Como se ve, la pregunta
refleja el fondo de las intenciones de los arquitectos de
la autonomía departamental: disponer libremente de
los recursos naturales (renovables y no renovables) y financieros.
La promesa del entonces Presidente, Carlos Mesa, de convocar
a elección de prefectos abría ya las puertas
para un cierto nivel de "autonomía de hecho".
El resto de la historia
es bastante conocida: las movilizaciones de mayo - junio del
pasado año no desembocan en una convocatoria inmediata
a la Asamblea Constituyente ni en la nacionalización
de los hidrocarburos, tal como demandaban los movimientos
sociales en las calles, sino en una convocatoria a elecciones
que derivó la problemática al siguiente gobierno,
asumido por Evo Morales desde el 22 de enero.
En febrero de este año
se realiza en Santa Cruz una Cumbre Social hacia la Asamblea
Constituyente, convocada por las organizaciones del Pacto
de Unidad. Ahí se decide apoyar en términos
gruesos la propuesta del MAS (Movimiento al Socialismo) en
referencia a la Ley de Convocatoria; esto es, 3 constituyentes
por circunscripción local, pero se le añade
el planteamiento de que 32 asambleístas indígenas,
elegidos por usos y costumbres, formen parte de la Asamblea
Constituyente para garantizar la participación de los
pueblos originarios sin intermediación partidaria.
El 4 de marzo de este
año se aprobaron simultáneamente, en el Congreso
Nacional de Bolivia, dos leyes de suma importancia de cara
al proceso social y político que enfrentará
el país en los próximos meses: la Ley Especial
de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la de Convocatoria
a un Referéndum para las Autonomías Departamentales
(5). Como estaba previsto, el dos de julio
pasado se realizaron las elecciones para constituyentes y
el referéndum autonómico. A primera vista pareciera
que los resultados son contradictorios. El MAS ganó
137 asambleístas, lo que significa el 54% del total
(6), pero al mismo tiempo, en los departamentos
de la autodenominada "Media Luna" (Pando, Beni,
Santa Cruz y Tarija), ganó el Sí a favor de
la Autonomía Departamental (7).
El hecho que las dos leyes
se hayan aprobado juntas y que los dos comicios se hayan realizado
el mismo día no es casual: responde a las demandas
de los dos sectores en conflicto que buscan lograr hegemonía
en el escenario nacional desde la avanzada del movimiento
social con la Guerra del Agua del 2000. Así, la Asamblea
Constituyente es el resultado del planteamiento de varias
organizaciones sociales, especialmente indígenas y
campesinas, como búsqueda de lograr un espacio de reorganización
de la distribución del poder colonial del país
y de control sobre apetecidos recursos naturales renovables
y no renovables. Por parte de la demanda de creación
de las autonomías departamentales, lo que se busca
es consolidar el poder agroempresarial de la punta de lanza
oligárquica, representada en el Comité Cívico
de Santa Cruz, mediante el control político y económico
sobre importantes recursos productivos, especialmente agua,
bosques, tierra e hidrocarburos.
Lo que está en
juego en los dos planteamientos, entonces, es el control sobre
los recursos estratégicos del país. La pregunta
central, desde esta perspectiva, es: ¿cuál va
a ser el nivel de restricción o libertad del capital
en cuanto a circulación y en cuanto a apropiación
de los recursos estratégicos del país? (Regalsky
2006). Vistos así, los dos procesos apuntan a intereses
opuestos que se pueden resumir en tres búsquedas:
Por una parte, está
sobre la mesa el interés de la oligarquía cruceña
de aliarse al poder transnacional para facilitar la libre
circulación del capital mediante la extracción
de importantes recursos estratégicos con valoración
global. Se trata del sector que ha asumido la representación
de la oligarquía nacional y que busca un desplazamiento
del eje político y económico nacional pero en
estrecha articulación a las transnacionales. Desde
esta perspectiva, el referéndum autonómico se
constituyó en una estrategia jurídico-política
que apuntaba y apunta a la consolidación de su poderío
económico.
De otro lado, se encuentra
el interés del gobierno de Evo Morales que cada vez
más va evidenciando un cierto "retorno nacionalista";
es decir, pareciera que su programa económico se encamina
por lograr la fórmula del estado benefactor de los
años 70, bajo el criterio de un fuerte programa social
a partir de la recuperación de ciertos recursos con
mayor control estatal.
Finalmente, se encuentra
el interés de las comunidades indígenas y originarias
por controlar sus territorios como saldo histórico
de la expropiación que han vivido en diferentes etapas
de la vida colonial y republicana; práctica que se
ha mantenido presente pese a los continuos embates de la economía
de mercado que desde fines del siglo XIX ha intentado imponer
el mercado de tierras y la cooptación política
(Regalsky 2003; 2005).
¿Qué quiere
decir esto? Por lo menos que el tema central de debate en
la Asamblea Constituyente pasará por el asunto del
ordenamiento territorial y el control estatal, comunal o privado
sobre los recursos estratégicos del país.
La propuesta de las
organizaciones
Como ya adelanté,
la marcha de los pueblos indígenas del 2002 fue la
que posicionó el tema de la Asamblea Constituyente
a nivel nacional. A partir de ese momento, las distintas organizaciones
indígenas, originarias y campesinas empezaron a elaborar
propuestas pensando en la futura Constituyente. Luego de un
bajón del Pacto de Unidad, constituido en septiembre
de 2004 según se dijo, y una vez aprobadas las leyes
de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum
autonómico, desde mayo del presente año las
organizaciones volvieron a reunirse, esta vez con el objetivo
claro de lograr una propuesta conjunta hacia la Constituyente.
En el proceso han participado
todas las organizaciones matrices del movimiento indígena,
campesino, originario y de colonizadores; además, participaron
organizaciones de carácter regional por el aporte específico
de sus propuestas (8). Se han realizado 4
encuentros nacionales, el último de ellos como Asamblea
Nacional de Organizaciones con el fin de que tenga carácter
resolutivo. Así mismo ha funcionado de manera permanente
una comisión técnica conformada por dirigentes,
asesores de las organizaciones y técnicos de las instituciones
de confianza de las organizaciones. Luego de un período
de consulta, el pasado 5 de agosto se aprobó finalmente
el documento denominado Propuesta para la nueva Constitución
Política del Estado. Por un Estado Plurinacional y
la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas,
originarias y campesinas, el cual fue suscrito por todas
las organizaciones participantes del proceso.
La propuesta está
organizada en seis capítulos, a saber: 1. Modelo de
Estado; 2. Ordenamiento Territorial y Autonomías; 3.
Régimen de Tierra y Territorio; 4. Régimen Económico;
5. Régimen Social; y, 6. Deberes, Derechos y Garantías.
Se considera que los tres primeros capítulos contienen
los ejes centrales de la propuesta. El primer capítulo
plantea la propuesta de constitución de un Estado Unitario
y Plurinacional; el segundo, tiene como centro la constitución
de autonomías territoriales indígenas y autonomías
interculturales urbanas, base sobre la cual se daría
el reordenamiento territorial del país; el tercero,
logra plasmar una de las principales demandas del movimiento
indígena y originario durante décadas: la recuperación
de la tierra y el territorio. El régimen económico
es uno de los más débiles de la propuesta, si
se considera la explicitación de lo económico
desde los aspectos financieros y fiscales del Estado; con
todo, el tema de la propiedad de los recursos naturales (contemplado
en el capítulo de Ordenamiento Territorial y en el
de Tierra y Territorio) da elementos para hacer explícita
una política (pluri)nacional y comunal referente a
la economía. El Régimen Social contempla aspectos
referentes a salud, trabajo, servicios básicos y educación.
En este último aspecto, se recupera la experiencia
previa del denominado "Bloque Educativo Indígena"
que ya había venido trabajando desde el 2004 una propuesta
de educación de cara al Congreso Educativo que debía
instalarse el 2005 y que no se realizó por diversos
motivos. El capítulo de Derechos, Deberes y Garantías
tiene énfasis en aspectos referentes a derechos colectivos,
políticos, económicos, territoriales y culturales.
Al mirar la propuesta
se puede ver que el objetivo inmediato de las organizaciones
indígenas, originarias y campesinas es neutralizar
la propuesta de autonomías departamentales planteadas
desde el Comité Cívico de Santa Cruz y la recuperación
de la tierra acaparada por los latifundistas. El objetivo
a mediano plazo, en cambio, es la búsqueda del autogobierno
y la autodeterminación de las comunidades para definir
sus estructuras de gobierno, elegir sus autoridades (por usos
y costumbres) y definir sus sistemas jurídicos (es
decir las normas por las cuales convive la población
y las cuales son aplicadas por sus autoridades) (9).
En tal sentido, las organizaciones
han comprendido la importancia que tendrá el tema del
reordenamiento territorial en la Asamblea Constituyente instalada
el pasado mes de agosto. Por ello se plantea la necesidad
de constituir Autonomías Territoriales Indígenas
que tienen como base verdaderos sujetos autonómicos
en las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
(10). Como veremos luego, la propuesta de
autonomía indígena está estrechamente
relacionada con el dominio, propiedad, uso y aprovechamiento
de los recursos, tanto renovables como no renovables. La propuesta
de autonomía indígena se la entiende como un
paso en el proceso de autodeterminación de las naciones
y pueblos indígenas originarios y campesinos (Regalsky
2006) (11).
Las autonomías
indígenas son los territorios indígenas y originarios
que se constituyen sobre la base de las comunidades, pueblos
y ayllus que forman, junto con los municipios indígenas,
la base para organizar autonomías regionales indígenas.
Las TCOs (12) también pueden constituir
la base de las autonomías indígenas y originarias,
pero las autonomías o entidades territoriales indígenas
y originarias son una jurisdicción política
con autoridad política, mientras que las TCOs son una
forma de propiedad colectiva de la tierra.
Las autonomías
indígenas tienen dominio, propiedad y prioridad absoluta
en el acceso, control y uso de los recursos naturales renovables
en su territorio. Sobre los recursos no renovables se plantea
el dominio originario de los pueblos y naciones indígenas
y la copropiedad de éstos con el Estado Plurinacional.
Por ello, tienen el derecho a veto o consulta vinculante sobre
concesiones y/o explotación de recursos estratégicos
que afecten su territorio. Sin embargo, uno de los principios
en los que se basan las autonomías indígenas
es el de solidaridad y de la primacía de los derechos
colectivos sobre los individuales sobre el que se fundamenta
la unidad de los pueblos y la de todos los sectores oprimidos
y ese principio debe guiar las decisiones sobre el acceso
y uso de los recursos naturales.
En cuanto al modelo de
Estado se plantea la propuesta de que el Estado boliviano
se reconozca como Unitario y Plurinacional. Obviamente, se
tiene conciencia que este Estado Plurinacional será
el resultado del proceso de logro de la autodeterminación
y el autogobierno de los pueblos y naciones indígenas.
Este proceso no se logra simplemente por inscribir ese derecho
en la Constitución. Será efectivo en la medida
que los pueblos se organicen para reclamar el establecimiento
de sus territorios indígenas en los que puedan ejercer
sus derechos y elegir sus autoridades de acuerdo a sus usos
y costumbres. El introducir estas reformas en la Constitución
posibilita que se abra más el proceso de demanda de
la tierra y el territorio, por la que las organizaciones originarias
y campesinas han luchado décadas, pero de por sí
no es una garantía de que ello suceda, sólo
la movilización social lo garantiza.
Se plantea también
un cuarto poder (además del Ejecutivo, Legislativo
y Judicial) denominado Poder Social Plurinacional con
el fin de crear un órgano de control de las instancias
estatales frente a la corrupción. En él, como
en los demás, se busca garantizar la presencia de representantes
de los pueblos indígenas y originarios, elegidos según
usos y costumbres y no mediante el voto directo. Esto significa
que todas las autoridades políticas y judiciales y
toda representación política serán establecidas
por un sistema mixto donde, por un lado, sigue vigente el
voto universal y secreto (el voto individualizado y al margen
de las organizaciones sociales) en las autonomías interculturales
urbanas (ciudades y pueblos). Por el otro lado, se incorpora,
en todos los niveles de gobierno, la elección de autoridades
por usos y costumbres, es decir, respetando las decisiones
colectivas. Toda autoridad civil y judicial podrá ser
revocada en su mandato de acuerdo a un procedimiento a establecer
que respete los usos y costumbres.
Al lograr lo anterior
se está logrando en parte el reconocimiento de los
derechos colectivos. Se estaría introduciendo una cuña
en el sistema actual liberal que postula la primacía
absoluta de los derechos individuales y los sostiene como
primordiales.
Los derechos colectivos
se refuerzan al lograr el reconocimiento de las formas de
autoridad que cada pueblo indígena asuma de forma autónoma
y el respeto de sus propias normativas como base del sistema
jurídico (pluralismo jurídico) (13).
Pero además, al reconocerse los derechos colectivos,
se está poniendo las bases para que los pueblos puedan
establecer la restricción a la propiedad privada y
la acumulación privada de riqueza, así como
a la acumulación privada de la tierra y a la apropiación
privada de los recursos naturales, en base a priorizar los
intereses sociales y de la comunidad por encima de los intereses
individuales y los intereses del capital.
La propuesta, las
organizaciones y el gobierno
Como de alguna manera
ya adelanté, el gobierno de Evo Morales muestra la
tensión entre lo nacional popular y lo indígena,
entre el análisis de clase y la mirada racial-étnico-cultural,
entre el posicionamiento ante el capital (nacional y global)
y el discurso de la descolonización. En tal sentido,
no se puede ver lo que ocurre actualmente en Bolivia desde
un solo lente y desde una perspectiva simplista y reduccionista.
El caso boliviano se muestra, entonces, ricamente complejo
y el gobierno de Morales hay que verlo desde las distintas
posiciones, intereses y tendencias que existen en su interior.
Hacia "adentro"
es necesario ver la compleja relación entre Evo como
dirigente social y líder político, el MAS como
movimiento político, el aparato de Estado y las organizaciones
sociales, especialmente las indígenas, originarias
y campesinas. En este sentido no siempre es fácil para
las organizaciones que constituyen la base social "dura"
del MAS mantener espacios de independencia. Conviene entonces
recordar el programa bajo el cual se construyó el Instrumento
Político; ser eso: instrumento político de
las organizaciones campesinas originarias y como lucha
táctica ante el aparato de los partidos tradicionales
que subordinaban descaradamente a las mismas. De igual manera,
el principio de "mandar obedeciendo", asumido por
Evo Morales el día de su investidura como presidente,
debe caminar de la mano de sus acciones, sobre todo cuando
se trata de respetar las decisiones que las organizaciones
van asumiendo en el proceso constituyente.
Hacia "afuera"
es necesario mirar las relaciones complejas que acabo de mencionar
en tensión con los discursos y las prácticas
fascistas liderados por el Comité Cívico de
Santa Cruz y sus allegados. Se trata del esfuerzo desesperado
por quebrar la ofensiva del movimiento social y por lograr,
sea el atrincheramiento en su espacio autonómico (pero
manejando recursos naturales estratégicos y financieros)
sea el desplazamiento del eje político a Santa Cruz,
como ya dije (14). Por ello su insistencia
en que todo se apruebe en la Asamblea por dos tercios de votos,
planteando argumentos leguleyos absolutamente inadmisibles
desde cualquier lógica interpretativa jurídica
(15); lo cierto es que la imposición
de sus planteamientos discursivos se ha logrado a través
de una abierta alianza con los medios de comunicación
de mayor alcance, sobre todo las redes de prensa y televisión.
En este panorama, además, juega un papel importante
la búsqueda del gobierno de mantener espacios de gobernabilidad:
por ello no puede convocar a la movilización de sus
organizaciones de base, ni siquiera ante la arremetida de
la derecha.
Por lo dicho, la propuesta
de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas
tiene que enfrentar el tema de sus condiciones de posibilidad
de negociación al interior de la Asamblea Constituyente.
Por una parte, es necesario que los constituyentes del MAS
se apropien y defiendan las propuesta; por otra, es necesario
que las organizaciones estén dispuestas a defenderla
y a movilizarse para hacer que se respeten los puntos clave
de la misma. En ambos casos es de suma importancia el rol
que deberán jugar los llamados "asambleístas
orgánicos" (16), aun cuando,
en algunos casos, no se hayan presentado en las listas del
MAS.
Con todo, será
la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales
y el punta de lanza del agroempresariado "camba"
la que definirá el grado de inserción de los
elementos clave de la propuesta de las organizaciones. Obviamente,
en esta correlación de fuerzas el rol del gobierno
es de central importancia y dependerá de su decisión
de llevar adelante las agendas del 2000, 2003 y 2005 o de
negociar un "pacto social" que, nuevamente, incline
la balanza a favor de quienes buscan tener el control sobre
los recursos estratégicos del país.
¿Del multiculturalismo
a la descolonización o de la sujeción a la autodeterminación?
Muchos dirigentes (y el
propio gobierno) afirman permanentemente que ahora estamos
"en otro tiempo", en el momento en que los pueblos
indígenas y originarios tienen la oportunidad de pasar
de la exclusión a la inclusión. En este sentido,
hay que recordar que desigualdad y exclusión han sido
parte constitutiva de la modernidad capitalista (Santos 2003).
La desigualdad daría cuenta de la estructuración
social en términos de clase, mientras la exclusión
lo haría de las múltiples "otredades"
(o anormalidades a la Foucault): raza, género, etc.
Desigualdad y exclusión no han asumido, generalmente,
la forma de dominación absoluta sino que han sabido
ser gestionadas tolerablemente dentro de la modernidad. Dado
el carácter capitalista-colonial que ha caracterizado
a la modernidad desde sus inicios, desigualdad y exclusión
han sido necesarias para que funcione la maquinaria del sistema
basado en la acumulación y la discriminación.
Efectivamente, creo que nos encontramos en otro momento caracterizado
ya no por la exclusión sino por la búsqueda
de inclusión de los históricamente excluidos.
Es decir, el reclamo de los dirigentes y organizaciones indígenas
y campesinas que piden "ser parte del Estado" es
también la opción del capitalismo global que
busca subsumir lo que antes le convenía que esté
fuera. Se trata, en definitiva, de que los excluidos de siempre
sean ahora los gestores y administradores del aparato que
reconstituye permanentemente el sistema de desigualdad. Y
esto está conectado con la efervescencia de los discursos
inter y multi culturalistas que echan fácilmente al
canasto de basura el problema de clases bajo la crítica
a un marxismo eurocéntrico del que no habría
nada ya que aprender.
En la Bolivia de hoy pareciera
que hemos pasado de la era de las políticas multiculturales
a la era de la descolonización. Este último
término suena fuerte, sobre todo, en algunos sectores
y ministerios del gobierno. En el caso educativo se está
entendiendo la descolonización como igualdad de oportunidades
para todos los bolivianos, logrando superar así la
secular exclusión de los pueblos indígenas y
originarios (Patzi 2006); así mismo, hay toda una búsqueda
de elevar lo indígena a la categoría de lo "nacional"
en cuanto a sus lenguas, prácticas culturales, etc.
Los postulados teóricos
en torno a la (de)colonialidad (Lander 2000; Mignolo 2000;
Walsh 2005) y la des-colonización (Ticona 2005; Yapu
2006) han cobrado fuerza en los análisis sociales de
los últimos años. Personalmente, pienso que
el discurso académico sobre la decolonialidad resulta
sumamente rico en términos analíticos, pero
débil en términos propositivos: la decolonialidad
o descolonización nos dice sobre lo que no deben ser
nuestras sociedades y nuestros estados pero muy poco sobre
lo que deben ser.
En este sentido, creo
que hay que poner más atención a lo que han
planteado las organizaciones indígenas y campesinas
desde hace, por lo menos, tres décadas: la propuesta
de autodeterminación de los pueblos como una forma
de recuperar lo que el proceso de colonización y la
colonialidad usurparon: la capacidad de los pueblos indígenas
de decidir sobre sus propias vidas, territorios y sueños.
Una autodeterminación que no está pensada en
el sentido separatista que asusta a los sectores permeados
por el imaginario de habitar un espacio que se define por
ser un Estado = una nación. Autodeterminación
como posibilidad de concretar la propuesta de un Estado Plurinacional,
como posibilidad de saberse parte de una complejidad social
múltiple que requiere destruir sus formas coloniales
y capitalistas de dominación.
Éste es el desafío
que deberá enfrentar la vigente Asamblea Constituyente
y el gobierno de Evo Morales si se quiere avanzar hacia la
construcción de un Estado Plurinacional donde la igualdad
no signifique uniformidad y donde unos no sean más
iguales que otros.
Cochabamba, 12 octubre
de 2006
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Notas
