Actualidad

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“No puede haber una política sostenida de seguridad si no hay un ejercicio pleno de soberanía en todos los niveles. Es pública la posición del gobierno de no renovar el convenio de cooperación de la Base de Manta”.

Miguel Carvajal, Subsecretario de Defensa de Ecuador

5 de marzo de 2007(1)

 

Desde su elección, en noviembre de 2006, el presidente de Ecuador, Rafael Correa ha llegado a los titulares de los medios de comunicación, al proclamar que su gobierno no renovará el acuerdo bilateral de 1999 con los Estados Unidos que permite la presencia del Puesto Avanzado de Operaciones en la base aérea de Manta, en la costa sur de Ecuador. La clara posición del presidente Correa en contra de la renovación del acuerdo de Manta refleja una fuerte corriente de opinión dentro de Ecuador en contra de la continuación de la presencia de una base militar de Estados Unidos en Ecuador.

Parte de la cobertura mediática en los Estados Unidos da la impresión de que la posición del gobierno de Correa sobre Manta se debe al incremento de políticos con tendencia de izquierda en la región (2). De hecho, el malestar en torno a Manta se está extendiendo entre los ecuatorianos y se remonta a los inicios del acuerdo. Durante la campaña presidencial del país, en el 2006, la pregunta sobre renovar o no el acuerdo de Manta fue un tema importante y se esperaba que los candidatos adoptaran una posición al respecto. Un periódico nacional publicó las respuestas de trece candidatos presidenciales en relación con el futuro del acuerdo bilateral. Cuando le preguntaron si renovaría el acuerdo, uno de los candidatos que lideraba las encuestas en aquella época, contestó: “No. Eso no lo va a renovar Gobierno alguno en el Ecuador. En eso no solo estoy yo, sino cualquiera de los candidatos a presidente” (3). Un oficial de alto rango en el gobierno de Correa manifestó que el 85% de ecuatorianos no desea la presencia militar estadounidense en su país (4).

La población ecuatoriana, el pasado y actual gobiernos, y sus militares hace tiempo han expresado sus temores de ser arrastrados hacia la continuada violencia de la vecina Colombia, que Ecuador considera un conflicto armado interno derivado de circunstancias históricas específicas de Colombia y que no están ligadas al terrorismo internacional (5). El Puesto Avanzado de Operaciones norteamericano en Manta es responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) (6). Luego de los ataques del 11 de septiembre, una ley norteamericana del 2002 expandió la misión del Comando Sur en Colombia con la finalidad de cerrar una “campaña unificada” contra traficantes de drogas y grupos colombianos denominados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas (7). Hay seria preocupación en Ecuador de que el propósito del Puesto Avanzado de Operaciones de Manta se haya extendido desde la detección aérea e interdicción de drogas ilegales a incluir apoyo para operaciones contra insurgentes en Colombia.

Durante los ocho años de existencia del Puesto Avanzado de Operaciones se han formulado interrogantes respecto de sus efectos en la soberanía ecuatoriana. Sin embargo, muchas de esas preguntas no han podido ser claramente respondidas debido a la percepción general de que el gobierno de Estados Unidos no ha sido completamente transparente con respecto a las actividades del Puesto Avanzado de Operaciones y a las actividades de la Guardia Costera de los Estados Unidos, cuyos barcos patrullan las aguas costeras de la costa sur de Ecuador.

 

El acuerdo de la Base de Manta

En 1999, los Estados Unidos y Ecuador suscribieron un acuerdo bilateral para establecer un Puesto Avanzado de Operaciones construido por Estados Unidos en la base aérea militar ecuatoriana localizada en la costa sur del país, cerca de la ciudad de Manta. El acuerdo de Manta fue desarrollado casi al mismo tiempo que otros puestos avanzados de operaciones de Estados Unidos fueron construidos en Aruba, Curazao y El Salvador, como resultado del cierre de la Base de la Fuerza Aérea Howard en Panamá.

El acuerdo fue originalmente desarrollado como una respuesta al puente aéreo –transporte ilegal de narcóticos a través del espacio aéreo ecuatoriano. El acuerdo permite vuelos inteligentes de reconocimiento a lo largo de las áreas costeras de Ecuador, hacia el norte de Colombia y, en general, el este del Pacífico en búsqueda de aviones y barcos que transporten drogas. El acuerdo estará en vigencia por diez años. “Luego del período inicial de 10 años, cualquiera de las partes puede dar por terminado este acuerdo, notificando por escrito a la otra parte. La terminación se hará efectiva un año después de la fecha de tal notificación” (8).

Políticos estadounidenses, como el senador Harry Reid, ya han reconocido el legítimo derecho del gobierno ecuatoriano de dar por terminado el acuerdo después de sus diez años iniciales (9). Si el gobierno ecuatoriano efectivamente da por terminado el acuerdo, algunos políticos estadounidenses lo verían como un golpe a los esfuerzos del control anti drogas en la Región Andina. No obstante, estos esfuerzos no han gozado de mucho éxito. A pesar del Plan Colombia, la producción y tráfico de cocaína han continuado a grandes pasos y los suministros continúan fuertes en los Estados Unidos, como se manifiesta por los continuados precios bajos y su alta pureza (10).

 

Diferenciando las Prioridades de Estados Unidos y Ecuador.

A comienzos de 2006, se inició un debate nacional sobre las prioridades de política exterior del Ecuador. Facilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso incluyó la participación de representantes de la sociedad civil, académicos, el sector industrial y de negocios y las Fuerzas Armadas. Uno de los temas fue la clarificación de la política de defensa de Ecuador. El producto final de estos debates, que tuvieron lugar en las tres principales ciudades del país, fue denominado PLANEX, un Plan Nacional para la Política Exterior, 2006-2020 (11). Partes del PLANEX subrayan la determinación de Ecuador de no ser llevado a las batallas globales anti terroristas, especialmente si ellas se relacionan con Colombia. En el debate que tuvo lugar en Cuenca, uno de los objetivos propuestos y principal tema del PLANEX fue el “establecimiento de un consenso nacional de que no haya presencia militar extranjera dentro del territorio ecuatoriano” (12). La Ministra de Relaciones Exteriores del presidente Correa ha manifestado que el PLANEX continuará guiando la política exterior de la nueva administración.

Como lo señaló la doctora Bertha García, experta en el tema militar, y profesora de la Universidad Católica del Ecuador, parece que existe una desconexión entre las prioridades del gobierno ecuatoriano, diseñadas en el PLANEX y las prioridades del Comando Sur, como se demuestra por su presencia en Manta. Ecuador es un pequeño país con muy poca influencia a nivel global. En el reino del tráfico ilícito de drogas, el país es usado casi exclusivamente como un país de tránsito y para lavado de dinero. El uso ilegal de drogas no es un tema social nacional significativo, tampoco lo es su producción de cualquier volumen, como para atraer la atención nacional o internacional. De acuerdo a la doctora García, “Cualquier política internacional o de defensa desarrollada por el Ecuador relacionada con temas de seguridad y soberanía debería reflejar estas realidades” (13). No obstante, debido al financiamiento estadounidense tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y al condicionamiento de otra ayuda en cooperación estadounidense con sus políticas anti drogas, la doctora García y otros académicos perciben que el Puesto Avanzado de Operaciones estadounidense en Manta es uno más de los factores de la imposición de las políticas estadounidenses dentro del territorio ecuatoriano.

Ecuador está sufriendo las consecuencias del conflicto de la vecina Colombia, lo que ocasiona tensiones periódicas entre los dos países. Ecuador ha demandado el cese inmediato de las fumigaciones aéreas patrocinadas por los Estados Unidos en la frontera Colombo-ecuatoriana debido a los efectos negativos en la población ubicada en la frontera y el medio ambiente circundante (14). Ha habido incursiones tanto en el espacio aéreo como territorial de Ecuador por parte de unidades militares colombianas en persecución de presuntos guerrilleros, que han dado como resultado muertes “accidentales” de ecuatorianos por disparos de armas de fuego de militares colombianos (15). Paramilitares colombianos de derecha también han ingresado a territorio ecuatoriano, matando ciudadanos ecuatorianos. La corriente de refugiados también es significativa: hay un estimado de 250.000 colombianos con necesidad de protección viviendo dentro de fronteras ecuatorianas (16). Mayor involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano podría exacerbar estos ya visibles efectos de su esparcimiento.

Mientras funcionarios estadounidenses señalan que la seguridad nacional de Ecuador está mejor protegida eliminando el tránsito de drogas ilegales a través de su territorio; Ecuador, como se articula en su documento sobre Política Exterior, PLANEX, percibe que su seguridad nacional está más amenazada por la posibilidad de ser arrastrada hacia un directo involucramiento en el conflicto armado interno colombiano.

 

Interrogantes respecto de la soberanía y transparencia

La ratificación del acuerdo para construir un Puesto Avanzado de Operaciones estadounidense en la costa sur de Ecuador levantó preocupaciones porque nunca fue remitido al Congreso ecuatoriano para su aprobación, como se prevé en la Constitución Política ecuatoriana (todos los tratados internacionales relativos al establecimiento de alianzas políticas o militares deben ser aprobados por el Congreso Nacional). En respuesta, una coalición de organizaciones no gubernamentales y abogados constitucionalistas presentaron una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo. La demanda fue finalmente rechazada por los tribunales, primordialmente debido a que en ese tiempo las cortes estaban integradas por jueces designados políticamente, controlados por partidos que apoyaban al Ejecutivo. Como resultado, desde el principio, el acuerdo bilateral fue cuestionado por los ecuatorianos. Para el gobierno estadounidense, el acuerdo fue considerado una “nota diplomática”, no un tratado internacional, y por lo tanto no era requerida legalmente la ratificación por parte del Congreso estadounidense. En resumen, el acuerdo fue firmado por representantes militares de los dos países, sin la respectiva ratificación de ninguno de sus Congresos Nacionales.

Tanto el Acuerdo de Cooperación de 1999, como el Acuerdo de Operaciones de 2000, que conjuntamente gobiernan las actividades realizadas en el Puesto Avanzado de Operaciones estadounidense, determinan que “las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano son de exclusiva responsabilidad del gobierno del Ecuador” (17) y que el Comandante ecuatoriano de la Base Aérea de Manta es la máxima autoridad en la Base (18). Al mismo tiempo, analistas ecuatorianos de asuntos militares, periodistas y algunos funcionarios gubernamentales han cuestionado quién en realidad ejerce el control sobre las actividades realizadas por el Puesto Avanzado de Operaciones. Dos áreas específicas de preocupación son los vuelos de reconocimiento dentro de territorio colombiano –por las razones ya señaladas- y la interdicción marítima llevada a cabo por las fragatas de la Guardia Costera estadounidense.

 

¿Interdicción sobre extendida?

El tránsito de drogas ilegales a través del espacio aéreo ecuatoriano ha disminuido grandemente y la mayoría de las drogas son incautadas en aguas dentro y alrededor del territorio ecuatoriano. La mayoría de estas operaciones son llevadas a cabo por la Guardia Costera estadounidense en aguas del este del Pacífico. La interdicción por la Guardia Costera estadounidense además ha tenido como objetivo los botes llenos de emigrantes que se alega planean entrar a Estados Unidos ilegalmente.

El acuerdo bilateral establece que el Puesto Avanzado de Operaciones será utilizado para el único y exclusivo propósito de ayudar a la detección aérea, monitoreo, rastreo y control del tráfico de drogas (19). El hecho de que la mayoría de las actividades de interdicción en la actualidad tienen lugar en las aguas alrededor del Puesto Avanzado de Operaciones y que están implementándose directamente por la Guardia Costera (y no por la Armada Ecuatoriana ) ha llevado a muchos ecuatorianos a señalar que el gobierno estadounidense se ha movido más allá de lo acordado respecto de su rol cuando el acuerdo fue firmado.

De acuerdo al Comando Sur, el Puesto Avanzado de Operaciones en Manta ha contribuido a la captura de más de 252 toneladas de drogas ilegales. La mayoría de estas capturas ha sido realizada a través de esfuerzos de interdicción marítima y han sido desarrolladas por la Guardia Costera y no por autoridades ecuatorianas. El gobierno estadounidense además señala que el Puesto Avanzado de Operaciones es administrado de manera separada de la Guardia Costera que, de acuerdo a la posición de funcionarios estadounidenses, opera solamente en aguas internacionales (20). Sin embargo, muchos ecuatorianos, incluyendo funcionarios gubernamentales, han percibido que las actividades de la Guardia Costera , en aguas cercanas a la costa ecuatoriana, como una parte y parcela del trabajo del Puesto Avanzado de Operaciones. Ciertamente, los vuelos de reconocimiento realizados desde el Puesto Avanzado de Operaciones son la fuente de información entregada a la Guardia Costera respecto de la localización de botes “sospechosos” (21).

En el 2002, Rafael Jaque, abogado de Derecho Internacional que trabajó para la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) empezó a documentar las circunstancias bajo las cuales buques de pescadores locales estaban siendo hundidos o dañados por fragatas de la Guardia Costera estadounidense. Jaque ha documentado 8 casos (y recolectado información de otros 16 casos, que todavía deben ser completamente verificados) de buques hundidos dentro de aguas territoriales ecuatorianas por la Guardia Costera estadounidense. Basado en el testimonio de pescadores locales, así como en copias de los reportes de la Guardia Costera estadounidense adquiridos a través de un pedido basado en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), Jaque encontró que en todos los ocho casos que él había documentado, los buques ecuatorianos fueron sumergidos o dañados sin que se encontrara carga ilegal (22). Toda la tripulación y pasajeros de los barcos hundidos o dañados fueron retornados a Manta. Sin embargo, a pesar de que no se encontró carga ilegal en los buques pesqueros ecuatorianos, algunos de los miembros de la tripulación fueron detenidos a bordo de las fragatas de la Guardia Costera estadounidense y posteriormente encarcelados por la Policía ecuatoriana una vez que retornaron a Manta. Muchos de los tripulantes manifestaron que fueron tratados como delincuentes comunes y se sintieron humillados por la experiencia.

La Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), el convenio de Naciones Unidas en el cual la Guardia Costera estadounidense basa su derecho para hundir ciertos botes, y que el Ecuador no ha firmado- determina que un bote considerado como no seguro o que represente un riesgo para su tripulación y pasajeros puede ser hundido. Algunos botes de pescadores ecuatorianos son antiguos y algunas veces no están en condiciones en las que la mayoría de marinos estadounidenses calificarían como apropiadas para navegar de manera segura. Sin embargo, constituyen la principal fuente de ingresos de los pescadores, navegan bajo bandera ecuatoriana y la decisión de destruirlos es adoptada únicamente por la Guardia Costera estadounidense. Debido a que estos pescadores carecen de educación o de los recursos económicos para iniciar demandas por los daños o por la destrucción de sus embarcaciones, ALDHU presentó una demanda legal en su nombre al gobierno ecuatoriano, que entonces fue trasladada a la Embajada estadounidense (23).

Como fue recientemente reseñado por la prensa ecuatoriana, la Embajada estadounidense señala que la Guardia Costera estadounidense no ha hundido ningún barco de pesca ecuatoriano desde 2005, basados en un acuerdo al que llegaron funcionarios gubernamentales estadounidenses y ecuatorianos. De acuerdo a funcionarios estadounidenses, los barcos que fueron hundidos antes del 2005 navegaban sin distintivos ecuatorianos y se han entregado compensaciones por los daños (24). Sin embargo, en los ocho casos documentados por Rafael Jaque, los propios reportes de la Guardia Costera estadounidense señalan que los barcos eran ecuatorianos y que ninguno ha recibido compensación (25). Tales incidentes, y las menos que transparentes respuestas dadas por el gobierno estadounidense a lo largo de estos años, se añaden a las impresiones negativas relacionadas con la presencia militar estadounidense en Ecuador.

Las actividades de la Guardia Costera han incrementado las preocupaciones respecto de los temas de soberanía nacional. En 2001, el entonces Ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Richard Moss, se refirió al hundimiento de barcos ecuatorianos como “violaciones a la soberanía de la República del Ecuador” (26). Más aún, estas operaciones están llevándose a efecto a pesar del hecho de que no existe un tratado bilateral marítimo antidrogas, y no obstante que el gobierno estadounidense ha señalado que le gustaría fortalecer la cooperación entre la Guardia Costera estadounidense y la Armada del Ecuador (27).

 

Relaciones con la comunidad de Manta

Al visitar Manta, la presencia del Puesto Avanzado de Operaciones o de las fragatas estadounidenses en la costa, simplemente no es visible. Los ciudadanos no pueden ubicar el lugar en donde los barcos de la Guardia Costera desembarcan, pero piensan que lo hacen regularmente en Manta (28). Como se mencionó anteriormente, los ecuatorianos automáticamente ven una conexión entre la presencia de la Guardia Costera estadounidense y el Puesto Avanzado de Operaciones (29).

Cuando se presentó por primera vez a la comunidad de Manta el proyecto del establecimiento del Puesto Avanzado de Operaciones, se lo percibió por la población de la ciudad como un éxito para los negocios y las relaciones públicas. Sin embargo, como señala una comerciante cuando se le preguntó respecto a cómo el Puesto Avanzado de Operaciones ha contribuido a la economía local, “Me río cada vez que escucho eso. Hubo muchas promesas, pero ninguna de ellas se cumplió” (30) el gobierno estadounidense gastó 70 millones de dólares para construir una autopista de calidad internacional para el Puesto Avanzado de Operaciones, parte de la cual puede ser usada por la ciudad de Manta. Sin embargo, aparte de esto, toda la comida, agua y suministros para el Puesto Avanzado de Operaciones son enviados desde los Estados Unidos. Por razones de seguridad, el personal militar está confinado a la base y gasta muy poco dinero en la ciudad.

A pesar de los reclamos estadounidenses de lo contrario, muy poca asistencia estadounidense ha beneficiado directamente a la población de Manta. Los militares ocasionalmente han auspiciado eventos de caridad, y han entrenado a algunos bomberos de Manta, que ahora trabajan en la Base. Adicionalmente , cuando la base estaba siendo construida una pequeña escuela fue construida a 10 millas de Manta por tropas de la Guardia Nacional como parte de la Operación Nuevos Horizontes. El impacto de estos esfuerzos, de cualquier manera, ha sido desdeñable.

La comunidad de Manta, en contraste con la mayoría de la población ecuatoriana, es ahora mayormente indiferente a la presencia del Puesto Avanzado de Operaciones, a la luz de grandes expectativas por la comercialización de su puerto. El puerto ha sido recientemente concesionado a la Hutchinson Port Holding, una transnacional china, por 30 años. Manta espera atraer mayor comercio internacional y turismo, ya que la concesión involucra la expansión del puerto e incluye una zona franca de comercio (31).

 

El futuro del Puesto Avanzado de Operaciones

El nuevo presidente del Ecuador, la Ministra de Relaciones Exteriores, y aún más importante, el pueblo ecuatoriano están en contra de la continuación de la presencia del Puesto Avanzado de Operaciones estadounidense en Manta (32). Esta presencia atrae al Ecuador hacia el violento conflicto civil en Colombia. Además, levanta múltiples interrogantes en relación a la habilidad del Ecuador para determinar y conducir sus propias prioridades de una política exterior soberana, así como interrogantes respecto del nivel de control que el gobierno ecuatoriano es capaz de asegurar sobre las operaciones de interdicción de drogas en aguas costeras ecuatorianas. Más aún, esta presencia contribuye muy poco a la economía local de Manta.

Funcionarios de la Embajada estadounidense en Ecuador han señalado que Estados Unidos respetará la posición ecuatoriana relativa al Puesto Avanzado de Operaciones y no pedirá su renovación (33). Los funcionarios estadounidenses deberían mantener este compromiso al acercarse el 2009 y cuando el gobierno ecuatoriano se prepara para ejercer su discreción respecto de renovar o no el acuerdo de la base. Los funcionarios estadounidenses posiblemente intentarán persuadir a los líderes ecuatorianos de que la renovación del acuerdo de Manta sería mejor para los intereses de Ecuador, y el gobierno estadounidense incluso ofrecería alicientes destinados a hacer la renovación una opción más atractiva y políticamente practicable. Los funcionarios estadounidenses no deberían, sin embargo, presionar al Ecuador, ni amenazarlo con retener la ayuda u otros beneficios estadounidenses. Tales amenazas serían, en cualquier caso, probablemente acciones defensivas, confirmando visiones de que el gobierno estadounidense ha sido torpe en sus relaciones con el Ecuador y ha cimentando la oposición a la renovación del acuerdo de la base.

Al faltar dos años para la conclusión del acuerdo, las autoridades estadounidenses correspondientes deberían revisar y asegurar la transparencia de las operaciones del Puesto Avanzado de Operaciones y de los procedimientos desarrollados por la Guardia Costera en sus actividades de interdicción en las aguas costeras ecuatorianas. Aquellos procedimientos deberían garantizar los derechos de soberanía de Ecuador sobre sus aguas territoriales y los de cualquier barco navegando bajo bandera ecuatoriana. El debate en el Ecuador respecto del Puesto Avanzado de Operaciones debería ser alentado e informado por la provisión de información precisa y confiable de parte de todas las partes involucradas.

 

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Notas

1. “El convenio militar con Estados Unidos no se renovará”, El Comercio, 6 de marzo de 2007.

2. Jeanneth Valdivieso, Problemática Presencia de Estados Unidos en la Costa de Ecuador, Prensa Asociada y The San Jose Mercury News , 6 de febrero de 2007.

3. Candidato presidencial León Roldós, como fue citado en “El Control del Narcotráfico no satisface a los Estados Unidos,” El Expreso, http://www.expreso.ec/especial_gye/especial5.asp

4. Ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinoza, citada en “Manta: se escuchará a la gente”, El Comercio , 24 de marzo de 2007.

5. Ver análisis de Mauricio Sáenz, SEMINARIO ECUADOR-COLOMBIA, VISIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA , Guayaquil, 24 de mayo de 2006, http://www.c3fes.net/docs/ecuadorcolombia.pdf

6. El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de todas las actividades militares estadounidenses en Suramérica, América Central, el Caribe y aguas adyacentes.

7. Ley Estadounidense 107-206, “2002 Ley para recuperación y respuesta a los ataques terroristas a los Estados Unidos, 2 de agosto de 2002.

8. Artículo XXIV, Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de Ecuador relativo al acceso y uso de las instalaciones de la Base Aérea Militar ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos , firmado en noviembre de 2007.

9. “Respetamos la soberanía de Ecuador” senador Harry Reid, WJLA, Canal de Noticias 8, 30 de diciembre de 2006, http://bob.wjla.com/headlines/1206/384071.html.

10. ver WOLA “Drogas y Democracia en América Latina, en http://www.wola.org/media/ddhr_exec_sum_brief.pdf

“¿Estamos allí todavía?”, en http://www.wola.org/media/Are%20we%20there%20yet.pdf

y “En dudosa batalla”, en: http://www.wola.org/media/Drug%20Policy/In%20Dubious%20Battle%20-%20Fumigation%20in%20Colombia%20--%20WOLA%20June%202006.pdf

11. “Elaboran plan del Política Exterior”, El Mercurio , 22 de marzo de 2007.

12. PLANEX, PLAN NACIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR 2006-2020 III TALLER, OBJETIVOS Y TEMAS PRINCIPALES DEL PLANEX, 9 de enero de 2006, p. 1.

13. Entrevista con la autora, 9 de febrero de 2007.

14. Desde la administración de Gustavo Noboa (2000-2002), los gobiernos del Ecuador han pedido formalmente a Colombia el cese de las fumigaciones en sus fronteras. Fundados en protocolos nacionales e internacionales, el Ecuador siempre ha insistido que tiene el derecho de esperar la cesación de las fumigaciones basado en el Principio de Precaución de la Declaración de 1992 de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Ver Actualización WOLA por Sandra Edwards, Ecuador recibe la deriva de Colombia,- Erradicación aérea de cultivos de coca en la frontera , junio 2004.

15. Las muertes más recientes de ecuatorianos en la frontera ocurrieron el 15 de octubre de 2006. dos agricultores ecuatorianos, que surcaban en canoa el río San Miguel, fueron asesinados por militares colombianos. El militar colombiano dijo que habían pensado que se trataba de guerrilleros y devolvieron los cuerpos a las autoridades ecuatorianas. “Asesinato de dos ecuatorianos por el Ejército de Colombia”, Agencia Prensa Rural , 18 de octubre de 2006.

16. “Ecuador: Colombianos llegan huyendo de la violencia”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Notas Breves, febrero 2007, Ginebra, http://www.unhcr.org/news/NEWS/45e4179916.html

17. Artículo III (Operaciones de Interdicción), Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador en lo concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de las instalaciones de la Base Aérea Militar ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos , firmado en noviembre de 1999.

18. Determinado en la sección 4b, Mando y Control, Convenio Operativo para el Puesto Avanzado de Operaciones en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta, Ecuador , firmado en junio de 2000.

19. Establecido en la sección 3a, Convenio Operativo para el Puesto Avanzado de Operaciones en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta, Ecuador , firmado en junio de 2000 y Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador en lo concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos a las instalaciones de la Base Aérea Militar ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos , firmado en noviembre de 1999.

20. No existe un puerto localizado en el Puesto Avanzado de Operaciones. El Puesto Avanzado de Operaciones está bajo el comando de la 12ª División de la Fuerza Aérea , mientras la Guardia Costera está bajo la Fuerza de Trabajo Sur de la Junta Interagencial (JIATF-Sur).

21. “Más del 60% de la captura de drogas ilegales en alta mar del Pacífico Este el año pasado fueron capturadas gracias a la información recogida por estos vuelos”, Hoja de Hechos , Oficina de Relaciones Públicas, Embajada de los Estados Unidos, Quito, Ecuador, febrero 2007.

22. Por cuanto no existe un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador en lo relativo a los parámetros para definir las aguas territoriales ecuatorianas, el doctor Rafael Jaque basó sus análisis legales de los casos en la definición ecuatoriana de territorio. Los ocho casos están documentados por ALDHU en Denuncia: Violación de la soberanía nacional , julio de 2004. En seis de aquellos casos, la información de respaldo incluye reportes formales de la Guardia Costera estadounidense. Ver ALDHU, Documentos oficiales de USA confirman hundimiento de barcos civiles ecuatorianos , septiembre de 2004.

23. Rafael Jaque, Hundimiento de barcos ecuatorianos en aguas territoriales del Ecuador y aguas internacionales por fragatas de los Estados Unidos , (Análisis del hundimiento estadounidense de barcos ecuatorianos a la luz de las normas internacionales), 2006, documento interno de ALDHU, todavía no publicado.

24. “Estados Unidos no hará gestiones para renovar el convenio de la Base de Manta”, El Comercio , 6 de marzo de 2007.

25. Los reportes de la Guardia Costera referidos señalan que aquellos barcos fueron físicamente identificados como barcos ecuatorianos.

26. Richard Moss dijo: “Este tipo de acciones, supuestamente dentro del marco del Plan Colombia, constituyen violaciones de la soberanía de la República del Ecuador. La proliferación (de tales acciones) sin las precaucione requeridas y su correspondiente evidencia, no solo daña el honor de nuestros pescadores nacionales pero añade un peso adicional a nuestros constructores de barcos bajo las complicadas circunstancias de nuestra economía”. Entonces Ministro de Comercio, Richard Moss citado en, “Los Buques de Estados Unidos ya están en Manta desde 2000” , Diario Expreso de Guayaquil , 27 de octubre de 2002.

27. “Estados Unidos se inquieta por el tráfico de droga en el Ecuador”, El Comercio , 2 de marzo de 2007.

28. Entrevista de la autora con miembros de la comunidad de Manta, 23 de febrero de 2007.

29. Funcionarios estadounidenses señalan que la Guardia Costera está siempre en aguas internacionales, excepto cuando cargan combustible, que es cuando piden permiso a las autoridades locales to dock, principalmente en Manta o Guayaquil.

30. Entrevista con la autora, 23 de febrero de 2007.

31. “Hutchinson tomó posesión del puerto de Manta”, El Comercio , 2 de enero de 2007.

32. “El convenio militar con Estados Unidos no se renovará”, El Comercio , 6 de marzo de 2007.

33. Ibid.