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TENIENDO EN CUENTA que nuestros sistemas políticos
se sustentan en la democracia, el respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales;
TENIENDO PRESENTE la interrelación y mutua implicación
que existen entre los conceptos de democracia, derechos humanos,
paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza;
CONSIDERANDO, que la naturaleza multicultural y pluriétnica
de nuestras naciones ha constituido un factor esencial en la formación
de las nacionalidades y la identidad histórica de nuestros
países; y que, hoy, como en el pasado, continúa
siendo una característica esencial de la riqueza humana
y social de nuestras sociedades.
CONSCIENTES de la situación de pobreza y extrema pobreza
que afecta mayoritariamente a las poblaciones indígenas,
así como la necesidad de garantizar y promover sus derechos,
incluido el derecho a la diversidad.
CONSIDERANDO la voluntad de nuestros gobiernos para concentrar
los recursos en las tareas del desarrollo social y económico,
particularmente en la lucha contra la pobreza, la extrema pobreza
y la generación de empleo productivo y decente.
CONSIDERANDO que todos los esfuerzos de la integración
latinoamericana coinciden en la voluntad común de establecer
mecanismos de cooperación política, luchar contra
la pobreza y liberalizar el comercio.
DECIDIMOS:
Avanzar en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos
humanos
1. Expresar nuestro firme convencimiento que la democracia, el
desarrollo y el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
En ese sentido, reiteramos nuestra convicción de fortalecer
la democracia como un sistema de gobierno y como un elemento insustituible
de nuestra identidad política, de promover sus valores
como forma de vida y de defender la institucionalidad democrática
y el estado de derecho en América Latina y el Caribe. Reiteramos,
asimismo, que el ejercicio efectivo de la democracia requiere
fortalecer su carácter participativo.
2. Reiterar nuestra decisión de adoptar una Carta Democrática
Interamericana durante la Asamblea General Extraordinaria de la
OEA, a realizarse en Lima, en septiembre próximo, como
un instrumento destinado a contribuir a la promoción, estabilidad,
preservación y defensa de la institucionalidad democrática.
3. Renovar el compromiso de nuestros gobiernos con la vigencia
y respeto de los derechos humanos, así como nuestra voluntad
para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
incluyendo la posibilidad del progresivo funcionamiento permanente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, así como propiciar
la universalidad del sistema interamericano de protección
a los derechos humanos.
4. Los Presidentes de los Países Andinos, en aplicación
del Acta de Carabobo, adoptada con ocasión del XIII Consejo
Presidencial Andino, instruimos a los Ministros de Relaciones
Exteriores para que elaboren el texto de la Carta Andina de Derechos
Humanos para su presentación en la próxima reunión
del Consejo Presidencial Andino, la misma que deberá contener
los principios y ejes temáticos sobre una política
comunitaria en esta materia, incluyendo los temas referidos a
los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.
5. Los presidentes andinos decidimos encargar a los ministros
de relaciones exteriores la preparación de una propuesta
destinada a fortalecer programas para la promoción de la
democracia, la participación ciudadana en todas sus formas,
elaborar, proponer y ejecutar acciones para la educación
en la democracia, intercambiar experiencias entre los partidos
políticos de la sub región; y desarrollar políticas
de promoción y difusión de los valores democráticos,
en concordancia con las políticas nacionales existentes.
Los derechos de los pueblos indígenas
6. Consideramos que la diversidad cultural y étnica que
caracteriza a nuestras naciones es una fuente de gran riqueza
y unión entre nuestras sociedades. El ejercicio democrático
en nuestros pueblos exige el respeto y la promoción de
la diversidad. Expresamos, en ese sentido, nuestra decisión
de continuar desarrollando estrategias y políticas dirigidas
a revalorizar la pluralidad étnica y la multiculturalidad
de nuestras naciones, con el fin de promover la plena participación
de los pueblos indígenas y las minorías étnicas.
7. En ese sentido, apoyamos firmemente todos los esfuerzos encaminados
a la promoción y protección de los derechos y libertades
fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el
derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual cultural,
lingüístico, social, político y económico;
individual y colectiva; a no ser desplazados, como pueblos, de
sus tierras; a la propiedad intelectual colectiva, a mantener
y desarrollar su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas,
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido
el derecho a la protección de sus lugares rituales y sagrados;
a la educación en la diversidad; a ser elegidos y desempeñar
cargos públicos. Expresamos nuestra voluntad de resguardar
estos derechos dentro del orden público y en cumplimiento
de nuestras disposiciones constitucionales y legales vigentes.
8. Nuestros Estados tienen el deber de cautelar y garantizar la
aplicación de todas las disposiciones de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos
existentes en los ámbitos regional y universal, con la
finalidad de asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las poblaciones indígenas conforme al principio de no
discriminación. Impulsaremos, en ese sentido, la elaboración
y aprobación de la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
9. La consolidación de la vida democrática y el
estado de derecho en nuestros países demanda políticas
que aseguren la participación activa de las poblaciones
indígenas en todos los ámbitos de la vida nacional.
A ese efecto los cancilleres propondrán la creación
de una mesa de trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas
en el marco institucional de la Comunidad Andina de Naciones,
con la participación de las organizaciones indígenas,
organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil y representantes
de cada uno de los estados miembros, con el propósito de
integrar plenamente a los pueblos indígenas a la vida económica,
social y política de nuestros países, respetando
y promoviendo al mismo tiempo su diversidad cultural. La mesa
realizará su primera reunión a la brevedad posible
en la ciudad del Cuzco.
Una alianza para la lucha contra la pobreza
10. Conscientes de que una auténtica y plena democracia
es la base para una efectiva lucha contra la pobreza, los jefes
de Estado reiteramos nuestra decisión de emprender acciones
para reducir la misma en un 50% hasta el año 2015.
11. La justicia social es un elemento constitutivo de la democracia
y es una condición indispensable para garantizar la estabilidad
política y la legitimidad de nuestros gobiernos. Por ello
nos comprometemos a alcanzar un crecimiento económico con
equidad social que permita superar las desigualdades, la pobreza
y los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.
12. Expresamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación
política en el proceso de integración subregional,
otorgando una prioridad sustantiva a la agenda social.
13. Creemos que el buen gobierno y la administración eficiente
y transparente, con mecanismos de participación ciudadana,
constituyen factores esenciales en la utilización adecuada
de recursos para superar la desigualdad social.
14. Conscientes que la corrupción atenta contra la estabilidad
democrática y afecta a la lucha contra la pobreza, reiteramos
la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a la lucha
contra la corrupción y cooperar en todas las acciones conjuntas
que sean necesarias conforme al derecho internacional y a los
acuerdos regionales en esta materia.
15. Recibimos con expectativa los acuerdos obtenidos por el Grupo
de los 8, en Génova, e instamos a que puedan concretarse
de manera efectiva, especialmente con relación al alivio
de la deuda externa y a la lucha contra la pobreza y la extrema
pobreza.
16. Expresamos, en ese sentido, la conveniencia de lograr acuerdos
especialmente en el aumento de la cooperación no reembolsable
en las políticas de los organismos financieros internacionales
y de los gobiernos de los países industrializados, así
como el aumento del financiamiento de proyectos en las áreas
críticas de la lucha contra la pobreza. Otorgamos especial
prioridad al intercambio de deuda por proyectos de desarrollo
en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.
17. Expresamos nuestra decidida voluntad política para
aprobar un nuevo arancel externo común antes del próximo
Consejo Presidencial Andino, lo cual unido a la ejecución
de los compromisos en materia de circulación de personas,
pasaporte andino e integración y desarrollo fronterizo,
asegurará el establecimiento del Mercado Común Andino
en el año 2005.
18. En aplicación de los acuerdos obtenidos en la Cumbre
de Carabobo y con la finalidad de impulsar la agenda social y
movilizar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra
la pobreza y en la generación de empleo, los presidentes
de la Comunidad Andina encargamos a los Ministros de Relaciones
Exteriores la elaboración de una propuesta para el establecimiento
de una mesa de concertación social, en el marco del foro
andino aprobado en la Cumbre de Carabobo, que amplíe la
participación ciudadana plena en los procesos de integración.
La mesa aportará sus reflexiones para el diseño
de un "Plan Integrado de Desarrollo Social Andino".
Los presidentes de los países de la Comunidad Andina felicitamos
al doctor Alejandro Toledo por su elección como Presidente
Constitucional de la República del Perú, así
como por el liderazgo que asumió, desde la sociedad civil,
para la reinstitucionalización de la democracia en el Perú.
Expresamos, asimismo nuestro reconocimiento al Presidente Valentín
Paniagua y a su Gobierno por la realización de elecciones
libres y justas y su destacado papel en la consolidación
democrática del Perú, así como por el restablecimiento
de la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Lima - Machu Picchu, 28-29 de julio de 2001.
Firman
Jorge Quiroga Ramírez, Presidente en Ejercicio de la República
de Bolivia,
Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República del
Ecuador,
Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República
de Colombia,
Alejandro Toledo Manrique, Presidente de la República del
Perú y
Hugo Chávez Frías, Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela
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