Reconocimiento de los derechos colectivos

La comunidad internacional, después de la creación de la Organización de Naciones Unidas, inició la discusión de la existencia de derechos que son ejercidos por colectividades y no por individuos, esta categoría de derechos se conoce como derechos colectivos. Se han elaborado una serie de instrumentos de vigencia internacional que declaran estos derechos y los regulan. Probablemente el instrumento internacional de mayor importancia en este campo es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989.
Este instrumento no es el primero en su especie, pero es totalmente innovador pues en él se reconoce la diversidad cultural de los pueblos indígenas y no la absorción paternalista de documentos anteriores. Los derechos más importantes que reconoce el Convenio 169 son el derecho a la no discriminación en el goce de derechos individuales como el empleo, la salud, la seguridad social, la educación e información, se reconoce igualmente el derecho al desarrollo, a la propiedad comunitaria, al manejo autónomo de recursos naturales, a la obtención de su consentimiento informado previo en el desarrollo de políticas ambientales, a la propiedad intelectual sobre sus conocimientos ancestrales, y, por supuesto, el ejercicio de la autoridad y la práctica de su derecho consuetudinario.
Existe un sinnúmero de documentos internacionales en elaboración, que dan pasos todavía más amplios con respecto a doctrinas como la autodeterminación de los pueblos indígenas, control y autogobierno, pero por supuesto continúan siendo temas polémicos que tardarán en madurar, estos son, entre otros Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que no se ha concretado desde 1994 y Proyecto de Declaración Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con vigencia regional.
Además, todos los instrumentos internacionales vigentes y las Constituciones Políticas modernas tipifican como delitos graves prácticas de genocidio, etnocidio y apartheid en contra de los pueblos indígenas.
Los derechos colectivos, mencionados, se han convertido en verdaderos principios. La Asamblea Constituyente de 1998 en nuestro país los incorporó a la Constitución vigente, principalmente en los artículos 83 y 84. Sin embargo, su incorporación no significa su aplicación en las políticas gubernamentales y lo que es aún peor su aceptación en la sociedad civil.

Interculturalidad, inclusión y tolerancia

Los pueblos indígenas habitan en toda Iberoamérica, su población se calcula en unos 40 millones, pertenecientes a 400 grupos étnicos diferenciados. Esta población en nuestro país y en muchos otros sigue relegada, discriminada, despreciada, vive en la pobreza, es víctima de la desnutrición, es sujeto de los peores abusos imaginables, vive en gran ignorancia, con terribles servicios.
Los pueblos indígenas son colectividades que han logrado mantener costumbres propias que los diferencian del resto de poblaciones. El Estado debe reconocer estas diferencias e incorporarlas a las políticas estatales las cuales deben orientarse a mantener la identidad cultural de estos pueblos, sin absorberlos y hacerlos parte de la etnia dominante en el país. Deben ser políticas que promocionen y reafirmen sus particularidades y las ventajas que el resto de la sociedad puede obtener de ellas. Esto significa reconocer que estos pueblos tienen cierta autonomía y que dentro de ella pueden ejercer una serie de derechos más o menos independientemente.
Esta autonomía se evidencia en sistemas consolidados como el de justicia indígena que opera actualmente, que es una realidad que necesita ser compatibilizada con el sistema mestizo. Es un sistema de equidad en el que predominan rasgos de conciliación, de mediación, tiene características educativas y de purificación para los acusados. Muchos de estos rasgos podrían y deberían ser asimilados por nuestro sistema.
Esto es interculturalidad: la inclusión del otro y la tolerancia de lo que no nos es familiar o no podemos asimilar.
Sin embargo, ante los ojos de la sociedad la justicia indígena es un mundo desconocido, las raíces de las que emana son ignoradas, muchas veces sus prácticas han sido tergiversadas y el significado de sus sanciones repudiado. Estos y otros, son temas importantes que deben ser debatidos ampliamente con el fin de que la interculturalidad sea una palabra que cobre significado en nuestro vocabulario. Más aún, la interculturalidad debe ser un principio de acción en las vidas de mestizos e indígenas, debe involucrar un concepto aprehendido y practicado.

Cumplir el mandato constitucional

La compatibilidad de la justicia indígena con nuestro sistema de justicia ordinario es un tema importante que afecta al mundo indígena y al mundo mestizo, por lo tanto el debate de cómo llevar a cabo este proceso y de los principios que han de regirlo debe ser realizado por indígenas y mestizos trabajando en conjunto para cumplir el mandato del artículo 191 de la Constitución.
Con esta perspectiva hace ya más de un año, la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso Nacional, de la cual soy parte como Diputada de la República; la Comisión de Asuntos Indígenas y Otras Etnias, presidida por el Diputado Gilberto Talahua y; la Universidad Andina, dirigida por su Rector Doctor Enrique Ayala Mora, emprendimos la labor de planificar la adecuación de un espacio para impulsar el conocimiento y debate académico de la justicia indígena.
Para hacer posible este espacio acudimos a varios organismos interesados en la promoción de derechos humanos y específicamente de derechos colectivos. La búsqueda por una respuesta positiva al apoyo financiero necesario fue difícil, pero encontramos el soporte en una organización de gran prestigio y gran experiencia, la Agencia de Cooperación Técnica Holandesa. Este organismo, a través de la Embajada de los Países Bajos y su Embajador el Excelentísimo Maarten van der Gaag, han hecho posible la realización de este evento.
Quisimos que el debate de este tema gire en torno al Anteproyecto de Justicia Indígena que había sido elaborado previamente por la Universidad Andina. Este anteproyecto es el resultado de un arduo trabajo en el que intervinieron líderes sociales, indígenas y mestizos, expertos académicos, políticos y jurisconsultos como el Doctor Julio César Trujillo y, por supuesto la sociedad civil, indígena y mestiza. Es un proyecto de ley elaborado cuidadosamente, enmarcado, de manera general en el derecho internacional, en el derecho constitucional y en la doctrina jurídica moderna.
Este espacio de diálogo tiene el objetivo de participar con ustedes el conocimiento y opiniones personales de relevantes figuras expertas en el tema de justicia indígena y escuchar y recopilar las opiniones del público para el perfeccionamiento del Anteproyecto de Ley de Justicia Indígena, que materializará un derecho de los pueblos indígenas y que sentará las bases de una legislación real que sobrepase las meras expectativas sin crear frustraciones y desacuerdos.
Su sola presencia en este coloquio es de suma importancia porque nos hace ver el interés de la sociedad académica en el tema y la realidad de su discusión. Les agradezco por su activa participación y les doy la más calurosa bienvenida.

* Ximena Ortiz Crespo. Bachellor y Master en Antropología Cultural y candidata a PhD con máximos honores en Rosemont College, Temple University y Bryn Mawr College. Actual Diputada del Congreso Nacional de Ecuador por la Provincia de Pichincha, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Presidenta de la Subcomisión de Asuntos Carcelarios del Congreso. Consultora antropológica para temas de diversidad cultural, minorías indígenas y negras, género, exclusión social y medio ambiente. Catedrática en varias universidades. Discurso inaugural del Coloquio Administración de Justicia Indígena, realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, en febrero 20 de 2002.