Es inevitable hacer una referencia a la incomodidad y risa negra de comisuras caídas que puede provocar la referencia al derecho a la paz en el contexto de los (¿para que colocarle adjetivos?) acontecimientos que están teniendo lugar en el Medio Oriente en este julio y agosto de 2006. ¿Qué podemos escribir sobre el derecho a la paz cuando todas las normas que hacen al mismo, incluso las más de ius cogens que otras, han sido arrasadas? A la vista de los profundos cambios producidos en la distribución del poder mundial, las siguientes líneas recogen las crisis que rondan al Estado y sus conceptos satélite (soberanía, nacionalismo; liberalismo, etc.) para presentar las líneas de una revisitación del derecho a la paz en tanto humano, y la reformulación del derecho a la paz en cabeza de los Estados.

Vale entonces comenzar por una reseña de los antecedentes de la juridización de la paz, que por cierto me llenan el corazón de orgullo: hay tanta "paz" del lado del derecho que ni siquiera hay izquierdo.

La prohibición general del uso o amenaza del uso de la fuerza constituye hoy una norma de jus cogens, punto clave de una evolución que comenzó cercenando el derecho a recurrir a la guerra que tenían los Estados. Antes incluso de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza como facultad de los Estados para arreglar sus diferencias internacionales (Carta de las Naciones Unidas, Art. 2.4), ya en los Convenios de 1907 se habían reglamentado importantes limitaciones al denominado jus in bello.

Un punto intermedio entre el derecho de la Carta y la permisión absoluta lo constituye el Pacto de la Sociedad de las Naciones (1919), donde se prepara el terreno para prohibir el ius ad bellum; si bien su misión principal fue la de preservar la paz y la seguridad y promover la cooperación internacional no consagra una renuncia a la norma consuetudinaria del derecho de los Estados a recurrir a la guerra (renuncia impensable, por otro lado, si pensamos que las potencias se armaban militarmente al mismo tiempo que firmaban el Pacto), aunque lo apunta en la agenda internacional como motivo de preocupación de toda la comunidad internacional (1).

Posteriormente, en el Pacto Briand-Kellog (1928) se condenaba "el recurso de la guerra para la solución de las controversias internacionales", renunciando a él como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas, esto es, entre Francia y Estados Unidos.

Nada decía respecto a otros usos de la fuerza, silencio que vino a llenar recién, como decíamos, el derecho de la Carta de las Naciones Unidas (1945). Este tratado proclama entre sus propósitos (el primero que se enuncia) mantener la paz y la seguridad internacionales (Art. 1.1), tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz universal (Art. 1.2), estableciendo como uno de sus principios que los miembros de la Organización "se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas" (Art. 2.4) -devenido obligatorio mas allá de la letra del tratado-, aunque sin menoscabar el derecho de legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas (Art. 51) hasta que el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas pertinentes, órgano habilitado para decidir la existencia de amenazas o quebrantamientos de la paz y las medidas que tomará en consecuencia (Capítulo VII). Las otras dos excepciones previstas son justamente el uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad y las guerras de liberación nacional.

En síntesis, el desarrollo del derecho internacional en general ha girado en torno al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (2); la guerra, incluso como medio para imponer la democracia, centro de la preocupación de las relaciones internacionales . Como lo reconoce Becerra, "el derecho internacional moderno no es mas que el conjunto de normas que regulan las relaciones de los Estados en guerra y paz" (3), suprimiéndose actualmente la guerra como modalidad de conducción de las relaciones internacionales. En un punto, entonces, las relaciones entre Estados (por excelencia, primigenios sujetos de derecho internacional) han tenido como norte fijar las bases de las políticas del uso de la fuerza, incluso antes del nacimiento de la ONU e incluso de la Sociedad de las naciones.

Tomando como punto de partida que el recurso a la fuerza (ius ad bellum) se haya prohibido, dos ramas del derecho internacional vinieron a ocuparse del ius in bellum. Específicamente, el derecho internacional humanitario (DIH), recogiendo como dato la existencia de conflictos armados pese al ius contra bellum consagrado en la Carta, se ocupa, bajo la premisa de que "aunque guerra, no todo está permitido", de regular los métodos y medios de combate, consagrando asimismo categorías de personas y bienes protegidos. Por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) reconoce el derecho a la paz (inspirado, por ejemplo, en el Art. 28 de la Declaración Universal) (4), a la vez que establece un núcleo irreductible de derechos "en caso de guerra, peligro público y otra emergencia que amenace la independencia o seguridad" de los Estados partes en la Convención Americana (Art. 27 de la Convención).

Las interpretaciones más modernas reconocen la convergencia de una y otra rama cuyo sentido interpretativo debe ser el pro homine. En este sentido, la Conferencia de Derechos Humanos, convocada en Teherán en 1968 por las Naciones Unidas, resulta esclarecedora para conceptuar las relaciones entre DIH y DIDH en torno al derecho a la paz (5) . En su resolución XXIII, la Conferencia destacó que "la paz es la primordial condición para el pleno respeto de los derechos humanos, y que la guerra es la negación de ese derecho" y que, por consiguiente, es muy importante procurar que las reglas humanitarias aplicables en situaciones de conflicto armado sean consideradas como reglas integrantes de los derechos humanos. Así, se llegó al concepto de derecho humanitario como "derechos humanos en período de conflicto armado".

Como derecho humano, la paz aparece en la tercera de las categorías académicas de "generaciones". Cabe preguntarnos como, si la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales no sólo es contemporánea al nacimiento del derecho internacional mismo (el derecho siempre regulando el conflicto) sino que ha sido una de sus causas eficientes, el derecho a la paz llega en la ola de la "tercera generación" de derechos: con la aparición del individuo como sujeto del derecho internacional (y destinatario último de la paz), la evolución "permisión- restricción- prohibición" del recurso a la guerra en manos de los Estados pasa al individuo formulándose como derecho.

En particular, la doctrina marca como punto de partida del derecho a la paz la Declaración de las Naciones Unidas sobre la preparación de las sociedades a vivir en paz (Resolución 33/73) del año 1978, seguida por la proclamación del derecho a la paz como derecho humano en la Conferencia General de la Organización por la abolición de las armas nucleares en América Latina (OPANAL) en su resolución 128 (IV) del 27/04/1979. Siguiendo este desarrollo, la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la Paz, adoptada por la Asamblea General en su resolución 39/11 del 12/11/1984, proclama que "los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz" (Art. 1), estando los Estados obligados a la protección y al fomento de tal derecho, principalmente a través de una política orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra.

Desde el punto de vista de la persona humana, el derecho a la paz, tal se afirma, es un derecho "de síntesis" y la violación del mismo implica el desconocimiento de los otros derechos que contiene (6). A contrario sensu, si hay respeto del derecho a la paz, ello implica la vigencia de los derechos de primera y segunda generación. Entonces, la efectividad del derecho a la paz presupone el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales: ¿es ello una condición sólo necesaria o además es suficiente? ¿Tiene, por otro lado, un contenido más amplio que la ausencia de conflicto armado?

Por un lado, la evolución (desarrollo progresivo) del derecho internacional y de los derechos humanos, con más la falta de vehiculización en un instrumento internacional protector de derechos humanos y flagrantes violaciones a este derecho, impone que debamos barajar otras dimensiones del derecho a la paz fuera de las dos mencionadas, las cuales en esta oportunidad apuntan a los sujetos activos y pasivos del derecho a la paz.

No cabe discusión en torno a que derecho a la paz debe significar reconocerles a los individuos la posibilidad de ser agentes activos en la lucha por la paz, a integrar movimientos pacifistas y a realizar actividades para la promoción de la paz, los cuales constituyen una precisión del derecho contenido en la libertad de asociación (Art. 22 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCP-; 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH-), de reunión pacifica (Art. 21 PIDCyP; 15 CADH), de información y de expresión (19 PIDCP; 13 CADH) y de libertad de conciencia (Art. 18 PIDCP; 12 CADH).

Por otro lado, el derecho a la paz contiene el derecho la objeción de conciencia: ello permitiría la objeción pacifista a todo ciudadano de no participar en guerras de agresión organizadas por su Estado (7). Al respecto, dice Eide (citado por Gros Espiell) que el derecho a la paz incluye la libertad de los individuos de rehusarse a ser involucrados en una guerra (warfare) agresiva o en una intervención ilegal, o bien en una preparación militar de potencial aplicación agresiva.

Consecuentemente, "individuals should be free to refuse to undertake military service, not only on purely pacifist grounds, but also on the ground that the kind of military preparation taking place within their own country goes beyond what is required for defense proper" (8) (énfasis agregado). Jurídicamente, ello surge de la correcta interpretación del Art. 34 de la Declaración Americana (9).

Indirectamente, el individuo podría abstenerse de participar mediante la negación a pagar impuestos destinados al financiamiento (aspecto que también puede encontrar sustento en el Art. 36 del mismo instrumento) (10), a la vez que el mencionado Art. 28 de la Declaración Universal puede dar lugar al derecho a exigir la ratificación de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de desarme, de prohibición del uso de determinadas armas, sobre terrorismo, etc., más aún cuando el Estado de que se trate los ha firmado (11).

En el plano de la persona humana, entonces, este derecho humano se ejerce primordialmente frente al Estado, a la vez que el mismo es, en el sentido más corrientemente aceptado, el principal violador y garante de este y los demás derechos humanos. ¿Cómo juegan en esta afirmación las transformaciones operadas en torno al Estado y la delimitación de sus obligaciones? La realidad internacional presenta complejas realidades en las cuales no es el Estado el violador de los derechos humanos, desde que ha pasado a ser un actor más (aunque sujeto y el más prominente todavía, probablemente) en la escena mundial: el paso de la lógica interestatal del orden internacional (Bull) a la lógica trasnacional del orden mundial (Burton).

Esto nos remite al lugar común de discusión acerca de si los Estados son los únicos violadores de derechos humanos, aunque no es el núcleo al que quiero llegar sino al replanteo de las obligaciones de los Estados y especialmente, al reconocimiento de un derecho a la paz, fuera de las formulaciones del liberalismo y su tesis de la paz democrática.

La presentación de este proceso en torno a la guerra y la paz como derecho coincide con el reconocimiento de nuevos sujetos en la escena internacional. Bajo el sistema clásico donde los únicos sujetos eran los Estados: el derecho a la guerra. La posterior prohibición viene de la mano de la consolidación de las organizaciones internacionales como sujeto derivado (al advertirse la falta de razón de ser de una organización que no prohibiera el recurso a la fuerza armada) y luego su formulación como derecho humano con el reconocimiento del individuo. Sin embargo, esto que puede presentarse como compartimentos estancos sufrieron una explosión principalmente con la aparición de nuevos actores en la arena política internacional, trasnacionales, poderosos y económicos, lo cual creemos impone una reformulación del derecho a la paz tanto en su confrontación con las obligaciones que emergen del derecho de los derechos humanos como del derecho a la paz en cabeza de los Estados.

Cada vez es más difícil explicar como se agotan los conceptos en torno al Estado. Es claro que el mundo moderno y sus categorías se han agotado hasta en cuanto tales y con ello su concepto histórico, el Estado, cuyos elementos constitutivos hacen crisis también independientemente: fronteras que se esfuman, gruesos flujos de población, soberanía clásica en retroceso.

La justicia internacional, los procesos de integración, entre otras variables, han causado que las fronteras entre el derecho internacional y del derecho interno se estén desvaneciendo cada vez más, mostrando "a different kind of interaction between the homogenizing process and the process that emphasizes the heterogeneity" (12). Obviando las discusiones en torno al rol de los derechos humanos en la globalización, las conclusiones alertan sobre el peligro de asimilar la universalidad de los mismos con globalización, y sobre la reducción que puede operar por la incorporación de los mismos, reivindicativos por ADN, a la dimensión (política, primera reducción) de la democracia.

Justamente, el primer síntoma de la globalización en los derechos humanos puede leerse en la categoría que aloja al derecho a la paz: los derechos de tercera generación. La característica primordial de esta generación (que incluye el derecho al desarrollo, al medio ambiente, etc.) radicaría en la titularidad de los mismos: la humanidad toda, incluyendo la dimensión temporal de modo de proteger a las generaciones futuras.

Para el Estado el panorama es pura transformación. Ya en 1969 un economista afirmaba que "el Estado está casi acabado como una unidad económica" (13). Así, la creciente erosión de la soberanía de los Estados corre paralela a la rapidez con la que se desplazan las economías trasnacionales: "lo suficientemente rápido como para mantener un paso de ventaja sobre cualquier gobierno... que intente encauzar sus movimientos" (14).

Amin, al referirse al nuevo sistema mundial, señala junto a la erosión del Estado nacional autocentrado los cinco monopolios en torno a los cuales se reorganizan centros y periferias: el tecnológico, el financiero, el del manejo de los mercados de comunicación, el del acceso a los recursos naturales, y el de las armas de destrucción masiva (15). En esta diversificación, la cuota de poder estatal es cada vez menor.

Entonces asistimos a una nueva transición (luego de las dos apuntadas: organismos internacionales, individuo) de la cual el Estado era el único sujeto, concordante con el recurso a la guerra como manejo de las relaciones internacionales; el surgimiento de las organizaciones internacionales, sujetos derivados de aquél primigenio, con el mandato de prohibir tal recurso. Hoy la explosión de actores internacionales que incluso detentan más poder que el Estado mismo debería arrojar un panorama distinto: se hacen la guerra (nuevo concepto de guerra, principalmente por el uso de la tecnología), Estados que inician combates, Estados que no pueden/no quieren responder, organizaciones internacionales que exhiben su debilidad constitutiva en la adopción de las medidas previstas.

Nos detendremos un momento en la influencia del liberalismo. Es innegable la lógica relación entre liberalismo, Estados nacionales y derechos humanos: el liberalismo como la ideología funcional a la burguesía, encabezando la parcelación estatal (16) para convertirse en la gran tradición de la modernidad occidental (17). Como lo explica Morgenthau,

Los principios políticos y legales, originalmente formulados para apoyar y garantizar la libertad del individuo, fueron aplicados a la nación. La nación empezó a ser vista como un tipo de personalidad colectiva con características peculiares y derechos propios e inalienables; y la antítesis típicamente liberal entre libertad individual y opresión feudal fue transferida a la nación, donde quedó recogida en la hostilidad entre aspiraciones nacionales y Estado feudal. Las naciones deberían estar libres de la opresión, tanto la interna como la internacional. La voluntad popular debería decidir cómo y por quién debería ser gobernado el pueblo, al mismo tiempo que ese pueblo debería decidir sobre el Estado al cual desea pertenecer. Así podría justificarse tanto la revolución nacional como la guerra nacional.

Entonces, "la guerra proviene directamente de la experiencia interna del liberalismo. Desde Rousseau hasta Kant, … el pensamiento liberal ha considerado la universalidad del gobierno democrático o republicano como un prerequisito para la paz permanente" (ídem). Esta misma ideología liberal como medio -maquiavélico- para lograr la democracia y con ella la paz (pues el postulado, más o menos, consistía en que las democracias no se hacen la guerra) fue la misma que diera origen a los derechos humanos: aunque concebidos como universales (esto es, superando las parcelaciones estatales establecidas) y que luego se llamarían "de primera generación" fueron civiles y políticos, o por lo menos funcionales al liberalismo (sino cómo explicar que el derecho a la propiedad privada apareciera siempre entre ellos).

De esta manera, no podemos negar que los derechos humanos fueron concebidos en este marco particular; será la progresividad que los caracteriza la que haga los aggiornamientos necesarios para en este caso el derecho a la paz. La pregunta entonces puede formularse como sigue: si los DDHH fueron reconocidos como coto al poder del Estado, ¿cuál es su función ante la creciente transformación (erosión o desfondamiento, a gusto) del poder estatal?

Que el Estado haya sido consagrado como el único violador y a la vez garante de la protección de los derechos humanos fue una construcción claramente histórica, no sólo en momentos de auge de los Estados nacionales sino también por el propio desarrollo del derecho internacional, que en ese momento sólo registraba la subjetividad de los Estados.

Al decir de la profesora Velaverde, "los derechos humano son, como los códigos civiles o la escuela de la exégesis, uno de los productos característicos del pensamiento ilustrado y de la mentalidad liberal en lo que al fenómeno jurídico se refiere" (1997:218) (18). Esta ideología que les diera sino origen al menos forma determinó una peculiar configuración para los derechos humanos, positivas o negativas a gusto: de la positivización originaria a la proliferación incalculable de instrumentos internacionales que hoy consagran derechos humanos (expansión que fluye en los distintos niveles de competencia -internacional universal, internacional regional, nacional-, en cuanto a los derechos, en cuanto a los sujetos); dificultad para lograr concluir que pese al amplio reconocimiento (teórico) de los derechos de la persona humana, hay más derechos que los civiles y políticos; reducción a un contenido formal (e.g. derecho a la vida como privación arbitraria), etc. Siguiendo a Ara Pinilla (1990:97) es imposible no reconocer que "así, la función de los derechos humanos se ve, por consiguiente, disminuida en su aspecto transformador, para asumir un sesgo prioritariamente garantista. Se conjugan de esta forma las pretensiones más relevantes de la lógica burguesa…" (19).

A esto se suma que, en sentido contrario a esta desintegración, del derecho internacional de los derechos humanos emerjan corrientes cada vez más precisas en torno a las obligaciones en cabeza de los Estados, que se aglutinan bajo la denominada interpretación evolutiva: a la integralidad de derechos que pregona se le debería sumar, como contrapartida, la integralidad de los deberes estatales.

¿Estamos al ocaso de la concepción de los Estados nacionales como la forma que "permitió fijar las condiciones estructurales para el desarrollo a nivel mundial del sistema capitalista" (20)?

En este tablero inorgánico, ubicar la pieza del derecho a la paz en cabeza de los Estados en tanto sujetos es un reconocimiento honesto de las debilidades que enfrentan. Si las guerras de liberación nacional son a los pueblos lo que la desobediencia civil a los individuos, ¿es posible formular un concepto similar para salvaguardar al Estado frente a los polos de poder actuales? El sujeto obligado frente al mismo serían, claramente, los restantes sujetos de derecho internacional y quizás el desarrollo de este permita incluir a los actuales actores trasnacionales. El problema con las titularidades (pues titulares del derecho a la paz serían tanto los individuos como la humanidad, los Estados, las naciones, los pueblos) redunda en que nadie en definitiva sea titular en el sentido de ejercicio.

El otro punto que mencionara era el del nuevo escenario sobre el cual se dirigen las obligaciones en derechos humanos. Es de esperar que concomitantemente a la definición de nuevas y más profundas obligaciones en cabeza de los Estados, se abra el panorama para la responsabilización de otros actores no estatales. En este sentido es de esperar que la integralidad de las obligaciones recojan las obligaciones emergentes de los instrumentos que reconocen derechos económicos, sociales y culturales (esfuerzo hasta el máximo de los recursos disponibles "incluso mediante la cooperación internacional": Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Protocolo de San Salvador), parámetros que servirán para complementar los derechos ya reconocidos sino para ratificar la cooperación internacional en aquellos asuntos donde se encuentren en juego intereses mundiales superiores, tal como ocurre con el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y al desarme.

Si bien el derecho y humano a la paz aún no ha sido recogido en instrumento protector de derechos humanos (ni por la fuente auxiliar jurisprudencia), su formulación se inscribe tanto en el marco de la explosión del término derechos humanos (un medio donde todo es nombrado como derecho humano) como en el de la crisis de la pos modernidad (también llamada Modernidad tardía o incluso Hipermodernidad) y la globalización. Quizás este nacimiento conflictuado realice aquello de que "lo que no mata hace más fuerte" (Nietzsche).

Bibliografía (no citada).

BAUMAN, Zygmunt ([1998]1999), La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Original: Globalization. The Human consequences. Traducción: Daniel Zadunaisky.

Bidart Campos, German, El derecho a la paz en los valores de la Constitución, Revista Jurídica "El derecho", Tomo 126, p. 856, 1994

CAPELLA, Juan Ramón (1993), Los ciudadanos siervos, Trotta: Madrid.

DONELLY, Jack, Universal Human Rights: in Theory and Practice, New York, 1989.

Draper, G.I.A.D, Orígenes y aparición del derecho humanitario, en "Las dimensiones Internacionales del Derecho Humanitario", Instituto Henry Dunant, UNESCO. Tecnos ,1990
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Pérez Luño, Antonio (1989), "Sobre los valores fundamentadores de los derechos humanos", en Javier Muguerza, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid.

Ripol Carulla, Santiago, El Consejo de Seguridad y la defensa de los Derechos Humanos, Revista Española de Derecho Internacional, volumen LV (1999), p. 59

Rodríguez, Manuel, Amenazas a la democracia en America latina y respuestas colectivas y multilaterales para su defensa, en "Democracia y Derechos Humanos en el Contexto Económico Latinoamericano", Comisión Andina de Juristas, 2000.

Notas

1. La Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones tuvo algunos éxitos parciales, además de su importancia por sentar el principio de seguridad colectiva ("la noción de guerra como un duelo privado librado por completo al ámbito de los beligerantes es desterrada del derecho de gentes" -Barboza, p. 238): el arreglo de la cuestión de Silesa entre Alemania y Polonia y el de las islas Aland entre Finlandia y Suecia, entre otros. Pero las invasiones de Japón a la China (1931) , de Italia a Etiopía (1935) y las varias de Alemania debilitaron la organización, y ninguna función cumplió cuando estalló la Segunda Guerra Mundial (Moncayo y otros, p. 40).
   
2. "La justificación liberal de la guerra por la democracia y contra el despotismo proviene directamente de la experiencia interna del liberalismo… Desde Rousseu a Kant… el pensamiento liberal ha considerado la universalidad del gobierno democrático o republicano como prerrequisito para la paz permanente" (Morgenthau, p.31).
   
3. Becerra, Manuel, El derecho a la paz y el derecho internacional del desarrollo, "Conferencia sobre la Paz", T. I, difundido en la pagina web http://www.bibliojuridica.org/libros
4. Art. 28: "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".
   
5. Véase Swinarski, Christophe, "Common prospects and challenges for Internacional Humanitarian Law and the Law of Human Rights", en El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI. Memoria del Seminario, Noviembre 1999, Tomo I, Corte IDH, San José, 2001,
   
6. Tal relación ha sido reconocida desde el principio de la protección de los derechos humanos. La Declaración Universal, en el primer párrafo de su Preámbulo, considera que "la libertad, la paz y la justicia en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana", pues no puede realizarse el ideal del ser humano libre a menos que se creen las condiciones para el disfrute de sus derechos civiles, políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales (reconocimiento que mencionan los preámbulos de cada instrumento internacional).
   
7. Véase Estévez Araujo, J. "La desobediencia civil", en AAVV, En el límite de los derechos, Barcelona, 1996, pp. 205-216.
   
8. Gros Espiell, Hector, El derecho a la paz en "Conferencia sobre la Paz", T. I. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros.
   
9. Art. 34: "Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz" (énfasis agregado).
   
10. Art. 36: "Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos".
    
11. Sobre el valor jurídico de la Declaración Americana y la exigibilidad de los derechos que contiene: García. 2005.
    
12. García, Lila, About Human Rights´ Navel: turning on themselves to face the world, inédito.
    
13. Charles Kindleberger, citado por Keohane y Nye, Poder e interdependencia (1988), Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, p. 16.
    
14. Bauman, 1998, p. 75.
    
15. Amin, Samir (1997), Los desafíos de la mundialización, Mexico: Siglo XXI, p. 98-99.
    
16. Como lo afirmara Morgenthau, "el nacionalismo y el liberalismo han estado íntimamente asociados desde que las clases medias francesas destruyeron el Estado feudal en nombre de la nación francesa, y desde que las guerras napoleónicas llevaron a través de Europa la idea de la soberanía nacional y de la solidaridad en oposición a la opresión feudal" (Escritos sobre política internacional, Madrid: Tecnos, p. 30).
    
17. Peñas, Francisco Javier (1997), "Liberalismo y relaciones internacionales: la tesis de la paz democrática y sus críticos", en Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, No. 16, mayo 1997, pp. 119-140.
    
18. Velaverde Queijo de Llano, Caridad (1997), "La evolución del concepto de derechos humanos y sus modernas críticas", en Javier Saldaño (coord.), Problemas actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica, IIJ-UNAM: México.
    
19. Ara Pinilla, Ignacio (1990), Las transformaciones de los derechos humanos, Tecnos: Madrid.
    
20. Silveira Gorski, Héctor, "La exclusión del otro extranjero y la democracia de las diferencias", en Juan Ramón Capella, En el limite de los derechos, citado.
    

* Abogada (Universidad de Buenos Aires). Candidata Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la Plata. Docente "Derecho Internacional Público" y "Derecho Internacional Humanitario". Profesora visitante Universidad Inteligente de México (2006). Ganadora Beca Miguel de Cervantes (2005), también dicta clases en la Policía de Buenos Aires. Premios: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (2005), Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (2005), Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (2006), Consejo de la Magistratura (2006), Cátedra UNESCO (2003), Mejor Memorial (Human Rights Moot Court, AU, 2003).
Mail: garcía.lila@gmail.com

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