“El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en [con]junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible, donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas”.

José Martí

Caricaturizada por años con la figura de un campesino pobre sentado sobre un voluminoso bulto de fique que contenía gran cantidad de metales preciosos, Bolivia por estos días ha dejado de representarse bajo esta sarcástica imagen, efigie sin lugar a dudas, de gran parte de la historia de esta nación.

Ahora caracterizada con la figura de un poblador originario, quien detenta en sus manos gran cantidad de recursos mineros escasos en el mundo, mientras se le observa meditabundo reflexionando en la necesidad de replantear nuevas reglas de juego con las cuales poder afrontar aquella etapa crítica en la que esta nación andina se sumió en la absoluta pobreza durante más de la mitad del siglo XX, Bolivia se erige como una nación que además de estar dispuesta a dar la lucha contra la crisis e inestabilidad política, social y económica que tanto la ha caracterizado, se apresta a convertir su proceso legislativo en lo que podría considerarse la fase inicial en la proposición de una nueva generación de constituyentes latinoamericanas a puertas de la segunda década del siglo XXI; constituyentes donde se recalcará en la importancia de planificar una política nacional a partir no sólo de aspectos económicos, políticos y socioculturales que caracterizan los proyectos constitucionales recientes, sino también resaltando dos tópicos centrales, que sin lugar a dudas la experiencia boliviana ha impulsado, y que será parte fundamental de los proceso legislativos subsiguientes en América Latina: la cuestión de la reconfiguración territorial y la necesidad de impulsar la autonomía local y regional, donde además, se incluirá temas espinosos como la explotación y acceso a los recursos naturales, así como la permanente corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil en general, en lo que concierne a la preservación del contexto medioambiental de una localidad, región e incluso, de toda una nación.

Dándole continuidad a una serie de elucubraciones y escritos realizados inicialmente en el marco de mi actividad académica y que gradualmente se han convertido en ensayos y artículos que intentan darle seguimiento al particular proceso político boliviano; en el presente texto me centraré en exponer los que considero los dos principales aspectos relevantes que han dinamizado este proyecto de refundación nacional boliviana: el primero, centrado en la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos, hecho que tuvo un desenlace que considero un tanto inesperado, en especial, cuando remontamos al proceso histórico acaecido en algunas naciones latinoamericanas durante los últimos treinta años del siglo XX y donde es fácil advertir las consecuencias nefastas que se produjeron a sí mismas aquellas naciones que impulsaron procesos de nacionalización de recursos o confiscación de propiedades a manos de empresas con capital extranjero; tema que desarrollaré en un primer apartado y que sin el ánimo de exhibir un panorama halagüeño en el caso boliviano, si pretendo mostrar al lector, las particularidades de este proceso que hasta el momento ha sido propicio para los intereses del pueblo y del gobierno boliviano.

Seguidamente, me referiré al segundo aspecto que considero fundamental en la refundación de la Bolivia actual y que guarda estrecha relación con el tópico de la nacionalización de los hidrocarburos: se trata básicamente del proceso constitucional que se adelanta en este país andino, tema del cual, parto analizando los factores que han incidido en la fragmentación de la nación boliviana, para así determinar las razones primordiales que precipitaron la convocatoria de reforma constitucional. Es de mi interés exponer al lector en este apartado que la apelación a constituir la asamblea constituyente no sólo se derivó de la iniciativa patrocinada por el actual gobierno, sino que sus orígenes se enlazan directamente con el resurgir y pronunciamiento de los movimientos sociales bolivianos durante la etapa anterior a la convocatoria de la asamblea constituyente, así como el influjo que produjo las incongruencias y los desatinos administrativos de los gobiernos bolivianos regentes en el último cuarto de siglo.

Como aditamento al proceso constituyente, consideré imprescindible mencionar un apartado donde se exponen algunas de las más recientes eventualidades que se han registrado al interior de las secciones de la asamblea legislativa, todo aquello para poder exponer los acuerdos y desacuerdos que se hacen presentes entre los asambleístas, así como los principales inconvenientes que tendrá que sortear este proceso.

Finalmente y a manera de conclusión, expongo algunas de las impresiones personales que me arrogo frente a lo que acontece en este país andino, tratando de puntualizar en lo que considero deben ser los principales puntos a tener en cuenta a la hora de querer lograr un consenso entre las principales representaciones en la asamblea.

Bolivia y la apropiación de sus recursos naturales: un desenlace inusual en el tradicional proceso de nacionalización de recursos en Latinoamérica

Para muchos estudiosos e investigadores de la reciente historia latinoamericana, la década de los sesenta evocó casi que inapelablemente, el proceso de instauración de modelos de nacionalización de recursos y de confiscación de propiedades a manos de capitales extranjeros, en contraposición a las privatizaciones realizadas en los años ochenta y noventa impulsadas por las políticas neoliberales de las administraciones de turno.

A la hora de rememorar los procesos de nacionalización latinoamericanos, por norma se citan los casos acontecidos en países como Chile, Guatemala y República Dominicana, donde hace más de veinte años los gobiernos de turno de estas naciones revelaron ante el mundo, la evasión continua de impuestos por parte de destacadas empresas y firmas extranjeras, las cuales extraían los recursos de manera arbitraria en sus respectivas naciones.

Al respecto y sin entrar en detalle, vale la pena recordar el caso chileno en época del gobierno del presidente Allende (1973), quien denunció con firmeza ante el mundo la evasión continua de impuestos por parte de empresas extranjeras dedicadas a la explotación del cobre en este país austral (1); firmas que según el mandatario, llegaron incluso a librarse de su verdadero gravamen tributario, con sumas que superaron el monto de lo que podían costar las propias compañías en esa época. Fue así como bajo este argumento, Allende logró expropiar a las compañías explotadoras del cobre; acción que a posteriori le costaría a Chile la desestabilización económica y política, ya que se vio sujeta a un sombrío bloqueo de suministros, insumos, créditos e inversión, al cual se le sumó el agitado ambiente de huelgas financiado por la propias firmas expropiadas.

Episodios similares se presenciaron durante el gobierno de Arbenz en Guatemala cuando éste resolvió repartir las tierras de propiedad de la compañía a cargo de la producción bananera en este país (2); o durante el mandato de Juan E. Bosch en República Dominicana, quien quiso hacer lo de su similar en Guatemala pero con las tierras de las azucareras (3); episodios cuyo común denominador fueron la invasión inmediata de estas naciones y el derrocamiento de los gobiernos promotores del cambio.

Si contrastamos las anteriores incidencias con lo que ahora ocurre en el caso boliviano, nos damos cuenta que el desenlace nefasto para las políticas y economías de las naciones que hace más de treinta años se decidieron a favor de la nacionalización y confiscación de propiedades, no es ni será el mismo del que ahora se da con el gobierno de Evo Morales, quien a la postrimería de la primera década del siglo XXI, se ha decidido por llevar a cabo el proceso de nacionalización de recursos petrolíferos sin que su decisión sea causal de invasión e incursión castrense inmediata por parte de potencias mundiales como los Estados Unidos.

Hoy en día, no sólo el gobierno boliviano sale a enfrentarse por sus recursos mineros y petroleros: gobiernos como el del expresidente ecuatoriano Alfredo Palacios argumentaron lo mismo que Morales – y como lo hizo en su época Salvador Allende -, aseverando que las firmas extranjeras (en el caso ecuatoriano, la OXY ), han evadido impuesto por mucho tiempo e incluso, no han acatado la exclusividad de los contratos cedidos a estas compañías y han cedido los recursos para ser explotados por otras multinacionales (4). Prácticamente podría decirse que en los tiempos actuales, los gobiernos latinoamericanos que se deciden por la nacionalización de recursos y la confiscación de bienes, logran relativamente más fácil su cometido, puesto que no son objeto de agresivas irrupciones bélicas hacia sus países; no obstante, el panorama no es ni será del todo sencillo para estas naciones y específicamente para el caso boliviano, tema que bien vale ser desarrollado en otro artículo, teniendo como base la suficiente información económica, política y social que con el tiempo se producirá y que nos dará luces al respecto (5).

A pesar de este panorama contradictoriamente cierto e incierto, es importante resaltar que la situación tal como se dio en muchos de los países latinoamericanos y específicamente en Bolivia (invocando también los casos de Venezuela y el ya citado en el Ecuador), se debió básicamente a las circunstancias recientes que acontecen en el ámbito mundial, donde el precio del petróleo y el gas ha aumentado debido a la demanda china, a la casi que perenne guerra en Irak y a los pronunciamientos y demandas de la OPEP. Es más que obvio que ni Bolivia, ni las demás naciones latinoamericanas que cuentan con riqueza petrolera en sus territorios se quedaran pasivas e inermes ante esta eventual situación: es comprensible que estas naciones no solo decidieran beneficiarse con las altas tarifas internacionales del hidrocarburo, sino también que llevaran a cabo – como es el caso boliviano -, una necesaria transformación política, económica y social financiada con los importes obtenidos por la venta apropiada de los recursos mineros y petroleros en el mercado internacional.

En el caso boliviano, aparentemente atrás quedaron los episodios recurrentes de inestabilidad política a que nos habíamos acostumbrado durante algo más de un cuarto de siglo; episodios solo comprensibles si nos remontamos a la época donde el común denominador era la fragilidad política y social en este país, tema último que merece ser aludido y que a continuación me referiré de manera breve, tratando de explicar el por qué de la trascendencia del proceso constitucional en el actual acontecer histórico boliviano y el papel desempañado por los importantes movimientos sociales que desde siempre, han emergido como verdaderos actores sociales en Bolivia.

El significado del proceso constitucional boliviano: de la inestabilidad al consenso nacional

Los recurrentes golpes de estado que habían caracterizado la historia política boliviana de finales del siglo XX y comienzos de la presente centuria, son sin lugar a dudas, los más certeros síntomas que denotaron una verdad clamada a voces por el pueblo entero de este país andino: la necesidad de invocar el consenso nacional que diera paso al establecimiento de una verdadera gobernabilidad democrática, donde el gobierno regente estuviera conformado por las diversas expresiones regionales, políticas y sociales que a lo largo de los ciento ochenta y dos años de vida republicana de esta nación, nunca habían estado presentes en el escenario administrativo.

Precisamente es este antecedente, el más importante para poder entender el por qué un gobierno como el actual llega al poder inclinándose por la realización inmediata de reformas y la aplicación de medidas políticas y económicas que transformen la situación de inestabilidad que había caracterizado a Bolivia, convirtiéndose entonces, en una república profundamente fracturada a causa de tres aspectos esenciales que enuncio a continuación:

El predominio y poderío político que históricamente ha detentado la Sierra , desde cuyo principal asentamiento poblacional (La Paz), doblegó los intentos de protagonismo que algunas veces se propuso liderar la ciudad de Santa Cruz, poblado aledaño a la región baja de Bolivia o amazónica, cuya gestión pública y orientación política quedó supeditada a los intereses privilegiados de la Sierra (6). Esta situación de predominio económico y político de la región andina sobre la amazónica, se hizo plausible en la época de explotación minera, en concreto del estaño, cuando este producto constituyó la «columna vertebral» de la economía boliviana (7). Solo con la caída de los precios del estaño a causa de su desuso y del surgimiento del plástico, la preponderancia de la región andina se debilitaría a causa del colapso de la minería boliviana dependiente de este metal, reglón de la economía que solo se recuperaría nuevamente a partir del hallazgo de las reservas de petróleo y de gas, recursos solo disponibles en la región amazónica y que hoy le dan a Bolivia, una nueva perspectiva económica y política.

Es así como la región baja, encabezada por su principal asentamiento poblacional – la ciudad de Santa Cruz –, ha adquirido tal preponderancia en los últimos tiempos que se da el lujo de pugnar por la autonomía regional e inclusive, instar por la independencia de la región. Es tal su predominio en el actual panorama político y social boliviano, que en las últimas votaciones realizadas para conocer el consenso general del pueblo acerca del tema de las autonomías regionales, Santa Cruz votó en más de un noventa por ciento (90%) a favor de su autonomía y de la potestad sobre los beneficios económicos que traería la venta de lo que consideran “sus” hidrocarburos.

Aparte del desfase regional entre la Sierra y la Amazonía, hay un segundo aspecto diferenciador que también ha contribuido a la fragmentación de la nación boliviana: la amplia población indígena que históricamente ha sido marginada y excluida del escenario político, económico y hasta cultural del país, por parte de la casi totalidad de los gobernantes que han regido esta nación andina, lo que ha sido considerado por el propio pueblo boliviano como regencias de «blancos» en un país de mayoría indígena.

Sin caer en la acotación etnocentrista y/o discriminatoria, es mucho más significativo comentar que en este país era un secreto a viva voz que tarde o temprano se pronunciaría la amplísima población amerindia liderada por algún dirigente o representante de algún movimiento social, coadyuvando a acentuar la inestable situación política de Bolivia (8). Por lo tanto, no es fortuito el remonte de un personaje como Evo Morales en el escenario político de esta nación, proyectado bajo la imagen del dirigente que el pueblo boliviano requería para su reivindicación y resurgimiento.

El tercer y último aspecto que ratifica la fractura de la realidad política que venía viviendo el país a lo largo del siglo XX, se relaciona con el hecho de que no se podía pretender la estabilidad del país, cuando las disposiciones y principales decisiones políticas y económicas que se llevaron a cabo en dicha centuria, no fueron fruto del consenso. La situación se había vuelto tan caótica en los últimos años, que era común decir en Bolivia que las decisiones más relevantes del país eran tomadas en el parlamento boliviano por las bancadas y representantes de tres de los ex presidentes más recientes que han gobernado la nación: Bánzer Suárez, Paz Estensoro y Paz Zamora.

En este panorama no menos que turbulento, es en el que emerge el presidente Evo Morales, quien desde su campaña propuso irrumpir en el escenario político boliviano con el desarrollo de lo que consideró líneas estratégicas de gobierno, entre las cuales se encuentra la restitución al Estado boliviano de los recursos petroleros e hidrocarburos, la adjudicación y restablecimiento de la tierra a manos de los indígenas y la instauración, formulación y realización de un proceso de reforma legislativa que determinará el futuro de Bolivia.

Si bien es importante matizar el papel desempeñado por el propio Evo Morales, no hay que dejar de mencionar el rol destacado que han tenido otros dirigentes y líderes representantes de los principales pueblos indígenas y movimientos sociales bolivianos; dirigentes y líderes que unidos con sus seguidores, han desempeñado un papel relevante en el actual escenario político boliviano y que cuentan con un importante y destacado historial de resistencia y de cuestionamiento a las políticas estatales; historial que se hizo especialmente célebre con las marchas realizadas al principio de la década del noventa, cuando desde la ciudad capital del departamento de Beni (Trinidad) en territorio amazónico, se movilizaron hacia el resto del país paralizando las vías y medios de comunicación, en tanto lanzaban consignas y proclamas en donde exigían el restablecimiento de una vida digna y la reivindicación de sus territorios indígenas. Por tanto, es importante anotar que si bien la situación de inestabilidad alcanzada a lo largo de más de la mitad del siglo XX, fue un estímulo indiscutible que avivó el tema de revocar la constitución de entonces, pero es también fundamental señalar que gran parte del impulso hacia el cambio constitucional se debió a los efectos producidos por la manifestaciones populares como la anteriormente citada, donde de manera concisa y abierta se demandó convocar una asamblea constituyente que reformara los artículos específicos al otorgamiento y al reconocimiento de los derechos comunes a todos y a cada uno de los pueblos indígenas existentes en Bolivia.

Sin lugar a dudas que este memorable pronunciamiento civil se haría aún más insigne al contar con otros correlatos llevados a cabo por diversos movimientos sociales bolivianos, entre los cuales se destaca la denominada “ guerra del agua ” en la ciudad de Cochabamba, en donde también se habló de la necesidad de convocar a una asamblea constituyente para reformar el uso y la explotación de los recursos naturales de una manera más adecuada (9). Esta misma dinámica sería seguida en el año 2002 antes de las elecciones, cuando desde la ciudad de Santa Cruz en el oriente boliviano, parte otra marcha indígena exigiendo esta vez, la eminente realización de la tan instada asamblea constituyente, no solo para dar solución a la demanda de tierras o al acceso a la mayoría étnica al contexto político boliviano, sino también, como mecanismo de denuncia ante las evidentes irregularidades administrativas, numerosos desaciertos e innegables acciones de contingencia llevadas a cabo por los gobiernos de turno instituidos desde poco antes de mediados del siglo XX (10).

Las numerosas incongruencias y desatinos administrativos que por décadas se dieron en Bolivia, demuestran que este país se había convertido en una especie de laboratorio, donde primó un brutal ajuste económico por encima de cualquier aspecto, ajuste que no permitió darle salida a la tan necesaria reforma que el país necesitaba. Entonces, si así de dramática era la situación, ¿por qué no optar por caminos inéditos, proposiciones e ideas alternativas expuestas por los dirigentes y líderes de movimientos sociales, que coadyuvaran a solucionar la creciente inestabilidad económica y política en la que se había sumido Bolivia en el último cuarto de siglo? Al fin y al cabo, ¿qué se podía perder?

Si hay algo realmente insólito que llame la atención en este proceso de cambio constitucional, es que con ese panorama tan poco alentador que se vivía en Bolivia, esta nación haya tomado la decisión de llevar a cabo la reforma legislativa solo hasta finales del siglo XX, mucho después de promoverse las transformaciones constitucionales de países vecinos como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y Paraguay, que desde principios de los años noventa, había decidido innovar sus marcos legislativos.

Independientemente de que la Bolivia actual se le relacione con el eje de gobiernos nuevos en América Latina menos cercanos a Washington y más interesados en la consolidación regional, lo realmente importante es insistir en que el establecimiento de una nueva carta legislativa boliviana se debe más a la necesidad de instituir parámetros claros y adecuados que faciliten la gobernabilidad en este país, y no simplemente a la vana simpatía de Morales Ayma con gobiernos como los de Venezuela, Brasil y Argentina. La constitución política boliviana representará sin lugar a dudas, el comienzo de un proceso difícil que promete dar como resultado, una nueva generación de constituciones con normas, criterios y políticas acordes a la realidad de muchos países en este lado del conteniente, donde se respalda la emergencia de nuevas ciudadanías y la relevancia de sectores poblacionales como el indígena dentro del proceso de construcción de democracias participativas en Latinoamérica.

La Asamblea Nacional Constituyente boliviana: una demanda proclamada por el pueblo

Por años analistas, sociólogos y dirigentes políticos debatieron la necesidad de transformar la carta legislativa boliviana; debate que básicamente se centraría por un lado, entre aquellos sectores conservadores que planteaban reformar algunas de las normativas inscritas en la constitución vigente, mediante la intervención exclusiva de los senadores y parlamentarios del congreso, minoría que por demás, es poco representativa de la realidad boliviana; y entre quienes impulsaban la enunciación de una nueva constitución, producto de la convocatoria de una asamblea nacional conformada por los diversos sectores y actores presentes en la realidad boliviana; propuesta instada además por los movimientos sociales, pueblos indígenas y las organizaciones laborales urbanas, las cuales convinieron entre sí, desarrollar una actitud imponente y positiva respecto a la realización de esta asamblea, actitud que sostuvieron por algo más de quince años.

Con la posesión de Evo Morales Ayma como primer mandatario de este país, Bolivia se sometió a estrictos cambios políticos, sociales y económicos liderados por un presidente de ascendencia indígena que se reclama como tal (11), acompañado por diversos dirigentes sociales y representantes de los pueblos originarios, quienes hacen parte de su gabinete y con quienes pretende asentar un acto de refundación del país. No obstante y pese al apoyo manifestado por muchos de los dirigentes y líderes de los diversos movimientos sociales bolivianos, también es común que algunos sectores no se encuentren del todo satisfechos con la manera como se ha venido llevando a cabo el proceso (algunos movimientos sindicales y campesinos entre los cuales se destaca los pronunciamientos de inconformidad expresos por la Central Obrera de Bolivia), descontento que también se ha hecho ostensible entre quienes hacen parte de la oposición dentro de la asamblea constituyente.

Al respecto, es importante referirme al período de transición por el que pasó la constituyente, mientras trataba de ajustarse a las nuevas circunstancias y vicisitudes. En primera instancia es esencial poner en conocimiento del lector, que la directiva de esta asamblea se encontró conformada por representantes de diversas fuerzas sociales, sin que el Movimiento Al Socialismo (MAS), organización política a la cual pertenece el actual presidente de la república, lograra constituirse como la mayoría absoluta; situación que indiscutiblemente incidió para que al interior de la asamblea se presentaran fuertes y continuas discusiones con la oposición, en lo que respecta a la forma como se sancionará la constituyente.

En relación a este punto, es importante aclarar que el partido oficialista asumió desde antes de la realización de las votaciones para elegir a los constituyentes, que su bancada representaría más de los dos tercios de los asambleístas; situación que los llevó a aceptar de manera anticipada a la realización de la convocatoria, la decisión de aprobar los artículos de la normativa mediante la votación de dos tercios de los constitucionalistas.

Una vez que se obtuvo el escrutinio de votaciones, el MAS solo alcanzó ubicar en la asamblea más de la mitad de los asambleístas; factor que incidió para que el propio gobierno avalado por el partido oficialista, planteara el cambio en las reglas del juego y propusiera como forma alternativa para sancionar la constituyente, la validación del resultado obtenido por la mitad más uno de los asambleístas. Este planteamiento que por demás es inadmisible dada la circunstancia en que se suscitó, derivó en una serie de enfrentamientos entre los voceros del principal partido opositor (PODEMOS, o partido del Poder Democrático y Social) y los delegados del MAS; ya que los primeros señalaron que al sancionarse la constitución bajo el procedimiento propuesto por el propio Evo Morales, supondría la exclusión de la otra mitad de los legisladores que no se identifican con la propuesta oficialista.

Más allá de fijarse un acuerdo entre los asambleístas de la oposición y los partidarios de Morales, esta discusión ha tenido paulatinamente sus efectos directos sobre la ciudadanía boliviana en general, quienes se han movilizado en manifestaciones y marchas encaminadas hacia la ciudad de Sucre y La Paz , exigiendo que los articulados formulados por la asamblea fuesen aprobados por la mayoría absoluta tal como lo propuso el Movimiento Al Socialismo (MAS), contraponiéndose a lo estipulado por las representaciones y/o partidos políticos de la oposición, quienes sostuvieron que la aprobación constitucional se debe dar en el marco de los dos tercios acordados desde el mismo momento en que se estableció la convocatoria.

Otro obstáculo que surgió de manera imprevista en el marco de esta asamblea constituyente, fue el que se relacionó con el hecho de que el poder ejecutivo interviniera en la redacción del reglamento interno de esta asamblea y que definiera a la misma, como originaria, lo que para la oposición constituyó un verdadero peligro, ya que al declararla como tal, se allanaría el terreno para que los poderes constituidos llegasen asumir atribuciones que no le corresponden.

Concerniente a este punto, los representantes de PODEMOS en la constituyente quienes se negaron a declararla como originaria, argumentaron que la asamblea tiene la misión específica y trascendental de modificar completamente al Estado boliviano a través de la reforma sustancial de la legislación, y que la iniciativa de los asambleístas del MAS y del oficialismo de declararla originaria, permitiría al presidente cogobernar el país en unión a la asamblea constituyente. Al respecto, la oposición se pronunció señalando que esta perspectiva oficialista avalada por el actual gobierno, representaría un grave peligro para la democracia boliviana, arguyendo que este punto de vista constituiría un verdadero atentado contra la audiencia del congreso, lo que en un futuro próximo también le acarrearía a Bolivia, una grave sanción internacional por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo desde donde se insiste en la necesidad de velar y garantizar la vigencia de los tres poderes constituidos como mecanismo para asegurar una democracia.

En cuanto a esta cuestión, es importante repasar las experiencias de reformas constitucionales en Latinoamérica por la vía de asamblea - los casos de Sarley en el Brasil, Fujimori en Perú, Menen en Argentina, Chávez en Venezuela y Gaviria en Colombia, donde el común denominador fue hacer reformas constitucionales que no se inclinaron hacia la vía parlamentaria -, y es cuando nos encontramos con el común denominador de que estas asambleas se declararon soberanas, en el sentido de que podían reformar toda la carta constitucional, facilitándose además, la creación de estamentos y mecanismos como las fiscalías, sistemas acusatorios, regimenes electorales, etc. No obstante, las decisiones tomadas por las asambleas solo se hicieron vigentes hasta después de sancionarse las respectivas constituciones y dar por finalizado los respectivos procesos, lo que descartaba la posibilidad de cogobernar mientras se operaba en la reforma.

Si echamos nuevamente un vistazo al caso boliviano, en definitiva llama poderosamente la atención la pretensión de algunos de los asambleístas por tratar de asumir funciones de acción sobre la política directa y contingente del país, al tiempo que redactan la constitución. Y este es justamente otro de los puntos que la oposición emprende contra los asambleístas del partido oficialista, a quienes inculparon de querer sancionar la constitución bajo sus intereses, arguyendo y con justa razón, que si esto llegase a ocurrir, la iniciativa de la asamblea perdería su esencia y su razón de ser, convirtiéndose en un simple instrumento político al servicio del oficialismo.

Para concluir este apartado, condensaré los anteriores aspectos aludidos señalando que la asamblea constituyente se vio dividida por una parte, entre los partidos que representaban a la oposición y que han defendido que se preserve el principio de legitimidad en este proceso constituyente, y por otro lado, los partidarios y representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes han persistido en declarar a esta asamblea constituyente como originaria. No obstante, más allá de este choque entre asambleístas, es indiscutible que la táctica empleada por el gobierno de Morales fue la menos apropiada, ya que no es pertinente promover la movilización de miles de sindicalistas, productores de coca y campesinos hacia la ciudad de Sucre como mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma constituyente con la fórmula de la mitad más uno; mecanismo que el propio Morales había calificado como el ejercicio de una vigilancia sobre la asamblea constituyente y que si bien pudo ser conveniente, también podía conducir a un enfrentamiento violento entre los asambleístas y los sectores movilizados, lo que menoscabaría el proceso como tal.

Si bien a los ojos externos puede parecer intrascendentes estos debates, es indiscutible que la manera como finalmente se decida aprobar el reglamento constitucional, tendrá amplias repercusiones en temas álgidos como el de la reforma sustantiva de tierras en este país, próximo tópico que será abordado. Por tanto se puede decir, que de la decisión que se tome frente a la manera de sancionar la constitución dependerá si se deja plantada o no la simiente de futuros conflictos en este país.

A manera de conclusión

Más allá de discutir si es apropiada o no la manera como Evo Morales está haciendo los respectivos ajustes económicos, políticos y sociales en Bolivia, tema del cual puede desglosarse otro artículo o escrito, consideraría que es mucho más importante cuestionarse acerca del por qué no se hizo a tiempo una reforma justa a la tierra, por qué no se buscó a tiempo un acceso ordenado de la población mayoritariamente indígena a la salud, a la educación y a la protección social estatal y porqué no se buscó que esos cuantiosos recursos naturales renovables y no renovables se manejaran de una manera racional que derivara en la solvencia financiera de este país. En efecto, estas son preguntas aplicables a cualquier contexto político latinoamericano, independiente de si se trata de un país con mayoría de población indígena o no.

Es claro que los gravísimos problemas monetarios heredados de gobiernos anteriores, acentuaron el desorden y la acumulación de la pobreza; situación que derivó en la persistente crisis económica, política y social, que obligó ir a la búsqueda de posibles alternativas de solución consensuada. Es más que obvio que dicha solución no será fácil, porque inevitablemente cuando se plantea una recuperación social, económica y política de un país como Bolivia, siempre alguien o algún sector se manifestará y señalará haber salido perjudicado.

Se requerirá que el proceso legislativo que se ha dado comienzo en Bolivia, siga siendo regularizado, organizado y mantenido en relativa calma. Ya, los sucesos relacionados con la confiscación de los hidrocarburos demostraron que no era necesario recurrir al uso de la fuerza militar; situación que brinda a Latinoamérica una lección de dignidad y sobre todo, de que es posible negociar con mesura. No en vano los medios de comunicación nacionales e internacionales e incluso, gobiernos de la región, reconocieron que con todo el historial de inestabilidad política, social y económica que caracterizó por años a esta nación, la manera como se ha planteado y llevado a cabo este proceso, constituye en realidad una verdadera revolución democrática en este país. Por consiguiente, se hace prioritario que el gobierno y la sociedad boliviana en general, sigan canalizando todas las propuestas y sugerencias de cambio por la vía constituyente, acción que desembocará en un acuerdo consensuado y estable que facilitará a posterior, dar solución de manera adecuada a temas espinosos como el relacionado con la manera como se redistribuirá el peculio obtenido a partir de la explotación e industrialización de productos como los hidrocarburos, el gas y los minerales.

Finalmente solo me resta decir, que pese a que el panorama de consenso político en este país se ve lo bastante alejado - en especial, en lo que concierne a lograr un acuerdo sobre la forma como se aprobarán las reformas -, los bolivianos no deben perder de vista dos aspectos esenciales en este proceso constituyente: en primer lugar, que la votación para la conformación de la asamblea constituyente fue un proceso electoral expedito y transparente y por lo tanto, vale la pena seguir luchando por la concertación y el consenso entre los principales sectores y fuerzas políticas del país, ya que lo que está en juego no es simplemente el demostrar la primacía de un partido político en el actual contexto boliviano, sino el asegurar de manera perdurable la gobernabilidad en este país andino; y en segundo lugar, que los bolivianos deben volver sus ojos a la historia política mundial y especialmente latinoamericana, donde se ha demostrado que la perdurabilidad de una carta legislativa depende exclusivamente de si se incorpora o no a todos los actores, sectores e instancias interesadas en formular una nueva nación con democracia participativa y no representativa.

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Notas

1. Al respecto vale la pena citar los casos representativos en donde se vieron seriamente comprometidas las firmas Anaconda y Kennecott que operaron en Chile hasta 1971. Para mayor información al respecto ver el artículo escrito por Belarmino Elgueta titulado “El legado de Allende. La «chilenización»: un tímido paso” , que se puede consultar en la página web http://www.puntofinal.cl/548/ellegado.htm , y en el texto de Eduardo Novoa M (NOVOA M, 1972)

2. “Uno de los antecedentes más radicales de reforma agraria se llevó a cabo en 1952 bajo el gobierno del presidente Jacobo Arbenz. La Ley de Reforma Agraria (Decreto 900) estipulaba la expropiación y repartición de tierras ociosas de latifundistas, aproximadamente una quinta parte de la tierra arable del país, con la que se beneficiaría a cerca de una cuarta parte del campesinado (…) . La región donde más tierra se expropió fue la costa sur del país (tierras fértiles) y, siguiendo en importancia, la región norte (excluyendo la zona del Petén). Entre las empresas más afectadas sobresale la United Fruit Co., pues el 26% del total expropiado era de su propiedad. Dos años después, en 1954, la reforma fue detenida por un golpe de Estado y las medidas fueron derogadas rápidamente. El nuevo gobierno decretó la suspensión del Decreto 900, se terminó con las expropiaciones y quedó sin efecto la ley de arrendamiento forzoso, entre otras” (NACIONALES UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – CEPAL, 2001: 20).

3. SMITH, 1996.

4. Aludiendo al reciente caso acontecido en el Ecuador, país que en el mes de mayo del año pasado retomó dos pozos petroleros que tenía en concesión la OXY , argumentó que desde el comienzo, esta firma había vendió el 40% del petróleo obtenido en estas perforaciones a una empresa canadiense sin consentimiento del gobierno nacional. Pese a que la OXY demando la decisión ecuatoriana ante el Banco Mundial - específicamente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -, el tribunal falló al respecto hace algunos meses y se decidió concede medidas cautelares y a revisar el tema de indemnización (TAMAYO G, 2006).

5. En época de Arbenz en Guatemala, de Allende en Chile y de Bosch en República Dominicana, los pretendidos cambios estructurales en las políticas de estos países y las reacciones de las firmas internacionales, así como sus consecuencias inmediatas, ocurrieron en un panorama no globalizado, muy diferente al actual. Cuando señalo que el panorama no será del todo sencillo para países como Bolivia, me refiero a que ahora las tácticas de represión suelen ser mucho más agresivas, pese a que no siempre son de carácter militar: una señal ambigua de mercado de Wall Street puede llegar atentar contra toda una economía de un país, así como las advertencias y observaciones de las firmas calificadoras de riesgo internacional, quienes pueden estimar con una baja valoración a Bolivia, provocando una disminución en la inversión extranjera.

6. ROCA, 1999.

7. ALMARAZ PAZ, 1969.

8. NÚÑEZ, 2003: 355 – 358.

9. RAMOS ANDRADE, 2006 y LÓPEZ, 2006 .

10. Sin lugar a dudas un célebre suceso que demuestra lo desfasado de muchos de los gobiernos de turno, se ejemplifica con lo acontecido durante la época de la crisis monetaria que siguió al primer gobierno de Víctor Paz Estensoro y que quiso enfrentar Hernán Siles Zuazo, trayendo al mayor economista teórico de ese momento en el tema del ajuste monetario, Jeffrey Sacks, y quien asesoró a su manera a este gobierno sin vislumbrar el verdadero problema que por décadas a tenido este país andino: la pobreza; asesoría liderada por el entonces funcionario del gobierno y futuro presidente de este país, Gonzalo Sánchez de Losada, empresario formado gran parte de su vida académica en Estados Unidos, quien aplicó a ultranza una política neoliberal orientada por Sacks que condujo hacia la vía de privatización de la minería y de otros recursos, siendo el caso más extremado el del agua y demás recursos hídricos, esta última privatización que con el paso del tiempo fue reversada, porque básicamente, se convirtió en un negocio basado en el saqueo insostenible a la población boliviana (GALLO, 1985).

11. Es preciso recordar que Bolivia ha tenido presidentes constitucionales y de facto, que tenían alguna ascendencia indígena, pero que en vez de reconocerla, la negaron. Tal es el caso del mariscal Andrés de Santacruz, oriundo de un pequeño pueblo del altiplano llamado Batalla. Al respecto se puede consultar el texto Bolivia: historia, política, sociedad, economía, cultura. Madrid (2003).

* Antropóloga –Magíster en Estudios Amerindios - Candidata a Maestría en Historia - Investigadora Fondo Documental de Expresiones Culturales de Colombia

marimuteka@yahoo.es

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