Responder a la reacción violenta

"El papel que ustedes desempeñaban se ha venido abajo junto con las Torres Gemelas de Nueva York." Esta aplastante afirmación de un alto cargo gubernamental a un grupo de delegados de Amnistía Internacional resume el reto que afronta el movimiento de derechos humanos tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. ¿Es cierto que los atentados cometidos en Estados Unidos y la reacción que suscitaron en los gobiernos y la opinión pública convierten a los derechos humanos y su defensa en algo irrelevante? ¿Ha traído la "guerra contra el terrorismo" un cambio significativo en la obligación y el interés de los Estados de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario?
No cabe duda de que, tras el 11 de septiembre, algunas partes del mundo se han convertido en un medio mucho más hostil para el activismo en favor de los derechos humanos, lo que supone un revés para los logros de muchos años. Pero en algunos lugares el triste panorama de represión y abusos resulta harto familiar. Millones de personas continuaron padeciendo abusos a lo largo del año, y varios millones más seguían sufriendo las consecuencias de actos de genocidio y otras atrocidades perpetradas en el pasado. Ya fuera en el contexto de nuevas amenazas o de abusos que venían cometiéndose desde hacía tiempo, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos proclamados internacionalmente fueron puestas en tela de juicio una y otra vez, y a menudo se incumplió abiertamente la obligación de hacer justicia, acabar con la impunidad y practicar la rendición de cuentas.
A medida que la "guerra contra el terrorismo" fue dominando el discurso de la prensa mundial, los gobiernos empezaron a representar a los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad y a los activistas de derechos humanos como idealistas románticos en el mejor de los casos, y en el peor como "defensores de terroristas". Sin embargo, precisamente debido a estas presiones, la función de los activistas de derechos humanos, lejos de haberse reducido, ha cobrado mayor urgencia e importancia.

La seguridad y los derechos humanos

El horror, la indignación y el pesar causados por los atentados del 11 de septiembre empujaron a la opinión pública a clamar por un castigo para los responsables y medidas preventivas frente a ataques semejantes. El hecho de que la tragedia se desarrollara en las pantallas de televisión de todo el mundo acrecentó la sensación de que nadie estaba a salvo.
Los gobiernos, sacudidos por el descubrimiento de su vulnerabilidad ante agresiones imprevistas, reaccionaron adoptando una gran diversidad de medidas, legislativas y de otra índole. Muchos se apresuraron a aprobar leyes que tipificaban nuevos delitos, prohibían la existencia de ciertas organizaciones y congelaban sus bienes, coartaban los derechos civiles y limitaban las salvaguardias frente a las violaciones de derechos humanos. Por desgracia, varias de estas leyes recurrían a una definición de "terrorismo" peligrosamente amplia y ambigua. Algunas, por ejemplo, no definían claramente la conducta prohibida y, por tanto, permitían criminalizar actividades pacíficas. En Corea del Sur, el gobierno presentó un proyecto de ley "antiterrorista" criticado por los grupos de derechos humanos por coartar el derecho a la libertad de expresión y de reunión. En Jordania, las autoridades modificaron el Código Penal para ampliar la definición de "terrorismo", introducir delitos de ambigua tipificación, restringir la libertad de expresión y ampliar el número de delitos punibles con la muerte. En la India, la nueva Ordenanza sobre Prevención del Terrorismo dotaba a la policía de amplios poderes para practicar detenciones y permitía privar de libertad durante periodos de hasta seis meses, sin cargos ni juicio, a las personas de las que se sospechaba por motivos políticos. La Ordenanza también confería inmunidad procesal a los funcionarios del gobierno y del ejército, así como de fuerzas paramilitares, por cualquier acto realizado "de buena fe" en el curso de la lucha contra el "terrorismo".
En algunos lugares del mundo, como los países donde las fuerzas armadas habían impuesto una represión generalizada y habían cometido violaciones de derechos humanos en el pasado, después del 11 de septiembre se observó un resurgimiento del poder militar. Un número cada vez mayor de civiles fueron detenidos por el ejército y juzgados por tribunales militares. De modo creciente, fuerzas militares y servicios de información y seguridad que no rendían cuentas de sus actos asumían funciones de orden público y llevaban a cabo operaciones de inteligencia cuyo blanco era la población civil.
En la ONU, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1373, que establecía una serie de medidas legislativas y de otra índole que los Estados debían adoptar con el objeto de prevenir y erradicar el "terrorismo". El Consejo de Seguridad creó el Comité de la Lucha contra el Terrorismo para evaluar los progresos de los Estados, los cuales están obligados a presentarle informes. Ni el Consejo de Seguridad ni el propio Comité de la Lucha contra el Terrorismo recordaron a los Estados la obligación que habían contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, ni los asesoraron sobre los medios de hacerlo. El llamamiento de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones para que ofrecieran dicho asesoramiento fue desoído, con lo que la doble obligación de la ONU de mantener la seguridad internacional y promover los derechos humanos proclamados internacionalmente amenazaba con transformarse en una dicotomía difícil de resolver.
La facilidad con que los gobiernos sacrifican los derechos humanos en el altar de la seguridad no es algo nuevo. En el pasado se ha esgrimido con frecuencia la doctrina de la seguridad nacional para negar los derechos humanos, pero esta vez vemos con inquietud que no han sido regímenes autocráticos sino democracias establecidas las que han tomado la iniciativa en la aprobación de leyes draconianas para coartar los derechos civiles en nombre de la seguridad pública. En el Reino Unido, el gobierno aprobó legislación de "excepción" que permitía recluir sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros, creando así un sistema de justicia penal paralelo que no ofrecía las garantías esenciales del sistema ordinario. Por su parte, Estados Unidos aprobó legislación que permitía detener por tiempo indefinido, por motivos de seguridad nacional, a ciudadanos extranjeros que afrontaran la expulsión del país.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y la obligación de los Estados de proteger a sus ciudadanos, pero no cree que se deba renunciar a los derechos humanos a cambio de la seguridad. La dicotomía entre seguridad y derechos humanos es una dicotomía falsa. Las normas internacionales obligan a los Estados a proteger a las personas, y los derechos proclamados en esas normas, como el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura, no son más que otra manera de describir la seguridad que las personas esperan que su gobierno les proporcione. Éstos no son derechos separados que deban garantizarse a costa de otros derechos: en los principales tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, forman parte de un conjunto integrado de derechos que los Estados tienen el deber de respetar. Algunos de ellos pueden restringirse en circunstancias muy específicas, pero otros son absolutos, incluso en situaciones de emergencia pública.
Es preciso imprimir un nuevo rumbo al debate sobre la seguridad y los derechos humanos, pues éstos no constituyen un obstáculo para la seguridad y la prosperidad sino, por el contrario, la clave para alcanzarlas. La seguridad humana sólo se consigue mediante el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley. Los derechos humanos son el cimiento de los Estados fuertes y responsables, y sin ellos no puede haber estabilidad política o económica ni progreso social. Este año se ha hecho más patente que nunca el hecho de que, si se sacrifican los derechos humanos en aras de la paz y la seguridad, no habrá ni paz ni seguridad. Por lo tanto, el reto para los Estados no reside en contraponer la seguridad a los derechos humanos, sino en garantizar el respeto de todo el conjunto de los derechos humanos.

La universalidad de los derechos humanos

El derecho a la vida, a la integridad física y mental, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de expresión y a vivir libre del temor y de la miseria son derechos inalienables de todo ser humano. Los derechos de una persona no pueden basarse en la pérdida de derechos de otra persona. No obstante, en el 2001 varios gobiernos restringieron los derechos de los extranjeros o de los ciudadanos nacidos en el extranjero en nombre de la protección de los derechos de sus ciudadanos. Gobiernos de todo el mundo adoptaron medidas represivas sobre las situaciones irregulares en materia de inmigración y siguieron endureciendo su política de asilo, socavando así los derechos de refugiados y solicitantes de asilo y aumentando la probabilidad de que los inmigrantes se convirtieran en víctimas de abusos y explotación.
Los países de la Unión Europea plantearon nuevos obstáculos a las personas que huían de sus países en busca de seguridad, por ejemplo, aumentando las restricciones que pesaban sobre la concesión de visados y devolviendo más personas a terceros países "seguros". Australia, que ya era blanco de críticas generalizadas por el trato impartido en su territorio a los solicitantes de asilo que llegaban por vía marítima, aprovechó los atentados del 11 de septiembre para justificar la continuación de su política de detener a los solicitantes de asilo, centenares de ellos procedentes de Afganistán. Es más, a finales de septiembre modificó sus leyes para eximir a ciertos territorios no continentales australianos del cumplimiento de su legislación sobre refugiados a fin de impedir que los "refugiados del mar" que llegaban a sus costas pudieran presentar una solicitud de asilo en aplicación del derecho australiano. Asimismo, suprimió ciertas garantías procesales y aumentó la detención de solicitantes de asilo por tiempo indefinido. Las medidas como éstas adoptadas por los Estados desarrollados debilitaron toda la autoridad moral que éstos podrían haber tenido sobre los países en vías de desarrollo como Pakistán para convencerlos de que admitieran refugiados. Cuando comenzó el bombardeo de Afganistán, muchas de las personas que se vieron obligadas a huir encontraron cerradas las fronteras con los países limítrofes.
En la "guerra contra el terrorismo", la tendencia ha sido retratar como "terroristas" a los extranjeros, especialmente a los refugiados y solicitantes de asilo. El mismo año en que la ONU celebró su Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, fue especialmente alarmante observar cómo se reavivaban las llamas del racismo. Las leyes y los decretos administrativos que discriminaban a los extranjeros alimentaron el temor de la población a las amenazas del exterior. El clima de sospecha fomentado en la opinión pública estimuló el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la violencia, y acrecentó la sensación de aislamiento e injusticia de muchas comunidades de inmigrantes o extranjeros. En Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y en partes de Asia y de África se atacó a la gente no por lo que hubiera hecho, sino por ser quien era, por el mero hecho de ser musulmán, árabe o asiático, o incluso por parecerlo.
La aplicación de un doble rasero por los gobiernos de las grandes potencias ha proporcionado argumentos a los que ponen en tela de juicio la universalidad de los derechos humanos. La hipocresía y la selectividad de los gobiernos no es un fenómeno nuevo en el discurso sobre los derechos humanos, pero estas características se hicieron cada vez más patentes en la campaña para formar una alianza en la "guerra contra el terrorismo". Los gobiernos guardaron silencio respecto a los abusos cometidos por aquellos con quienes contaban o aspiraban a contar como aliados. Los mismos gobiernos que denunciaban los abusos cometidos contra las mujeres por el gobierno de los talibanes en Afganistán no se pronunciaron respecto a la difícil situación de las mujeres en Arabia Saudí. Los que condenaban las violaciones de derechos humanos perpetradas en Irak no protestaron por las cometidas por las tropas rusas en Chechenia o por las autoridades de Uzbekistán contra musulmanes que practicaban su culto pacíficamente al margen del control oficial.
Varios gobiernos se subieron al carro "antiterrorista" para reprimir la disidencia política. Las autoridades chinas intensificaron su campaña de represión contra los uigures en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang con el pretexto de que estaban vinculados al "terrorismo" internacional. Las autoridades egipcias adoptaron medidas drásticas sobre las concentraciones y manifestaciones públicas y remitieron un número cada vez mayor de civiles a los tribunales militares para ser juzgados. En Zimbabue, donde el gobierno venía coartando progresivamente la libertad de prensa, las autoridades calificaron de simpatizantes de los "terroristas" a los periodistas internacionales que informaban sobre la oposición política.
Al centrarse la atención de los medios de comunicación en la guerra en Afganistán y en las medidas "antiterroristas" adoptadas en Occidente, las violaciones de derechos humanos y el aumento de la represión en otras partes del mundo pasaron en gran medida inadvertidos, lo que exacerbó el planteamiento tendencioso de la comunidad internacional respecto a los abusos contra los derechos humanos.
Cuando las prioridades en materia de derechos humanos se pueden modificar con arreglo a los intereses de las grandes potencias o a la inconstante atención de los medios de comunicación internacionales, la universalidad de estos derechos queda en entredicho. Esto deja abierto el camino al cinismo y la incredulidad y, finalmente, a un desprecio mayor por los derechos humanos. Hoy más que nunca, los activistas de derechos humanos deben oponerse a la dualidad de criterios que aplican las grandes potencias. Debemos rechazar el concepto subjetivo de "terrorismo" que hace que los Estados condenen la violencia de sus adversarios y toleren la de sus aliados. Debemos insistir en aplicar exclusivamente las normas objetivas de derechos humanos y del derecho internacional. Nada puede justificar los abusos contra los derechos humanos, con independencia de si los comete un gobierno, un grupo político armado, delincuentes internacionales o personas que actúan en nombre de una religión.
Los activistas de derechos humanos seguirán insistiendo en la necesidad de respetar y defender la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Básicamente, esto implica que todas las personas merecen el disfrute de todos los derechos humanos. Nosotros tomamos en serio todos los abusos contra los derechos humanos, ya se cometan en un país que ocupa los titulares informativos o en otro que está alejado de la atención internacional. A lo largo del 2001, los miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional libraron enérgicas campañas contra los abusos que se cometían en países como Argelia, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia, Israel y los territorios ocupados, Myanmar y Turquía. Guiados por los principios de imparcialidad, independencia y solidaridad internacional, basamos nuestro trabajo en los valores proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y aplicamos las mismas normas a todos los países.

Justicia para todos

La actuación contradictoria e hipócrita de los gobiernos tras los atentados del 11 de septiembre fue especialmente impactante a la hora de llevar a los responsables ante la justicia. Amnistía Internacional pidió que se hiciera justicia tanto en el caso de los que planearon, cometieron y colaboraron en los atentados de Estados Unidos como en el de los que pudieran haber violado el derecho internacional humanitario en el curso de la guerra en Afganistán y de los que habían abusado de los derechos humanos y del derecho internacional a lo largo de los 23 años de conflicto armado en el país.
Los atentados del 11 de septiembre fueron abusos manifiestamente graves contra los derechos humanos que, en opinión de Amnistía Internacional, se deberían considerar crímenes contra la humanidad. Asimismo, nuestra organización cree que, habida cuenta de la dimensión internacional de los ataques y de su gravedad, la comunidad internacional en su conjunto tiene interés en que los responsables sean llevados ante la justicia en procesos que respeten las normas internacionales sobre juicios justos, sin que quepa la posibilidad de que se imponga la pena de muerte. Nuestro llamamiento siempre ha sido en favor de la justicia, no de la venganza.
Las autoridades estadounidenses anunciaron que se iban a crear "comisiones militares" para juzgar a los extranjeros sospechosos de participación en actos de "terrorismo internacional", aunque los ciudadanos de Estados Unidos y algunos otros seguirían siendo juzgados por el sistema ordinario de justicia penal. Al terminar el año, el gobierno estadounidense no había anunciado las reglas por las que se iban a regir tales comisiones, pero la información disponible indicaba que se estaba estudiando la posibilidad de permitir pruebas secretas y testigos anónimos; más aún, las comisiones podrían imponer la pena de muerte, sin derecho de apelación. Tales comisiones violarían las normas internacionales sobre juicios justos, como las disposiciones de los Convenios de Ginebra, y serían discriminatorias al aplicarse únicamente a ciudadanos extranjeros.
Por fuertes que sean nuestros sentimientos respecto a quienes acabaron brutalmente con la vida de miles de personas el 11 de septiembre, debemos permanecer atentos a los métodos empleados para llevarlos ante los tribunales. Al condenar a aquellos que muestran un desprecio flagrante por los principios fundamentales humanitarios y de derechos humanos, los Estados no deben degradar estos mismos valores.
Pocas semanas después del 11 de septiembre, Estados Unidos y sus aliados emprendieron una campaña militar sostenida en Afganistán. Se trataba de una respuesta sin precedentes a actos presuntamente cometidos por un grupo político armado. Con anterioridad, Estados Unidos había respondido a los "actos de terrorismo" con sanciones, diplomacia, negociaciones y represalias militares aisladas.
Como activistas de Amnistía Internacional, nuestra función es examinar la conducta en los conflictos armados a fin de proteger los derechos humanos. La campaña de bombardeos dirigida por Estados Unidos contra los talibanes de Afganistán planteó serios motivos de preocupación por los posibles quebrantamientos del derecho internacional humanitario que supuso. En particular, conforme iban aumentando las víctimas civiles, surgieron dudas respecto a la proporcionalidad de la fuerza empleada. Amnistía Internacional pidió a las fuerzas armadas estadounidenses que reforzaran las medidas para reducir al mínimo los riesgos para los civiles y que investigaran en profundidad los informes recibidos sobre cualquier incidente que presuntamente hubiera infringido las normas de conducta durante las hostilidades.
El derecho de los conflictos armados ha sido concebido para proteger no solamente a los civiles sino también a los combatientes capturados. Amnistía Internacional presionó para que se abrieran investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario, como la muerte de centenares de prisioneros talibanes y miembros de Al Qaeda en un fuerte próximo a Mazar-e-Sharif en noviembre del 2001. Las circunstancias del incidente, en el que según informes participaron fuerzas del Frente Unido (Alianza del Norte), el Reino Unido y Estados Unidos, no estaban claras. Pero el llamamiento de Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos para que las partes enfrentadas o un organismo internacional llevaran a cabo una investigación fue rechazado.
En medio del clamor por nuevos medios de hacer frente a las nuevas amenazas, fue sorprendente la antigüedad de los métodos empleados en Afganistán: las fotografías de aviones B-52 y de bombardeos intensivos podrían haber sido hechas en la guerra de Vietnam. El hecho es que hace décadas que se vienen registrando abusos graves contra los derechos humanos por parte de contingentes armados, entrenados y aprovisionados por otras potencias; no es menos cierto que, desde hace muchos años, Amnistía Internacional viene solicitando a los países exportadores de armas que no envíen suministros a aquellos países que hacen gala de un historial atroz en materia de derechos humanos. En la crisis de Afganistán, solicitamos la suspensión de las transferencias incondicionales de armamento y de experiencia especializada a todas las partes enfrentadas, y pedimos que se pusiera fin al uso de bombas racimo, que dejan multitud de subcargas esparcidas sobre una gran extensión de terreno.
Cuando se estuvieron debatiendo los medios de llegar a un acuerdo político provisional en Afganistán se planteó la cuestión de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y hubo grupos afganos y otros que presionaron para que se pusiera término a la impunidad. Aunque el debate fue intenso, la cuestión de la impunidad se vio sacrificada en aras del interés pragmático -y corto de miras- de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, en países como Angola, Argentina, Camboya y Sierra Leona la experiencia ha demostrado que, a la larga, hacer caso omiso de los abusos contra los derechos humanos por motivos de conveniencia política no rinde beneficio alguno.
Consentir hoy la impunidad como parte de un acuerdo político no conducirá a la estabilidad y el respeto de los derechos humanos el día de mañana. Amnistía Internacional considera que es preciso establecer la verdad sobre los abusos cometidos en el pasado. No debe haber amnistías ni indultos para los presuntos autores si tales medidas impiden que se conozca la verdad, que se establezca la culpabilidad o inocencia de los imputados y que las víctimas y sus familiares obtengan plena reparación. Los activistas de derechos humanos deben renovar sus esfuerzos para garantizar el pronto establecimiento de una Corte Penal Internacional eficaz e independiente y velar por que todos los Estados acaten su jurisdicción. No es correcta ni sostenible una situación en la que los poderosos deciden cómo se va a hacer justicia y sobre quién. Para los activistas de derechos humanos, no puede haber un compromiso entre la justicia y la impunidad, ni tampoco un planteamiento selectivo de la rendición de cuentas.

La indivisibilidad de los derechos humanos

Los trágicos sucesos del 11 de septiembre han servido de catalizador para que aquellas comunidades de las que procedían los presuntos autores de los atentados alzaran la voz para comunicar al mundo sus profundos motivos de agravio. El conflicto entre Israel y los palestinos es el ejemplo más palmario. Pero, por encima de los conflictos políticos, existen desigualdades sociales y económicas que tienen su origen en graves abusos contra los derechos humanos, tanto los económicos, sociales y culturales como los civiles y políticos. El respeto de los derechos humanos debe englobar no sólo la universalidad, sino también la indivisibilidad de esos derechos.
Los beneficios de la globalización no han alcanzado a la mayoría de los pobres del mundo. La libertad de mercado no ha traído necesariamente un mercado con mayor conciencia social. Al contrario, la presencia de grandes focos de pobreza en medio de la prosperidad aumenta la sensación de privación económica y exclusión social, y constituye un caldo de cultivo para el descontento y la violencia. Muchas personas sienten profundamente que son víctimas de la injusticia social. Millones de africanos se ven privados de un tratamiento asequible para el VIH y el sida y morirán antes de tiempo, aunque los medicamentos que necesitan existen y están al alcance de los habitantes de los países más ricos. En todo el mundo se niega a millones de personas la igualdad de acceso a la educación, el empleo y las posiciones de influencia en razón de su raza u origen étnico, género u orientación sexual.
A medida que se va expandiendo la globalización, aumentando las riquezas de unos y la miseria y la desesperación de otros, los activistas de derechos humanos deben promover no sólo la justicia legal, sino también la justicia social. Un planteamiento ético de la globalización debe fundarse como mínimo en un planteamiento del desarrollo basado en los derechos de las personas. Para que los derechos humanos se hagan realidad en los países en desarrollo, debemos combatir no sólo la tortura, la detención arbitraria y los juicios sin las debidas garantías, sino también el hambre, el analfabetismo y la discriminación.
Cuando Amnistía Internacional habla de un mundo de libertad y justicia, se refiere a un mundo en el que toda persona disfrute de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales que se ocupan de estos derechos. Nuestro programa de trabajo se ha ampliado ante los problemas de derechos humanos que reclaman nuestra atención. En el futuro no sólo trabajaremos sobre los derechos civiles y políticos que han venido conformando el núcleo de nuestra acción durante décadas, sino que nos movilizaremos también para garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.

Mirar hacia adelante

Empecé este prólogo subrayando la urgencia e importancia de los retos que afrontan los activistas de derechos humanos en estos tiempos difíciles. Permítanme concluirlo recalcando la vulnerabilidad creciente de nuestros activistas de vanguardia y de todos aquellos con quienes trabajamos. En el 2001 los defensores de los derechos humanos, incluidos los miembros de Amnistía Internacional, han sido objeto de amenazas o agresiones en muchos países, como la República Democrática del Congo, Zimbabue, Túnez, México, Colombia e Indonesia. Debemos proteger a estos defensores de las agresiones o intimidaciones movilizando el apoyo en todo el mundo, adoptando medidas prácticas encaminadas a ayudar a las personas que están en peligro y a sus familias, y creando redes capaces y preparadas para responder con rapidez.
No debemos dejar que triunfe el miedo. No debemos permitir que se menoscaben las libertades fundamentales ni que prevalezcan los prejuicios y la intolerancia. La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos no son negociables. No pueden subordinarse los derechos humanos a la seguridad, ni la justicia a la impunidad. Un planteamiento basado en los derechos humanos, que haga primar la seguridad de las personas sobre la de los Estados, podrá parecer más difícil a primera vista pero, en estos tiempos turbulentos, es el único que ofrece verdadera esperanza para el camino que tenemos por delante.

Fuente: Aministía Internacional, Informe 2002, http://www.edai.org/centro/infoanu/2002/info02.htm