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Presentación
Durante diciembre de 2001, y en alrededor de sólo quince
días, Argentina tuvo cinco presidentes, consolidó
su default financiero, abandonó la férrea
política cambiaria que desde 1991 sostenía y devaluó
el peso.
Durante ese mes, en un contexto de profundo retraimiento económico
e inequidad social se produjeron en todo el territorio encendidas
manifestaciones de protesta. El Estado desplegó una fuerte
represión contra ellas que incluyó la declaración
de estado de sitio en toda la Nación. Durante todo el conflicto,
alrededor de treinta personas murieron y otras 4500 fueron detenidas.
Muchos comercios fueron saqueados, -un gran número de ellos
por grupos de personas provenientes de sectores relegados-, y
se produjeron destrozos en un clima violento.
La relación que durante estos días ligó a
los manifestantes con las instituciones públicas debe ser
analizada dentro de un contexto histórico y desde distintas
perspectivas.
El contexto socio económico
Durante los últimos años de la década de
1990 el ajuste estructural del Estado se profundizó y afectó
la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales,
en especial, de los grupos más vulnerables.
De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Equis, Argentina
se encuentra entre los primeros 15 países del mundo que
tienen la peor distribución de la riqueza y encabeza la
tabla con la peor desigualdad social entre los países de
economías con niveles de vida relativamente altos.(1)
En los últimos 25 años, pero con particular intensidad
a partir de mediados de la década del '90, se pulverizaron
los ingresos de la gente de menores recursos a tal punto que el
20% de la población más rica, que en 1974 ganaba
7,8 veces más que el 20% más pobre, ahora percibe
14,6 veces más. Según el informe, la distancia de
14,6 veces entre ricos y pobres es la peor brecha de desigualdad
en la distribución de los ingresos de la que se tiene ingreso
estadístico, superando incluso a las registradas en las
ondas hiperinflacionarias de los años 1989 y 1990 y durante
la crisis del Tequila en 1995.
Los índices de pobreza e indigencia aumentaron progresivamente.
En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se registra
un índice de pobreza del 32,7% y de indigencia del 10,3%.(2)
En vastos sectores del país, la pobreza alcanza a más
del 50% de la población. La tasa de desempleo registra
hoy un índice del 18,3%, mientras que el subempleo asciende
al 16,3%.(3)
La situación descripta es fruto del desmantelamiento del
Estado de Bienestar, a través de un proceso controlado
de disgregación social y privatización de servicios
sociales. Los derechos sociales fueron transformados en meros
"intereses" y convertidos así en prestaciones
asistenciales desprovistas de todo contenido exigible.
La protesta social durante la década del '90
La década de 1990 estuvo caracterizada por una multiplicación
de reclamos de derechos que pusieron al poder judicial en el centro
de la escena, para mostrar sus falencias y, por ese medio, los
deficits de ciudadanía de la democracia argentina.
Junto a ello, las profundas transformaciones socio-económicas
producidas durante el período influyeron sobre los sujetos
individuales e incentivaron la construcción de nuevas posiciones
de reclamo, ante el desbaratamiento de las posiciones tradicionales
como, en particular respecto de los derechos económicos,
sociales y culturales, lo era la relación de trabajo hoy
desnaturalizada.
El ejemplo más notable de este fenómeno puede encontrarse
en la multiplicación de cortes de ruta y demandas articuladas
como forma de presión para conseguir puestos de trabajo.
Los cortes de ruta realizados en todo el país han sido
numerosos desde mediados de la década del '90 hasta hoy
y han reflejado de modo ostensible la disconformidad de los sectores
más relegados de la población.
En junio de 1996, la "pueblada" de Cutral-Có,
inauguró un largo período de manifestaciones similares
en todo el país. En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo
el país y esta práctica fue incrementándose
durante los años siguientes. En 1998, fue cortada una ruta
por semana, en 1999 una cada día y medio y en 2000 hubo
al menos un corte diario. En 2001, el promedio fue de entre cuatro
y cinco cortes por día.(4)
Esta transformación de la protesta en la Argentina mostró,
en general, que las clásicas movilizaciones de grandes
organizaciones sindicales habían sido reemplazadas y que
los reclamos sociales eran distintos a aquellos vinculados a la
tradicional relación de trabajo. El descontento popular
frente al desempleo y la recesión gestaron sus propias
performances.
Muchas de las acciones de las personas que participaron en manifestaciones
durante la segunda mitad de la década del '90 fueron consideradas
ilícitas por la justicia penal, descartándose que
pudieran encontrar amparo en el ejercicio legítimo del
derecho a la libertad de expresión. Se ha registrado la
imposición de condenas a manifestantes y activistas pero
el fenómeno de mayor trascendencia ha sido el sometimiento
a proceso de los participantes.
En muchas otras ocasiones, además, las manifestaciones
populares fueron reprimidas ilegítimamente por las fuerzas
de seguridad de la Nación o de las provincias. Estos casos
se caracterizaron por un uso abusivo de la violencia que produjo
varias muertes y gran cantidad de heridos en todo el país
durante toda la decada.(5)
La protestas de diciembre de 2001
En diciembre de 2001 la situación del país era
delicada y la crisis era considerada por muchos como terminal.
En ese marco complejo, el gobierno nacional adoptó durante
los primeros días una serie de restricciones importantes
a la entrega en efectivo de los depósitos bancarios particulares.(6)
Las transferencias dinerarias se vieron limitadas y la casi totalidad
de los pagos debió hacerse por medio de transferencias
bancarias. El "corralito",(7) así establecido,
encerró a los depósitos de grandes sectores de la
alicaída clase media local y perjudicó a todos los
sectores de la economía informal.
Los días de diciembre estuvieron marcados por diversas
manifestaciones de protesta. De modo urgente, los gobiernos locales
intentaron, a través de la implementación de planes
asistenciales de emergencia, paliar el violento descontento de
los sectores más relegados.(8)
El 18 de diciembre de 2001 unas 500 personas saquearon varios
comercios en la localidad de San Miguel. Estos acontecimientos
fueron percibidos como detonantes de la crisis. Todos evocaron
la crisis de 1989, que obligó al presidente Raúl
ALFONSÍN a abandonar su gobierno antes de la finalización
de su mandato constitucional.
El 19 de diciembre se produjeron en todo el país numerosos
saqueos contra negocios, especialmente de venta de alimentos.
En algunos casos, en particular en la Provincia de Buenos Aires,
la policía no intervino de modo efectivo, en muchos otros,
en cambio, se produjeron enfrentamientos innecesarios con los
agentes de seguridad. En muchos lugares, los propios comerciantes
reaccionaron con armas de fuego frente a los agresores.
Algunas fuentes señalaron que hubo al menos 9.000 participantes.(9)
Como resultado de la violencia de ese día, 7 personas fueron
muertas.
Durante la tarde del 19 de diciembre de 2001,(10) el presidente
Fernando DE LA RÚA declaró el Estado de Sitio. Luego,
se dirigió públicamente al país en un mensaje
televisivo. Sin embargo, casi simultáneamente en todo el
país, y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas
personas comenzaron a hacer ruido golpeando cacerolas, ocuparon
la vía pública y espontáneamente se dirigieron
en grandes columnas hacia a la Plaza de Mayo.
A la una de la madrugada del jueves 20 de diciembre, sin embargo,
la Policía Federal destacada en la Plaza de Mayo comenzó
a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes que
se habían congregado. Muchos manifestantes volvieron a
sus casas o se alejaron considerablemente de la zona de la Plaza
de Mayo y de la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, otros
grupos numerosos permanecieron en el lugar y resistieron la intervención
policial.(11) La situación se prolongó hasta bien
entrada la madrugada.
En la mañana del jueves 20 muchos manifestantes volvieron
a congregarse sobre la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. A
las dos de la tarde, grandes grupos ocupaban la plaza. Aunque
la situación era tranquila, la Policía Federal intervino
nuevamente y volvieron a registrarse enfrentamientos hasta la
noche.(12)
La jueza federal María Romilda SERVINI DE CUBRÍA
se hizo presente en la Plaza de Mayo durante el momento más
álgido de la represión y ordenó a los jefes
policiales a cargo el cese inmediato de la represión. Su
orden, sin embargo, no fue acatada. Los jefes policiales respondieron
que el ministro del Interior había dispuesto desalojar
la totalidad de la Plaza de Mayo.
Ese día fueron heridos de bala y perdieron la vida al menos
cinco personas.
La ausencia de una causa justificada para la represión,
la utilización de armas de fuego en el contexto de una
manifestación pública, así como la vulneración
de los principios de gradualidad y proporcionalidad en la intervención
mostraron la ilegalidad del procedimiento.
En la tarde del 20 de diciembre de 2001, el presidente renunció.(13)
En la mañana del sábado 22 de diciembre de 2001,
luego de intensas reuniones, la Asamblea Legislativa, designó
como nuevo presidente de la Nación a Adolfo RODRÍGUEZ
SAÁ hasta entonces gobernador de San Luis y convocó
al pueblo a elecciones para el 3 de marzo de 2002, con el objeto
de elegir presidente y vicepresidente de la Nación. Sin
embargo, el contexto interno del PJ era confuso y el presidente
RODRÍGUEZ SAÁ tenía dificultades para concitar
la adhesión de sus cuadros.
El 28 de diciembre se produjo un nuevo "cacerolazo"
en Plaza de Mayo y en distintos barrios porteños. Los manifestantes
protestaban contra las "viejas caras de la política"
y contra la vigencia del "corralito" bancario. La protesta
comenzó en los barrios y desde allí fue llegando
al centro de la ciudad. Esta vez la policía comenzó
a actuar tardíamente y muchos oficiales fueron duramente
agredidos por los manifestantes.(14) En total, 12 policías
resultaron heridos y más de 30 personas fueron arrestadas
en las zonas de Plaza de Mayo y Congreso.
El 30 de diciembre de 2001 Adolfo RODRÍGUEZ SAÁ
presentó su renuncia indeclinable ante la Asamblea Legislativa.
Era el séptimo día de su gestión. El 1ro.
de enero de 2002, la Asamblea Legislativa eligió como presidente
de la Nación al justicialista Eduardo DUHALDE, con un mandato
por dos años -hasta diciembre de 2003-.
Su designación fue entendida como un segundo ensayo para
una salida institucional a la crisis política desatada
el 20 de diciembre del año pasado. El acuerdo político
que llevó a DUHALDE a la Casa Rosada es algo más
amplio que el anterior e integra a la UCR y parte del Frepaso.
DUHALDE conformó un gabinete con algunos ministros radicales
y frepasistas y sus primeras medidas fueron cautelosas.
Las cuestiones pendientes
La vigencia de las instituciones de la democracia y la salida
institucional que la crisis finalmente recibió reflejan
que la sociedad argentina ha podido forjar, aun en un contexto
tan difícil, cierta conciencia cívica sobre la base
de la cual puede imaginarse un programa para la emergencia. Ningún
sector propuso como opción el quiebre de la continuidad
institucional y ello, a pesar de las dificultades, parece positivo.
La situación reclama ahora la atención sobre tres
cuestiones, estrechamente ligadas entre sí en torno de
las cuales girará la discusión de los derechos fundamentales
en la Argentina: la violencia política, la fragilidad institucional
y los derechos sociales.
a) Violencia política
Desde que la protesta social adquirió formas novedosas,
a partir de 1996, la tónica general de la reacción
estatal ha sido la criminalización y la represión
de los activistas y manifestantes. De tal forma, el Estado ha
aprehendido el conflicto social, como un conflicto esencialmente
penal, una opción, sin dudas, poco democrática.
Por otro lado, la crisis ha expuesto, el peligro de que se reedite
la apelación a la violencia como forma de acción
política. Ello hace necesario que se investigue la existencia
de maniobras de agitación previas a los saqueos y a los
sucesivos hechos de violencia y destrucción.
El Estado debe garantizar las condiciones del diálogo democrático
y éste es interferido tanto cuando el propio Estado irrumpe
sobre las libertades personales como cuando grupos aislados imponen
su intolerancia y por ello es imperioso reconstruir el rol mediador
de la política frente a las tentaciones del autoritarismo.
b) El deterioro institucional
A partir de los hechos de diciembre también es innegable
que existe una presión urgente hacia las instituciones
a fin de que cambien.
El sistema de justicia ha sido uno de los más cuestionados
y la remoción de los jueces de la Corte Suprema es uno
de los reclamos con mayor consenso, aunque es preciso que el recambio
se realice dentro de los límites que la Constitución
impone.
Otra urgencia es el reforzamiento del sistema político.
No sólo es necesaria la reducción de sus costos
de financiamiento sino que debe recuperar su rol mediador entre
intereses sociales. Ello implica remozar la discusión acerca
de la utilidad social de los partidos políticos y activar
los mecanismos de democracia semidirecta que la Constitución
Nacional prevé.
El funcionamiento de las instituciones de seguridad es otro aspecto
que exige revisión. En el período democrático
no se ha conseguido reconstruir la función de las instituciones
de seguridad como garantes y protectoras de derechos. Al mismo
tiempo, la dirigencia política ha soslayado el poder destructivo
de una creciente violencia institucional. Ésta responde
a patrones de comportamiento y ello exige, más allá
de la responsabilidad penal de los funcionarios, -imprescindible
en ciertos casos para la afirmación de la justicia-, reconstruir
la relación de las fuerzas de seguridad con la ciudadanía.
En general, la discusión de diseño institucional
parece tener una relación más bien mediata con los
derechos fundamentales. La crisis de diciembre, sin embargo, puso
en claro la relación directa que existe entre el modelo
de organización política y la vigencia de los derechos
humanos.
c) La degradación de los derechos sociales
La tercera cuestión que marca el debate se refiere a la
igualdad sustancial y la plena realización de los derechos
sociales pues el modelo económico repudiado en diciembre,
solo ha sido posible merced a un proceso de degradación
paulatina de esos derechos.
En un escenario de emergencia permanente fuimos testigos del desmantelamiento
del derecho del trabajo y de la seguridad social y de la sujeción
de estos derechos a la lógica económica.
Es indispensable frenar este proceso pues la democracia necesita
reconstruir una base de igualdad sustancial y recuperar la calidad
de los derechos sociales para ser sustentable.
Por supuesto, la violencia política, el deterioro institucional
y la degradación de los derechos sociales guardan una estrecha
relación entre sí. La destreza con la que se encare
su solución marcará la calidad de nuestra democracia
durante los próximos años.
Buenos Aires, enero 15 de 2002
* CELS, Centro de Estudios Legales y
Sociales. Es un organismo de derechos humanos creado durante la
dictadura militar en Argentina. Desarrolla actividades en protección
y promoción de derechos humanos y fortalecimiento de las
instituciones democráticas. Sus principales programas son:
memoria y lucha contra la impunidad del terrorismo de estado,
violencia institucional y seguridad ciudadana y exigibilidad de
derechos económicos, sociales y culturales.
NOTAS
1. Cfr. Estudio Distribución del Ingreso y brecha entre
ricos y pobres. Participación en el PBI y disponibilidad
de ingreso anual y diario para la población total desagregados
por decil de hogares. Comparación con países seleccionados
según datos PNUD/ONU y entre provincias. Evolución
de los últimos 25 años. Equipos de Investigación
Social. Equis. Noviembre de 2001.
2. Según estadísticas oficiales de 2001 (Encuesta
Permanente de Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo -INDEC-, mayo 2001)
3. Cf. última medición del INDEC, mayo de 2001.
4. La Nación 19-12-01.
5. El Comité de Acción Jurídica de la Central
de Trabajadores Argentinos (CAJ), el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) y CELS denunciaron el marzo de
2001, en el marco de una audiencia de carácter general
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la sistemática criminalización de protestas y movilizaciones
sociales y la represión física de los manifestantes
a través del accionar de las fuerzas de seguridad como
la Policía y la Gendarmería.
6. Decreto 1570/01 PEN
7. Esta es la expresión con la que tal medida financiera
fue denominada popularmente.
8. "En Rosario. Llegó la calma con la distribución
de 8 mil cajas de comida... En Concordia hubo un intento de saqueo
que frustró la presencia policial. Se entregó comida
a chicos desnutridos, mujeres embarazadas y discapacitados. En
Córdoba se dispuso un refuerzo de bolsones alimentarios
para los sectores más pobres. También se entregarán
bolsones adicionales con productos navideños. En el GBA,
además del saqueo en San Martín, hubo entrega de
productos en un supermercado Sol de Villa Martelli... Se advirtió
un incremento del 30 por ciento en la seguridad de los supermercados,
más patrulleros, personal policial y hasta vallados...
En La Plata. Desocupados de Quilmes, Lanús y Berazategui
reclamaron planes Trabajar frente al Ministerio de Trabajo. El
intendente de Quilmes, Luis Geronés, dijo que los municipios
no tienen recursos para dar respuestas a la gente" (Diario
Clarín, 19-12-01).
9. Clarín 20-12-01
10. Ese día el presidente De la Rúa estuvo reunido
con la mayoría de sus ministros, entre los que se encontraban
Ramón Mestre, Domingo Cavallo, Jorge de la Rúa,
José Dumón, Horacio Jaunarena, y Daniel Sartor,
y el ex presidente Raúl Alfonsín.
11. Clarín Digital 19-12-01.
12. Clarín, 21-12-01.
13. Según una información periodística que
la justicia investiga actualmente, hubo una reunión entre
el entonces canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el
secretario de Turismo Hernán Lombardi en los momento decisivos.
En ese encuentro el mayor de los hijos del ex presidente habría
tratado de convencerlo para que no renunciara, mientras el entonces
Secretario Legal y Técnico, Nicolás Gallo, le advertía
que debían alejarse del poder porque había "muchos
muertos" en Plaza de Mayo. La reunión se habría
llevado a cabo en la casa de gobierno el 20 de diciembre. El presunto
diálogo entre De la Rúa, su hijo Antonio y Gallo
fue reproducido en su edición del 23 de diciembre por la
revista Trespuntos.
14. La Nación, 30-12-01
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