Desarrollo, pobreza y no-discriminación

Coinciden en que se ha producido un avance importante en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, aunque no se han logrado todavía estándares de cumplimiento acordes con este desarrollo normativo. Asimismo, constatamos los riesgos que el actual proceso de globalización genera para los derechos humanos y, en particular, para los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Consideran que la desigualdad y la pobreza se genera a nivel estructural, entre países ricos y pobres pero también al interior de nuestros países. Reconocen que el derecho al desarrollo implica 'empoderar' a los sujetos (individuos y pueblos) y crear condiciones para que las personas y las comunidades puedan llevar a cabo el desarrollo. Para ello son necesarias reformas de carácter estructural al interior de los países y también en el ámbito internacional que permitan alcanzar un nuevo orden económico internacional.
Consideran que existe un importante reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de los países miembros de la CAN. Asimismo, se constata la creciente presencia política de los pueblos indígenas.
Estiman que uno de los retos es cómo incorporar a los pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, cuestión que esta en vía de superación mediante instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
Consideran que los derechos colectivos otorgados a ciertos grupos no deben afectar el goce de los derechos humanos de la comunidad en su conjunto. Requieren que se constaten esfuerzos en el ámbito de derecho interno e internacional para erradicar la desigualdad de género. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para eliminar la discriminación existente hacia las mujeres en los ámbitos público y privado de los países de la región.
Constatan que se existen problemas en la región en el tema de educación de niños y niñas en derechos humanos, que incluyen la equidad de género; el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo doméstico, la violencia doméstica, la violencia sexual, la publicidad sexista. En estos casos existe legislación sobre la materia, pero se constatan deficiencias en lo concerniente a su aplicación.
Reconocen la importancia de la mujer andina como factor multiplicador en el proceso de integración, la necesidad de aceptación de diferencias y el concepto de 'Responsabilidad Compartida'.
Reconocen la función primordial que debería cumplir el sector de la comunicación en el contexto de la educación y la equidad de género. Consideran que la situación de los Migrantes tanto en el marco sub-regional, como extrarregional pasa por una creciente vulnerabilidad.
Constatan que existe un alto índice de personas con discapacidad entre la población andina y su tendencia a aumentar con el devenir del tiempo, debido a factores ligados a la extrema pobreza.
Reconocen que los refugiados y desplazados internos se enfrentan a una situación especialmente difícil en la Región.

Desarrollo y estado de derecho

Consideran que se debe reforzar el Poder Judicial a fin de que ejerza de manera más eficiente su papel de garante del estado de derecho. Requieren que los sistemas judiciales de los países de la CAN no discriminen a los ciudadanos más vulnerables de la sociedad por razones culturales, raciales o otras formas conexas de discriminación.
Reconocen que se debe dotar a los Poderes Judiciales con presupuestos adecuados para su funcionamiento.
Recomiendan la adopción de medidas tendientes a incrementar la confianza de los ciudadanos en los Poderes Judiciales de los países andinos.
Reconocen que en algunos países de la CAN se están dando pasos positivos para restablecer la independencia de los poderes judiciales tales como las reformas en el procedimiento para el nombramiento de los magistrados, la adopción de nuevos códigos procésales y la búsqueda de medidas alternativas de solución de conflictos.
Consideran importante la promoción del uso de medidas alternativas de resolución de conflictos.
Solicitan difundir entre los ciudadanos el conocimiento de los derechos fundamentales y el funcionamiento de los sistemas judiciales a través de la implementación de programas sobre cultura ciudadana y derechos humanos. Afirman que es necesario que los poderes públicos adopten políticas sociales que generen bienestar como parte de las políticas de seguridad pública y de prevención de la violencia.
Reconocen la necesidad de fortalecer las capacidades de las defensorías del pueblo y de las organizaciones de la sociedad civil para el ejercicio efectivo de vigilancia del cumplimiento de los compromisos para la integración del enfoque de derechos en el desarrollo.
Concluyen que la interferencia del poder político así como la corrupción coadyuvan a la persistencia de la impunidad en el Poder Judicial y en el sistema judicial en general.

Derechos humanos y comercio

Reconocen la necesidad de recolectar y sistematizar la información nacional y sub-regional con base a indicadores comunes y objetivos sobre derechos humanos.
Urgen a la CAN el impulse del establecimiento de mecanismos y foros de consulta y participación amplia con todos los sectores de la sociedad en el diseño de políticas y estrategias de negociación comercial en ambos sentidos, evitando cualquier forma de exclusión. Dichos mecanismos deberán incluir preferentemente a personas cuyos derechos han sido afectados por decisiones vinculadas al comercio, tales como comunidades rurales, pequeños productores y pueblos indígenas.
Requieren a los gobiernos de la Comunidad Andina mayor coordinación de posiciones andinas conjuntas frente a las negociaciones comerciales y solicitan a la CAN sistematice información sobre el impacto de las negociaciones comerciales sobre el derecho a la alimentación y las estructuras alimentarias a fin de ser utilizada en futuros procesos negociadores. En este contexto, se reitera la importancia del establecimiento de estrategias orientadas al comercio justo.
Recomiendan el impulso a nuevos modelos de desarrollo que no solo se concentren en la liberalización del comercio sino que consideren otros factores igualmente importantes para nuestros países tales como los valores socio-culturales de las poblaciones rurales y los pueblos indígenas. El problema de la tierra y el agua es un aspecto fundamental a ser tomado en cuenta.
Urge la ampliación de la cooperación internacional para promover el derecho a la alimentación en el contexto del comercio agrícola.
Reconocen la necesidad de fortalecer, con una perspectiva sub-regional, los derechos de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales, incluyendo mecanismos coordinados de protección ex situ.
Consideran la necesidad de un mejor equilibrio entre la tendencia a privatizar servicios dentro del marco de una política de mercado y la protección de servicios esenciales para la promoción y protección de los derechos humanos, tales como el derecho colectivo a la salud pública.
Urgen que se considere el acceso a las medicinas en el tratamiento del tema de los derechos de propiedad intelectual. Por ello es necesario diseñar mecanismos que estimulen a las empresas farmacéuticas la consideración del derecho a la salud así como políticas y acciones andinas de salud pública tales como la compra conjunta de medicinas de alto costo o planes de vacunación.
Reconocen que no se puede aplicar las mismas políticas de liberalización a sectores y servicios que tienen naturalezas diferentes y deben ajustarse a los parámetros de integralidad de los derechos humanos.
Reafirman la necesidad de fortalecer y ampliar la participación de la comunidad en el sector educación y mejorar la eficiencia en la administración de las escuelas y la calidad de la curricula.
Requieren a los gobiernos establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de carácter público sobre la prestación y gestión de servicios incorporando a los ciudadanos dentro de los mismos.
Requieren que la Comunidad Andina incorpore la dimensión de los derechos humanos en sus estrategias de integración y liberalización del comercio y refuerce el cumplimiento de la agenda social sub-regional en los plazos previstos.

Recomendaciones

Que la Secretaría General de la CAN designe una oficina responsable de iniciar el diseño de indicadores andinos comunes y objetivos sobre derechos humanos.
Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos facilite asistencia técnica a la CAN para la preparación de dichos indicadores.
Que los países andinos se comprometan a enviar a la Secretaría de la CAN, información sobre la situación general de los grupos objeto de Discriminación.
Que los órganos del Sistema Andino de Integración considere dentro de su composición, políticas de equidad de género, como lo viene haciendo por ejemplo las Naciones Unidas.
Que la CAN sugiera al Pnud la elaboración de un estudio Sub-regional sobre derechos humanos, desarrollo y no-discriminación.
Que los países andinos muestren su respaldo a los proyectos de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se están discutiendo en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Que se promueva la participación efectiva de los pueblos indígenas en la discusión de asuntos de su interés en el marco de la CAN.
Que la CAN cree una Mesa de 'Equidad de Género', para que los derechos de hombres y mujeres sean respetados y promovidos dentro del proceso de integración.
Que los gobiernos andinos armonicen las cuotas para la participación política de las mujeres en los países de la CAN.
Que los Estados andinos armonicen la legislación afirmativa en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres y la lucha contra la violencia de genero, con una especial mención a la violencia sexual.
Que la CAN y sus países promuevan una 'Educación Integrada con la visión de Derechos Humanos', a través de programas con énfasis en la importancia de la equidad, igualdad de género y el respeto de las diferencias.
Que se otorgue a la condición de los Afrodescendientes la misma importancia que a la cuestión Indígena, estableciendo para ello una Mesa de Concertación para las comunidades afrodescendientes, que coordinará sus trabajos junto a la Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas.
Que los gobiernos andinos emprendan acciones conjuntas para abordar los problemas relativos a los migrantes.
Que los gobiernos andinos elaboren un plan sub-regional de inclusión al pleno ejercicio de la ciudadanía para las personas con discapacidad.
Que los países andinos se adhieran a la iniciativa de 2003, como el Año de los Derechos de las personas con discapacidad.
Que los países que aún no lo hayan hecho ratifiquen los dos Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 182 de la OIT, el Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias así como apoyar la elaboración del Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Que la oficina regional del Acnur prepare un estudio sub-regional sobre la situación especifica y las necesidades de los refugiados y desplazados internos.
Que los países andinos armonicen políticas dentro de la CAN referidas a la protección de los derechos humanos y designe responsables de la implementación de los instrumentos internacionales tales como la Carta Andina de Derechos Humanos.
Que los países andinos implementen medidas para la eliminación de los factores que coadyuvan a la persistencia de la impunidad.
Que el Tribunal Andino de Justicia recopile la jurisprudencia establecida en los países de la CAN sobre justiciabilidad de los Desc.
Que la CAN prepare un estudio sobre el impacto de las negociaciones comerciales sobre el derecho a la alimentación y las estructuras alimentarias, con la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de ser necesaria.
Que la CAN implemente programas de capacitación para incluir la dimensión de los derechos humanos en todos sus mandatos y a tal fin, que solicite la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ser necesario".

Fuente: PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura, No. 96, http://www.derechos.org.ve