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He desconfiado con frecuencia del discurso sobre derechos humanos
que se queda en las palabras, por bellas o bien elegidas que éstas
sean. Mas aún, en esta época "globalizada",
en la que palabras otrora cargadas de sentido, se han convertido
en lugares comunes de todos y de cualquiera, o -peor aún-
en máscaras sobreutilizadas para ocultar intereses y no
expresiones de conceptos complejos, paradigmas y utopías
por las que el ser humano ha luchado a través de los tiempos,
como democracia, desarrollo, participación ciudadana, diversidad,
auto-determinación, igualdad, vida digna.
La mayoría de personas que se despierta en el Ecuador
de hoy, se confronta a diario con preguntas esenciales, puestas
en palabras simples: ¿qué comeré mañana?
¿cómo pagaré la escuela de mi hija y el bus
el próximo mes? ¿tendremos trabajo la quincena que
viene? ¿podrá mi pueblo decirle que No a la petrolera,
al basurero municipal, a la minera, a la base militar?, ¿me
curarán de este dolorcito raro en el pulmón en el
hospital, gratis y bien?.
No hace falta, en la vida real y cotidiana, saber que cada una
de estas preocupaciones encierra en sí o traduce al lenguaje
común, uno o varios derechos, todos ellos descritos y recogidos
en la Constitución vigente y en varios tratados internacionales,
también vigentes. El discurso de los derechos humanos,
per se, resultaría hueco para responder a estas preguntas,
directamente, si no estuviera ligado a acciones que, también
en la vida diaria puedan permitir una respuesta más esperanzada
y una guía para la construcción de alternativas
posibles.
Así pues, propongo a continuación una mirada compartida
con usted -que lee este artículo- sobre algunos de los
temas que en este momento preocupan y movilizan hacia la acción
a las personas de este país, desde una visión de
derechos humanos. He subrayado algunos porque la intención
es que usted añada y comparta sus propias reflexiones y
que de esta manera este artículo se alimente y crezca.
La posibilidad de decir NO o el derecho al NO
Pocas situaciones llegan a ser tan frustrantes como aquellas
en las que se nos niega una oportunidad real, abierta y auténtica
de disentir: el derecho a decir que NO. Porque, claro, si alguien
nos pide una rápida respuesta de Sí o No y le respondemos
que sí, no pasa nada, todo continua su curso, todo va bien.
Pero, por otra parte, si le decimos que No, y con esta respuesta
frenamos un proceso que nos puede dañar o cuyas ventajas
nos resultan dudosas, tramposas e inciertas o si simplemente nos
negamos a aceptar aquello que nos disgusta, cuyo verdadero y completo
sentido desconocemos o que "huele" extraño, entonces
surge un conflicto, ya sea de posiciones, de intereses o de prioridades.
Imagínese, por ejemplo, que a usted le consultan si está
o no de acuerdo con que construyan un edificio que le hace sombra
a la ventana de su sala, la más grande y la más
bonita, desde la que se ve el Pichincha. El edificio no solo le
taparía la vista, sino que le haría sombra en toda
la casa, causaría daños a las plantas que lleva
años cuidando y le dejaría sin un lugar para tomar
el sol en su casa -el balconcito que tenía-. Además,
este edificio -que será un gran centro comercial- se convertiría
en un lugar de entrada y salida constante de vehículos
(en su barrio, tradicionalmente residencial), de alarmas que se
activan a cada momento, de cantidades de basura y de luces de
neón encendidas las 24 hrs. ¿Qué diría?
¿Creería que debe tener la oportunidad de opinar,
e incluso de decir que NO?. Muchas personas sí, legítimamente.
Estas suposiciones para los que vivimos en ciudades más
o menos grandes, nos permiten acercarnos y sentir mayor empatía
por la situación de muchos de nuestros hermanos y hermanas
que viven "tierra adentro" en Esmeraldas, El Oro, Pastaza,
Morona, Manabí, Pichincha, por poner ejemplos.
En esos casos y conflictos, ya no estamos hablando de un centro
comercial, sino de proyectos y prioridades con frecuencia imponentes,
como el cultivo de hectáreas de camarones, en lo que solían
ser ricos ecosistemas de manglar, o la tala indiscriminada de
bosques por parte de compañías madereras, cuya política
de "comprar" tierras muchas veces se basa en estrategias
en las que -luego de haber sido rodeada o desmantelada de a poco
una comunidad- la opción única que tienen los pocos
pequeños propietarios aislados es la de vender, ya que
su posibilidad de decir NO ha sido hábilmente eliminada.
Pero quizá el ejemplo más contundente es el de
organizaciones indígenas y campesinas en el Norte y de
organizaciones y federaciones indígenas en el centro-sur
frente a los múltiples tentáculos de la Industria
petrolera, en toda la región Amazónica.
La historia petrolera en el Ecuador es larga, espinosa, compleja.
No pretendo ni resumirla ni recontarla, en este breve artículo.
Mas bien, quisiera referirme a manera de emblema, a una parte
de la historia de los últimos años, aquella que
ha sido vivida por las organizaciones y federaciones shuar y ashuar
con relación al Bloque 24 (Caso FIPSE vs- Arco- año
2000) (1) hasta su situación actual frente a Burlington.
Ubicado en la zona conocida como Transkutukú, provincias
de Pastaza y Morona Santiago, el bloque 24 comprende una extensión
de 200.000 hectáreas. Corresponde a una zona de bosques
tropicales primarios, de alta biodiversidad, 70% del cual es territorio
ancestral de la FIPSE (Federación Independiente del Pueblo
Shuar del Ecuador). En abril de 1998, Arco Oriente, firmó
un contrato de participación con el Estado ecuatoriano
para la exploración y explotación de petróleo
en este bloque, sin que los legítimos propietarios del
suelo que pretenden ocupar, perforar y contaminar hayan sido siquiera
informados, menos aún consultados.
Desde el inicio, la empresa petrolera transnacional mantuvo una
estrategia de "relaciones comunitarias" que buscó
acceder a las comunidades y familias con menor acceso a información
y ávidas de beneficios tangibles inmediatos, para legitimar
su presencia a través de la firma de convenios claramente
abusivos en su contra, sin utilizar los mecanismos organizativos
y de representación regulares, y con el objetivo de quebrar
la unidad interna de sus federaciones.
Este conflicto, cuyo origen está marcado por la falta
total de un proceso mínimo de información o consulta
de las comunidades afectadas, violando expresas obligaciones estatales
de hacerlo, ha llevado a una serie de acciones de justicia por
parte de las Federaciones, que van desde la sentencia favorable
en un Recurso de Amparo en agosto de 1999 -un logro sin precedentes
en la cuenca amazónica-, pasando por un recurso de habeas
data en 2001, un pronunciamiento expreso a inicios del 2002 de
un Comité internacional tripartito de la OIT por violaciones
a los principios de consulta y participación previas y
de representatividad, que solicita al Estado ecuatoriano se inicie
un proceso de consulta; hasta un juicio por desacato actualmente
en las cortes en contra de varios funcionarios de la compañía
Burlington, actual concesionaria luego de que Arco Oriente se
retirara de la zona, con la cesión de sus derechos y responsabilidades.
Este proceso en el que se hayan inmersos los pueblos shuar y
ashuar, a través del Comité Interfederacional, ha
puesto de manifiesto por una parte la necesidad de un trabajo
desde los derechos colectivos que vincule el fortalecimiento y
la capacitación de los pueblos con las acciones judiciales
apropiadas y, en lo posible, efectivas. Por otra parte, nos permite
ver que, en muchas ocasiones, el derecho al NO resulta conflictivo,
desamparado y exige un esfuerzo mucho mayor de parte de aquellos
que eligen ejercerlo.
Cambiando de actores y de problemática, aunque no de tema,
me gustaría referirme a las varias aristas en la contratación
y construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. Corrupción
en la contratación, liberación ilegal de impuestos,
no cumplimiento de las normas de Consulta y Participación
de los pueblos y comunidades afectadas antes de su contratación,
violencia para-militar contratada por la empresa, no consideración
de un impacto ambiental altamente cuestionado a nivel nacional
e internacional, detenciones arbitrarias, abusos y total desinformación
sobre los "precios" insultantes con que se ha tratado
de negociar el paso de un Oleoducto que, en resumen, no solo viola
normas socio-ambientales expresas sino que constituye una ejemplo
transregional de la imposibilidad de decir que No a un proyecto
cargado de dinero e intereses para unos pocos a cambio de daños
e impactos negativos para casi todos.
El que todos estos hechos se vayan conociendo a nivel nacional
e internacional, que aquello que con tanta frecuencia se trata
de manejar confidencial y herméticamente vaya viendo luz
pública es en sí mismo un ejercicio de derechos
humanos, más allá de las palabras. Las acciones,
las campañas, las declaraciones de miembros de las comunidades
afectadas, las marchas, los boletines de prensa, la renuncia a
mantenerse callados y pasivos, son llamadas a la reflexión
y espacios de visibilización de procesos que, para conveniencia
de los mismos pocos de siempre, podrían haber sido más
fáciles y rentables si se mantenían en la oscuridad.
El derecho a la participación
La trayectoria de los derechos humanos y de las luchas sobre
éstos en Latinoamérica, desde los 70 con sus trágicas
dictaduras, estuvo ligada a la participación política
-elegir y ser elegido- como eje de lo que se llamó y se
entendió como democracia. Aún ahora, el hecho de
votar es para muchos un indicador de que se respetan y garantizan
los derechos, o peor aún, de que tenemos, en la región,
democracias funcionales.
En el Ecuador de hoy, a inicios del s. XXI, sin embargo, pocas
personas, colectivos y grupos ven en la obligación de votar
la realización de su derecho a la participación
en la vida pública, política, económica o
social del país. La participación resulta ser, para
bien y para muchos, un tema más complejo, más multifacético
y de mayor exigencia de una ciudadanía activa, informada
y comprometida. El derecho a la participación no es, por
tanto, solo político ni sólo de votos ni sólo
de unos pocos.
Tomemos el ejemplo de la discusión y de las diversas acciones
sobre cuotas de participación en las listas de candidaturas
para las mujeres, norma que fue incorporada por la última
Asamblea Constituyente, en 1998, con un carácter progresivo,
partiendo del principio de acciones positivas para grupos tradicionalmente
discriminados.
Para aquellos que han argumentado en contra de la vigencia de
esta norma, el asunto se reduce a que el número de mujeres
y la posición en las que se incorporan en las listas no
garantiza la calidad de su participación política.
Un argumento triste según el cual, entonces, se entendería
que el número de hombres sí garantiza calidad en
la participación, o que- aún peor- si un país
no tiene el mismo número de hombres y mujeres en posiciones
de poder porque estas últimas han tenido menores oportunidades
y acceso a estos espacios, la mejor opción es mantener
esta forma de discriminación ad infinitum, aunque la disimule
diciendo que "las mujeres no están listas, no quieren
participar, no pueden".
Pero, no nos engañemos, lo que en realidad está
en juego es la posibilidad de que un grupo que no ha estado tradicionalmente
representado en los diferentes eslabones políticos, tanto
a nivel local como nacional, se vaya incorporando en la discusión
de las políticas públicas, en la toma de decisiones,
en la distribución de los recursos, en la legislación,
en la rendición de cuentas, en la definición del
rumbo que tomen las diferentes instancias de gobierno.
En este sentido, la participación para las mujeres y -de
allí su preocupación- no se limita al quehacer político
y tampoco su reflexión sobre lo que significa y conlleva
el derecho a participar. Así vistas, las acciones y reflexiones
que han surgido en torno al tema de las cuotas han obligado a
que algunas máscaras y barreras sobre este tema caigan
y revelen con mayor claridad divergencias sobre participación
efectiva y real de grupos cuyas visiones, propuestas y comprensiones
son o pueden ser diferentes a las de la clase política
dominante. Los obstáculos, entonces, son y serán
iguales para cualquier grupo, movimiento o sector cuya voz sea
disonante de la del puñado de "políticos"
que se recicla para cada gobierno, candidatura o cargo público.
En la práctica, el que estas voces disonantes, sean ellas
de mujeres, indígenas, niños, jubilados, afro-descendientes,
migrantes, campesinos u otros, exigiendo espacios de participación,
sin elegir la pasividad, la desesperanza o el abandono de toda
lucha, resultan también la única oposición
verdadera a un régimen de partidos políticos y de
decisiones elitistas que no responde a las necesidades de nadie,
excepto de sí mismos.
El derecho a una vida digna
Cuando hace 10 años, en las provincias del sur del país,
se hablaba ya de pequeños pueblos que se iban quedando
sin hombres, de remesas desde el exterior que comenzaban a cambiar
las relaciones económicas tradicionales, de grupos de ecuatorianos
que cruzaban la frontera mexicana en condiciones deplorables,
explotados y maltratados por la floreciente mafia del coyoterismo,
pocos pensaban en el proceso de migración como un problema
nacional, que llegaría a índices alarmantes y que
paradójicamente ayudaría a sostener la dolarización:
los desplazados de la vida nacional colaborarían significativamente
para mantener aquí aquellos mismos beneficios que se les
habían negado años atrás y que les habían
forzado a emigrar.
Para muchas y muchos defensores de derechos humanos, el derecho
a una vida digna está en el centro, es la esencia de todos
los derechos, los resume y los unifica. Para quienes han emigrado
por pobreza(2), por falta de trabajo, por deudas, porque todas
las puertas se les cerraron, el precio es renunciar a una vida
digna, por unos años, si tienen suerte, o para siempre,
si no logran llegar, y mueren en el trayecto.
El Ecuador se ha convertido en exportador de mano de obra barata,
dispuesta a mucho, que exige poco o nada. Tan cruda como pueda
sonar esta afirmación, el fenómeno de la migración
ha trastocado vínculos familiares, sociales y económicos
que parecían inmutables, al altísimo precio de quizá,
un millón de compatriotas, cuyos derechos fundamentales
continúan siendo violados, sistemáticamente, en
el exterior como fueron en su propio país, pero con serios
agravantes: sin documentos se convierten en "no ciudadanos",
"ilegales", seres abandonados sin las mínimas
protecciones de seguridad personal, vida, debido proceso, integridad;
sin dinero o garantías laborales mínimas, son frecuentemente
explotados, muchas veces deportados y estafados, sin mecanismos
de protección o queja posibles.
La emigración ha sido la respuesta muda y dolorosa de
muchos frente a la falta de oportunidades y a la no vigencia de
sus derechos básicos, pero también una queja silenciosa
ante recurrentes violaciones de derechos humanos, siendo la pobreza,
la falta de empleo adecuado o el aislamiento sus caras más
frecuentes. En el fondo de esta realidad está el incumplimiento
de casi todas las responsabilidades estatales: acceso y garantías
para condiciones de vida mínimamente humanas, atención
primaria de salud y educación básica gratuita para
todos y todas, alimentación y vivienda adecuadas, acceso
a la información relevante, políticas públicas
que verdaderamente busquen la mejora sustantiva en la distribución
de la riqueza.
Para concluir
Aunque sería posible aproximarse a varios otros aspectos
de nuestra vida nacional desde una perspectiva de derechos humanos,
he preferido solamente tocar algunos que se caracterizan por su
referencia directa a grupos que han sido tradicionalmente discriminados,
relegados o ignorados, aquellos cuyas realidades de vida no siempre
se toman en cuenta al momento de decidir, de elegir nuevos gobiernos
o de exigir cuentas a quienes terminan su período. En esta
época de elecciones, valdría preguntarnos cuáles
son las ofertas de campaña, las políticas que parecen
preferir los candidatos nacionales y locales con respecto a estos
tres grandes temas: la explotación petrolera frente a la
vigencia de los derechos colectivos y ambientales; la participación
de las diferentes voces de este país en la toma de decisiones
y la definición de políticas públicas; y
la visión sobre la exclusión social y la pobreza
que continúan obligando a tantos y tantas compatriotas
a emigrar.
Quizá así, desde un ejercicio de ciudadanía
activa y comprometida, podamos sopesar con más elementos
la conveniencia o no de las diferentes candidaturas.
Quito, julio 2002
* Juana Sotomayor Dávila. Coordinadora
Area de Promoción y Capacitación DESC (derechos
económicos, sociales y culturales) en el Centro de Derechos
Económicos y Sociales, CDES, Ecuador - juana.sotomayor@cdes.org.ec
NOTAS
1 Ver, CDES, Boletín No. 10, Julio 2002, "Bloque
24:Derechos indígenas contra intereses petroleros"
. Para mayor información, documentos y boletines sobre
esta problemática, puede comunicarse con el Area de Amazonía
en el cdes a cdes@cdes.org.ec
2 El crecimiento en las cifras sobre pobreza es alarmante. En
1994, se hablaba del 35% de la población, en 1999 antes
de la dolarización la cifra era bastante más alta,
56%, y para el 2001 llegó al 79%- la gran mayoría
de la población. (Datos tomados de SISSE 2.0 -1994 y 1999-
y Cedatos -2001-)
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