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EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN (Artículo
1º del PIDESC)
En los distintos países de la región los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se ven fuertemente
afectados por las características de los programas de ajuste
estructural, que a su vez están condicionadas por las recetas
de los Organismos Multilaterales e Instituciones Financieras Internacionales.
Es cierto que los índices muestran mejoras en el plano
de la macroeconomía, pero estos mismos se encargan de predecir
que al ritmo presumible y esperado del 3% anual del ingreso per
cápita, se requerirían entre 15 y 25 años
para reducir a la mitad los niveles de pobreza actuales y que
tienen al 60% de la población latinoamericana por debajo
del índice de desarrollo humano.
Siguiendo la misma filosofía, también los acuerdos
de integración comercial regional, tales como el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la propuesta
del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) enfatizan
en los equilibrios económicos en desmedro de políticas
sociales que velen por el bienestar de la población, desconociendo
la obligatoriedad de la primacía de los derechos de todos
y todas los seres humanos.
En la región es crítico el aumento de la dependencia
de las economías nacionales respecto al capital externo
mediante un creciente endeudamiento que no dinamiza sustantivamente
los sectores productivos, sino que se destina al funcionamiento
administrativo en las reformas estatales y judiciales, o al fomento
de pequeñas unidades productivas familiares, así
como también a la amortización de los servicios
de la deuda, en algunos casos en porcentajes tan elevados que
no dejan casi nada a la inversión productiva, como es el
caso de el Ecuador, donde el 75% de su PIB del año 2000
se destinó al pago de servicios de la deuda externa. En
algunos países el crecimiento de la deuda llega a niveles
inimaginables, como en el Brasil donde de 148 billones en 1994,
se aproximó a los 300 billones de dólares el 2000.
Del total de los préstamos con deuda, América Latina
destinó el 8,4% a proyectos de desarrollo, mientras que
62,2% se dirigió al servicio de la deuda, 20,5% se fue
en fuga de capitales y 8,9% en el establecimiento de reservas
internacionales, con lo que prácticamente el 9 1,6% retornó
a los bancos internacionales.
Gran parte de las crisis de la economía que se genera
en el sector privado de las finanzas, comercio y producción
están siendo solventados por los gobiernos de la región,
lo que supone en otras palabras la afectación de los recursos
ciudadanos. Estas crisis afecta tanto a empresas nacionales como
a transnacionales, como es el caso reciente de la ENRON, que sin
duda va a impactar fuertemente en los países donde operó
cooptando tradicionales empresas estatales de producción
y comercialización de petróleo y sus derivados.
Esta situación se acompaña de políticas
financieras centradas en el incremento del movimiento de los pasivos
como los gastos administrativos y de servicios, con el consecuente
aumento del déficit financiero para la producción
y la comercialización. Es ilustrativo el caso del Brasil,
donde en la última década el saldo negativo de la
cuenta de servicios saltó de 14,7 a 30,7 billones de dólares
(el doble), y el déficit de las cuentas de mercaderías
y servicios que corresponden al saldo de las transacciones corrientes
de la balanza de pagos pasó de 1,7 billones de dólares
a 35,2 (¡veinticuatro veces más!)
Los impactos del ajuste estructural en sus dimensiones económicas
y políticas fundamentalmente están provocando demandas
ciudadanas que tocan a sus propias situaciones cotidianas y concretas,
pero que al mismo tiempo advierten sobre la necesidad de nuevos
modelos de desarrollo que consideren la calidad de vida de los
ciudadanos. De distintas maneras en los diferentes países
se demandan mejores condiciones de vida, empleo, recuperación
de aportes a la seguridad social, salud, educación de calidad,
tierra, así como también lucha contra la corrupción,
transparencia y humanización del modelo. Los acontecimientos
ocurridos en la Argentina son un claro ejemplo de los impactos
reales de las políticas de ajuste, de la dinámica
de los movimientos sociales que sufren los impactos de las violaciones
a sus derechos con medidas como el 40% de inflación, el
congelamiento de sus cuentas bancarias, y la desocupación.
Este mismo caso es expresivo de cómo las respuestas gubernamentales,
solventadas por las políticas de sus gestores internaciones,
tienden a criminalizar la demanda y exigibilidad ciudadana por
su desconocimiento de la primacía de los derechos ciudadanos.
Por el contrario, y lejos de diseñarse y adoptarse políticas
de superación de los índices de pobreza, de inequidad,
de exclusión y de autodeterminación, las políticas
estatales siguen condicionadas a cuatro criterios generales: 1)
la adopción de recetas monetaristas con apertura a reformas
administrativas estatales y constitucionales que están
en definitiva anulando el modelo de los Estados benefactores que
caracterizó a la región entre los años 50
y 90; 2) la implementación de políticas de lucha
contra la pobreza que no están afectando la capacidad productiva
de las economías locales y nacionales porque se asientan
en el desarrollo de actividades económicas temporales,
básicamente en el sector servicios, y se respaldan en la
inversión novedosa e importante en los sectores de la salud
y la educación; 3) la incorporación de políticas
militarizadas como garantía de la seguridad y que, en los
hechos, por sus formas de aplicación afectan las garantías
ciudadanas de los países afectados y vecinos, como ocurre
con el llamado Plan Dignidad o Plan Colombia que está generando
brotes de violencia sin alternativas en el campo del desarrollo;
en Bolivia el denominado Plan de Desarrollo Alternativo para la
sustitución de los cultivos ilícitos de la hoja
de coca, no es sino una propuesta de represión indiscriminada,
de anulación sin alternativas reales de las fuentes de
ingreso de millares de familias rurales, y la afectación
del eslabón más insignificante de la cadena del
narcotráfico, cuyo circuito no es afectado.
De aspectos como los señalados se deriva la intensificación
de procesos de desnacionalización de las economías
por la transferencia de los patrimonios nacionales al sector privado,
generando como impactos visibles un debilitamiento de los Estados
en su capacidad de inversión social, así como de
gobernabilidad y de respuesta a las fragmentadas demandas ciudadanas.
Este conjunto de elementos económicos, políticos,
sociales y culturales, ponen en evidencia que las democracias
formales en el continente necesitan nutrirse de una mayor participación
ciudadana como sujeto y gestor del desarrollo, en paralelo a una
menor ingerencia de las Instituciones Financieras Internacionales
y organismos Multilaterales y Bilaterales en la decisión
de las políticas internas. Si se quiere garantizar el principio
de la progresividad y el Derecho a la Libre Determinación,
es imprescindible que los Estados nacionales y los organismos
internacionales asuman una perspectiva integral en la comprensión
y aplicación de los derechos humanos, así como que
introduzcan en sus políticas los principios, naturaleza
e instrumentos reconocidos de los derechos humanos en general
y de los económicos, sociales y culturales en particular.
DERECHOS LABORALES Y SOBRE SEGURIDAD SOCIAL (Artículos
6º, 7º 8º y 9º del PIDESC)
Derecho al trabajo y a condiciones de empleo justas y equitativas
En la mayor parte de los países se han producido Reformas
Laborales adaptando los sistemas nacionales al criterio de que
el orden público laboral y la protección de los
derechos de los trabajadores constituye un obstáculo para
el crecimiento económico, la mejora de la competitividad
empresarial, y la inversión y la generación de empleo.
Tomando como ejemplo el caso brasilero tenemos que en nombre de
la modernidad fueron hechas más de 20 enmiendas a la Constitución,
la mayor parte de ellas para desreglamentar derechos y reglamentar
restricciones. Hasta que las reformas de la legislación
del trabajo se concreten, en México del total de violaciones
a los derechos el 46.12% afectó el acceso a la justicia
laboral.
Se ha generalizado la precarización de las condiciones
de empleo, así como la desregulación y flexibilización
de las condiciones legales de contratación y despido de
trabajadores. Un indicador es la ampliación de las jornadas
de trabajo, como ocurre en Bolivia que reglamenta 40 horas de
trabajo semanales pero donde en la práctica es de 49 horas
en el sector público, 55 en el empresarial y 54 en el informal.
En este mismo país el empleo por tiempo parcial llega al
39% en el sector público, al 14% en la empresa privada
y al 22% en el sector informal.
Son elevados y persistentes los índices de desempleo,
y crecientes los niveles de subempleo, lo que se refleja en la
terciarización de las actividades productivas e informalización
de la economía. Se estima que 8 de cada 100 latinoamericanos
dispuestos a trabajar se encuentran sin empleo, es decir desocupados
absolutos. Entre tanto, y por el achicamiento del sector estatal
y la poca capacidad del sector privado, en el Brasil más
del 50% de su población vive de la economía informal;
en el Ecuador el desempleo y subempleo está bordeando el
54%; y en Lima, Perú, el subempleo que en los años
70 bordeaba el 30% de la PEA, subió al 40% en los ochentas
y se disparó hasta el 70% entrando este siglo.
En la práctica ocurre entonces que el llamado empleo en
las cifras oficiales es una reconceptualización de la ocupación
temporal en el sector informal. A propósito, veamos en
el caso boliviano que el gobierno habla de un 4,4 % de desocupación
siendo que en realidad supera el 25% y que el 70% de los ocupados
urbanos son empleados por el sector informal. Bajo estas condiciones
no resulta extraño entonces que en la región casi
un 47% de los trabajadores asalariados carezca de beneficios como
aguinaldos, primas, bonos y seguros establecidos por ley. Por
otra parte, dada esta situación de legitimidad de la informalidad,
85 de cada 100 nuevos puestos de trabajo se generan y subsisten
fuera de todo tipo de regulación laboral o de prestación
social.
El deterioro del nivel de ingreso de trabajadores es otra manifestación
evidente, así como la inequidad salarial por la concentración
de niveles altos de ingresos en reducidos grupos. No se puede
dejar de señalar que América Latina con su diferencia
de 1 a 25 es la región del mundo donde los ingresos se
encuentran peor distribuidos. En Colombia se estima una pérdida
de 12.2 puntos del poder adquisitivo, y una relación donde
el precio de la canasta familiar es 2.4 veces el salario mínimo
para un país donde el 77% de los trabajadores cobra menos
de 2 salarios mínimos. Por otra parte, si bien tener empleo
es una aspiración y factor de estabilidad, estar ocupado
no es garantía para salir de la pobreza, dado que por ejemplo
el 90% de los pobres en Chile tiene empleo. En el Perú
la canasta básica familiar en cálculos conservadores
se estima en aproximadamente 900 $us. mensuales contra una remuneración
mínima vital de Sus. 145 al mes, o sea cuatro veces mayor
al salario real.
Hay que señalar que, en secuencia con la competitividad,
los gobiernos implementan y promueven programas de formación,
información y asesoría dirigidas a la autogeneración
de empleo o la contratación de trabajadores temporales,
hecho que no puede ocultar una realidad en la que otra consecuencia
de las reformas laborales es la degradación de los niveles
de protección estatal, dejando prácticamente desamparados
a los trabajadores en la defensa colectiva de sus derechos, mediante
movilizaciones que pretenden ser criminalizadas por los renovados
sistemas de control que, en realidad afectan el Derecho a la Libre
Sindicalización y sus recursos de reivindicación
amparados en la ley.
En definitiva, las políticas laborales del ajuste estructural
restringen la acción colectiva de los trabajadores, generándose
un decrecimiento de los índices de sindicalización,
una reducción del ámbito de la negociación
colectiva y la merma de los índices de conflictividad laboral.
En Colombia, en la última década cesaron más
de 500 sindicatos, por lo que la OIT consideró la situación
colombiana como una de las más graves en materia de libertad
sindical junto con Nigeria y Sudán. La incidencia de estas
políticas es impactante, originándose que los niveles
de sindicalización sean bajos, como por ejemplo en Chile,
donde el porcentaje alcanza sólo al 6% de los trabajadores
activos.
También se evidencia una discriminación retributiva
entre hombres y mujeres. En efecto, el promedio en Chile la inequidad
remunerativa demuestra que las mujeres ganan la mitad que los
hombres. Asimismo hay diferencias con los jóvenes, como
en el caso peruano donde la estratificación remunerativa
va desde 73 a 370 $USD., y donde los estratos pobres, obligados
a trabajar desde muy temprana edad ocupan los trabajos menos remunerados.
Seguridad social
Los países latinoamericanos y caribeños han sido
escenario de la revisión de los sistemas estatales de seguridad
social para la instauración de regímenes mixtos
(públicos y privados) y sistemas integrados de salud, vivienda,
jubilaciones y pensiones, cubriendo vejez, invalidez y muerte.
La transformación de estos sistemas ha logrado interesantes
resultados en la recaudación impositiva, como en el caso
chileno donde el fondo global administrativo vía las AFPs
equivale al 60% del PIB, contando con más de 5 millones
de cotizantes activos. Por su parte en el Brasil la recaudación
de impuestos hace el 33% de los ingresos del PIB. Por supuesto
que estos incrementos en la recaudación están acompañados
de las condiciones y requisitos de aporte, como en El Salvador
donde se estipula el ingreso al obligatorio al sistema privado
para los menores de 36 años, así como la permanencia
obligatoria para los mayores de 50 años en el antiguo sistema
público (ahora fusionado al privado), y se sube la aportación
-paulatinamente- hasta alcanzar el 14% de los ingresos. En Venezuela
los aportes son 75% del empleador y 25% del trabajador.
El modelo chileno intentó ser aplicado en otros países
pero sin lograr resultados similares unas veces por el constreñimiento
de las poblaciones aportantes y consumidoras, otras por el arrastre
en paralelo de antiguas fórmulas restrictivas de pensiones,
así como por la inconsulta y arbitraria aplicación
de políticas gubernamentales que hacen uso de recursos
ciudadanos provocando la reacción defensiva de sus aportes.
La ampliación de cobertura no es siempre posible en un
contexto de riesgo laboral en una región que en la última
década ha demostrado la reducción de un 7,5% en
la proporción de asalariados que cotizan a la seguridad
social.
De todas maneras, el incremento por recaudaciones no se acompaña
de políticas de asistencia social, observándose
por el contrario un encogimiento en el goce de los beneficios
y el funcionamiento de un sistema en el que los derechos de seguridad
social se conviertan en bienes sujetos a los ritmos del mercado,
con accesos discriminatorios marcados por la capacidad contributiva
del trabajador. En estos sistemas la noción de lo social
como beneficio colectivo se muta absolutamente a satisfacciones
basadas en la capitalización individualizada y en los diferentes
niveles de ingresos y aportaciones.
Entre las principales características del funcionamiento
de estos nuevos sistemas está la elevación de las
edades y de los requisitos para la jubilación. En México
para obtener pensión por retiro se requieren 1.250 semanas
de trabajo y cotización, cuando en el anterior sistema
se requerían solamente 500; asimismo, las pensiones que
se obtenían con 10 años de trabajo ahora se obtienen
con 24. En Bolivia, donde el promedio de vida está estimado
en 60 años, se ha establecido la jubilación en 65
años. También en el Perú se incrementó
a 65 años para los dos sexos, cuando antes era de 60 para
los varones y 55 para las mujeres.
El sistema de protección ante la invalidez por accidentes
de trabajo y por enfermedades profesionales ha sufrido también
un proceso de privatización o de adopción de sistemas
mixtos cuyos alcances tienen las mismas características
discriminatorias de la atención de salud o los beneficios
por jubilación o renta de vejez.
Los sistemas de los diversos países mantienen seguros
de desempleo que deberían aplicarse a todos los trabajadores
con excepción de trabajadores del agro, servicio doméstico,
temporales, a domicilio y en algunos casos de la administración
pública. Son sistemas cuya atención está
sometida a un constante decrecimiento, desventajoso para el ex
- trabajador, que no logra reponer el nivel de ingresos perdido
con la jubilación, dado que el monto de prestación
se calcula por ejemplo en la Argentina en base a un porcentaje
de la remuneración recibida en los últimos seis
meses y no se somete a ajustes salariales posteriores en el Estado.
En Colombia se aplicó un sistema de fondos privados a la
protección de la cesantía, son fondos capitalizables
que por supuesto se distribuyen según la capacidad de aporte
del trabajador. En la actualidad en el Uruguay la totalidad de
fondos provienen del Estado, con un 0,3% de su P113 y la administración
del Banco de Previsión Social. En Venezuela de un equivalente
al 1,10% del salario del trabajador destinado a este rubro 0,85%
los pone el empleador y un 0,25% el trabajador.
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, LAS MADRES,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (Artículo 10º del PIDESC)
Es deficiente la incorporación en la legislación
interna de los mecanismos de protección integral de los
derechos de los niños (expresados en la convención
de los Derechos del Niño/a). La legislación argentina
es representativa, puesto que la Ley 10.903 y régimen de
minoridad se inscribe en la llamada "Doctrina de la Situación
Irregular" y que da paso a la aplicación de tutelas
con un mismo tratamiento a niños y jóvenes que cometen
delitos como a los que se encuentran en situación de vulneración
o amenaza de sus derechos fundamentales.
En general, es todavía insuficiente y limitada la atención
a la problemática de la Familia. Se hace poco en relación
al abandono de menores por la necesidad de trabajar de los padres
(debido a la caída de los niveles de ingreso y por la incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo para generar ingresos complementarios).
En México se estima que 32 millones de niños, 12
millones, el 30% según UNICEF, viven en situación
de pobreza. En el Perú, en los 90's la tasa de crecimiento
de la Población Económicamente Activa infantil entre
6 y 14 años fue de 4,1%, dándose que el 44% de los
niños trabajadores se ubican en el segmento del Trabajo
Familiar No Remunerado. Resulta también preocupante la
situación de los niños en Chile, donde el 52% de
los niños menores de 15 años se ubica en los dos
quintiles de más bajos ingresos.
Un problema a tomar en cuenta es el de la indocumentación.
En Perú se estima que 1 millón de niños/as
están indocumentados y el 17% de los nacimientos no se
registran, por lo que cerca de 100 mil niños no existen
legalmente, o no son sujetos de derecho. En este marco no resulta
extraño entonces que la participación de los niños
sea ínfima en la toma de sus decisiones a nivel familiar
y en el sistema escolar, donde un 58% dice que nunca o sólo
alguna vez se escucha su opinión.
Son altos los índices de maltrato infantil y violencia
intrafamiliar y encima se ha producido un endurecimiento de las
condiciones estatales de tratamiento de las infracciones cometidas
por menores (infantes o jóvenes) en situación de
abandono, riesgo o peligro moral o material expresada. En el Perú
estudios de organismos no gubernamentales estiman que el 49% de
los niños reciben golpizas por parte de sus padres que
consideran esta práctica como un "método natural
de disciplina".
Se evidencia una deficiente protección de la mujer gestante,
especialmente en el campo laboral, tanto en relación con
el ejercicio de derechos vinculados con la maternidad (descansos
pre y post natales, disposición de salas-cuna o tiempo
para la lactancia), como respecto a la existencia de garantías
contra despidos arbitrarios. En el Perú el 67.8% de las
mujeres tienen una gestación de mediano o alto riesgo,
dándose que un 15% de las muertes maternas corresponden
a adolescentes, entre quienes además ocurre el 20% de las
muertes por aborto.
DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO: ALIMENTACION, VIVIENDA
(Artículo 11º del PIDESC)
Derecho a la vivienda
En general, han disminuido o se han anulado los programas de
vivienda popular, entre otras razones por restricciones en el
acceso al crédito. Y es grande el porcentaje de población
que carece de techo propio, en la Argentina por ejemplo el 33%
de las familias, cerca de 3 millones carecen de vivienda. En el
Brasil "los sin techo" están estimados en 30
millones de personas y en el Perú el déficit habitacional
bordea el 28%.
Hay inseguridad en la tenencia de la vivienda y/o la tierra como
consecuencia de la aparición de loteadores y de débiles
políticas de regulación del uso del suelo, lo que
genera problemas de posesión irregular en zonas urbanas
y rurales. Por estas causas, en la Argentina el 18% de la población
afronta irregularidades en la posesión.
Como las zonas habitables de las ciudades están ya urbanizadas
y habitadas, la extensión o ampliación de las áreas
de residencia se da en zonas precarias y/o peligrosas como barrancos,
riveras, zonas de propiedad privada expuesta a desalojos, etc.,
siguiendo procesos de migración interna que han provocado
que en países como el Brasil el 75,47% viva habitualmente
en espacios urbanos. En México el 73,5% de la población
urbana no tiene agua entubada ni servicio de alcantarillado y
el 12% carece de electricidad.
Son también factores característicos el deficiente
acceso a servicios regulares de agua, saneamiento y/o energía
eléctrica, así como el marcado hacinamiento y tugurización.
En países de reconocido mayor proceso de urbanización,
como la Argentina, el 31% de los hogares no tiene agua potable
y el 64% de vivienda carece de sistemas de desagüe.
Son deficientes o en su caso insuficientes los programas estatales
y municipales para la reconstrucción de viviendas afectadas
por desastres naturales o para poblaciones desplazadas por razones
de violencia.
La realización de mega-obras de infraestructura afectan
intereses de comunidades indígenas o locales que por lo
general no participan de las decisiones ni de los beneficios de
dichas construcciones.
Derecho a la alimentación
La apertura de las economías nacionales al mercado internacional
de alimentos junto con la aplicación de políticas
estatales de liberalización del comercio de tierras así
como los procesos de reconcentración de predios rurales,
desincentivan la producción agrícola local, afectando
la seguridad alimentaria nacional. También el descenso
en el poder adquisitivo influye en caídas en los niveles
de consumo, como en el caso venezolano del 7 al 10% en los últimos
5 años.
El impulso irracional de procesos de sustitución de cultivos
que desplazan cultivos tradicionalmente destinados a la demanda
interna, no se acompañan de procesos paralelos de producción
en base a nuevos cultivos y menos de dinámicas de desarrollo
que compensen las pérdidas en la economía campesina.
El Brasil de ser un país exportador se convirtió
en importador de alimentos.
En la población rural es evidente la disminución
de expectativas por un nivel de vida adecuado, ya que predominan
elevados niveles de desnutrición vinculados a pobreza y
deficientes hábitos alimentarios, así como una reducción
del consumo de calorías, poniéndose por debajo de
los mínimos requeridos. Un dato que se repite en otros
países es el de la pobreza rural, que por ejemplo en el
Brasil demuestra que el 73% de la población campesina percibe
una renta anual por debajo de la línea de la pobreza. Entre
las poblaciones indígenas de México se estima que
un 58% de los niños tiene deficiencias alimentarias y en
el Perú el 46.8% de niños que viven en extrema pobreza
presentan síntomas de desnutrición crónica.
DERECHO A LA SALUD (Artículo 12º del PIDESC)
El funcionamiento del sector salud está expuesto a una
reducción del gasto o inversión pública,
lo que influye para que la cobertura de servicios de salud pública
y su infraestructura instalada no abastezcan la demanda y que
su repercusión sea desfavorable en la calidad y nivel de
los servicios. En Venezuela por ejemplo entre 1990 y el 2000 la
reducción del porcentaje de asignación de recursos
del PIB para el sector salud bajó del 14 al 6%; en el Perú
esta asignación no llega al 4%, y en Venezuela representa
apenas el 1,6% con una relación desventajosa porque mientras
que al inicio de los 90 se contaba con 1,5 millardos de dólares
para 11 millones de usuarios, en el 2000 se cuenta con 1,1 millardos
para más de 20 millones, lo que en términos reales
significa un 30% menos de dinero para atender al doble de la población.
En Colombia, como en Bolivia, por los procesos de descentralización
el gasto público tuvo una evolución ascendente,
de 2,57% a 7,4% en el primer caso, pero sin avizorarse todavía
superación de la situación de la salud.
Se ha incrementado la carga laboral de los trabajadores de salud
en paralelo a una reducción de la capacidad adquisitiva
de sus salarios. En Venezuela empezando los 90 el ingreso promedio
de un médico era de 1.627 Sus., mientras que ahora ese
promedio está reducido a la mitad.
A pesar de los esfuerzos de descentralización en unidades
territoriales, todavía predomina la concentración
de la red asistencial en grandes centros urbanos con notorios
desniveles en la cobertura de salud, principalmente en desmedro
de la salud rural. Sin embargo, en algunos países los procesos
de descentralización están incentivando la atención
en municipios rurales mediante la creación de nuevos ítems
para médicos y auxiliares.
Los sistemas privados de salud compiten con ventaja respecto
al sistema público, y en sus atenciones evaden las enfermedades
de alto riesgo a cambio de priorizar las intervenciones sanitarias
más rentables o la atención de problemas psicológicos
individuales y no la prevención y protección de
problemas colectivos en alto riesgo.
Al interior de los sistemas privados de salud hay marcadas inequidades,
la buena salud es para quienes pagan primas altas, mientras que
la salud de menor calidad corresponde a los sectores de menores
ingresos.
El panorama de los perfiles epidemiológicos es heterogéneo
y regresivo. Hay enfermedades recurrentes y en aumento, y su incidencia
se estratifica por género, condición social y/o
ubicación geográfica.
De manera general, los sectores vulnerables son los más
afectados. Es alta la correlación entre la mortalidad infantil
y el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.
Los niveles de mortalidad materna y fecundidad expresan el ejercicio
de una vida sexual y reproductiva desinformada y en condiciones
inadecuadas. La mayoría de muertes se producen, en este
ámbito, por causas prevenibles y evitables.
Hay escasa atención a los problemas de salud e higiene
ambiental e industrial y es elevada la incidencia de dolencias
relacionadas con el trabajo. El incremento cuantitativo de enfermedades
que tienen que ver con el stress, y la emergencia de trastornos
psicoemocionales están vinculados con estilos de vida laboral
insegura e inestable.
Se han producido reformas a los sistemas de Seguridad Social
en Salud bajo tres modalidades:
1) continuación del sistema público con privatizaciones
marginales (Perú y Costa Rica);
2) programas privados de sustitución parcial (Perú
y Costa Rica); y
3) programas privados sustituiros (República Dominicana)
En la práctica, las reformas han incidido en fuertes incrementos
de la inequidad, sosteniéndose un sistema público
clásico, de baja calidad para los pensionistas del Estado,
y otro sistema privado de atención variable en función
de la capacidad de pago y con límites en la edad. En Chile
por ejemplo se puede pertenecer (los empleados públicos)
al sistema público (FONASA) o al privado (ISAPRE). Para
gozar de los beneficios de este último se requiere un contrato
individual por un mínimo de 12 meses con modalidades y
beneficios estratificados por la capacidad de los aportes. Este
mismo sistema privado se reserva la posibilidad de no asegurar
a los mayores de 60 años, es decir la población
con más necesidad de protección en salud.
Existen casos como los de Bolivia y Colombia que señalan
políticas de cobertura total vía la descentralización
-en la formulación- pero que se afectan también
de atenciones discriminatorias
-en la práctica- En Colombia por ejemplo se instituye un
Plan Obligatorio de Salud básico e igual para todos, con
un monto de cotización del 12%, del cual el empleador asume
el 8% y el trabajador el restante 4%; pero además instituye
un Plan Adicional Complementario, opcional y financiado en un
100% por el usuario, el mismo que, de la mano de la cantidad de
aportes que da lugar a la cantidad paralela de beneficios, está
estructurando un sistema de medicina para ricos y otro para pobres,
hecho que oculta los avances que se producen por ejemplo en la
atención a las madres gestantes y sus niños, o los
alcances de incorporación de poblaciones, como las campesinas
e indígenas, tradicionalmente excluidas de los servicios
de salud.
DERECHO A LA EDUCACION Y DERECHOS CULTURALES (Artículos
13º , 14º y 15º del PIDESC)
Los esfuerzos de mejoramiento de la calidad educativa mediante
el desarrollo de reformas educativas que además están
destinadas a disminuir los índices de deserción
y exclusión escolar, no se corresponden con la realidad
del trabajo infanto-juvenil, el impide los objetivos de cobertura
total, dado que por ejemplo en México el 52% de los niños
trabajadores se ve obligado a abandonar la escuela.
Pese a los avances en el enfoque intercultural y bilingüe
de los programas educativos, la aplicación de modelos discriminadores
de los pueblos indígenas, de las comunidades afro americanas
y de las minorías, todavía es un desafió
a ser enfrentado.
Es desigual la distribución de recursos educativos y hay
un estancamiento, cuando no deterioro, de los niveles remunerativos
del personal educativo. La educación, del mismo modo que
otros sectores, está sujeto a un aumento significativo
de la contratación precaria o temporal, la congelación
de promociones y por ende de la evaluación del rendimiento
profesional de maestros. En el Brasil la reducción en términos
reales es del 9.1% de los recursos federales.
Los Estados carecen de información actualizada sobre la
situación de los Pueblos Indígenas para definir
políticas sustentadas en datos reales. Los Pueblos Indígenas
están ubicados en las zonas de mayor índice de necesidades
insatisfechas. Asimismo, la población Afro-americana está
ubicada en los sectores de mayor pobreza, bajo nivel educativo
y trabajos peor pagados.
La implantación de planes de desarrollo inconsultos con
los Pueblos Indígenas y Afro-americanos comprometen actividades
económicas de subsistencia, inciden en la reducción
de áreas tradicionales de caza y recolección, contaminan
fuentes de agua y pesca, y empobrecen los suelos además
de introducir enfermedades nuevas y devastadoras.
Las políticas de ocupación de tierra mediante el
uso irracional y devastador del hábitat indígena
implican la des-posesión y usurpación de sus territorios,
amenazando sus formas y calidad de vida y afectando su identidad
e integridad cultural.
En las políticas de Estado, en las estrategias privadas
y en la cotidianeidad cultural son notorias las conductas sociales
de discriminación racial.
La presión migratoria sobre las economías urbanas
es creciente y la migración internacional se ha convertido
en la segunda fuente de generación de recursos, e incluso
en la primera en países como el Ecuador donde la última
década ha sido testigo de la salida de su país de
más de 1 millón de ecuatorianos en busca de trabajo.
* Adalid Contreras Baspineiro.
Coordinador Nacional del Programa Andino de Derechos Humanos,
PADH-Bolivia, Asesor General de la PIDHDD, y Director del Diplomado
sobre DESC del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Este documento fue expuesto en el 114 Período de Sesiones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, Washington, DC, 5 de marzo de 2002, en representación
de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia
y Desarrollo (PIDHDD) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL).
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
- PIDHDD, Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Balance en Siete Países Latinoamericanos, Ed. PIDHDD y
CEDAL/Perú, Lima, Perú, 2000
- PIDHDD, Derechos Humanos en América Latina. Indicadores
y Acciones Ciudadanas y Exigibilidad de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Ed. PIDHDD y FORJA/Chile, Santiago de Chile,
2001
- PIDHDD, Ganancia para Algunos y Desprotección para Todos.
El Derecho Humano a la Seguridad Social y la Privatización
de los Sistemas de Pensiones en América Latina, Ed. PIDHDD
y CEDAL/Perú, Lima, Perú, 2000
- PIDHDD, Indicadores para la Vigilancia Social de los DESC. Ed.
PIDHDD, ALOP y FIDH, Bogotá, Colombia y Lima, Perú,
2000
- PIDHDD, Los Derechos Humanos de los Migrantes. Ed. PIDHDD, La
Paz, Bolivia, 2000
- PIDHDD, Declaración de Quito, Ed. PIDHDD, 2ª Edición,
La Paz, Bolivia, 2001
- PIDHDD, Sentencias del Tribunal Andino de la Deuda Externa,
Ed. PIDHDD, Quito, Ecuador y La Paz, Bolivia, 2001
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