Desdichadamente, el conflicto político que nos envuelve, centrado en la permanencia o salida del Presidente Chávez de la Presidencia de la República, no permite que los ciudadanos/as y sus organizaciones sociales y políticas nos aboquemos a discutir y encontrar soluciones al problema clave que nos afecta desde hace más de una década: la pobreza y la exclusión.

En este sentido, vale destacar que el último Informe del Banco Mundial de Desarrollo Mundial de la Lucha contra la Pobreza expresa claramente que:

"Los pobres no tienen acceso a las libertades fundamentales de acción y decisión que los más acomodados dan por descontadas.
Con frecuencia carecen de vivienda y alimentos, y de servicios de educación y salud adecuados.
Estas privaciones les impiden adoptar el tipo de vida que todos deseamos para nosotros mismos.
También son sumamente vulnerables a las enfermedades, los reveses económicos y los desastres naturales".

Frente a una realidad política y social convulsionada, es necesario e imprescindible reflexionar responsablemente sobre la democracia y la inclusión social, pues el futuro de nuestro país depende en gran medida de como se resuelva la contradicción de contar formalmente con un sistema democrático representativo y participativo que estructuralmente excluye a la mayoría de la población pobre que vive en condiciones muy por debajo de lo que puede considerarse una vida digna.

El futuro debate y movilización social que debe generar la discusión del sistema de seguridad social es una oportunidad estelar para empezar a encontrar soluciones a la exclusión social.

La aprobación de una ley que garantice una seguridad social solidaria y universal, coherente con los principios constitucionales establecidos en el artículo 86, puede sentar las bases para generar un proceso de inclusión social de millones de personas que hoy están excluidas de la protección de la salud, el desempleo y las contingencias de la vejez.

Para Provea, el proyecto aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional se ajusta a los principios constitucionales, ya que respeta el carácter de servicio público de carácter no lucrativo del sistema de seguridad social, dándose oportunidad de participación al sector privado que, podrá bajo la modalidad complementaria y voluntaria ofrecer pensiones bajo el régimen de capitalización individual.

La aprobación de un modelo de seguridad social garantista, solidario y apegado a la Constitución, es una de las condiciones fundamentales en el camino de promover y lograr la inclusión social.

La participación de los sectores sindicales, de jubilados y pensionados, de trabajadores de la economía informal y de las amas de casa, al igual que el sector empresarial y los representantes del Estado es una condición imprescindible, para que un tema tan vital tanto para el conjunto de la sociedad, debe ser afrontado de manera transparente a fin de fortalecer el Estado de Derecho (imperio de la ley) y el sistema democrático (soberanía popular)

No perdamos la oportunidad. ¡Manos a la obra!

*Raúl Cubas, ex Coordinador General de Provea y actualmente miembro asociado a esta institución. Artículo publicado por DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA Nº 95, Servicio informativo quincenal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) Fuente: http://www.derechos.org