Tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamadas ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos tiempos ya habían sido reconocido como tales por la comunidad internacional. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas "generaciones" de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a los instrumentos internacionales, así como en los diversos textos constitucionales. Fue de este modo como surgieron los derechos económicos, sociales y culturales que, aunque ya eran reconocidos algunos de ellos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, su consolidación internacional fue indudablemente con motivo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

En este orden de ideas, con el transcurrir de la segunda mitad de siglo XX, fueron surgiendo nuevos derechos que tenían profundas diferencias con los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, principalmente en lo que se refiere a sus titulares, así como su forma de ser protegidos. Entre estos nuevos derechos se encontró el derecho humano a la paz.

Empero, la paz tardó en ser concebida como un derecho humano, debido a que este concepto fue tradicionalmente vinculado con las relaciones interestatales, muy lejos de tener algún contacto de carácter jurídico con los individuos.

Es así, que en el presente ensayo se estudiarán los avances del concepto de paz y su protección en el ámbito internacional, en particular por lo que se refiere al sistema de Naciones Unidas y al de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, se analizará el surgimiento de la paz como un derecho humano y su ubicación y aplicación tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en los sistemas jurídicos nacionales

Una de las grandes críticas que se dieron en torno al derecho humano a la paz fue en principio, su falta de reglamentación. Al respecto, Héctor Gros Espiell estableció en 1986 que, para que exista realmente el derecho humano a la paz, "[...] debe integrarse en el marco del reconocimiento, protección y garantía de los demás derechos humanos" (2). Sin embargo, ahora que ya hay normas internacionales e incluso nacionales que regulan este derecho, el argumento de diversos autores para negar su existencia es que no tiene aplicación efectiva, en virtud de que no hay las figuras jurídico-procesales necesarias para así poder hacerlo efectivo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En este apartado se analizará la aplicación del derecho humano a la paz en el plano interno, así como en el plano internacional.

La aplicación del derecho humano a la paz en el ámbito nacional

A pesar de la reticencia a consagrar a la paz como un derecho humano en los sistemas jurídicos nacionales, existen Estados que ya lo han incorporado en sus respectivas constituciones. En efecto, la ley fundamental colombiana de 1991, estableció en su artículo 22 lo referente al derecho humano a la paz, cuya redacción fue la siguiente: "La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento".

Sin embargo, aún con este gran avance jurídico, el derecho humano a la paz se ha visto inmerso en grandes polémicas que no lo han dejado desarrollarse. En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia, ha frenado la implementación del derecho humano a la paz, previsto en su artículo 22 constitucional al señalar que "(s)i bien el derecho a la paz ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento constitucional colombiano, puesto que es de obligatorio cumplimiento, no es, en sentido estricto, un derecho fundamental, [...]" (Subrayado mío) (3).

Pero ¿qué implicaciones en el orden jurídico colombiano tiene la idea de no considerar al derecho humano a la paz como un derecho fundamental?. Tradicionalmente, la Acción de Tutela en Colombia, equivalente al Amparo en otros países del hemisferio, es el medio idóneo para restablecer al lesionado en el goce de sus derechos violados, de acuerdo con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al desentrañar el sentido del artículo 25 de la Convención Americana, expresó que:

(e)l texto citado (el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados partes y por la Convención (4).

No obstante a ello, la Corte Constitucional colombiana ha señalado que el derecho humano a la paz, reconocido en el artículo 22 constitucional, al no ser un derecho fundamental no procede en contra de su violación la Acción de Tutela, debido a que este derecho, "[...] por su propia naturaleza pertenece a los derechos de tercera generación, y requiere el concurso para su logro de los más variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que, recíprocamente se le puede exigir sin que se haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria" (5). Pero además, en la misma sentencia la Corte Constitucional concluyó que:

. (s)e ha sostenido que este tipo de derechos (el derecho humano a la paz) tiene un carácter proclamatorio en razón de las dificultades para que de ellos se predique la eficacia jurídica. De todos modos y es lo que interesa ahora, no se trata de un "Derecho Natural" cuyo cumplimiento inmediato pueda demandarse de las autoridades públicas o de los particulares a través de la acción de tutela (6)

En Colombia entonces, el recurso para garantizar el derecho humano a la paz es la Acción Popular, el mecanismo especializado para la protección de los derechos colectivos, es decir, de aquellos que no son derechos fundamentales.

Esta apreciación de la Corte Constitucional colombiana es lamentable, si tomamos en consideración el esfuerzo de los constituyentes para plasmar en su ley fundamental, no sólo una buena intención de lograr la paz como política nacional, sino que además, la inclusión de la paz como un nuevo derecho humano, un derecho "síntesis" que tras su consecución, se pudieran gozar de los demás derechos humanos.

Pero más aún, el criterio de negar el carácter de "fundamental" al derecho a la paz, va en contra de lo que los propios constituyentes quisieron consagrar en el máximo ordenamiento colombiano, tal como lo demuestra la intervención de Misael Pastrana Borrero ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en donde expuso que "(e)l mínimo a la paz constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía depende la efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona" (7) (Subrayado mío). La Corte Constitucional parece evidenciar entonces, que la decisión de la Asamblea Constituyente colombiana de incorporar el derecho humano a la paz en el artículo 22 del nuevo texto fundamental, obedeció más a una estrategia populista y demagógica, que a una firme convicción de garantizar el derecho humano a la paz, independientemente de las circunstancias que pudieran darse en aquel país. A pesar de ello, es de destacar la intención de la Asamblea Constituyente de plasmar por primera vez en un texto constitucional latinoamericano, el derecho de cada ser humano a la paz.

Empero, es de hacer notar que un texto constitucional consagra de manera expresa que "(l)a paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". Este gran esfuerzo marca un inicio en la corriente constitucionalista latinoamericana, y aunque todavía es visto como un derecho colectivo, en los años venideros esperemos que los textos fundamentales de nuestra región, sigan el ejemplo de Colombia y eleven el derecho humano a la paz a nivel constitucional. Además, es necesario que sea protegido por la Acción de Tutela o el Juicio de Amparo, con la finalidad de lograr su efectiva realización a nivel nacional.

Pero Colombia no ha sido el único país en el que se ha tutelado el derecho humano a la paz. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones de los países partes de aquella conflagración establecieron disposiciones constitucionales relativas a la consecución de la paz y la renuncia a la guerra de agresión, como medio idóneo para comenzar la reconstrucción y el desarrollo en Europa. De esta manera, el constituyente alemán de la posguerra reconoció a la paz como fundamento de los derechos que el Estado tutelaría a sus habitantes. De la misma forma, tanto Francia por medio de su Constitución de 1946, como Italia en su Constitución de 1947, dispusieron la condena de la guerra, cuando ésta tuviera como finalidades, la conquista y la intromisión en los asuntos internos de otras naciones.

Sin embargo, el caso más notable para consagrar el derecho humano a la paz a nivel nacional, fue en la Constitución japonesa de 1946. Este texto fundamental, que recibió toda la influencia norteamericana posible, buscó desde el principio la proscripción a toda clase de guerra, que de acuerdo con su artículo 9, solamente mediante una renuncia total a la guerra puede asegurarse verdaderamente la paz.

Por otra parte, el mismo artículo 9 buscó la desmilitarización, para dar así el ejemplo al resto de la comunidad internacional. Con estas inclusiones, parecía que el ordenamiento jurídico nipón no tenía en gran diferencia con otros en materia de consolidación de la paz. Sin embargo, debido a la guerra entre las Coreas, Estados Unidos presionó a Japón para que se volviera a armar con miras a enfrentar el bloque comunista. El gobierno del este país oriental, al observar que esto sería calificado de inconstitucional, buscó adecuar la recién creada Fuerza de Autodefensa a la Constitución nipona (8).

Con la Fuerza de Autodefensa, fue la justicia japonesa la que se encargó de desarrollar el derecho a la paz, de conformidad a lo preceptuado en el mencionado artículo 9 constitucional, ya que los tribunales de aquel país, en los casos Eniwa y Nagamuna, declararon que esta disposición efectivamente contiene el derecho de los individuos a la paz (9).

Aunque los tribunales japoneses no han entrado a conocer de la constitucionalidad de las Fuerzas de Autodefensa, lo que nos interesa es que del artículo 9 de su texto fundamental, la jurisprudencia ha extraído de él, el derecho de los individuos a la paz. Más aún, y en esto lleva ventaja Japón sobre lo realizado en Colombia, los individuos que se sientan perjudicados en su derecho humano a la paz, tienen la posibilidad de acudir a la justicia nipona, para exigir de ella un fallo que les proteja de intromisiones a este derecho. De esta manera, queda claro que la nación japonesa es la que más ha realizado esfuerzos por, no sólo consagrar el derecho humano a la paz, sino por crear un régimen judicial de tutela, la cual ha traído resultados bastante favorables.

Además de garantizar el derecho a la paz por medios judiciales, los Estados tienen la obligación de realizar todos los esfuerzos posibles de carácter legislativo y ejecutivo, que tiendan hacia su cabal protección, para que este derecho no sea violado y no sea necesario buscar la intervención jurisdiccional para su reparación o bien, su indemnización. En este orden de ideas, la mejor forma de encaminar esos esfuerzos para acceder a la paz en el plano nacional y por lo tanto, garantizar el derecho humano a la paz, es mediante la consolidación de las instituciones democráticas dentro de todos los Estados (10). Sin embargo, el término "democracia" no debe reducirse exclusivamente a los procesos electorales en donde se determinen a los representantes populares. Por el contrario, la democracia es mucho más de ello, es en palabras de la Constitución mexicana, "[...] un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

De acuerdo con la definición anterior, y en el mismo sentido que ya habíamos estudiado, en la medida en que un Estado pueda garantizar un sistema democrático, en el que se ofrezcan las condiciones propicias para el pleno ejercicio económico, social y cultural, el derecho a la paz podrá llegar a su realización.

Ahora bien, en nuestro continente las vías de llegar a la democracia se han simplificado considerablemente con la promulgación de la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001, en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, justo el mismo día de los terribles ataques terroristas en Nueva York y Washington D.C.

La Carta Democrática Interamericana prevé los principios generales que los Estados americanos deben seguir en aras de la consolidación democrática. Así pues, la Carta establece que la democracia no se puede concebir, si no existe paralelamente un régimen de protección de derechos humanos, en los Estados miembros de la OEA. Además, los exhorta a participar plenamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en su caso, la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, la Carta Democrática Interamericana describe la interrelación existente entre la democracia y el desarrollo integral, así como el combate a la pobreza. Igualmente, la Carta enuncia una serie de disposiciones relativas a la preservación de la democracia, en aquellos casos en que un Estado tenga crisis internas y que pongan en peligro la "institucionalidad democrática". Finalmente, la Carta regula las misiones de observación electoral, que vigilarán y evaluarán las elecciones a petición de los Estados.

De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la democracia no se reduce a los procesos electorales. Por el contrario, la democracia va más allá, y es precisamente lo que la Carta procura hacer mediante la enumeración de estos principios fundamentales. Hay que destacar que este nuevo instrumento internacional no es un tratado, por lo que no genera obligaciones a los Estados. Sin embargo, al ser una resolución de la Asamblea General, se puede considerar como un documento interpretativo de la propia Carta constitutiva de nuestra organización regional, especialmente de su artículo 2 b), el cual dispone como propósito esencial de la OEA "(p)romover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención". De esta forma pues, la Carta Democrática Interamericana pese a ser una resolución, pueden generar ciertas obligaciones para los Estados, y por lo tanto éstos tendrán que acatar su contenido.

En este sentido, la democracia como sistema de vida, es un requisito fundamental para la plena protección del derecho humano a la paz. Es así como lo ha señalado Federico Mayor el expresar que "(l)a paz, el desarrollo y la democracia forman un triángulo interactivo, cuyos vértices se refuerzan mutuamente" (11). Con la promulgación de la Carta Democrática Interamericana, los Estados de nuestro hemisferio tienen ya los lineamientos generales para consolidar de una vez por todas, sus instituciones democráticas, y así garantizar el derecho humano a la paz.

Esta vinculación entre democracia y paz se ha hecho patente en los últimos tiempos, con la reciente aparición de nuevos textos constitucionales. Tal es el caso de la reciente ley fundamental venezolana de 1999 que señala en su ultimo artículo, el 350, que "(e)l pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas [...]". De esta forma, la nación bolivariana vincula de manera clara la búsqueda de la paz con la democracia, como dos de los valores fundamentales e inseparables de aquel país.

El derecho humano a la paz en los tratados internacionales como forma de aplicación en los sistemas jurídicos nacionales

Hemos estudiado ya, que actualmente existen instrumentos internacionales que consagran el derecho a la paz como un derecho humano, tal como la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz. Empero, documentos como éste son meras resoluciones emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas que carecen de eficacia jurídica y que tienen un carácter declarativo, sin generar obligaciones entre los Estados.

Por lo tanto, en la actualidad no existe ningún documento, regido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que contenga dentro de sus preceptos al derecho humano a la paz. El único caso donde se señala es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, sin embargo, su aplicación sólo es carácter regional.

Así entonces, la idea de crear un tratado internacional en materia relativa al derecho humano a la paz, parece ser fundamental para su aplicación internacional, tal y como lo veremos más adelante. No obstante, la elaboración de un tratado, también tendría efectos jurídicos en los sistemas jurídicos internos, debido a que en las naciones latinoamericanas, los tratados internacionales, al ser debidamente ratificados, se convierten en ley de aplicación interna en los Estados. Esta fórmula fue prácticamente copiada de los Estados Unidos de América y ha sido incluida en textos constitucionales del resto del continente. Por citar tan sólo un ejemplo, la Constitución mexicana, dispone en su artículo 133 que:

Esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán a Ley Suprema de toda la Unión.

Disposiciones como ésta, encontramos en prácticamente todas las constituciones latinoamericanas. De esta forma, si existiese un tratado internacional que contemple el derecho humano a la paz, por el sólo hecho de su ratificación, pasaría a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Así entonces, los gobernados tienen en los tratados, derechos más amplios que los contenidos en texto de la Constitución.

Sin embargo, esta situación ha ocasionado tradicionalmente que en los sistemas legales existan una clasificación de derechos, de acuerdo con el documento en el cual estén contenidas, esto es, que tenemos derechos de carácter constitucional y derechos de procedencia convencional.

Ahora bien, como sabemos, la Constitución es la ley de mayor jerarquía dentro de un Estado y, en el mejor de los casos, en un segundo lugar se encontrarán los tratados internacionales. Esto supone que los derechos constitucionales tengan mayor importancia que los derechos convencionales, cuestión que es ilógica pues ambas prerrogativas buscan tutelar la dignidad humana, y por lo tanto no debería haber jerarquía entre ellas. De acuerdo con lo anterior, un tratado internacional que contuviera el derecho humano a la paz estaría supeditado a no contrariar algún precepto constitucional, ya que si lo hiciera esta norma convencional carecería de efectos jurídicos.

Para evitar esta incongruencia, en diversos Estados de nuestro continente se han llevado a cabo reformas constitucionales en las cuales se les han dado rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Como ejemplo, la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, dispone en el artículo 23 que "(l)os tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno [...] son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público". Con esta innovación, los derechos constitucionales y los derechos convencionales se encuentran en la misma posición jerárquica y por lo tanto, no hay subordinación entre ellos. Cabe destacar que disposiciones similares se encuentran en las constituciones de Colombia, Argentina, Nicaragua, Chile, Paraguay, Bolivia, España, Portugal, entre otros.

Como resultado de esta idea de equiparar los derechos convencionales con los derechos constitucionales, se tiene que si tuviéramos un tratado internacional que tutelara el derecho humano a la paz, éste sería automáticamente un derecho de igual rango a aquellos contenidos en la Constitución y por lo tanto, operaría sobre de él, todos los medios legales y constitucionales de protección. Esta es sin duda, una alternativa viable para garantizar el derecho humano a la paz en el orden interno, además de los efectos que se tendrían en el Derecho Internacional.

La aplicación del derecho humano a la paz en el derecho internacional

Finalmente, el derecho humano a la paz también es susceptible de ser aplicado a la luz del Derecho Internacional. En efecto, ya hemos analizado que incluir el derecho humano a la paz en algún tratado internacional tiene efectos en los sistemas jurídicos internos. Sin embargo, la finalidad principal de plasmar el derecho humano a la paz en convenciones es para generar obligaciones entre Estados, esto es, dentro de la comunidad internacional.

En este orden de ideas, el ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Héctor Gros Espiell, señala que hay tres formas principales, por medio de las cuales se puede consagrar el derecho humano a la paz en el Derecho Internacional, a saber: en un Protocolo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en un nuevo Pacto de derechos de tercera generación y finalmente, en una Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas (12).

En primer lugar, la opción al Protocolo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se establezca un catálogo de derechos de solidaridad. Empero, para Gross Espiell esta idea es poco favorable debido a que por la naturaleza de ambas generaciones, es imposible que los medios de protección de los derechos civiles y políticos, puedan ser igualmente efectivos en los derechos de solidaridad (13). En los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos, esta propuesta sería similar mediante un Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos respectivamente, en el que de igual manera se estableciera el catálogo de derechos de solidaridad.

Pero, ¿cuál es el mecanismo de protección que tienen previsto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para los Derechos de primera generación?. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en su parte IV un "Comité de Derechos Humanos", el cual tiene que finalidad entre otras, recibir denuncias interestatales sobre probables violaciones a los derechos enumerados en el propio Pacto. Pero más aún, mediante el Primer Protocolo Adicional al Pacto, en su artículo 1º, el Comité de Derechos Humanos también puede recibir denuncias de individuos que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado parte y aleguen ser víctimas de violaciones a los derechos contenido en el Pacto.

Respecto de los sistemas regionales, en Europa existe una Corte y antiguamente una Comisión, que se encargaban de velar por los derechos humanos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como en sus numerosos pactos, mediante las denuncias individuales e interestatales. Por su parte, el sistema interamericano copió el modelo europeo y, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispuso de una Corte, además de dar nuevas funciones a la Comisión Interamericana.

Estos modelos, creados para la protección de los derechos civiles y políticos, son diferentes de los métodos utilizados para tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, en virtud de que éstos se rigen bajo el principio del desarrollo progresivo. Sin embargo, los derechos de solidaridad y particularmente el derecho a la paz, sí tienen elementos de carácter individual que permitirían a las víctimas acudir a la justicia internacional, europea o interamericana para exigir las reparaciones pertinentes. El caso japonés que ya hemos estudiado, demuestra claramente como sí se puede hacer justiciable vía petición individual el derecho humano a la paz.

Otra de las opciones para vincular a los Estados a proteger el derecho humano a la paz, es crear un tercer pacto que verse sobre los derechos de tercera generación, o bien, a nivel regional crear tratados paralelos que contuvieran el catálogo de derechos de solidaridad, pero que no guardaran subordinación alguna respecto del Convenio Europeo o la Convención Americana, respectivamente.

La diferencia entre un Protocolo y un nuevo tratado radica en que mientras en el primero se tendría que aplicar el mecanismo de aplicación ideado para los derechos civiles y políticos para los derechos de solidaridad, en el segundo, como es especializado para los derechos de tercera generación, se podrían crear mecanismos particulares que puedan garantizar realmente estos derechos.

Esta propuesta también es benéfica, en virtud de que los derechos de tercera generación requieren de un tratamiento especial debido a su naturaleza, cuando éstos son entendidos como derechos colectivos. Empero, esto no debe implicar que el derecho humano a la paz, al constar de elementos que hacen de él también un derecho individual, no sea justiciable vía petición personal, ya sea ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos o bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, tanto el Protocolo de reformas como un nuevo tratado independiente que tutelen el derecho humano a la paz, al momento de ratificarse, pasarían a formar parte de los ordenamientos jurídicos internos, por lo que serían de aplicación inmediata, independientemente del rango jurídico que tengan los tratados internacionales respecto de la Constitución.

La última opción es la promulgación de una Declaración internacional a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o bien, en el ámbito interamericano por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en donde se contengan específicamente los derechos de tercera generación y en especial el derecho a la paz. Esta propuesta fue solicitada por la reunión de expertos de la UNESCO sobre el derecho humano a la paz en 1997, cuando en el numeral 4 de la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria se dispuso que:

[...] el derecho humano a la paz debería ser reconocido, garantizado y protegido en el plano internacional, mediante la elaboración de una Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz, que podría conducir a adoptar en el plano nacional a adoptar medidas de carácter constitucional, legislativo y reglamentario en todos los Estados miembros de la comunidad internacional.

Una Declaración, ya sea de Naciones Unidas o de la OEA, puede servir base para emitir los lineamientos sobre la protección efectiva del derecho humano a la paz, pues como señala el numeral 4 de la Declaración de la Las Palmas de Gran Canaria, sería la inspiración de diversos Estados para incorporar al derecho humano a la paz junto con todas las demás prerrogativas constitucionales. No obstante, la Declaración por sí misma no produce ningún resultado inmediato, pues aunque aún se debate si son fuentes de Derecho Internacional las resoluciones de Asamblea General de Naciones Unidas o de OEA o no, lo cierto es que éstas carecen de efectos jurídicos y por lo tanto, los Estados no se encuentran obligados por su mera promulgación. De esta forma, si se creara un Declaración sobre el derecho humano a la paz, se tendría que seguir trabajando para cristalizar posteriormente los elementos de dicha resolución, en algún tratado internacional y en los sistemas jurídicos nacionales.
Con todo, una Declaración sobre el derecho humano a la paz puede ser de gran utilidad no por sus efectos jurídicos, sino por el impacto que pueda generar en la comunidad internacional, así como en los órganos constituyentes nacionales.

Como vemos pues, actualmente es imposible acudir a la justicia internacional e interamericana para denunciar la violación del derecho humano a la paz, pues éste se encuentra aún en la doctrina internacional. Sin embargo, esto no implica que los tribunales internacionales no puedan tomar en cuenta los lineamientos que se han dado sobre el derecho humano a la paz, en el momento de decidir sobre la probable violación a otros derechos. A manera de ejemplo, Cançado Trindade expresa que en "(e)n el universo de la ley internacional sobre los derechos humanos, el derecho a la paz aparece como una extensión del derecho a la vida lato sensu" (14).

De esta forma, Cançado Trindade relaciona directamente al derecho humano a la paz con el derecho a la vida, entendido éste último en su sentido amplio en oposición al aspecto estricto de no ser privado de la vida, concepción que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, siguiendo el principio de la interpretación evolutiva(15) de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Con esto, es tal el progreso que los tribunales regionales le han dado al derecho a la vida que, de acuerdo con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Cançado Trindade:

(e)l derecho a la vida no puede seguir siendo concebido restrictivamente, como lo fue en el pasado, referido sólo a la prohibición arbitraria de la vida física. [...] La privación arbitraria de la vida no se limita pues, al ilícito del homicidio, se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. [...] el proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona (16).

Así pues, el derecho a la vida no puede verse ya sólo como una obligación del Estado de no privar arbitrariamente a las personas de seguir existiendo, sino que ahora este derecho implica gozar de una vida digna, integral. En el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que un Estado además de su conducta de omisión para no perturbar el ejercicio del derecho a la vida, debía crear las condiciones necesarias para que fuera vida digna, sin lo cual, no podía hablarse de un efectivo respeto a este derecho fundamental (17).

De esta manera, no puede entenderse el derecho a la vida digna sin una efectiva protección del derecho humano a la paz, entendido éste como una paz civil que conlleve la seguridad exterior, la seguridad pública, la seguridad jurídica y la seguridad social, aspectos del derecho humano a la paz que se han estudiado en este trabajo.

Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de considerar al derecho a la paz como una extensión al derecho a la vida?. Como ya se ha dicho, el derecho humano a la paz no es justiciable vía petición individual ante los tribunales internacionales, es decir, una persona no está legitimada para denunciar a un Estado por la probable violación al derecho humano a la paz, debido a que este derecho no está regulado en el Derecho Internacional.

No obstante, si se adopta el criterio de que el derecho a la vida requiere que, además de no ser privado de ella, existan las condiciones mínimas para una vida digna tal como lo han establecido distintos tribunales internacionales, implicaría que el simple hecho de que hubiera una afectación a los elementos constitutivos del derecho humano a la paz, aportados por la doctrina y las resoluciones existentes de Naciones Unidas, y que causaran un menoscabo al derecho a la vida digna, legitimaría entonces a los lesionados a acudir ante algún órgano regional o mundial de derechos humanos para demandar a un Estado por la violación al derecho a la vida.

Empero, es preciso resaltar que, aunque mediante esta fórmula los individuos pueden hacer efectivo su derecho humano a la paz, éste sigue siendo dependiente de otros derechos, por lo que en un futuro se debe buscar el reconocimiento del derecho humano a la paz, como un derecho autónomo en su estudio y en su aplicación.

Conclusiones

En los sistemas jurídicos nacionales, el derecho humano a la paz ha sido consagrado constitucionalmente en la ley fundamental colombiana de 1991, la cual en su artículo 22. Sin embargo, una interpretación restrictiva de este precepto, ha llevado a la Corte Constitucional colombiana a ubicar a esta prerrogativa dentro de los no fundamentales, y por lo tanto el medio idóneo para su protección, es decir, la Acción de Tutela es inoperante en caso de violación a derecho humano a la paz. El medio indicado, de acuerdo con la Corte Constitucional es la Acción Popular, el recurso adecuado para los derechos colectivos. No obstante, existen otros órdenes jurídicos, como el japonés, en el que el derecho humano a la paz ha sido interpretado como una prerrogativa individual, y por lo tanto, los tribunales de aquel país tienen competencia para conocer vía petición personal sobre probables violaciones a este derecho.

Una solución para consagrar el derecho humano a la paz en los sistemas jurídicos nacionales, es mediante la ratificación de un tratado internacional que contenga dicha prerrogativa. De esta forma, en los países del hemisferio, al disponer en sus constituciones que los tratados internacionales de los cuales son parte, son ley de aplicación interna, el derecho humano a la paz pasaría a ser uno más de los derechos que esos Estados reconocen a los individuos que se hallen bajo su jurisdicción. Pero más aún, para aquellas naciones que han elevado a rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, la idea de crear una convención en materia de derecho a la paz, implicaría que tan pronto como ésta fuera ratificada, nuestro derecho en estudio tendría prácticamente la misma posición jerárquica respecto de los derechos constitucionales.
La mejor manera para garantizar el derecho humano a la paz, independientemente de su reconocimiento, es a través de la consolidación de las instituciones democráticas. Es por esto que los Estados americanos tienen ante sí, el reto de cumplir lo preceptuado por la Carta Democrática Interamericana para que, de una vez por todas, se logre implantar de forma permanente la democracia en nuestros países.

A pesar de que no existe una reglamentación internacional en materia de paz que genere obligaciones para los Estados, el derecho humano a la paz, al ser visto como una precondición para el derecho a la vida, tanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden conocer del derecho humano a la paz como un presupuesto necesario para el derecho a la vida lato sensu. Sin embargo, a pesar de este avance, el futuro del derecho humano a la paz en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, dependerá de la autonomía en su aplicación que puede obtener. Sólo en el grado en el que logre esto tanto a nivel nacional como internacional, podemos hablar de un verdadero derecho humano a la paz. ¡Ojalá así sea!

Notas

1. BEDJAOUI Mohammed, "Introducción al Derecho a la Paz", en Diálogo, Derecho Humano a la Paz: Germen de un Futuro Posible, UNESCO, No. 21, México, junio de 1997. p. 7.
   
2. GROS ESPIELL Héctor, "El Derecho a la Paz", op. cit. p. 97.
   
3. "Reserva de Ley Estatutaria-Facultades del gobierno en estados de excepción", Acción de constitucionalidad, Sentencia No. C-055/95, Corte Constitucional de Colombia, Bogotá, 1995.
   
4. Opinión Consultiva OC-8/87, "El Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)", Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 32.
   
5. "Derecho a la Paz/Derecho Colectivo/Acción Popular/Acción de Tutela - Improcedencia", Acción de Tutela, Sentencia No. T-08, Corte Constitucional de Colombia, Bogotá, 1992.
   
6. Idem.
   
7. "Mínimo de paz y derecho a la paz", Acción de Tutela, Sentencia No. T-439, Corte Constitucional de Colombia, Bogotá, 1992.
   
8. Cfr. MUÑOZ DÍAZ Patricio, "El Derecho a la Paz y el Derecho Constitucional", Asociación Argentina de Derecho Constitucional, No. 182, Córdoba, junio de 2001, p. 10.
   
9. En el caso Eniwa, el tribunal de Sapporo absolvió en 1967 a un grupo de campesinos que se encontraban acusados por cortar los cables de comunicación de las Fuerzas de Autodefensa.
   Asimismo, en el caso Naganuma, el tribunal de Sapporo y posteriormente, la Corte Suprema japonesa, aceptaron "el derecho a vivir en paz como razón suficiente para demandar, desechando la técnica de interpretación restrictiva de la ley y juzgando limitadamente la teoría de los actos de gobierno".
   
10. Para profundizar en la jurisprudencia japonesa en materia de derecho a la paz, se recomienda, FUKASE T., "Rapport Japonais au Ivèrne Congrès Mondial de A.I.D.C. de 1995, Tokio, 1995, citado por MUÑOZ DÍAZ Patricio, op. cit. p. 11.
    Cfr. RODRÍGUEZ ASSMAN Bárbara, "Reflexiones Jurídicas y Políticas sobre el Derechos a la Paz", Revista de Ciencias Jurídicas, No. 55, Universidad de Costa Rica, San José, enero-abril de 1986, p. 51.
    
11. MAYOR Federico, "Derecho Humano a la Paz. Germen de un Futuro Posible", en Diálogo, Derecho Humano a la Paz: Germen de un Futuro Posible, UNESCO, No. 21, México, junio de 1997, p. 4.
    
12. Cfr. GROS ESPIELL Héctor, "La Implementación Internacional del Derecho Humano a la Paz" en Diálogo, Derecho Humano a la Paz: Germen de un Futuro Posible, UNESCO, No. 21, México, junio de 1997, pp. 22-23.
    
13. Cfr. Idem.
    
14. CANÇADO TRINDADE Antonio Augusto, op. cit. p. 21.
    
15. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 16, la interpretación evolutiva significa que "los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que ir acompañada de la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales". Este criterio fue recogido de los casos, Marcks vs. Bélgica, Loizidou vs. Turquía y Tyrer vs. Reino Unido, sustanciados ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
    
16. CANÇADO TRINDADE Antonio Augusto, Voto razonado de la sentencia del Caso Villagrán Morales y otros (fondo) sustanciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
    
17. En el voto razonado del juez y presidente Cançado Trindade en el caso Villagrán Morales y otros relativo a niños de la calle, se llegó al extremo de afirmar en el párrafo 9 que (u)na persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la culminación de la destrucción total del ser humano.
    

* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente cursa la Maestría en el World Trade Institute de la Universidad de Berna, en Suiza.
Mail: chrisvidal@hotmail.com

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