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La crisis política en Venezuela, que vivió en abril
pasado un clímax con un frustrado golpe de Estado que alejó
del poder al presidente Hugo Chávez durante casi dos días,
ha tenido en papel protagónico a los medios de comunicación
y a los propios periodistas. La crisis, que puede ser leída
desde diversos ángulos,(1) tuvo sin embargo un inédito
-y aún difícil de estudiar- capítulo centrado
en el terreno comunicacional. Como ha dicho el profesor Eleazar
Díaz Rangel, lo sucedido en aquellos días de abril
debería dar pie a diversos y profundos estudios y análisis
sobre el rol de los medios en las crisis políticas. En
este trabajo haremos una aproximación desde los parámetros
del derecho a la información,(2) que en un horizonte mayor
de reflexión se inscribe en la construcción del
derecho a la comunicación.(3) El uso del término
"lecturas" en el título de este documento es
absolutamente intencional, se trata justamente de eso, de lecturas,
que son parciales e inacabadas, pero que al ser difundidas buscan
incentivar intercambios y reflexiones que eventualmente alimenten
estudios o análisis de más largo aliento.
En Venezuela, tras los sucesos de abril, se generó un clima
importante de debate sobre el papel de los medios y los comunicadores,
el rol del Estado y la defensa de la libertad de expresión.
Igualmente se han producido ya publicaciones especializadas sobre
esta situación, que recogen posturas y análisis
de diverso tipo.(4) Para una lectura desde la perspectiva antes
señalada, hemos optado por referirnos a los hechos en sí
sucedidos en aquellos días y desde allí hilvanar
algunas reflexiones.
Ataque y contraataque mediático
El clima político venezolano, que venía "calentándose"
según coinciden diversos analistas desde un paro empresarial
del 10 de diciembre de 2001,(5) tuvo en abril una serie de factores
que se conjugaron para producir el clímax al que hemos
hecho referencia. Una paralización en la principal industria
del país, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA),
por descontento de la cúpula gerencial por designaciones
del ejecutivo, fue aprovechada el 9 de abril por la mayor central
obrera nacional, la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV) para iniciar una huelga nacional, apoyada por el empresariado
privado, y que de forma abierta, al declararse por tiempo indefinido,
buscaba forzar la salida de Hugo Chávez de la presidencia.
La paralización de PDVSA y la huelga general(6) recibieron
una muy amplia cobertura de los medios de radio y televisión.
Incluso, algunos canales de televisión prácticamente
obviaron sus históricas diferencias comerciales y comenzaron
a transmitir las imágenes de la competencia en aras, según
dijeron, de ofrecer la más amplia cobertura de lo que estaba
sucediendo. La respuesta del gobierno fue apelar a una serie de
cadenas nacionales de radio y televisión. En total entre
el 8 y 9 de abril se produjeron más de 30 cadenas nacionales
de entre 15 y 20 minutos cada una. En varias oportunidades no
aparecían en las cadenas los voceros del alto gobierno,
sino que eran colocadas imágenes de los reporteros del
canal estatal que intentaban transmitir una situación de
normalidad. En ambos casos, el discurso de cada una de las partes
apelaba a la "verdad", pero la forma autoritaria en
que se producían esta aproximación, dificultaban
que los ciudadanos se formarán "su" verdad. Se
saltaba de una "cadena", pues los canales privados operaron
como un cartel sin posibilidad de que la audiencia pudiera tener
información diferenciada entre un canal y otro, a la serie
de cadenas oficiales, que por un lado desvirtuaban y hasta contradecían
el espíritu de la normativa legal sobre esta figura. Progresivamente
se vivió una situación de paroxismo visual: la mayor
parte del país que estaba parada, permanecía en
casa viendo televisión, los canales privados prácticamente
fueron eliminando la publicidad de su programación, y ésta
como tal desapareció para convertirse en un espacio informativo
interminable. De forma regular, cada hora, así sucedió
durante casi un día, se interrumpía la señal
privada para dar paso a la cadena estatal, que insistía
en presentar la otra cara.
En el fondo, no parecían interesados unos y otros en la
necesidad de que los ciudadanos se informaran, sino en que fuesen
espectadores de una batalla mediática. El derecho a la
información, incluso en la propia constitución,
se concibe como el derecho de todos a estar cabal, oportuna y
verazmente informado. Sostenemos que en la recepción de
la más amplia y plural información es que el ciudadano
se forma su opinión (podríamos decir su verdad).
El gobierno de Chávez tenía en sus manos la opción
de potenciar una información amplia y democrática
por los canales con los que cuenta, y que sumados tienen una cobertura
nacional bastante amplia.(7) Esa opción pudo haberse desarrollado
de forma abierta sin necesidad de la abusiva imposición
de cadenas. La ciudadanía, por decisión propia y
al contar con opciones, podría haber hecho valer sus preferencias.
La imposición también vino de los canales privados,
que al "uniformizar" sus transmisiones, perdieron de
vista que justamente en la diversidad y pluralidad de fuentes
informando sobre un mismo hecho, es que los ciudadanos pueden
llegar a estar realmente informados.
Por otro lado, se vivió un fenómeno en los meses
y previos y en esos primeros días de la crisis más
aguda, que fue definido como "esquizofrenia" informativa.
Si únicamente se veía un canal privado, se obtenía
una parcialidad de lo que sucedía, si se miraba el canal
del Estado se mostraba allí otra parcialidad. Lo más
dramático es que en cada caso se asumía no el discurso
de la parcialidad, sino que se intentaba mostrar eso como la totalidad,
de nuevo "la verdad".
Adicionalmente, de forma evidente el grueso de los medios de comunicación
ha estado en contra del gobierno de Chávez, en tanto que
el presidente ha hecho uso, de forma recurrente, de sus intervenciones
públicas para fustigar el papel de las empresas informativas
y de los periodistas. Con este clima casi permanente de ataques
y señalamientos, que busca el descrédito del contrario,
no debe extrañar a nadie que en esta coyuntura en la política
venezolana los signos más evidentes sean la intolerancia,
las salidas violentas a la crisis y la negación del otro.
Medias pantallas y corte de señal
Como hemos señalado, el país desde el 8 de abril
se encontraba en medio de una literal batalla mediática.
Como respuesta a las innumerables interrupciones que vivía
la señal de los canales privados, debido a la serie de
cadenas nacionales decretadas por el ejecutivo, las empresas de
televisión optaron el 9 de abril, el día en que
se inició el paro general, por dividir en dos las pantallas
y transmitieron desde ese momento a la par de presentar las imágenes
que proporcionaba el Estado, en el marco de las cadenas, ofrecer
su versión propia de lo que pasaba en las calles. Aunque
el audio seguía siendo el originado por el Estado, efectivamente
las imágenes oficiales perdían fuerza: se dieron
situaciones que mientras una alta funcionaria aseguraba que todo
estaba en normalidad y que el paro había sido un fracaso,
la otra mitad de la pantalla exhibía calles desiertas y
establecimientos cerrados. Adicionalmente, los canales privados
colocaron un cintillo en el que criticaban el abuso oficial con
la serie de cadenas.
Este tema de las cadenas es uno de los que requerirá algún
tipo de regulación en un marco de debate democrático
y ciudadano. El presidente Chávez ha hecho un uso excesivo
de este recurso, incluso en algún momento lo identificó
con una especie de vía personal de comunicación
y no con el carácter de función de Estado que debía
tener. La actual normativa legal en Venezuela establece la potestad
de las cadenas para mensajes de interés nacional por parte
del presidente, vicepresidente o ministros. En muchos casos las
cadenas se utilizaron para retransmitir la señal del canal
del Estado, con algún reportero al aire, esta idea de "contrainformación",
para contrarrestar a la originada en los canales privados, desvirtúa
el fin de este mecanismo, con lo que se corre el riesgo de que
un mandatario le dé un uso excesivamente ligado a su defensa
personal o intereses políticos particulares, y se aleje
del interés y función pública que debe tener.
Esto, sin embargo, no cierra el debate que también debe
generarse y ampliarse sobre el papel de los medios venezolanos
en la crisis, y sobre sus responsabilidades en el seno de la sociedad,
visto el primordial rol de informar que cumplen. Las lecturas
en uno u otro sentido, deben hacerse desde los intereses de la
ciudadanía, que más allá del conflicto político
que envuelve al país, tiene -tanto más en una coyuntura
como ésta- un legítimo derecho a informarse.
El derecho a la información es además, de doble
vía, por lo que también la ciudadanía y no
exclusivamente los periodistas pueden ejercerlo en el sentido
de proporcionar información (8) que sea de interés
común.
En tanto, y regresando a los hechos del mes de abril, la huelga
general y paralización de PDVSA tuvo como colofón
el jueves 11 una multitudinaria marcha callejera que exigía
la renuncia del presidente Chávez. Esa tarde, mientras
la marcha se dirigía a las inmediaciones del Palacio de
Miraflores (sede del ejecutivo), el jefe de Estado ofreció
una cadena nacional de radio y televisión. Los canales
privados de televisión respondieron con la división
de la pantalla y así, mostraron a la par del discurso presidencial
las imágenes de los primeros muertos.(9) La respuesta del
ejecutivo fue ordenar el corte inmediato de las señales
de los canales privados, que horas después regresaron al
aire gracias al uso de sistemas satelitales. Esta decisión,
polémica en cualquier contexto pues prácticamente
sólo se dejaba en el aire con carácter nacional
la señal del canal del Estado, leída desde una situación
en la que la población requería información,
lo más completa y veraz posible, terminó siendo
un boomerang político e informativo.
Políticamente, la oposición aprovechó esa
decisión para insistir en que justamente el gobierno de
Chávez era responsable de las muertes porque evitaba que
estas fueran vistas. Informativamente, la decisión oficial
limitó drásticamente las opciones de los ciudadanos
de estar informados sobre acontecimiento sin duda de trascendencia
e interés para todo el país. Por otro lado, el propio
presidente admitió tiempo después que en aquel momento
ya había tomado la decisión de destituir a la directiva
designada con anterioridad en PDVSA y que justamente había
desencadenado el conflicto; el jefe de Estado se reservó
esa información que habría bajado algo de tensión
al conflicto y en esa cadena nacional de radio y televisión,
cuando centenares de miles pedían su renuncia, se dedicó
a dar arengas políticas y hablar de planes de producción
agrícola. La oportunidad, el momento en que se ofrecen
las informaciones, es igualmente otro de los componentes de este
derecho, y más aún cuando se tiene información
de impacto nacional desde las funciones de Estado.
El día que callaron los medios
La crisis de abril desde las lecturas comunicacionales tiene
muchas vertientes. Hemos señalados algunas, por razones
de espacio omitiremos otras.(10) Sin embargo, en medio de tantos
hechos, posiblemente uno pasará con mayor fuerza a la historia,
se trata del día en que callaron los medios. Silencio histórico
le han llamado algunos estudiosos en las primeras aproximaciones.
Este silencio mediático, que se manifestó de forma
abierta el sábado 13 mientras que el viernes 12 existía
una cortina de censura, posiblemente retumbó con más
fuerza debido al estruendo informativo que vivía el país
en los días previos y sobre lo cual ya hemos hecho referencia
en párrafos anteriores. Las señales de televisión,
especialmente, que habían venido siendo una referencia
de primer orden para la información de la ciudadanía,
y en menor medida la radio y también la prensa escrita,
tejieron un inexplicable silencio sobre los sucesos que ocurrían
en el país (11) cuando evidentemente se debilitaba el gobierno
de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga.
El viernes 12, según lo relata el periodista Andrés
Izarra, quien ejercía entonces como gerente informativo
del canal RCTV y que debido a la línea editorial renunció
a su trabajo, la dirección de esta planta ordenó
"cero chavismo" en pantalla. No existen pruebas de que
se produjo una acción concertada por parte de los canales
de televisión, pero en la práctica literalmente
desaparecieron como fuentes informativas los voceros del gobierno
depuesto e incluso los familiares del presidente Chávez,
quien fue detenido y se le pedía la renuncia, en tanto
se aseguraba públicamente que ya había renunciado.
Los testimonios de la hija y la esposa de Chávez, que encontraron
eco a través de una conferencia de prensa telefónica,
con corresponsales extranjeros que organizó el gobierno
de Fidel Castro en La Habana, y las declaraciones a la cadena
estadounidense CNN, pese a la importancia informativa que poseían
ese viernes 12, pues confirmaban que Chávez no había
renunciado, fueron silenciadas de forma casi unánime en
los medios radioeléctricos y también de prensa escrita
al día siguiente.
La actuación deliberada de los medios audiovisuales quedó
en evidencia con la acción tomada por el fiscal general,
Isaías Rodríguez. El despacho del fiscal llamó
a una conferencia de prensa en la que presuntamente el funcionario
renunciaría. Varios canales de televisión transmitían
en directo la conferencia. Rodríguez comenzó aclarando
que no dimitía, que Chávez no había renunciado
y que lo que se había producido en el país era un
golpe de Estado. Inmediatamente todos los canales privados dejaron
de transmitir el acontecimiento.
Esta actitud se agudizó el día sábado, cuando
se produjeron una serie de hechos que terminarían por desencadenar
el regreso de Chávez al poder. Los canales que hasta el
día anterior ofrecían una profusa transmisión
de información, llegando hasta suspender sus pautas publicitarias,
optaron por el silencio, lo cual dio lugar a una ola de rumores
que incluso hizo colapsar el servicio de algunas empresas de telefonía
móvil celular. Miles de venezolanos de clase media, por
ejemplo, se enteraron de lo que pasaba en su país gracias
a estar suscriptos a empresas internacionales como CNN a través
de empresas de televisión por cable y se generaron redes
espontáneas para compartir la información que se
conocía. Ese sábado en los canales privados (12)
fue un día de dibujos animados, documentales y otros programas
que para nada reflejaban lo que estaba sucediendo en las calles.
Los propietarios de los medios han asegurado que la decisión
de cortar las transmisiones informativas tenía por finalidad
resguardar a su personal, que estaba siendo amenazado por simpatizantes
del presidente. Si bien el país conoce en los últimos
meses una ola de agresiones contra la prensa, en los días
previos más conflictivos los medios siempre estuvieron
informando.
Entretanto, reporteros y periodistas de medios internacionales
continuaron desarrollando su labor y gracias a ello es que trascendieron
públicamente algunos de los sucesos de esos días.
De acuerdo con la percepción de conocedores, la televisión
y la radio (aunque en este medio se sintió menos el silencio)
pudieron seguir informando de lo que pasaba sin necesidad de enviar
equipos con personal a la calle. Por un lado tenían como
fuente a los servicios internacionales de noticias, a la par que
las salas de redacción poseen completas agendas telefónicas
que manejadas con criterios de profesionalidad y equilibrio, habrían
podido ser espacio para informar a la ciudadanía sobre
lo que acontecía a través de entrevistas telefónicas.
Lo cierto del caso, es que ese día se vivió un silencio
particularmente dramático, la sociedad requería
información como pocas veces y no la obtuvo de los medios.
El domingo, alegando las mismas razones por falta de seguridad
en la jornada del sábado, no circuló prensa en Venezuela,
salvo excepciones como el matutino Ultimas Noticias.
Debido a que la tradición en la que se sustentan los derechos
a la libertad de expresión e información, parte
de concepciones de que los medios de comunicación son contrapoder
al poder del Estado, no existen claras responsabilidades para
las empresas comunicacionales. Así, en un caso como el
vivido en Venezuela existe efectivamente un clima de debate sobre
el papel de los medios, pero los voceros de éstos no tienen
-según la normativa legal- obligaciones en su manejo de
lo que viene a ser un bien público, la información.
Son precisamente en el contexto de estas situaciones en que cobra
fuerza el debate sobre el papel de la comunicación en la
sociedad, que no es propiedad de una empresa en particular, así
como sobre los canales ciudadanos para hacer uso con responsabilidad
de ese derecho que tenemos todos a informar y ser informados.
Caracas, octubre 2002
NOTAS
1. Para una lectura amplia de esta crisis política recomiendo
la revisión del sitio web del Centro Gumilla, que además
de recoger la producción propia, incluyó trabajos
de otros autores: www.gumilla.org.ve
2. Básicamente apelaremos a lo establecido en la normativa
internacional en materia de derechos humanos, en la cual existe
una clara referencia a esta temática.
3. El Derecho a la Comunicación es hasta ahora, no sólo
una vieja exigencia ciudadana, sino también un terreno
aún en construcción, y tiene como referencia documental
el Informe McBride de la UNESCO y algunas propuestas recogidas
en otros países en los últimos años.
4. En julio de 2002 la revista Comunicación, del Centro
Gumilla presentó un número especial dedicado a la
crisis y en octubre de 2002, el Instituto de Investigaciones de
la Comunicación (ININCO) de la Universidad Central de Venezuela,
también dio a conocer un libro con aportes de varios autores.
5. Este paro resultó inédito en la historia del
país. La principal cámara empresarial Fedecámaras
decidió paralizar al país durante un día
en protesta contra la aprobación "inconsulta"
de una serie de leyes por parte del ejecutivo en el marco de unos
poderes especiales otorgados por el Parlamento al gobierno.
6. La conjugación de estos factores fue exitosa, efectivamente
buena parte del país estaba paralizada y la economía
se vio seriamente afectada. Debe recordarse que PDVSA aporta alrededor
del 80 por ciento de las exportaciones y sus actividades representan
alrededor del 40 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
7. El Estado maneja un canal de televisión que tiene más
del 95 por ciento de cobertura del territorio nacional, Radio
Nacional tiene repetidoras en distintos puntos del país,
y además actualmente el sector público administra
una cadena de decenas de emisoras de radio que fueron estatizadas
a raíz de la crisis bancaria de 1994. A eso se le añade
la agencia de noticias Venprés, que además de la
distribución entre los medios coloca sus informaciones
en la red de Internet. Este conjunto de entes, de forma coherente,
habría podido ser una opción válida de información
a la ciudadanía.
8. Este sigue siendo un aspecto difícil de debatir en Venezuela,
pues en el país existe una Ley de Colegiación de
Periodistas, que establece la colegiación obligatoria para
poder ejercer el periodismo. En las experiencias de otros países
se ha visto que este tipo de regulaciones no significa en sí
un mejor producto periodístico y en muchos casos representan
obstáculos para el ejercicio pleno de la libertad de expresión
e información.
9. Ese día fallecieron 18 personas y decenas resultaron
con heridas de bala, presuntamente de francotiradores. Medio año
después no existe claridad sobre lo que ocurrió
y se ha postergado inexplicablemente la creación de una
comisión de la verdad independiente para que investigue
esos hechos.
10. En el marco del golpe de Estado y posterior restitución
del presidente Chávez, además de las cuestiones
mencionadas como las cadenas, la parcialidad informativa, se vivieron
también allanamientos a medios comunitarios y entes del
Estado ligados a la comunicación (canal de televisión,
agencia de noticias), así como agresiones y amenazas de
diverso tipo contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación.
11. El viernes 12, en horas de la tarde, tras la autoproclamación
de Carmona como presidente y su intención de prácticamente
borrar al resto de poderes públicos, generó divisiones
en el seno de los sectores antichavistas. A esto se unieron una
serie de factores como la negativa de Chávez a renunciar
a la presidencia desde su lugar de reclusión, el desconocimiento
de sectores castrenses "institucionalistas" al que fue
el breve gobierno, y la salida a la calle de miles de personas
de los sectores populares clamando por el regreso de Chávez.
12. La señal del canal del Estado, en tanto, había
sido sacada del aire desde el jueves en la noche por dirigentes
políticos contrarios al gobierno de Chávez.
Bibliografía
CARPIZO, Jorge, y VILLANUEVA, Ernesto. "Derecho a la información
en México: propuestas para su regulación",
en: Revista Mexicana de Comunicación. Marzo-Abril de 2001.
ESCOBEDO, juan Francisco. "Mitos, confusiones y realidades
del derecho a la información", en: Revista Mexicana
de Comunicación. México, Julio-Agosto 2001.
HAMELINK, Cees. El derecho a comunicarse. Papel de trabajo de
la Campaña CRIS. (s/f)
NAVAS, Marco. Derechos fundamentales de la comunicación.
Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya
Yala. Ecuador, 2002.
RENIZ CABALLERO, Doris (Editora). Los derechos de la información
y de la comunicación. Fundación Konrad Adenauer
y Universidad Javeriana. Colombia, 2002.
UNESCO. Un solo mundo voces múltiples. Fondo de Cultura
Económica. México, 1980.
* Andrés Cañizález.
Licenciado en Comunicación Social y Magíster en
Ciencias Políticas. Profesor de la Escuela de Comunicación
Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es también
director de la revista Comunicación que edita el Centro
Gumilla, e investigador asociado del Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en
la temática del derecho a la libertad de expresión
e información.
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