculando el mercado de la regulación de los precios de mercado.
Otro caso sería la globalización de empresas sin mercados globalizados, tal y como también sucede en el mercado farmacéutico. Por último, la globalización de empresas puede no verse acompañada de la globalización de la regulación. Esto es el caso de los servicios audiovisuales donde empresas globales como la CNN o las productoras de cine (que operan de forma distintas en función de los límites que los paises establecen sobre temas tan diversos como la concentración de la propiedad, la tolerancia política o pornográfica, así como de contenido en lengua autóctona).
Otros autores como Abott y Snidal han preferido acercarse a la globalización y sus efectos distinguiendo entre las diferentes formas de gobernanza internacional que existen para elaborar estándares internacionales que resuelvan los distintos problemas de externalidad surgidos a raíz de (a) el comportamiento más o menos oportunista de gobiernos y empresas, (b) los efectos de red, y (c) las dificultades de coordinación entre actores. De esta forma, entendiendo por gobernanza internacional las restricciones formales e informales forjadas por las reglas, roles y relaciones que definen y regulan las prácticas de los actores estatales y no-estatales en los asuntos internacionales (Abott y Snidal, 2000), estos autores distinguen entre aquellas formas de gobernanza que dan solución a los diferentes problemas de externalidad.
Considerando que las externalidades pueden clasificarse en analíticas y substantivas(**), Abott y Snidal establecen cuatro clases de problemas en la fijación de estándares internacionales, a saber: (1) la interconectividad tecnológica, (2) externalidades físicas; (3) interconectividad transaccional; y (4) externalidades de política. Cada uno de estos problemas de externalidad exige de una estructura de gobernanza diferente en función del tiempo y del esfuerzo necesarios para alcanzar el acuerdo y del nivel de supervisión necesario para garantizar el cumplimiento del mismo (ambos costes de transacción). Así, según estemos hablando de la regulación de las telecomunicaciones, de la polución medioambiental, de la contratación internacional o de los mercados de trabajo, también hablaremos de una estructura de gobernanza más o menos pública, generada por procesos bottom-up o top-down, más reactiva o proactiva, y más o menos capturada por determinados intereses en países específicos.
Lo realmente importante de estas perspectivas es que dejan claro que el proceso de globalización es complejo, heterogéneo y no tiene una resolución única sino que necesita del análisis institucional comparado para responder a cada caso concreto en función de sus especificidades. Los requerimientos de información y transparencia, la concentración de la propiedad y del número de actores, la participación privada y civil en la toma de decisiones de los entes encargados de la regulación, la proporcionalidad en las reglas de decisión de los mismos, el nivel más o menos supranacional en que operan, así como otras singularidades de la regulación de los mercados e industrias obligan a adoptar una visión singular para las reglas de cada juego concreto. Pero, ¿Qué podemos decir, en general, del proceso de globalización que nos permita adoptar principios universalmente válidos para su regulación?
El oportunismo, los efectos de red y los problemas de coordinación tienen un denominador común: el conflicto distributivo. Hoy en día, es posible afirmar que la globalización implica la internacionalización de los conflictos distributivos entre actores con distintos intereses a los que subyacen también distintos modelos mentales, culturas y valores. Así, el resultado de cualquier acción reguladora se puede entender en términos de coaliciones de intereses más o menos restringidas por procedimentos, sanciones e incentivos que tienen como objetivo lograr el máximo grado de satisfacción de sus intereses, pudiendo ser éstos más o menos altruistas o individualistas.
Si tenemos en cuenta que desde el momento en que existen intereses fragmentados y diferentes (entre consumidores más o menos informados, empresas con mayor o menor poder de mercado, países en mayor o menor medida involucrados, etc.), la pugna es inevitable y, por tanto, aquello que se vuelve absolutamente esencial es que ésta se produzca de forma abierta a todo el mundo y asegure que se adoptan decisiones no-sesgadas. Es por tanto el principio de imparcialidad el que debe regir las reglas del juego y permitir que las regulaciones específicas se guíen, en todo caso, por normas donde los actores implicados tengan igualdad de acceso a la información y a la representación, lo que, como se remarcará en las conclusiones, sin duda requerirá de la intervención de los poderes públicos y de la sociedad civil.
Conviene antes empero enfatizar brevemente el papel que juega la tecnología como segundo elemento nuclear de la sociedad de la información, pues, si bien la expansión de las tecnologías de la información y del conocimiento tienen su raíz en los incentivos establecidos por una sociedad que cada vez desea ser más global, también la globalización ha sabido impulsar los usos y el alcance de dichas tecnologías.
Las facilidades provistas por Internet representan quizás la cúspide de un proceso de expansión y avance que empezó ya en los ochenta con la implantación del ordenador. Progresivamente la tecnología ha ido cambiando organizativa y funcionalmente las empresas y adaptándose a las necesidades de las personas. No obstante, como en su día ya le pasara a la radio, al televisor o al teléfono, actualmente pasan tiempos difíciles pero eso no ha de restar importancia a todo lo que han supuesto y supondrán y, si cabe más importante, a como van a regularse para proporcionar beneficios a todos (incluidos los que todavía no los han experimentado) y llegar allí donde su utilidad para las personas pone límite a su desarrollo.
Para esto, es necesario conocer sus virtudes. Como señala Berners-Lee (1999), padre de Internet, la web es un espacio descentralizado de crecimiento social, tecnológico y de ideas. Un medio para conectar cualquier cosa con cualquier otra, una visión que nos provee de nueva libertad y nos permite crecer más rápido que nunca, pues supera los sistemas de clasificación jerárquicos en los que nos limitábamos a nosotros mismos. Internet expresa lo que la difusión tecnológica ha aportado a los mercados en forma de nuevas líneas de convergencia, posibilidades de integración, fórmulas organizativas y de gestión, o requerimientos de información y de transparencia. Todos estas potenciales expresiones de Internet imponen retos regulatorios que pasamos a comentar a continuación.

Los Retos Regulatorios de la Sociedad de la Información

Los descubrimientos e innovaciones tecnológicas de la última mitad de siglo no sólo ha facilitado la globalización de las actividades sino que también se caracterizan por el cambio de los precios relativos (que permitió crear ventajas competitivas e incrementar la productividad), así como dos factores más: la integración y la convergencia. La convergencia es utilizada en la actualidad para describir el proceso de integración de las redes digitales inteligentes. Sin embargo, existen interesantes diferencias entre integración y convergencia que ayudan a conocer mejor el por qué de los procesos regulatorios actuales.
Integrar alude al proceso mediante el que partes antes distintas pasan a constituir un todo. Sin duda, la integración ha sido un fenómeno común a la expansión de la tecnología que resulta manifiesto en las múltiples fusiones y absorciones acaecidas en el último decenio. Las redes integradas son aquellas que, por definición, otorgan la posibilidad de comunicación de una parte hacia las demás y viceversa, así como aquellas otras de carácter más privado entre dos partes individuales. Sin embargo, la convergencia es diferente. Esta implica la misma dirección de dos partes diferentes que concurren en un mismo fin u objetivo. En el mundo actual, queda claro que dicho fenómeno se ha logrado gracias a la sustituibilidad introducida por la revolución electrónica de la comunicación. La convergencia implica así que medios e infraestructuras sean substituibles como sucede, por ejemplo, cuando un mensaje de voz puede transmitirse vía ondas o señales audiovisuales que pueden utilizar el satélite, el cable, etc.
Lo realmente importante de esta distinción estriba en que estos dos conceptos - integración y convergencia - nos ayudan a distinguir entre necesidades regulatorias comunes y diferenciadas en cuestiones que, dada la rápida evolución tecnológica, cada vez resultan más importantes para regular la sociedad de la información. De esta forma, dicha distinción nos permite comprender mejorar las causas de fenómenos que, como las fusiones o las absorciones, pueden responder a lógicas diferentes (como la colusión o mejoras en eficiencias) que exijan de respuestas normativas también distintas en base al carácter de la misma, pues conviene que la regulación tenga presente si la integración puede generar abusos de mercado o si la convergencia requiere de una rápida y flexible anticipación normativa distinguiendo mercados basados en una misma plataforma tecnológica (como es el caso de la televisión y la provisión de contenidos a través de Internet).
No obstante, esta diferenciación cabe enmarcarla en un contexto más sustantivo que se centre en los mecanismos que rigen los principios, normas y reglas que dan forma y contenido a toda regulación. Si consideramos que los mecanismos son relaciones causales que sirven para explicar argumentos encadenados no generalizables en leyes sino más en condiciones necesarias que suficientes (Elster, 1989), entonces somos más conscientes de no existen mejores prácticas regulatorias extrapolables de un mercado a otro y de un país o región a otra. Esto es debido a especificidades institucionales concretas a las que subyace un perfil también concreto de los actores (más o menos poderosos, organizados, capacitados, etc.) y una evolución histórica que genera instituciones políticas, judiciales y administrativas específicas. De esta forma, lo único que podemos hacer para identificar el camino a seguir dentro de este escenario es concentrarnos en los retos y desafíos que presionan sobre el avance del escenario planteado.
Samuelson, examinando el caso de la regulación de Internet, identifica cinco retos clave que confronta la acción pública sobre sociedad global de la información, estos son: (a) examinar la conveniencia de adaptar o aplicar las leyes y políticas existentes a las regulación de las actividades de Internet, o si, en cambio, son necesarias nuevas leyes y políticas para regular la conducta y las prácticas bajo las nuevas tecnologías; (b) preguntarse cómo formular una respuesta razonable y proporcional cuando es necesario la implementación de nuevas regulaciones (es decir, cómo se reaccionará ante necesidades regulatorias); (c) cómo elaborar leyes suficientemente flexibles que se adapten a las circunstancias rápidamente cambiantes; (d) cómo preservar los valores humanos fundamentales a la vista de las presiones tecnológicas y humanas que tienden a minusvalorarlos; y (e) cómo coordinar con otras naciones la acción normativa y política para establecer un contexto legal consistente de base global.
Estas grandes líneas sitúan el eje del debate en torno a la regulación de Internet en el carácter proactivo de la regulación (adaptar o cambiar las leyes, dotarlas de flexibilidad, lograr que preserven los derechos humanos básicos y hacerlo de forma coordinada con otros países) y su carácter reactivo (como reaccionar cuando las necesidades lo requieran). En el momento actual, cuando la innovación tecnológica no parece en su mayor auge, el carácter proactivo cobra especial importancia, requiriéndose más que nunca un compromiso a largo plazo con el desarrollo y el avance de la tecnología a nivel global.
Sin embargo, este nuevo compromiso debe distinguirse de otros, sobre todo de aquellos que restringen las libertades de terceros países (como hacen los acuerdos comerciales que no se aplican a nivel interno o se violan de forma constante) y no promueven el desarrollo para todos por igual. Para lograr esto, resultará imprescindible construir redes internacionales que permitan la superación del oportunismo nacional, lo que, a su vez, será imposible sin un sujeto colectivo ante el que responder a nivel global. Un sujeto colectivo que, a modo de esfera pública global, establezca los incentivos necesarios para que políticos y empresas realicen y refuercen los compromisos a nivel global y no estén sólo impulsados por los rendimientos electorales y empresariales que, a nivel nacional, se deriven de ellos. A continuaciones concluimos refiriéndonos a este punto.

A modo de conclusión: el papel de la esfera pública

La convergencia y la integración creciente entre mercados e infraestructura tecnológica impone retos para la regulación y obligan a preguntarse por cuestiones derivadas de raíces más profundas y sociales cómo el papel de la ciudadanía dentro de esta amalgama de tecnicismos y categorías analíticas. Sin embargo, es necesario entender el proceso de convergencia entre el mercado audiovisual y el de transmisión de datos a través de una infraestructura pública tradicional para entender el cambio de papel vivido por la esfera pública.
Los servicios de transmisión de datos (p.e. una llamada telefónica) permitían un ancho de banda limitado y un completo control que permitía a la persona escoger hacia donde dirigir su señal o llamada); en cambio, los servicios audiovisuales se caracterizan por un patrón de transmisión de mucho mayor ancho de banda, que provee contenidos cuyo control se escapa del individuo. Aunque a los servicios audiovisuales les guste definirse por su contenido, la verdad es que es sobretodo el control que estos ostentan sobre la capacidad de transmisión lo que los caracteriza.
La tecnología ha roto con estas claras diferencias haciendo converger ambos mercados en una red de elevado ancho de banda, sin restricciones de capacidad, que proporciona contenido y que proporciona control al usuario. La ruptura entre el fin y el medio o entre el servicio y la infraestructura mediante la que éste se provee ha levantado dos principales cuestiones: (1) muchas de las reglas existentes están basadas en la asunción implícita que el servicio depende de la infraestructura, y (2) el surgimiento de significativas economías de alcance entre diferentes mercados. El hombre y las empresas ganan potencial para extender sus utilidades vía un mayor dominio sobre el medio.
Sin duda, estos cambios generan un entorno con nuevos desafíos. El control por parte de los individuos de los contenidos que reciben pone en jaque la recepción espontánea de información en el que se basa el principio de deliberación a la vez que levanta serios riesgos de fragmentación (Sunstein, Cass; 2000). El gran número de páginas web que facilitan información personalizada son un muestra de la creciente demanda por servicios que filtran la información según nuestros gustos y necesidades.
Sin otorgarles un papel demoníaco o nocivo sino abstrayéndonos para examinar la función que realizan, dichos servicios ejemplifican el control que el individuo adquiere gracias a las nuevas tecnologías sobre la información que recibe. Internet, lejos de ser un quiosco donde, después de observar diversas cosas, escogemos aquello que nos ha resultado más interesante, otorga pleno control al individuo para escoger es ante aquella información que desee.
El potencial de fragmentación que presenta Internet y, en general, el absoluto control sobre la información que se recibe, puede desequilibrar la relación entre homogeneidad y diversidad que exige el funcionamiento deliberativo de la democracia. Si, tal como indica Habermas, la esfera pública es aquél espacio abierto a todas les personas y donde los acuerdos alcanzados han sido validados por argumentos presentados y debatidos públicamente, es fácil entender porqué los defensores de Internet ven en el mismo una oportunidad de crear un ágora global que permita la creación de quomus públicos. Como la integración y la convergencia han
No obstante, la esfera pública así definida no ha dejado de tener adversarios, sobre todo entre los denominados comunitaristas. Los críticos de Habermas pueden sentirse satisfechos de que las nuevas tecnologías provean de medios para resolver los problemas del monopolio por parte del predominante "racionalismo intelectual burgués" que desconsidera las virtudes que el entretenimiento tiene para la formación de identidades colectivas y el entendimiento de unos con otros. Asimismo, la superación de dicho racionalismo también permitiría el surgimiento de discursos culturalmente diversos y la inclusión de colectivos como las mujeres o los disminuidos físicos que enriquezcan el debate y aporten nuevas formas de pensar y aproximarse a nuevas y viejas cuestiones. Finalmente, arguyen los críticos de la esfera pública habermasiana, el acuerdo general necesario para establecer los principios o las normas universales requiere de un modelo demasiado centralista incompatible con la identidad multicultural de nuestras sociedades actuales.
Así pues, el dilema ente homogeneidad y fragmentación, inherente a la facilidad de articulación de la acción colectiva, alcanza su máxima expresión si lo contextualizamos en los entornos digitales. Sin embargo, cuál es la importancia de este dilema para regular la sociedad de la información o cómo la regulación puede ayudar a resolverlo adecuadamente?
Estas preguntas seguirán abiertas durante un largo tiempo, pero sí es posible afirmar que, desde el momento en que la información es sin duda un activo crítico para el desempeño de cualquier actividad, las actividades que mejor sepan gestionar la información funcionarán de manera más sólida y estable. La gestión de la información no significa única ni exclusivamente trabajar con grandes volúmenes de información, también implica la superación de quizás mayores problemas de información. El azar moral, el oportunismo y la selección adversa son problemas que, viendo lo sucedido este último año con las empresas de alta tecnología, dan que pensar sobre el "milagro tecnológico". Como ya se apuntara a mediados de siglo, la capacidad de asimilar y procesar información es limitada y siempre filtramos o escogemos una información u otra, de manera que las reglas y los procesos a que estamos sometidos determinan en gran parte nuestra capacidad y resultados en términos de conocimiento final.
Es por este motivo que se necesita apostar por la integración y la convergencia no sólo de redes y negocios sino también de formas de comunicación que conduzcan al acercamiento entre discursos distintos. De esta forma, las diferencias económicas o culturales deberían encontrar un proceso común de interconexión a través del cual pudieran llegar a mejores entendimientos que estimularan la cooperación, facilitada por redes de redes abiertas donde todo el mundo es libre de entrar, decir lo que piensa y el resultado final se deduce de la calidad de argumentos de aplicación universal (a todo el mundo).
Conviene tener en mente para lograr esto la imagen del teatro roussoniano donde los individuos son a la vez actores y espectadores. Actuarían en cuanto podrían determinar el tipo de obra y su desarrollo y serían espectadores como público objetivo de la misma. Para esto son necesarios los dos elementos comentados: un contrapoder a nivel global por parte de la ciudadanía organizada ahora utilizando los nuevos medios y una mayor integración de los discursos desde una lógica deliberativa que permita fijar los postulados desde el pluralismo razonable y no desde el extremismo ideológico, que utiliza premisas fundamentalistas a partir de las cuales es imposible entablar argumentos y llegar a conclusiones aplicables y compartidas por todo el mundo.

NOTA:
(**) Las externalidades analíticas se dividen en: externalidades de red o aquellas fruto de problemas de coordinación del tipo de la "Batalla de Sexos" y las externalidades tradicionales del tipo del "Dilema del Prisionero". Por su parte, las externalidades substantivas pueden ser tecnológicas (aquellas en las que el comportamiento de un agente afecta directamente al de otro) o regulatorias (cuando las leyes o las políticas de una jurisdicción afectan a los actores de otra, incluso no habiendo un impacto físico, como, por ejemplo, la legislación nacional sobre calidad y seguridad de los alimentos, laboral, financiera, etc.).

Referencias bibliográficas y páginas web

Berners-Lee, Tim. 1999. Weaving the Web: The original design and ultimate destiny of the world wide web by its inventor.ñ Harper San Francisco.
Braithwhaite, John y Drahos, Peter. 2000. Global Bussiness Regualation. Cambridge university Press.
Elster, J. 1989. Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. y Perraton, J. (1999). Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Cambridge: Polity Press, Cambridge, Introduction,
Prats, Oriol. 2001. Nota al artículo de Abbott, K. y Snidal, D. "International 'Standars' and International Governance" publicado en Chicago Working Papers. 2000. Publicada en http://www.iigov.org/resenas/tema1/resena0123.htm
Tshuma, Lawrence. 1999. hierarchies and Government versus Networks and Governance: competing regulatory paradigms in global economic regulation. En http://elj.warwick.ac.uk/global/issue/2000-1/tshuma.html Página web visitada el 21 de Junio del 2001.
Samuelson, Pamela0. 2000. "Five Challenges of the Global Information Society". En Marsden, Christopher (ed.). 2000. Regulating the Global Information Society. Routledge. London and New York.
Sunstein, Cass. 2000. Republic.com Princetown Universtiy Press

* Joan Oriol Prats. Analista IIG. Artículo publicado en el Magazine DHIAL, publicación editada por el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el marco del Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema latinoamericanos de Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad y Desarrollo Humano), con el patrocinio del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo Catalán).
Fuente: http://www.iigov.org/dhial/?p=dh34/34_01.htm