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Señalan las voces expertas que una de las
principales consecuencias de la violación sexual es dejarte
muda, silenciarte, vivir con la certeza de que gritaste pero nadie
escucho, es transformar la culpa en vergüenza. En el Perú
el silencio ha cubierto lo que mujeres campesinas y asháninkas
susurran: sus cuerpos fueron botín de guerra de las Fuerzas
Armadas y los grupos subversivos. La violación sexual fue
sistemática y masiva.
Pero entre las masacres, desapariciones y torturas
de uno y otro bando, lo que las mujeres vivían en sus cuerpos
no tenía y tiene suficiente importancia. Hasta hoy no existe
un solo caso judicializado y ningún culpable tras las rejas.
El informe de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación en el Perú, CVR (2),
concluyó que las mujeres, por el hecho de serlo, fueron
víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados
contra su dignidad y sus derechos humanos que vulneraron fundamentalmente
el territorio más privado e intimo: su cuerpo y su libertad
sexual. Estas violaciones a sus derechos humanos son expresión
de situaciones previas de desigualdad de género, étnicas
y sociales. El conflicto armado se instala en un contexto de autoritarismo,
violencia contra la mujer (3), discriminación
y exclusión social.
El informe de la CVR también enfatiza que
lo ocurrido fue significativamente afectado por factores de raza
y etnicidad. El reporte no solamente encontró que 75% de
las víctimas(4) tenía el quechua
u otra lengua nativa como lengua materna, sino que también
advirtió que las limitaciones de la sociedad peruana para
identificar dichas pérdidas como propias, son una expresión
del racismo que existe y se manifiesta en las cifras y rostros
de los más pobres. Las FFAA y los dos grupos subversivos
mostraron un desprecio por la vida de esta población indígena,
sin importar que muchos de ellos eran hijos de quechuas o aymaras
(5).
En el Perú el nivel de pobreza extrema
entre los indígenas es casi tres veces más alto
que en el resto de la población. El gasto per cápita
anual en un hogar jefaturado por un indígena equivale sólo
a las dos terceras partes del gasto en el resto de hogares. La
población indígena ha tenido menores posibilidades
de acceder a la educación, un ejemplo es el porcentaje
de personas que cuentan con un nivel de educación superior
(sólo 11,9% de los indígenas, en comparación
con 22,5% de la población no indígena) (6).
Las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres y específicamente la Violencia sexual también
fue expresión de la discriminación étnica,
la mayoría de las mujeres que lo sufrieron eran mujeres
indígenas y rurales. La principal conclusión a la
que llega el informe de la CVR es el nombrar la existencia de
brechas socioeconómicas, étnico-raciales, trenzadas
con el género, en un país en el que la población
de origen indígena ocupa el último escalón
de la pirámide social.
| ¿Qué
violaciones a los derechos humanos sufrieron las mujeres peruanas
en el Conflicto armado interno? |
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De acuerdo a datos de la CVR, el total de personas
asesinadas es de 11,319. De ellas, el 23% son mujeres. El 85%
(4523) de desaparecidos fueron hombres y 15% (794) mujeres. Del
porcentaje de mujeres desaparecidas las fuerzas contrasubversivas
fueron responsables del 51%, el PCP-SL de un 36% y en un 12% de
casos no se ha identificado al responsable.
Según las cifras de la CVR, la proporción
de mujeres torturadas asciende al 20% frente a un 80% de varones.
En el caso de las mujeres víctimas de tortura aparecen
algunas características específicas. Se trata de
mujeres, rurales, marginales, pobres, quechua hablantes. Según
los datos recogidos por la CVR, la mayoría de casos de
tortura contra mujeres se produce en los departamentos de Ayacucho
(45%) y Apurímac (11%), departamentos principalmente rurales
y pobres de nuestro país. Lo cual define a estas mujeres
víctimas por su condición genérica, social
y cultural.
| La
violencia sexual (7)como patrón de
violación de derechos humanos |
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La CVR afirmó que la Violación sexual
fue un crimen cometido casi exclusivamente contra las mujeres.
El total de casos reportados es de 538 de los cuales 527 son mujeres
y 11 son varones. Se ha constatado que han sido agentes del Estado
y las Fuerzas contrasubversivas los principales responsables de
la comisión de este delito. Las FFAA son responsables del
83,46 % de las violaciones sexuales, los miembros de las Fuerzas
contrasubversivas son los únicos responsables de las violaciones
a varones.
Las violaciones sexuales y otros tipos de abuso
sexual fueron parte de una práctica en la cual las mujeres
fueron utilizadas como medio de obtener información, autoinculpación,
tortura y fundamentalmente como una demostración del poder
masculino y de su sexualidad desenfrenada, donde los cuerpos de
las mujeres eran tomados como botín de guerra y como parte
de una estrategia para mostrar la debilidad de los otros varones.
La CVR, a partir de los testimonios recogidos,
considera que podrían identificarse patrones de comportamiento
diferenciado entre los miembros de las FFAA y Policiales y los
grupos subversivos. En el caso de las FFAA desnudaban a las mujeres,
las torturaban, violaban y luego las mataban. En el caso del PCP-SL
lo que se daba en las masacres era el mutilamiento o el castigo
ejemplar (cortes de diversas partes del cuerpo, mutilaciones de
contenido sexual y rapados de las mujeres).
Para el PCP-SL el reclutamiento era parte de su
estrategia de captación de cuadros, pero era también
un mecanismo a través del cual se accedía a mano
de obra gratuita, servicios sexuales y labores domésticas.
Las mujeres fueron sometidas a ser esclavas sexuales y domésticas.
Uno de los casos más dramáticos es el de las mujeres
asháninkas (8).
Las FFAA utilizaron modalidades de tortura en
las cuales la proporción de mujeres afectadas es mayor
que la de los varones: la violencia sexual y la tortura psicológica.
Estas diferencias nos remiten a las prácticas diferenciadas
que usaron los perpetradores de acuerdo al sexo de la víctima.
A las mujeres se las torturaba psicológicamente utilizando
a sus hijos, familiares y amenazándolas con la violación
sexual y otros tipos de violencia sexual como los desnudos forzados.
La práctica de los desnudos forzados se empleaba con el
fin de degradarlas y humillarlas. Tales desnudos eran utilizados
como forma de presión y chantaje permanente, haciéndolas
padecer el terror constante de ser violadas.
En el ámbito penitenciario la mayoría
de relatos de mujeres detenidas recogen experiencias de vejación.
En muchos casos, las detenidas eran desnudadas, manoseadas, violadas,
algunas de ellas mediante la introducción de objetos como
botellas o pistolas; asimismo eran objeto de humillaciones e insultos
de carácter sexista como la burla grosera por cualquier
característica física.
| ¿Quiénes
son las víctimas?
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En su gran mayoría (73%) son quechuablantes
de la zona andina, principalmente de Ayacucho(51%). Son analfabetas
(34%) y una gran mayoría está compuesta por jóvenes:
el 48 % tenía entre 10 y 30 años y el 8% eran niñas
menores de 10 años. El porcentaje de mujeres solteras es
32% Su ocupación principal era la agricultura, el comercio
y amas de casa. El 80% vivía en la zona rural.
Si bien se constata que la mayor cantidad de víctimas
son mujeres jóvenes (entre 10 y 29 años) es posible
establecer una diferencia entre las FFAA y los grupos subversivos.
Los datos evidencian que la proporción de jóvenes
adolescentes violadas por el PCP-SL es mucho más alta que
en el caso de los agentes de las FFAA. Esto tiene que ver con
el reclutamiento forzado de mujeres usualmente niñas y
adolescentes.
| Recomendaciones
de la CVR para las mujeres víctimas de Violencia sexual
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Las víctimas de violación sexual
(9) entran en la categoría de "víctima"
y forman parte del universo de los "beneficiarios individuales".
De igual forma sus hijos e hijas producto de las violaciones sexuales.
Se plantea para ellas reparaciones de tipo simbólico (disculpas
y ceremonias públicas de revelación de lo que pasó),
acceso a servicios públicos de salud, reparaciones económicas
e indemnizaciones para ellas y pensiones para los hijos producto
de la violación menores de 18 años.
Un gran vacío es que la CVR señala
enfáticamente la secuela de la discapacidad total o parcial
como requisito para acceder a muchas de las reparaciones. Lo sufrido
por las mujeres ¿qué tipo de discapacidad genera?
¿cómo se prueban los daños vividos por la
Violencia sexual? ¿cómo se reparan estos daños?.
| Lo
avanzado: actores y agendas |
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Hace dos años, la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, entregó al país
el Informe Final, donde se recogieron 17,000 testimonios, de estos
el 54% fueron de mujeres.
Con la entrega del Informe Final, la CVR, realiza
una serie de recomendaciones basadas en tres pilares: justicia,
reparación y reformas institucionales. A dos años
lo avanzado es insuficiente y hasta hoy no hay medidas concretas
que lleguen a las víctimas y sus familiares. El actual
gobierno ha confundido las reparaciones con sus programas sociales
de lucha contra la pobreza, y de otro lado se confunde reparaciones
con indemnizaciones, señalando el argumento que la reparación
económica individual es un costo que el Estado no puede
asumir.
Las asociaciones de afectados (10)
están buscando ser actores protagónicos, buscando
alcanzar sus propuestas a los organismos competentes, y han sido
impulsores de la promulgación de la Ley del Plan integral
de reparaciones. Pero dentro de ellas los liderazgos son usualmente
masculinos; a pesar que la mayoría de sus integrantes son
mujeres, ya que ellas son las que quedaron para reclamar sus muertos
y desaparecidos.
El gobierno central formó la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas
del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación nacional, CM, mediante el
DS Nº 003-2004-JUS. Esta comisión recibió el
encargo de diseñar la política nacional de paz,
reconciliación y reparación colectiva para su aprobación
por el Consejo de Ministros, al igual que promover la cooperación
y colaboración con organismos internacionales de derechos
humanos.
En cuanto al tema del desplazamiento, el gobierno
promulgó la Ley Nº 28223 sobre los Desplazados Internos,
la que busca reconocer el estatus de "desplazado" y
definir, garantizar y proteger los derechos de aquellas personas
que por su seguridad tuvieron que dejar sus comunidades y poblaciones
debido a la violencia. Esta ley favorecería a 120 mil familias
y aproximadamente a 600 mil personas, las cuales tendrán
derechos, garantías y protección del Estado; y cuya
vigilancia estará a cargo del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social.
Un paso importante ha sido la Ley que crea el
Plan Integral de reparaciones-PIR (11), la misma
que servirá de marco para las políticas nacionales
de reparación (12) y crea el Consejo
Nacional de reparaciones encargado del Registro Único de
Víctimas. En estos avances normativos en la definición
de víctima se incluye a las mujeres que han sufrido violación
sexual y los hijos producto de esta. Pero se deja de lado las
múltiples modalidades de la violencia sexual que sufrieron
las mujeres, siendo el requisito su inscripción en el Registro
Único de Víctimas. Hasta el momento no sabemos como
se implementará este y cual será el presupuesto
que se le asignará.
Existe entonces una tarea fundamental: Garantizar
que el marco normativo visibilice a las mujeres como sujeto de
derechos de las reparaciones colectivas, individuales, económicas
o simbólicas. Las mujeres no pueden esconderse detrás
de un enfoque de familia o de la comunidad. Por ejemplo si bien
la programación multianual es un avance en términos
de visibilizar a las zonas rurales, las mujeres están también
oprimidas por las relaciones de género al interior de sus
propias comunidades. El reto de compatibilizar la etnicidad y
en el enfoque de género esta pendiente.
Los avances normativos que se han dado creemos
si bien recogen la violación sexual como una violación
a los derechos humanos, sesga lo vivido por las mujeres y excluye
las otras formas de violencia sufridas o el impacto diferenciado
de la guerra entre hombres y mujeres. No podemos tratar lo vivido
por las mujeres y a los hombres víctimas y familiares como
problemas de individuos o de comunidades, sino como expresiones
de un orden social, que existió antes y después
del conflicto. La guerra interna exacerbó la desigualdad
y la discriminación y esta se mostró en su lado
más cruel y despiadado, pero sigue presente. Las mujeres
víctimas de violencia sexual siguen siendo víctimas
de viejas y antiguas prácticas de subordinación.
De otro lado han habido avances a nivel regional y local, aprobándose
planes integrales de reparaciones, tal es el caso de los Gobiernos
Regionales de Huancavelica y Huanuco. A nivel sectorial es el
Ministerio de salud quien ha tenido mayores iniciativas con la
implementación de un programa en salud mental para víctimas
y familiares.
Sin embargo creemos que la visibilización
de la violencia sexual sufrida por las mujeres es un tema de segundo
nivel en las agendas de las organizaciones de derechos humanos,
de las organizaciones de mujeres y las mismas asociaciones de
víctimas y familiares.
Lo que vivieron las mujeres sigue siendo visto
como un daño colateral y donde el trauma de lo vivido por
la socialización de género y la complejidad de las
matrices culturales impide que se coloque en la agenda pública.
El estigma de ser reconocida como víctima de violencia
sexual, es una barrera que hasta ahora ninguna política
estatal ha tratado.
De otro lado se están tratando de implementar
modelos de atención en salud mental desde ONGS, la iglesia,
Universidades, pero todos esfuerzos muy localizados, pequeños
y desarticulados.
Las mujeres fueron víctimas, pero también
protagonistas de la guerra. Han mostrado ser capaces de sostenerse
y de sostener a sus familias y comunidades en medio de la precariedad
y la violencia. Han sido protagonistas de un heroísmo que
sale del modelo masculino: el enfrentamiento armado con el enemigo.
Pero las heridas aún están abiertas.
Enfrentar el tema de la violencia sexual y la violación
remueve miedos, donde el valor y peso de la mirada de los otros
miembros de la comunidad es muy grande. Las mujeres hablan del
tema en tercera persona porque el estigma de que sus cuerpos,
su intimidad, su honor, hayan sido tomados por otros, no se comprende
ni se perdona. Ellas sienten que hablar del tema es volver a ser
agredidas. El enfoque de género, intercultural y de derechos
humanos en las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo
son herramientas importantes; pero que aún tienen un desarrollo
incipiente para saber exactamente cómo utilizarlos para
comprender lo vivido en los casos de violencia sexual.
La desarticulación entre el movimiento
de derechos humanos y el de mujeres impide que lo aprendido por
cada uno de estos alimente un trabajo integral. El movimiento
de mujeres no sabe bien como acercarse a un tema que asusta y
remueve la realidad de miles de mujeres campesinas y amazónicas
con las cuales ha tenido poco contacto. El acercamiento y la creación
de vínculos reales y profundos con las mujeres rurales
es un reto difícil de asumir.
Una tarea pendiente es que en el gran relato que
es el Informe Final de la CVR las voces de las mujeres no reproduzcan
el modelo dicotómico: hombre valientes, mujeres víctimas
y sin capacidad de respuesta. Es importante rescatar las experiencias
de resistencia y que las mujeres se sientan reflejadas en la construcción
de la memoria colectiva.
Otro reto, es la necesidad de formación
de jueces y fiscales, que colaboren con investigar y procesar
los casos de violación sexual como violaciones de lesa
humanidad; pero también nos hacen falta abogadas y abogados
con capacidades para judicializar este tipo de casos, promover
equipos interdisciplinarios en las Ong que contribuyan a generar
confianza con las mujeres.
Es necesario también buscar otros caminos
para poner el tema en la agenda de los organismos de derechos
humanos a nivel nacional e internacional, agotar las instancias
supranacionales como el Comité de seguimiento a la CEDAW,
al Comité de Derechos Humanos de NNUU, promover visitas
de las relatorías y comisiones al país.
Necesitamos conocer con seriedad y profundidad
lo que las mujeres vivieron; sin perder de vista un marco ético.
Necesitamos comprometernos a largo plazo para que la verdad y
la justicia tengan también rostro de mujer.
- Este título es parte
de una canción del proyecto "Mujeres en pie de guerra",
hecho en España con el fin de contar la historia de las
mujeres que lucharon en las huelgas, en las trincheras, desde
la cárcel y el exilio contra Franco.
- La CVR nace por la presión
de un fuerte movimiento de derechos humanos que durante años
denunció y vigiló las violaciones a los derechos
humanos de las FFAA y de los grupos subversivos
- En el Perú, la violencia
contra las mujeres llega a niveles alarmantes, según
datos de la ENDES 2000 el 41% de mujeres peruanas casadas o
unidas de hecho ha sido alguna vez maltratada física
o sicológicamente y el 16% lo ha sido de manera frecuente.
El 31% reporta haber vivido violencia psicológica, mientras
que un 69% ha sufrido violencia física a nivel nacional.
- Por otro lado, ha concluido
que "la población campesina fue la principal víctima
de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas,
el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento
se ocupaba en actividades agropecuarias.
- Tomando como referencia la
lengua materna, el estudio de GRADE estimó que hacia
el año 2000 no menos de 15% de la población del
Perú estaba conformada por indígenas. Se está
hablando de más de 3 millones y medio de personas (de
5 años o más) que residen mayoritariamente en
las áreas rurales de la sierra -aunque alrededor de 30%
de esa población vive en zonas urbanas.
- Fuente : Etnicidad, pobreza
y exclusión social: la situación de la población
indígena en el Perú. Grade. Lima, 2004
- La violencia sexual para la
CVR incluyó violaciones de derechos humanos como la prostitución
forzada, uniones forzadas, esclavitud sexual, abortos forzados,
violación sexual y los desnudos forzados, de acuerdo
a los estándares del Derecho Internacional de los derechos
humanos. Lamentablemente la base de datos de la CVR sólo
registro los casos de violación sexual.
- La CVR señala que de
esta población - calculada en 55.000 antes del conflicto-,
15.000 se desplazaron, 10.000 se refugiaron en otras comunidades,
6.000 murieron y 5.000 fueron secuestrados
- No se reconoció todos
los tipos de violencia sexual
- Se han dado experiencias importantes
de unión entre estas asociaciones como la del Frente
Regional de Organizaciones de Base por la Verdad y la Justicia
(FROBAVEJ) en Ayacucho que organiza diversos eventos, como la
marcha de afectados y diversas manifestaciones contra la impunidad
además de la Red de Integración por la Paz y la
Vida. Pero más allá de estas iniciativas las asociaciones
de víctimas y familiares están desarticuladas
de otras agendas locales y en muchos casos disputando liderazgos
y apoyo de la cooperación internacional.
- La misma que debe ser reglamentada
en un plazo de 90 días
- El Plan recoge e integra los
avances dados ya con el marco programático del Estado
en materia de Reparaciones y con la Programación Multianual
2005-2006 para las reparaciones donde se ha priorizado a las
comunidades rurales
* Peruana. Abogada especializada
en políticas públicas y Género.
Mail: patriciabalbuena@gmail.com

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