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I. Principios para la exigibilidad de los DESC
Si vamos a diseñar una estrategia para posibilitar la
exigibilidad de los DESC, con acciones jurídicas a nivel
nacional e internacional, se hace necesario concertar y ponernos
de acuerdo en la Región sobre algunos principios mínimos
que permitan bajo líneas comunes articulas acciones del
trabajo de exigibilidad y justiciabilidad que se pretende implementar
en el corto plazo.
Esos principios que proponemos retomando la Declaración
de Quito, los podemos sistematizar de la siguiente manera:
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC),
al igual que los civiles y políticos, son parte indisoluble
de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos
humanos, tal como constan en la Declaración Universal,
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Declaración Americana de los Deberes y
Derechos del Hombre, la Declaración sobre Garantías
Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el Protocolo de San Salvador.
La fuente de todos los derechos humanos es la dignidad humana.
La democracia, la justicia, la paz, el desarrollo y el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos
interdependientes que se refuerzan mutuamente.
Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes
y exigibles, y los DESC tienen el mismo estatuto legal, importancia
y urgencia que los derechos civiles y políticos.
En Colombia hay una falta de respeto y atención a los DESC,
que se refleja en la creciente pobreza, hambre, falta de servicios
básicos y la discriminación con una gran exclusión
social y económica que se traduce en una exclusión
política.
El goce de los derechos económicos, sociales y culturales
es determinante para la posibilidad de un goce efectivo, igualitario
y no discriminatorio de los derechos civiles y políticos.
Asegurar el goce de derechos civiles y políticos sin considerar
el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales
y culturales conlleva discriminaciones intolerables que favorecen
a los sectores beneficiados por la desigual distribución
de la riqueza, del poder y que reproducen las inequidades sociales.
La exigibilidad es un proceso social, político y legal.
La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones
respecto de los DESC no solamente ha de ser materia del escrutinio
de los órganos de verificación del cumplimiento
de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar
la participación activa de la sociedad civil en esta tarea
como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía.
Los DESC son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede ejercerse
individual o colectivamente ante instancias judiciales en el plano
nacional y ante los órganos de supervisión internacional.
La exclusión social rompe los lazos básicos de integración
de los colombianos, atenta contra la identidad cultural de las
minorías indígenas y afroamericanas, fomenta la
violencia en el marco del conflicto social y armado que padecemos.
La impunidad frente a la grave violación de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
genera un quiebre de los valores éticos de nuestra sociedad,
se impone que el Estado Colombiano adecue los aparatos de justicia
para establecer la verdad de lo que sucede con las violaciones,
buscar la justicia y sanción de los responsables y asegurar
la reparación de las víctimas.
Los derechos económicos, sociales y culturales fijan los
límites mínimos que debe cubrir el Estado en materia
económica y social para garantizar el funcionamiento de
sociedades justas y para legitimar su propia existencia. Los DESC
por lo tanto deben condicionar las políticas públicas.
Los Estados tienen el deber de prevenir y sancionar la ocurrencia
de violaciones a los DESC por parte de agentes privados. El Estado
es responsable por omitir su deber de protegerlos, pero tales
agentes deben responsabilizarse por sus actos y por las consecuencias
de éstos ante las instancias del derecho interno.
Los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles
a través de diversas vías: judicial, administrativa,
política, legislativa. La postulación de casos judiciales
referidos a estos derechos adquiere un mayor sentido en el marco
de acciones integradas en el campo político y social, tanto
nacional como internacional.
Los instrumentos internacionales y constitucionales de protección
de los derechos económicos, sociales y culturales son operativos
y establecen derechos exigibles directamente por las personas,
incluso ante su omisión en la reglamentación legal.
En tal sentido, los jueces están obligados a aplicar directamente
estos instrumentos y a reconocer en los casos concretos sometidos
a su jurisdicción los derechos que éstos consagran.
Las obligaciones de los Estados respecto a los DESC comprenden:
Una obligación de respeto, consistente en la no interferencia
del Estado en la libertad de acción y el uso de los recursos
propios de cada individuo o de grupos o colectividades, en aras
de autosatisfacer sus necesidades económicas y sociales;
Una obligación de protección, consistente en el
resguardo del goce de estos derechos ante afectaciones provenientes
de terceros, y Una obligación de satisfacer, de manera
plena, el disfrute de los derechos. Una obligación de sancionar
los delitos cometidos por servidores públicos, así
como por personas físicas o jurídicas en casos de
corrupción que violen o atenten contra los DESC.
Principio de no discriminación, tanto en materia de derechos
civiles y políticos como de derechos económicos,
sociales y culturales, que se materializa en la obligación
del Estado se extiende a la adopción de medidas especiales
- incluyendo medidas legislativas y políticas diferenciales-
para las mujeres y en resguardo de grupos en situación
de vulnerabilidad y de sectores históricamente desprotegidos,
tales como los ancianos/as, niños/as, personas con discapacidad
física, enfermos/as terminales, personas con problemas
médicos persistentes, personas que padecen de enfermedades
mentales, víctimas de desastres naturales, personas que
viven en zonas riesgosas, refugiados, comunidades indígenas
o los grupos bajo condiciones de pobreza extrema;
Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas en
un plazo razonablemente breve desde el momento mismo en que ratifican
los instrumentos referidos a los DESC. Tales medidas deben consistir
en actos concretos, deliberados y orientados lo más claramente
posible hacia la satisfacción de la totalidad de los derechos.
En todo caso corresponderá al Estado justificar su inactividad,
demora o desviación en el cumplimiento de tales objetivos,
y entre sus obligaciones inmediatas se encuentran: adecuar
su marco legal a las disposiciones de las normas internacionales
sobre derechos económicos, sociales y culturales; el
derecho a la información constituye una herramienta
imprescindible para hacer efectivo el control ciudadano de las
políticas públicas en el área económica
y social; La obligación de proveer recursos judiciales
y otros recursos efectivos dada la ausencia de diferencias
sustanciales entre derechos civiles y políticos y derechos
económicos, sociales y culturales, el Estado -y la comunidad
internacional- deben asegurar recursos judiciales o de otro tipo,
aptos para hacer exigibles los derechos en caso de violación.
El Estado tiene la obligación mínima de asegurar
la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los
derechos. Esta obligación rige aun en períodos de
limitaciones graves de recursos, causadas por procesos de ajuste,
de recesión económica o por otros factores. En estas
situaciones, el Estado debe fijar un orden de prioridades en la
utilización de los recursos públicos, identificando
a los grupos vulnerables que serán beneficiados a fin de
efectuar un eficaz aprovechamiento de la totalidad de los recursos
de que disponga.
La obligación de progresividad y su correlativa prohibición
de regresividad, el Estado tiene el deber de encaminarse hacia
la plena efectividad de los derechos, por lo que viola la idea
de progresividad su inacción, su irrazonable demora y/o
la adopción de medidas que impliquen el retroceso de tales
derechos. Es prohibido al Estado la implementación de políticas
regresivas, entendiendo por tales aquellas que tengan por objeto
o como efecto la disminución del estado de goce de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Se considerará que el Estado Parte comete una violación
al Pacto si, por ejemplo: No logra adoptar una medida exigida
por el Pacto; No logra remover, a la mayor brevedad posible y
cuando deba hacerlo, todos los obstáculos que impidan la
realización inmediata de un derecho; No logra aplicar con
rapidez un derecho que el Pacto exige; No logra, satisfacer una
norma internacional mínima de realización, generalmente
aceptada, y para cuya satisfacción está capacitado;
Adopta una limitación a un derecho reconocido en el Pacto
por vías contrarias al mismo; Retrasa o detiene la realización
progresiva de un derecho, a menos que actúe dentro de los
límites permitidos en el Pacto o que dicha conducta se
deba a una falta de recursos o a una situación de fuerza
mayor; No presenta los informes exigidos por el Pacto.
Para procurar la plena satisfacción de los DESC se deben
aplicar políticas fiscales orientadas a una redistribución
equitativa del ingreso, gravando preferente y selectivamente el
patrimonio, las grandes fortunas y las transacciones comerciales
antes que los salarios o los ingresos del trabajo personal con
impuestos indiferenciados o regresivos al consumo o al valor agregado
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES En las transacciones
macroeconómicas y en la aplicación de políticas
de ajuste estructural, las empresas multinacionales, las instituciones
financieras intergubernamentales (BM, BID, FMI. OMC), la Organización
Mundial del Comercio y el Grupo de los Siete deben responsabilizarse
de no incurrir en violaciones de los DESC, especialmente en países
pobres como los de Latinoamérica.
Conforme al mandato de la Carta de las Naciones Unidas y sus instrumentos
constitutivos, las instituciones intergubernamentales tienen las
siguientes obligaciones: Asegurar que sus políticas y actividades
respeten los DESC, lo que significa que no contribuyan a promover
violaciones de los DESC en la forma de una regresividad del ámbito
de protección concedido a estos derechos o mediante la
introducción de obstáculos para el disfrute de los
DESC.
OBLIGACIONES DE ACTORES PRIVADOS: En este aspecto, el debate
sobre la identidad de los agentes violadores y la responsabilidad
de los actores privados resulta crucial.1 Si bien es cierto, el
Estado es el principal responsable por la vigencia y protección
de los derechos humanos, tal como establece el derecho internacional
de los derechos humanos, en realidad los derechos y deberes son
generados y adquieren contenido concreto tanto en el espacio de
la acción estatal y el mercado como en el de la sociedad
civil. No sólo el Estado y el mercado constituyen terreno
de contradicciones y conflictos para el ejercicio de los derechos
humanos. La sociedad civil también es terreno de contradicciones
y conflictos que derivan en desigualdad y generan también
determinado tipo de exclusiones muy fuertes. La afectación
de los derechos de los consumidores, por ejemplo, es propia de
la esfera del mercado y la discriminación de género
o racial ocurre sobretodo en las relaciones intersubjetivas.
Para el caso de Colombia las violaciones masivas de los DESC se
presenta muchas veces en la realización de grandes obras
de infraestructura que llamamos mega - proyectos que tienen que
ver con hidroeléctricas, vías nacionales o internacionales,
puertos, explotación de petróleo, carbón,
oro, platino, agro- industria, entre otros promovidos por empresas
nacionales y multinacionales con el aval del Gobierno Nacional,
que realizan acciones que se traducen en graves violaciones a
los DESC.
Visto panorámicamente el papel del Estado en la realización
de los Desc puede sintetizarse como la de FACILITADOR del contenido
máximo de este tipo de derechos, respecto de todas las
personas, y simultáneamente de GARANTE de un núcleo
mínimo de justicia, para ello debe evitar la acción
de actores privados que actúan en contravía de estos
principios.
II. Obstáculos para la exigibilidad de los DESC, mitos
y retos
Es importante reconocer que la presente propuesta parte de reconocer
que el camino de la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC
tiene una serie de factores que dificultan las acciones tanto
de exigibilidad jurídica como la exigibilidad política,
por ello es importante reflexionar sobre ellos y buscar como los
vamos superando.
NO HAY UNA IDENTIFICACION CLARA DE NUCLEO ESENCIAL DE LOS DESC:
Una primera limitación que afecta la exigibilidad de los
DESC es la definición del alcance de su contenido, y los
mínimos que deben ser exigibles a las autoridades. Efectivamente,
en los diferentes instrumentos Internacionales en materia DESC
se consagran una serie de derechos, sin que se precise su contenido
concreto.
Para el efecto hemos considerado necesario en el desarrollo de
este proyecto tratar de ir resolviendo algunas preguntas fundamentales:
Qué compone el núcleo esencial e inderogable de
cada uno de los derechos DESC?; Cúales son las obligaciones
mínimas de los Estados respecto de cada uno de estos derechos?
Cómo lograr que, en consonancia con el derecho internacional,
el concepto de progresividad no se equipare al de discresionalidad
del Estado para la realización de este tipo de derechos?
EN COLOMBIA SE HA PRIORIZADO LA ACCION EN LOS DERECHOS CIVILES
Y POLITICOS: Los organismos de derechos humanos han avanzado y
centrado su accionar en materia de derechos civiles y políticos,
básicamente en aquellos hechos que atentan contra la vida
y la libertad, para ello ha realizado por varios años un
trabajo nacional e internacional denunciado hechos extremos del
ejercicio arbitrario del poder como son la desaparición
forzada de personas, las masacres, las ejecuciones sumarias, la
tortura, el desplazamiento forzado y las detenciones arbitrarias.
En materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos igualmente
exigibles como la vida, poco se ha avanzado, ha habido un proceso
de sensibilización y de posicionamiento del tema a partir
de acciones educativas como la promovida por Tierra de Hombres
Francia en Colombia. Existen innumerables organizaciones de promoción
y desarrollo que luchan por derechos económicos y sociales
como la Educación, la Vivienda, la Salud, el derecho a
la Tierra, el Medio Ambiente , los derechos laborales y sindicales,
los derechos de los niños y niñas, de las mujeres,
entre otros, en este proyecto hay que buscar que ellos y los beneficiarios
reconozcan la importancia de la exigibilidad y la justiciabilidad
de los DESC, no a partir del discurso sino de acciones jurídicas
en concreto, en lo nacional e internacional.
EL CAMBIO EN EL ROL DEL ESTADO: El escenario para el ejercicio
de los derechos humanos se ha modificado a partir de los cambios
que han sido introducidos en la naturaleza del Estado, principalmente
debido al tránsito del Estado de bienestar a una nueva
forma de Estado configurada por el predominio de las políticas
neoliberales y por la creciente aplicación de políticas
de ajuste estructural en la región que generan pobreza,
desigualdad y exclusión. En este contexto, las obligaciones
de los Estados tienden a ser relativizadas.2 Nos encontramos ante
una privatización de los derechos debido al peso creciente
de los agentes privados en el goce efectivo o en la violación
de éstos, tal como ocurre tanto con la banca y organismos
multilaterales que determinan políticas macroeconómicas
que constituyen una amenaza o violan directamente los derechos
humanos, como con las empresas transnacionales que desbordan la
soberanía de los Estados.
Por supuesto hay muchos otros obstáculos como el Ajuste
Estructural, la Deuda Externa, la Concentración de la Propiedad,
la Riqueza y el Ingreso a nivel nacional e internacional, entre
otros que habrá que desarrollar en documentos aparte.
III. Contexto nacional de los DESC
Partiendo de la concepción integral de los derechos humanos.
El objetivo es en asistencia a casos concretos de DESC para demostrar
en el caso de Colombia la interdependencia e indivisibilidad de
los derechos civiles y políticos con los derechos económicos,
sociales y culturales. Gran parte del problema de violencia política
tiene un origen en la injusticia e inequidad social esto ha llevado
a muchos sectores sociales a la lucha por la tierra, por la vivienda,
por la educación, por la salud, por los servicios públicos,
por los derechos laborales y la libertad sindical, entre otros.
Por eso, como se dijo en la declaración de Teherán:
"Sin la realización de los derechos económicos,
sociales y culturales no se pueden garantizar los derechos civiles
y políticos".
No podemos desconocer que la guerra sucia se ha dirigido contra
el movimiento social y popular que ha perdido por lo menos 40
mil de sus mejores hombres y mujeres en esta larga noche de más
de 40 años, ellos luchaban por la libertad de expresión,
de pensamiento, por la posibilidad de participar políticamente,
por su identidad, por la autonomía de los indígenas
y de los negros, por los derechos de las mujeres, por la tierra,
por la vivienda, por los servicios públicos, por la educación,
por la salud, por los derechos laborales y sindicales, en síntesis
por una vida digna.
Si queremos ubicar y enjuiciar los responsables de crímenes
de lesa humanidad debemos preguntarnos: ¿ quiénes
son los beneficiarios de la guerra sucia?, dejando claro que no
son los miembros de la fuerza pública - salvo los altos
oficiales - comprometidos con los crímenes, ni los paramilitares,
ni los "trabajadores" de las convivir, ni los sicarios
gatilleros, todos ellos simples instrumentos y ejecutores materiales
que han sido armados, pagados y corrompidos por alguien en beneficio
de ciertos sectores privilegiados.
La respuesta se empieza a dar si analizamos por ejemplo que: los
asesinatos de líderes cívicos y el genocidio de
la Unión Patriótica beneficio a los gamonales y
políticos regionales y locales que llenaron el vació
dejado por los partidos o movimientos alternativos que en las
urnas se ganaron la voluntad popular ; Los beneficiarios de el
asesinato de líderes agrarios, campesinos y del brutal
desplazamiento forzado de más de dos millones de personas
son los grandes terratenientes ese 7% de propietarios agrarios
que han logrado concentrar las dos terceras partes de las mejores
tierras del país y las más de cuatro millones de
hectáreas adquiridas ilícitamente por el paramilitarismo;
El asesinato de miles de líderes sindicales por el conflicto
capital - trabajo por buscar unas mejores condiciones para los
obreros silenciándolos en beneficio de la plusvalía
de los patronos, y si siguiéramos mirando los sectores
victimizados nos permitiría llegar a los autores intelectuales
de la guerra sucia, los financiadores y determinadores de los
gatilleros que siguen cobrando vidas para que todo siga igual
y la injusticia siga incólume, creo que estamos en mora
de ver estos agenciadores de la guerra sucia que todos conocemos
y sin embargo pasan desapercibidos.
Consecuencia de la guerra sucia es la exclusión social
que violenta a millones de colombianos. Para 1995 con una población
estimada en 39 millones, se encontraban bajo la línea de
pobreza 22 millones, de los cuales 7 millones eran indigentes.
Si tomamos la estratificación socioeconómica realizada
por el Estado tenemos que son pobres el 80% de los colombianos
(estratos 1,2 y 3), un 13% pertenece a la clase media (estrato
4) y el 7% restante pertenece a la clase alta (estrato 5 y 6).
Tomando las cifras que hoy acoge la Comisión Interamericana
en el Tercer Informe sobre Colombia aprobado en febrero de 1999
por la OEA, tenemos que: el 57% (23.940.000 personas) de la población
no tiene acceso a servicios sanitarios y 73% (30.660.000 personas)
de la población no tiene agua potable;3 el índice
de mortalidad infantil es más del doble que en el resto
de la región;4 al 10% más rico de la población
le corresponde tan sólo el 1% del total del consumo, mientras
el 10% más rico de la población recibe el 46,9%;5
El desempleo abierto alcanza mas del 20% de la población
económicamente activa; los trabajadores informales ya pasan
del 60%; según el DANE hay 2.500.000 niños trabajadores;
hay un déficit de 3.800.000 viviendas.
Estas cifras que encierran un profundo drama humano nos muestran
la injusticia que vive Colombia, y en forma macabra como han ido
de la mano: el crecimiento económico, la guerra sucia,
la concentración de la riqueza y del ingreso y por
ende la concentración del poder político.
Este panorama es el contexto en el cual la exigibilidad y la justiciabilidad
de los DESC tiene mayor vigencia en un país como Colombia
que aspira a lograr la paz, y es claro que para alcanzar la Paz
y superar en conflicto social y armado es necesario resolver en
términos de justicia la satisfacción de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
de los DESC, no para una parte de la población sino para
todos y todas sin discriminación y permitiendo que millones
de colombianos salgan de la miseria absoluta.
IV. Otras formas de exigibilidad política y social
de los DESC en Colombia
En estos están los más clásicos como la
Huelga, la manifestación pública, los plantones,
los paros, que en su mayoría se traducen en varios tipos
de acuerdos entre el Estado y las comunidades que tienen diferentes
efectos, bien que se trate de una convención colectiva,
de simples acuerdos informales, o de verdaderos actos administrativos
o incluso de Decretos o planes de desarrollo presionados por las
comunidades.
Mecanismos de Participación y Veeduría Ciudadana:
Hay unos regulados por la ley y otros generados por las acciones
de presión de las comunidades. En el caso de Colombia hay
una ley estatutaria que regula los mecanismos de participación
como el plebiscito, referedun, las consultas populares, el cabildo
abierto, la iniciativa legislativa popular, la iniciativa legislativa
para derogar normas, entre otros. Igualmente hay en las normas
de servicios públicos como educación, salud, servicios
domiciliarios, otros mecanismos legales de participación.
V. Definición de una estrategia de exigibilidad de
los DESC y pasos a seguir
El objetivo de esta estrategia tiene éxito si los hombres
y mujeres con conciencia de sus derechos, organizados y con voluntad
política y de cambio, pueden apropiarse de las estrategias
y los espacios públicos y privados que puedan hacer realidad
la vigencia de los DESC. Para que podamos recluir en el archivo
de la historia la pobreza y toda otra forma de exclusión
y discriminación, particularmente la discriminación
de género; tal como ocurrió el siglo XIX con la
esclavitud y en el siglo XX con el apartheid.
Todo el documento esta elaborado con la tendencia de construir
elementos conceptuales y de ir proyectando la estrategia de exigibilidad
de los DESC con el tramite de casos en Colombia.
Para tratar de precisar a continuación vamos presentando
unas líneas de trabajo, que no se pueden leer independientemente
de los planteamientos fijados en los capítulos anteriores,
son:
DOCUMENTACION DE CASOS: Esta propuesta parte de los puntos anteriores,
una estrategia de exigibilidad y justiciabilidad de los DESC desde
lo jurídico implica una acción en lo posible interdisciplinaria
para documentar de manera detallada casos - problemas e iniciar
acciones ante instancias judiciales nacionales y/o ante instancias
internacionales de supervisión de los DESC como la CVIDH,
seleccionando casos relevantes que permitan generar ámbitos
de justiciabilidad de estos derechos. Esta documentación
de casos implica la revisión documental y de normas especializadas
tanto en lo nacional como en lo internacional. Esta primera fase
según los casos puede tomar un año fase que en Colombia
ya se ha iniciado.
REALIZAR ACCIONES FRENTE A MULTIPLES CASOS DE VIOLACIÓN
A LA LIBERTAD SINDICAL. Sobre este tema hay un documento anexo
de 100 páginas que relata las violaciones de que son objeto
los trabajadores sindicalizados en Colombia, este informe 2000
preparado por el Colectivo de Abogados para OIT, nos pone de presente
múltiples acciones que se pueden realizar en este campo
tanto a nivel nacional como internacional, los temas que estan
planteados son entre otros : Poder jurídico vinculante
y obligatorio de los Convenios de OIT; se indica la legislación
laboral interna es contrarias a la libertad sindical sobre la
cual se pueden hacer acciones de inconstitucionalidad y casos
ante la CIDH; dentro de los ataques a la libertad sindical se
documentan casos con ejemplos representativos (Violación
al derecho de Asociación Sindical - Violación al
derecho de Contratación Colectiva - Violación al
derecho de Huelga - Violación al derecho a la vida de sindicalistas
y trabajadores - Atentados a la libertad física de los
trabajadores y al debido proceso, con la criminalización
de la acción sindical - Violaciones a otros derechos humanos
de los trabajadores - Desplazamiento forzado de trabajadores -
Ataques a las sedes sindicales), esta es una línea de trabajo
que hay que desarrollar y afinar en los próximos tres años,
y que tiene plena aplicación a la luz del Protocolo de
San Salvador.
ACCIONES SOBRE EL DERECHO A LA SALUD. Sobre este tema presentamos
documento anexo de 129 paginas, trabajado por el Colectivo de
Abogados sobre el derecho humano a la salud y sus principales
problemas, del mismo se pueden derivar una serie de acciones jurídicas,
tanto a nivel de las normas que hay que corregir por ejemplo con
demandas de inconstitucionalidad, como de acciones nacionales
y eventualmente internacionales para proteger este derecho, hay
necesidad de eliminar los periodos de espera o carencia, las preexistencias,
la drogas que estan excluidas del POS, prevenir que se sigan cerrando
los hospitales universitarios, se hace necesario decantar todos
estos temas y afianzar algunas acciones que estamos procesando.
ACCIONES SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA: En documento anexo presentamos
algunos de los problemas más graves frente al UPAC y la
perdida de vivienda de por lo menos 500 mil colombianos, se trata
de presentar acciones nacionales e internacionales ante la CIDH,
el anexo ilustra la problemática, ya se han agotado algunos
recursos internos como tutelas, demandas de inconstitucionalidad,
acciones populares, pero hay la necesidad de realizar otras de
reparación y presentar como caso a la CIDH. Hay muchos
desalojos forzosos, por espacio publico, por leyes de arrendamiento,
por inseguridad jurídica de la tenencia, por las deudas
con bancos que pueden ser objeto de acciones para proteger este
derecho.
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PERSONAS, ESTA ES LA PROBLEMÁTICA
CENTRAL EN DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, este fenómeno
implica que luego de una violación de derechos como la
vida, la integridad física o sicológica, la libertad
personal, se les viola igualmente el derecho a la tierra, a la
vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación,
a su cultura, a la libertad de residencia, entre muchos otros.
Hay la necesidad de adelantar acciones de reparación para
buscar que se indemnice los perjuicios de orden moral y material
que se causen a los desplazados. Otro tipo de acciones son las
demandas de Inconstitucionalidad y nulidad, de leyes y normas
que propician la violación de los DESC, relativos a salud,
vivienda, seguridad social, laborales, entre otras referidas a
los desplazados.
Persona desplazada : La persona forzada a migrar dentro del territorio
nacional , abandonando su lugar de residencia o de trabajo habitual,
en calidad de asalariado rural, minifundista o propietario de
una Unidad Agrícola familiar, por amenaza o vulneración
de su derecho a la vida, a su integridad física , a su
seguridad o a su libertad , con ocasión del conflicto armado
interno, de disturbios interiores, de tensiones internas , de
violación masiva de los derechos humanos , de alteración
del orden público y de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Es aquí donde se puede demandar extracontractualmente a
los causantes del hecho del desplazamiento por el perjuicio patrimonial
que causan a los desplazados, esto cuando no existe delito con
responsable conocido o cuando el hecho es diferente al delito
y causa un perjuicio patrimonial.
Cuando el hecho del desplazamiento lleva consigo otros hechos
delictuales y existen responsables conocidos , esta responsabilidad
deriva un perjuicio patrimonial también cabe la acción
jurídica extracontractual. O la acción de reparación
directa, al igual que acciones de tutela, populares y de cumplimiento
para proteger los derechos de los desplazados.
AJUSTAR EL DERECHO INTERNO AL PIDESC Y A LOS CONVENIOS DE OIT,
Y A LOS DESC DE RANGO CONSTITUCIONAL: Buscar la armonización
de las normas legales internas con los postulados y derechos del
PIDESC , los Convenios de OIT y otros instrumentos jurídicos
internacionales relativos a los DESC, lo mismo que las normas
Constitucionales que desarrollan los DESC, esto se puede hacer
por la vía de las demandas de inconstitucionalidad y de
nulidad que mencioné e ilustre con ejemplos atrás,
esto implica hacer un seguimiento legislativo me parece que los
campos de acción pueden ser las normas de SALUD, de VIVIENDA
y de DERECHO AL TRABAJO Y LIBERTAD SINDICAL. Hay varias pendientes
por realizar en los diferentes DESC, por ejemplo en la ley de
reforma agraria (ley 160), en las leyes de vivienda, en el Estatuto
Tributario, ley 550 y libertad sindical, la ley 584 y temas laborales,
entre muchas otras para ajustar la legislación a la normatividad
de los derechos humanos.
EL ACOMPAÑAMIENTO A MEGAPROYECTOS PARA EVITAR LOS IMPACTOS
EN LOS DESC. Es importante entender la gran cantidad de violaciones
a las comunidades que se derivan de esas inversiones nacionales
y extranjeras por ejemplo en hidroeléctricas, o en explotación
petrolera, o de carbón, de oro, entre otros, como las grandes
vías, los puertos secos, megaproyectos que llevan a la
perdida del territorio, de los humedales, de los bosques, de los
paramos, en el caso de URRA acompañamos a ASPROCIG que
recoge a 100.000 campesinos que están perdiendo sus fuentes
de trabajo y alimento como son el río Sinu y sus tierras
aledañas. Hay muchas acciones por implementar en la estrategia
jurídica de acompañamiento de este problemática.
EN MATERIA DE EDUCACION: Hay que buscar la exigibilidad del mínimo
constitucional que son 1 años de preescolar y 9 años
de educación básica, hay necesidad de documentar
esta realidad y de presentar casos concretos ante el sistema interno
y ante la CIDH, o ante el sistema de casos que abrió la
ONU.
AVANZAR EN EL DISEÑO DE ESTE ESTRATEGIA: Reconocemos que
la presente estrategia se puede mejorar y para ello hay que potenciar
la socialización de experiencias, se puede hacer una consulta
al con todos los sectores de abogados que interactúan con
el Colectivo de Abogados, en los cuales están abogados
litigantes, asociaciones de abogados, abogados de ONGS, de sectores
sociales y organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres
y sindicales que tienen experiencias, esa consulta implica realizar
un formato para recoger la información, una vez se tiene
se ordena y sistematiza para hacer un DOCUMENTO DE REFERENCIA
SOBRE LA EXIGIBILIDAD JURIDICA DE LOS DESC Y SU IMPACTO.
A partir de ese documento se realiza un taller se discute el documento
de referencia, se profundiza sobre el tema de la exigibilidad
jurídica en lo nacional e internacional, se comparten experiencias
y de las relatorias y se puede obtener un documento mas acabado
de lo que es LA ESTRATEGIA SOBRE LA EXIGIBILIDAD JURIDICA DE LOS
DESC Y SU IMPACTO EN COLOMBIA la cual se debe publicar una cartilla.
JUSTICIA INTERNACIONAL DE OTROS ESTADOS FRENTE A ACTORES PRIVADOS
MULTINACIONALES. Se puede pensar en utilizar Tribunales Nacionales
de Estados Unidos, Canadá o Europa en lo cuales podamos
con abogados de esos países coordinar acciones jurídicas
por la responsabilidad de las Empresas Multinacionales que violan
los DESC en países como Colombia.
DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCION EN EL PRESUPUESTO SOCIAL: Buscar
la toma de medidas eficaces para erradicar la corrupción
en la función pública, especialmente en el manejo
del presupuesto, penalizando estas conductas.
A NIVEL INTERNACIONAL UTILIZAR LA CIDH: Realizar la presentación
de casos para mejorar la efectividad de la Comisión en
la protección de los DESC, para ello hay que previamente
agotar los recursos internos. Se trata de buscar uno CINCO casos
emblemáticos para ser presentados durante el año
2.001 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por violación de los DESC y a partir de allí mirar
la posibilidad de un acompañamiento de una ONG internacional
especializada en el tema. Una vez se ha preseleccionado el caso
se requiere un proceso de investigación y documentación
del caso y el agotamientos de los recursos internos que estén
pendientes para su presentación a nivel del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
REALIZAR ACCIONES LEGALES FRENTE A LA DEUDA EXTERNA: Puede ser
mediante demandas ante Tribunales Nacionales de la Ley de Presupuesto
e Inversiones que anualmente expide el Congreso, actualmente este
rubro afecta el 40% del presupuesto nacional, para el 2001 puede
afectar el 50%, esto pasa por hacer estudios y revisar el impacto
del pago de la deuda externa en el disfrute de los DESC.
EN LA MEDIDA EN QUE SE VAN ADELANTANDO ACCIONES IR PRECISANDO
LOS CONTENIDOS MINIMOS DE LOS DERECHOS: Precisar tanto los contenidos
mínimos de los DESC, como el núcleo intangible o
esencial de cada derecho, de modo que permita garantizar a sus
titulares un nivel de vida adecuado mínimo dentro del concepto
de vida digna que es exigible en todo momento y lugar.
PREPARAR LOS INFORMES ALTERNATIVOS AL COMITÉ DESC: Que
es a su vez una forma de monitorear, vigilar y verificar socialmente
los niveles de cumplimiento de los DESC al interior de cada país.
EL DESAFÍO POR FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, EL PROTAGONISMO,
LA LEGITIMIDAD Y LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES
Y LOS NUEVOS ESCENARIOS DE LA CIUDADANÍA: No puede existir
o no puede hablarse de una estrategia de exigibilidad si no es
asumida o no tiene una plataforma social, es decir, si no tiene
la sostenibilidad de actores, de organizaciones, de sujetos sociales
que se reconozcan como sujetos de derechos, como titulares de
derechos, y por lo tanto, que se organicen, movilicen y exijan
la plena realización de sus derechos. Una inversión
importante dentro de cualquier estrategia de exigibilidad, es
sin duda, la inversión que hagamos en la recomposición
del tejido social.
* Fragmento del trabajo elaborado por el Colectivo
de Abogados "José Alvear Restrepo" bajo la
coordinación de Alirio Uribe encargado del área
de DESC. Bogotá, 2001.
NOTAS
1. JOCHNICK, Chris "Confronting the Impunity of Non-State
Actors: New Frontiers for the Promotion of Human Rights"
Human Rights Quarterly, Volume 21, feb. 1999.
2. "La base jurídica sobre la que se asienta los DESC
supone fundamentalmente la presencia de un Estado fuerte como
motor que impulse la realización de esos derechos, junto
a una orientación nacional favorable a ellos" URIBE,
Alirio, en "Vigencia de los Derechos Humanos Integrales un
Reto para la Humanidad a 50 años de la Declaración
Universal y a las puertas del tercer milenio", Ponencia de
la Corporación Colectivo de Abogados "José
Alvear Restrepo" al Congreso Mundial de la FIDH en Dakar,
Senegal, noviembre 20 de 1997, p.38.
3. Banco Mundial , World Development Indicators, 1988, pag 16
y 18.
4. Ibidem paginas 104 y 110.
5. Ibidem pagina 68.
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