TITULO X. DEL DERECHO Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

Del derecho al propio derecho.
Artículo 109. El Estado reconoce la potestad de los pueblos y comunidades indígenas de tener su propio derecho, administración de justicia y autoridades dentro de sus hábitat, de acuerdo a su cultura y necesidades sociales, con respeto de los derechos humanos interpretados interculturalmente.

Del derecho indígena.
Artículo 110. El derecho indígena está conformado por el sistema de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres que los pueblos indígenas consideran legítimo y obligatorio, y les permite regular la vida social, autogobernarse, organizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno y externo.

De las autoridades indígenas.
Artículo 111. Se considera autoridades indígenas legítimas a las personas, instancias colectivas o instituciones que cada pueblo o comunidad indígena establece y designa según sus propias reglas y para las funciones que dichos pueblos definen. Las autoridades indígenas tienen competencia para tomar decisiones sobre actos jurídicos y controversias de todo tipo.

De la jurisdicción especial indígena.
Artículo 112. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad de los pueblos indígenas de actuar mediante sus propias autoridades e instancias para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten dentro de su hábitat, y tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho y cultura. Las decisiones de la jurisdicción indígena constituyen cosa juzgada, tienen carácter vinculante, validez oficial y efectos en el ámbito nacional. Las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetar y acatar dichas decisiones. La jurisdicción indígena tiene las funciones y facultades que sean definidas por cada pueblo indígena, así como aquellas que el Estado le reconoce a la jurisdicción ordinaria. Estas facultades incluyen la potestad de investigar, conocer los casos, tomar decisiones y ejecutar dichas decisiones, incluyendo la posible restricción de derechos o el uso de la fuerza para obligar el cumplimiento de las mismas cuando sea necesario.

De la competencia de la jurisdicción indígena.
Artículo 113. La jurisdicción indígena, sin menoscabo de otras, comprende las siguientes competencias:
a) Competencia Territorial: La jurisdicción indígena tiene competencia sobre todo el hábitat del pueblo o los pueblos indígenas correspondientes. Tiene competencia extra-territorial respecto de controversias surgidas fuera del ámbito territorial indígena, cuando las mismas sean entre indígenas, no afecten derechos de terceros no-indígenas, y siempre que la jurisdicción indígena decida asumir dichas controversias.
b) Competencia Material: La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer todo tipo de materias y de todo monto o gravedad que se susciten dentro de su ámbito territorial y que la misma decida asumir. Ello no obsta para que la jurisdicción indígena pida colaboración de la jurisdicción ordinaria y la fuerza pública en los casos que considere necesario.
c) Competencia Personal: La jurisdicción indígena tiene competencia sobre las personas indígenas. También tiene competencia sobre las personas no indígenas que se encuentren dentro de su ámbito territorial y realicen hechos o actos que afecten derechos indígenas o comprometan bienes jurídicos indígenas.

De la coordinación entre la jurisdicción especial y la ordinaria y otras autoridades estatales.
Artículo 114. Las relaciones entre la jurisdicción indígena y la ordinaria y otras autoridades estatales se rigen por las siguientes reglas:
a) Reserva de la jurisdicción indígena: Los actos jurídicos y las decisiones tomadas por las autoridades indígenas no son revisables por la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria no tiene competencia para recibir causas referidas a hechos realizados dentro del ámbito territorial del hábitat indígena, debiendo, en todo caso, someterlas a conocimiento de la jurisdicción especial indígena. Las decisiones tomadas por la jurisdicción ordinaria en casos que competan a la jurisdicción indígena son nulas y generan responsabilidad, debiendo devolverse el caso a la jurisdicción indígena.
b) Relaciones de coordinación: La jurisdicción indígena puede establecer relaciones de coordinación y colaboración con la jurisdicción ordinaria cuando lo considere necesario. La fuerza pública está obligada a brindar el apoyo requerido por la jurisdicción indígena para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones.
c) Conflicto de competencia: En los casos de conflicto de competencia entre la jurisdicción especial indígena y ordinaria, prevalece la indígena.
d) Relación con autoridades administrativas y registrales: Las autoridades de la jurisdicción indígena desarrollan relaciones de coordinación y colaboración con autoridades estatales, pero no de subordinación. Las autoridades administrativas y de registros públicos acatarán y registrarán en los registros públicos las decisiones de la jurisdicción indígena cuando corresponda.
e) Protección del derecho a la jurisdicción indígena: En caso de vulneración del derecho a la jurisdicción especial indígena, los afectados podrán interponer las acciones de garantía constitucionales o las acciones legales pertinentes a fin de que se respete el derecho, establezcan las responsabilidades de ley y las reparaciones e indemnizaciones que correspondan.

De los procedimientos para resolver conflictos entre derechos humanos y jurisdicción indígena.
Artículo 115. Los casos de presunta vulneración de derechos humanos por la jurisdicción indígena, en primer lugar, se agotarán internamente. Agotadas las instancias internas o cuando la presunta violación de derechos humanos fuese grave y urgente, quien se considere afectado podrá interponer la denuncia o acción de garantía constitucional correspondiente. Si la denuncia o acción es inadmisible podrá ser rechazada de plano. En caso de considerarse admisible se constituirá un tribunal mixto conformado por el juez ordinario de la causa y dos autoridades indígenas nombradas por la jurisdicción especial, a fin de que se garantice una interpretación intercultural de los hechos y el derecho. El procedimiento estará orientado a la solución consensuada del conflicto, mediante reglas de equidad, atendiendo los derechos, intereses y perspectivas culturales de las partes. En caso de no llegarse a una solución consensuada, el tribunal resolverá por mayoría. Cualquiera de las partes podrá recurrir en segunda instancia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual deberá incorporar dos miembros supernumerarios que conozcan los derechos indígenas. También deberá resolver interpretando interculturalmente los hechos y el derecho y por reglas de equidad. Agotada esta instancia queda expedita la vía internacional.

Del Fortalecimiento del Derecho y Jurisdicción indígena.
Artículo 116. Entre las políticas de fortalecimiento y desarrollo del derecho y la jurisdicción indígena, se garantizarán las siguientes:
a) Programas autónomos: El INPI designará fondos anuales para el desarrollo de programas autónomos de fortalecimiento y desarrollo del derecho y la jurisdicción indígena, diseñados y ejecutados directamente por los pueblos y organizaciones indígenas. Estos programas incluirán una línea permanente de capacitación y formación de líderes indígenas, promoviendo la participación equitativa de la mujer indígena.
b) Políticas públicas: El INPI convocará una instancia mixta interinstitucional con participación de representantes de los pueblos y organizaciones indígenas para la elaboración de políticas públicas de respeto y fortalecimiento del derecho y la jurisdicción indígena.
c) Difusión y formación: La Instancia Mixta interinstitucional desarrollará acciones de difusión de la cultura y el derecho indígena, en el ámbito nacional, para promover su respeto. En todas las instancias de la educación pública se incorporará materias referidas a la multiculturalidad y el pluralismo legal.
d) Formación de operadores de la justicia: En la enseñanza del derecho y materias a afines se incorporarán, de modo obligatorio, el pluralismo legal y el derecho indígena. Los operadores de la justicia, abogados y funcionarios encargados de aplicar la ley en zonas con predominancia indígena deberán conocer la cultura, el derecho indígena y los derechos especiales de los indígenas. Las instituciones de formación judicial deben incorporar obligatoriamente materias referidas a la multiculturalidad, pluralismo legal y derecho indígena.

TITULO XI DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS ANTE LA JURIDICCION ORDINARIA

De los derechos ante procedimientos ordinarios.
Articulo 117. En los procedimientos ordinarios que participen indígenas se garantizará el derecho de los mismos de comprender los contenidos y efectos de tales procedimientos. Los indígenas sometidos a procedimientos administrativos o judiciales tienen derecho de contar con defensa profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su cultura.

Del derecho de defensa.
Articulo 118. Los indígenas tienen derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea. Para tal efecto se creará el Área de Defensa Pública Indígena dentro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Para el nombramiento de defensores públicos de indígenas se tendrá en cuenta que los mismos conozcan la cultura y derechos de los indígenas. Los defensores públicos son competentes para actuar en defensa de los indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa y judicial, nacional e internacional.

Del derecho al uso del Idioma indígena.
Articulo 119. Los indígenas tienen el derecho de utilizar sus idiomas propios ante todo procedimiento legal, administrativo o judicial, el cual se garantizará de la siguiente manera:
a) Justicia multilingüe: Donde los idiomas indígenas son de uso oficial, el servicio de justicia se brindará en los mismos, ya sea a través de personal bilingüe o intérpretes. Donde los idiomas indígenas no son de uso oficial, se garantizará el derecho de los indígenas al uso de su idioma mediante el nombramiento de intérpretes.
b) Irrenunciabilidad del derecho de contar con intérprete: El derecho de contar con intérprete en idioma indígena es irrenunciable cuando el indígena no comprenda bien el idioma del tribunal o instancia administrativa respectiva. Las declaraciones efectuadas sin intérprete -en el supuesto anterior o cuando los indígenas quieran hacer uso de su derecho al propio idioma- no pueden ser utilizadas para tomar decisiones que afecten derechos, y generan la responsabilidad de ley.

Del derecho a la propia cultura.
Artículo 120. En los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios en los que sea parte un indígena, las autoridades respectivas deberán tomar en consideración el derecho y la cultura indígenas, durante todas las etapas procesales y al momento de dictar la resolución correspondiente.

De los informes periciales.
Artículo 121. En los procedimientos judiciales y administrativos en los que participen pueblos indígenas o sus miembros la autoridad judicial o administrativa respectiva, para mejor decidir, deberá contar con un informe pericial socio-antropológico o de la autoridad indígena correspondiente, que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe pericial será elaborado por el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas o por un profesional idóneo.

Del juzgamiento penal.
Artículo 122. En los procedimientos penales que involucren indígenas se respetarán las siguientes disposiciones:
a) Descriminalización de la cultura indígena: No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos que en su cultura y derecho son actos jurídicos legítimos o permitidos.
b) Respeto de la cultura indígena: En caso de hechos que ameriten persecución penal por la justicia ordinaria, se considerará las condiciones socio-económicas y culturales de los indígenas para determinar las penas o medidas correspondientes.
c) Penas alternativas a la prisión: En caso de condena, se establecerán preferentemente penas distintas al encarcelamiento y que permitan la reinserción de los indígenas a su medio socio-cultural.
d) Establecimientos especiales: La pena de prisión sólo se dará en casos sumamente extremos y deberá ser cumplida en establecimientos especiales para indígenas, cerca de su pueblo indígena y familia, y garantizándose el goce de sus derechos especiales.

De la formación y capacitación de funcionarios públicos.
Artículo 123. El Estado instaurará programas de formación y capacitación en multiculturalidad, multilingüismo y derechos indígenas para traductores, médicos forenses, defensores públicos, abogados, agentes del Ministerio Público y en general, a todos los empleados públicos que intervengan en procesos administrativos o judiciales referidos a indígenas

FUENTE: http://geocities.com/alertanet4/f2-proy-venezuela.htm