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¿Es posible
pretender la paz dadas la marcadas inequidades que caracteriza
nuestra estructura social, política y económica
en los países de América Latina?. ¿Qué
paz?, ¿ausencia de conflictos?. ¿A qué costo?,
¿callar y aguantar unos, y ser cómplices todos?
Lo que sigue quiere ser una reflexión
en torno a estas preguntas, acercándose a ellas con la
intención de esbozar algunas ideas desde la muy concreta
perspectiva que nos da el participar en procesos de defensa y
educación de los derechos humanos en Venezuela, un país
en que la violencia política, los discursos excluyentes,
la intolerancia, han ido haciendo parte de nuestra cotidianidad,
en un proceso complejo en el que los venezolanos y venezolanas
hemos ido descubriendo verdades que siempre han estado ahí
pero que no queríamos ver. Un proceso en el que hemos ido
aprendiendo de leyes y reconociendo la necesidad de participar
en los asuntos públicos; un proceso en el que nos hemos
ido convirtiendo en permanentes analistas políticos y juristas
populares; al mismo tiempo, un proceso en el que el pueblo, independientemente
de sus preferencias políticas, está aprendiendo
a organizarse, a exigir sus derechos, a proponer alternativas.
Históricamente la democracia
venezolana ha estado signada por una serie de factores que atentan
contra su propia consolidación, entre estos factores tenemos
el clientelismo político, una concepción jerárquica
y de corte militarista en el ejercicio del poder, la generalizada
presencia de la corrupción, el autoritarismo, el control
de los grupos económicos de la mayor parte de las decisiones
políticas, la no universalización de los derechos
fundamentales y las libertades básicas, dejando por fuera
a los sectores populares, una muy marcada discriminación
de grupos étnicos, una precaria independencia de los poderes
públicos con instituciones sumamente débiles y terriblemente
desprestigiadas (no sin razón).
Entendiendo que no hay paz sin
justicia, y asumiendo el conflicto como la posibilidad de superar
condiciones de inhumanidad, pasando a nuevas situaciones en las
que haya mayor respeto por la dignidad humana de todos y todas,
los esfuerzos han de dirigirse a la superación de condiciones
de marcada asimetría entre los actores sociales que participan
en el conflicto socio-político. Desde la perspectiva de
los derechos humanos, entendemos que en la medida en que el marco
institucional ofrece espacios y mecanismos que hacen posible el
justo reconocimiento de los intereses y necesidades de todos y
todas, de manera tal que éste no esté al servicio
exclusivo de un grupo, los conflictos propios de la vida en democracia
pueden lograrse transformar por mecanismos no-violentos. La democracia
es entendida, entonces, no como mero mecanismo formal de superación
de las divergencias, sino, además, como forma de vida,
sustentada en la posibilidad de participar y en el reconocimiento
del otro, de su dignidad y del respeto a sus derechos fundamentales.
Ahora bien, para que lo antes
dicho no se convierta en discurso encubridor, se requiere que
cada hombre y mujer, tanto a nivel personal como en tanto miembro
de diversos colectivos, se reconozca no sólo en su calidad
de ser humano dotado de derechos, sino también tenga acceso
al poder que se instrumenta a través del ejercicio concreto
de tales derechos. Se requiere, pues, un proceso político-pedagógico
de formación en derechos humanos y de organización
para el ejercicio de tales derechos desde las demandas de los
ciudadanos. Conocer el Estado, sus instituciones, los instrumentos
y mecanismos de demanda de las obligaciones del Estado en la vigencia
y garantía de los derechos humanos, así como impulsar
la participación organizada de los sectores menos favorecidos
en el diseño y control del Estado, pasa a ser, entonces,
una forma de transformar el conflicto en una oportunidad para
el ejercicio de la ciudadanía y la puesta del Estado al
servicio de los ciudadanos. La construcción de paz pasa,
pues, por la construcción de democracias que sean realmente
tales; donde tanto sus elementos formales como el ethos que las
hace posibles sean parte de la vida. Veamos…
El Estado de derecho responde
a un modo de organización propia de un tipo específico
de Estado: a grandes rasgos, implica el que todos los poderes
y las actuaciones del Estado estén reguladas y controladas
por medio de leyes creadas a través de procedimientos que
impliquen necesariamente la participación popular. Se requiere,
pues, el respeto a los derechos fundamentales. Tendríamos
al menos cuatro características generales propias del Estado
de derecho; a saber: imperio de la ley, división de poderes,
fiscalización de la administración y respeto de
los derechos y libertades fundamentales. Detengámonos un
poco en cada uno de ellos:
Se habla del "imperio de
la ley" cuando se quiere dejar claro que dicha ley debe regir
tanto a los gobernantes como a los ciudadanos. Nótese que
decimos ciudadanos y no simplemente gobernados, y eso porque partimos
de la idea de que la ley es, o debe ser, siempre expresión
de la voluntad del pueblo, creada con su libre participación
y con la representación de todos los grupos sociales. La
ley en el Estado de derecho constituye ese piso común que
habiéndose originado del consenso de todas las partes (y
lo de todas habría que ponerlo en mayúscula, con
negrillas y subrayado), sirve de marco común, pone los
límites a aquello que como sociedad no estamos dispuestos
a dejar a la libre decisión de cada quien. Por eso mismo,
entendemos que esa ley debe regir para todos y todas, y quizá
con más razón todavía para aquellos a los
que el poder puede desviar de los propósitos que hemos
definido en sociedad.
Un verdadero Estado de derecho
es todo lo contrario a eso que lamentablemente tanto oímos
decir a nuestra gente: "la ley se hizo para los pobres"
o "el que hizo la ley hizo la trampa". Ciertamente,
en Venezuela somos tremendamente sensibles a la exigencia de igualdad
ante la ley, signo de reconocimiento de la igual dignidad de todos
y todas, pero, por contrapartida, no comprendemos la ley como
el necesario marco regulador de la convivencia de todos y todas,
sino como el sistema de normas al que cada quien ha de someterse
cuando no lo quede más remedio.
Por otra parte, está la
necesaria "división de poderes". Entre los distintos
poderes que constituyen al Estado (en Venezuela: poder legislativo,
ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano) debe respetarse la
distribución y división de funciones, al mismo tiempo
que deben darse las necesarias relaciones, controles e intervenciones
entre ellos. Se evita así la concentración de poder
en unos pocos funcionarios del Estado y se favorece el que sus
instancias se supervisen entre ellas. En un verdadero Estado de
derecho nadie tiene el monopolio del poder, toda cuota de poder
se entiende como otorgada por la sociedad para ser ejercido al
servicio de ella; por esto mismo, toda labor de poder es controlada,
nadie actúa por su cuenta, todo el mundo debe rendir cuentas
de lo que ha hecho con el poder que se la ha otorgado.
La Legalidad de la Administración
implica que todo Estado que quiera ser considerado como respetuoso
del Estado de derecho, deberá asumir la exigencia de someter
la administración pública a la ley. Así,
pues, el poder ejecutivo (el presidente, sus ministros, los gobernadores,
alcaldes y demás instancias y funcionarios de gobierno)
deberán actuar siempre según lo establecido por
la Constitución y la normativa legal. Esto, además,
implica que existan y funcionen, con la necesaria autonomía
y diligencia, suficientes mecanismos de control judicial sobre
las actuaciones del gobierno.
Mal podemos hablar de Estado de
Derecho cuando no hay ley, o la hay y no se conoce, o se conoce
pero no se aplica ("se acata pero no se cumple"), o
solo se aplica si no hay más remedio, o no hay supervisión
sobre su aplicación, o no hay sanciones para quienes la
incumplen, o las sanciones no se llevan a cabo…
Respeto a los derechos y libertades
fundamentales, cuando hablamos del respeto a nuestros derechos,
no nos referimos sólo a su reconocimiento jurídico
(formal), sino también a la efectiva materialización
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales con
ellos relacionadas. Un Estado que no protege los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas, que no los promueve, que no los respeta
a través de la actuación de sus funcionarios y funcionarias,
que no los garantiza a través de los múltiples mecanismos
que tiene a su disposición, sencillamente ha perdido la
razón de ser de su existencia.
Si el Estado no está al
servicio de la dignidad de la persona, asegurando las condiciones
necesarias para su desarrollo, mal puede justificar su permanencia
como forma de organización política. Sin el efectivo
reconocimiento de los Derechos Humanos, sin su real disfrute por
parte de la población, no hay Estado de derecho.
Por otra parte, preguntarnos por
el nivel de constitución del ethos democrático,
nos enfrenta a la necesidad de precisar en qué medida están
presentes, también, algunos principios orientadores del
modelo de democracia sustantiva, entendida como forma de vida.
Estos principios orientadores del modelo de democracia radical,
entendida como forma de vida son presentados por Susana Sacavino
en los términos siguientes (Sacavino, 1999):
- La vida como centro:
Opción fundamental por el principio de la vida en el
universo. Significa defender, estimular, respetar, amar la vida
de la tierra y de todo lo que contienen vida en ella.
- Solidaridad con el género
humano: Con su dignidad; con su desarrollo en armonía
consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con lo trascendente;
con su derecho a la vida con un mínimo de condiciones.
Solidaridad con el prójimo y con el que está más
lejos.
- Participación:
Derecho de todos y todas a ser sujetos individuales y colectivos
en la construcción de su propia sociedad. Construcción
y ejercicio activo de su ciudadanía como miembro de la
sociedad civil.
- Diversidad/Pluralismo:
Derecho a la diferencia ideológica, cultural, económica,
política, de género, de razas, de etnias, etc.
y espacio para manifestarse, actuar, comprometerse, participar.
Derecho de buscar y construir el propio modelo de organización
política, económica, social, etc.
- Tolerancia: Aceptación
radical de lo diferente, lugar para lo diverso. Espacio para
el otro, real, práctico, concreto, para hacer su historia,
para manifestar y elegir sus caminos, para arriesgarse, para
acertar o fracasar.
- Ternura/Fiesta: Capacidad
de reconocer los signos de vida presentes en lo cotidiano, de
alegrarse, acoger y celebrar, recuperando el sentido profundo
y la dimensión comunitaria de la fiesta, como gozo que
desborda y expande el corazón, la afectividad y el espacio
de lo gratuito.
- Racionalidad solidaria:
Frente a la racionalidad instrumental de la razón ilustrada
dominante en occidente, dejar emerger una nueva racionalidad
capaz de articular el rigor intelectual con la pasión,
la misericordia y la búsqueda de condiciones más
humanas de vida para todos.
- Asunción de las culturas:
Como matriz profunda de lo humano. Concebidas como el conjunto
de soluciones originales que un grupo de seres humanos inventa,
a fin de adaptarse a su ambiente natural y social. Abarca todos
los aspectos de la vida: sentido profundo, conocimientos técnicos,
costumbres, religión, mentalidad, valores, idioma, símbolos,
comportamiento sociopolítico y económico, formas
autóctonas de tomar decisiones y ejercer el poder, actividades
productoras y relaciones económicas, etc.
- Memoria: Equilibrio
entre lo que nos es dado por las circunstancias de tiempo, lugar
y cultura, y lo que somos capaces de hacer con esos límites
a través del poder de cooperación y opción
social. Sentido positivo de la tradición como factor
de liberación y apertura al futuro.
- Coraje Civil: Para asumir
el riesgo de transformar la realidad siendo responsables de
las consecuencias de nuestras acciones. Para no ceder a la tentación
del inmovilismo y la pasividad. Para ser capaces de embarcarnos
tras de utopías movilizando nuestras mejores energías.
El intento por ahondar en nuestra
vida en democracia ha de conocer y fortalecer tanto los elementos
de carácter procedimental, formal, de la democracia, como
aquellos propios de la democracia asumida como forma de vida.
Unos y otros son parte necesaria, en tanto significan manifestaciones
diversas de la libertad y la igualdad, la justicia y la solidaridad,
todos ellos fundamentos de la democracia entendida como concreción
política del necesario reconocimiento de la dignidad de
todas y cada una de las personas.
No parece lo más apropiado
dar en términos dicotómicos, y por tanto excluyentes,
el debate entre el modelo de democracia formal, centrado en los
procedimientos, y el modelo de democracia sustantiva, centrada
en los contenidos. Una y otra propuesta pretenden, con énfasis
distintos en la carga de realismo o capacidad utópica,
dar cuenta del necesario reconocimiento de la autonomía
de las personas, de su capacidad para tomar decisiones tanto en
sus proyectos personales como en la construcción de los
proyectos colectivos.
Lo que no podemos dejar de hacer,
si queremos apostar a una democracia que permita construir procesos
de paz sustentable, es atender a la coherencia entre los discursos
sobre los que esa democracia se legitima y las realidades que
permite y promueve, conformando un determinado tipo de cultura
política. Si hablamos del reconocimiento formal de los
derechos humanos, de su respeto por parte del Estado, en contrapartida
tenemos que chequear hasta qué punto nuestra cultura reconoce
y promueve la dignidad de la persona; de toda persona; en qué
medida somos capaces de indignarnos e implicarnos en la búsqueda
de justicia. Al respecto, es significativa la poca y mala valoración
que, al menos en el caso venezolano, se tiene del ejercicio de
la denuncia en el accionar cotidiano.
Así mismo, hemos de chequear
hasta qué punto reconocemos el derecho de todas y todos
a ser sujetos individuales y colectivos en la construcción
de su propia sociedad. Es necesario indagar qué tanto afirmamos
en nuestra cotidianidad y demandamos ante su conculcación,
el derecho a la diferencia ideológica, cultural, económica,
política, de género, de etnias, etc. ¿Es
la tolerancia parte de nuestras vidas, de nuestras relaciones?
¿Está presente en nuestro mundo de experiencias
la aceptación radical de lo diferente, el lugar para lo
diverso? ¿Hay espacio para el otro, real, práctico,
concreto; para que haga su historia, manifieste y elija sus caminos?
Vista esta configuración
de elementos propios de la democracia, nos preguntaremos ahora
por la presencia en nuestro país (Venezuela) del ethos
que los haga posibles.
Si bien es cierto que no hay democracia
sin demócratas, también lo es que no hay demócratas
sin el ejercicio constante por conocer y profundizar la democracia;
en ello nos jugamos el ser ciudadanos y no solo habitantes de
la ciudad o el país; con ello haremos posible que nuestra
democracia (siempre perfectible) sea un poco más democrática.
Así como la democracia es siempre un sistema inacabado,
en proceso de construcción, también lo ha de ser
el ethos democrático. Dado que este se va fraguando en
la dinámica establecida por las relaciones y representaciones
sociales, su constitución se ofrece como dinamismo abierto.
El ethos democrático se nos presenta entonces como referente
socializador en el que no caben determinismos desmovilizadores.
Es por ello que reconocer la justa medida de su presencia nos
ofrece una síntesis de lo construido y la magnitud de la
tarea que tenemos por delante en el empeño por hacer posible
un mundo más humano, más digno y justo, más
del tamaño de nuestros sueños.
Para comprobar la existencia o
no de un ethos democrático en Venezuela a partir de su
vinculación con el Estado de derecho, nos resultan significativas
las palabras de Raúl González Fabre:
…mientras la sociedad venezolana
ha consolidado una cultura importante de libertad política
(lo que de por sí ya hablaría de un cierto nivel
de constitución de dicho ethos democrático), no
ha ocurrido lo mismo respecto al Estado de derecho. Apreciamos
la libertad pero carecemos tanto de mecanismos institucionales
para negociar y equilibrar las diferentes libertades y solidaridades
públicas, como de sistemas efectivos de reglas para regular
la convivencia ciudadana… El obstáculo mayor para
cualquier creación posible de posibilidades en Venezuela,
sea quien sea que concibamos como su protagonista, se encuentra
en nuestra enorme dificultad para levantar y mantener instituciones
operativas sobre reglas abstractas. (González, 2004:
102-103).
Coincidimos con este autor en
la valoración que hace del grave déficit de institucionalidad
como reto de cara a la constitución de un ethos democrático
en el país. No se trata sólo de la actual debilidad
de las instituciones constituidas, de su bajísima credibilidad,
sino de la poca estabilidad que tienen en nuestro país
todo compromiso que se sustente sobre vínculos que vayan
más allá de las relaciones primarias e inmediatas.
Es mucho lo que en Venezuela necesitamos
en materia de cultura institucional; requerimos el surgimiento
y fortalecimiento de relaciones abstractas, más allá
del amigo, del compadre, del conocido, del contacto; relaciones
establecidas a partir de las funciones y roles propios de cada
servicio.
Así mismo, es tremendamente
débil nuestra valoración por lo público como
responsabilidad compartida. La muy baja apuesta por lo público,
tendiendo a instrumentalizarlo de cara al beneficio personal inmediato,
la desconfianza que en general despierta tanto la gestión
sobre lo público como cualquier intento ciudadano por enfrentar
problemas colectivos, dan cuenta del gran reto que en Venezuela
significa enfrentar la construcción de una cultura democrática.
Si en todo ello tenemos tanto por hacer, no en poca medida se
debe al sistema populista clientelar, de profunda raigambre en
nuestra cultura política.
Sin duda tenemos a favor una subjetividad
que pondera muy significativamente la autonomía personal
y el igualitarismo. La alta valoración por el respeto a
la vida ha servido en no pocas ocasiones, de muro de contención
ante situaciones de anomia más o menos explícitas.
Pero, por otra parte, si bien
está presente el reconocimiento de la necesidad de acordar,
de ponerse de acuerdo para convivir, ello se encuentra en tensión
con nuestra dificultad para afrontar los conflictos; dificultad
agravada ante la práctica inexistencia de instituciones
fuertes que permitan una mediación sostenida y creíble
de dichos conflictos.
Además, preguntarse por
el ethos democrático de un país exige atender a
la cultura de poder que en él se ha ido configurando. Al
respecto, es relevante el siguiente llamado de atención:
…existe el peligro de que
se reproduzca a todas las escalas el mismo modelo señorial
de ejercer el poder, un modelo no deliberativo ni sometido a
responsabilidades administrativas, ya que el ejercicio autocrático
del poder e incluso la concepción de que el que tiene
el poder manda a discreción hasta que le quiten del puesto,
y más aún, ese tipo de sensibilidad respecto del
mando, ha atravesado los cincuenta años de democracia
sin transformarse como lo requiere una concepción democrática
del poder. (Centro Gumilla, 2004: 171).
Esta concepción autoritaria
del poder atraviesa buena parte de nuestras instancias socializadoras:
la familia, la escuela, las iglesias, etc…. Ello constituye,
sin duda, un reto a ser enfrentado asumiendo su complejidad y
diversidad de expresiones.
Sin duda, siempre será
tarea pendiente seguir evaluando lo que tenemos y comprometernos
con lo que nos falta. Vale la pena preguntarse cuáles pueden
ser nuestros compromisos, en qué instancias podemos incidir,
dónde es necesario denunciar, dónde sostener, qué
podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas, como grupos organizados,
como comunidades de base, como gente que quiere vivir como gente.
A partir de la consideración
de los elementos hasta acá descritos, en la Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental
de derechos humanos en la que desde hace más de 20 años
acompañamos a víctimas y familiares de víctimas
de abusos policiales y militares en Venezuela, nos hemos abocado,
desde el programa "Educación para la dignidad",
a la difusión y sensibilización de la población
en general en torno a los derechos humanos, y a la conformación
de comités de derechos humanos, brindando formación
y acompañando el proceso de fortalecimiento de organizaciones
de carácter local que asumen la promoción y defensa
de estos derechos. Con el proceso de formación de estos
comités, se pretende impulsar la creación de espacios
organizados para la promoción y defensa de los derechos
humanos desde las realidades concretas de las comunidades populares.
En la Red de Apoyo por la Justicia
y la Paz, al igual que en otras organizaciones del movimiento
de derechos humanos y de movimientos sociales en general, hemos
apostado a la posibilidad de convertir el ejercicio del derecho
en manos de los sectores menos favorecidos de la población,
en una herramienta efectiva para el logro de sus principales reivindicaciones.
Este proceso ha permitido que el derecho sea repensado, dejando
de ser mero cúmulo de leyes abstractas e incomprensibles
al servicio de los intereses de otros (generalmente los sectores
políticos, económicos y sociales más favorecidos),
pasando a ser entendido como herramienta concreta para el ejercicio
de una ciudadanía activa y responsable, capaz de proponer,
evaluar y cogestionar la construcción de lo público,
desde las necesidades e intereses de los ciudadanos que habitan
en los sectores empobrecidos de nuestro país. Ello ha permitido,
a su vez, que el ejercicio del derecho deje de ser un elemento
más de exclusión social y política, y se
convierta en una oportunidad para ir configurando una nueva conciencia
ante lo público, desde la propia valoración por
parte de los ciudadanos y ciudadanas, que se descubren a sí
mismos como actores políticos y como participantes en las
decisiones del entorno social.
Apostamos porque el adecuado desarrollo
de estos elementos contribuya al fortalecimiento de la necesaria
cultura democrática, consolidando las instituciones creadas
para favorecer el diseño y desarrollo de proyectos colectivos
en los que todos y todas nos sintamos identificados, y al que
estemos dispuestos a brindar nuestro aporte.
Convencidos de que no es posible
hablar de construcción de ciudadanía en tanto los
sectores más desfavorecidos de la población no conozcan
y hagan efectivos sus derechos ante las instancias competentes;
convencidos, además, de que una comunidad popular se encuentra
en mayor grado de vulnerabilidad ante posibles violaciones a los
derechos humanos de sus habitantes en la medida en que no posea
niveles mínimos de organización y formación;
convencidos, por último, de que la única forma de
construir democracias reales pasa por la participación
activa de los sectores menos favorecidos en la construcción
de las agendas políticas nacionales, la Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz ha apostado a la organización local
en materia de Derechos Humanos, pretendiendo hacer efectivo el
que los sectores populares se conviertan en verdaderos sujetos
de derecho y sujetos del derecho. De esta manera, pues, pretendemos
apuntar al ejercicio de una ciudadanía real por parte de
estos sectores históricamente excluidos.
Con todo ello se pretende, pues,
no resolver el conflicto, sino hacer que el mismo se transforme
de manera no-violenta en la oportunidad para alcanzar cotas mayores
de dignidad para todos y todas. De esta manera creemos posible
contribuir con procesos de construcción de paz sostenibles,
que tomen realmente en cuenta en su agenda, objetivos y enfoques
políticos y metodológicos las marcadas inequidades
de la estructura social, política y económica de
los países de América Latina. Ciertamente será
una paz con conflictos, incluso una construcción de paz
que en su proceso genera nuevas formas de conflicto, al fomentar
conciencia de poder en los actores sociales; pero creemos que
esa es la única paz que merece llamarse tal, pues no estará
levantada sobre el sacrificio de un sector y el silencio cómplice
de todos y todas en ese sacrificio.
Creemos, en fin, que sólo
la justicia nos acerca a la paz posible.
Fuentes Consultadas:
Díaz, E. (1996). Estado
de Derecho. En Filosofía Política I. Madrid: Trotta.
Díaz, E. (1996). Estado
de Derecho y Sociedad Democrática. En Cuadernos para el
Diálogo. Madrid.
Gonzáles, R. (2004). Variables
en el discernimiento histórico. ITER, 33, 77-105.
Centro Gumilla. (2004, Mayo).
Horizonte del Centro Gumilla. SIC, 664, 163-171.
Rubio-Carracedo, J. (2000). Educación
moral, postmodernidad y democracia (2ª edición). Madrid:
Trotta.
Sacavino, Susana. (1999, Marzo).
Los Derechos Humanos desde la Educación en Valores en Procesos
de Democratización. Cuadernos Novamerica, 3.
* Activista de derechos humanos.
Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; organización
de defensa y promoción de derechos humanos en Venezuela.
Profesor de la Cátedra de Ética Fundamental y Social
de la Facultad de Teología de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), en Caracas. Licenciado en filosofía,
cuenta con una Maestría en Filosofía de la Práctica
en la UCAB.
Mail: manuelgandarac@yahoo.com
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