Hasta el presente, Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que no ha incorporado la temática del medio ambiente en la Constitución Política del Estado. En la mayoría de constituciones de los países vecinos, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable y libre de contaminación, ha sido incluido como un derecho fundamental.

Además, países como Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Paraguay incluyen un capítulo con normas ambientales especificas. Asimismo algunas de estas constituciones, en varias partes del texto han insertado temas ambientales de forma transversalizada.

En Bolivia, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y las 30 instituciones que la componen, desde el 2004 han venido trabajando, de forma participativa, una propuesta para incorporar los derechos y deberes ambientales, la sostenibilidad del desarrollo y un régimen ambiental en la futura Constitución Política del Estado.

Los derechos ambientales, como el derecho a vivir en un ambiente saludable y seguro, es un derecho básico para gozar de buena salud, ya que es precisamente en los ambientes insalubres y a las aguas contaminadas que se producen muchas enfermedades que son una amenaza para la salud pública. Asimismo el derecho al agua segura y a una alimentación suficiente, se consideran derechos básicos en las nuevos ordenamientos constitucionales.

El incorporar en la nueva Constitución un Régimen Ambiental será un elemento clave para normar el uso sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas. Siendo Bolivia uno de los 15 países más ricos en biodiversidad del mundo, debe contar con lineamientos constitucionales para la protección de estos recursos que forman una parte muy importante del patrimonio natural de la nación.

Respecto a la tierra, LIDEMA propone que ésta debe usarse de acuerdo a su vocación productiva y de acuerdo a una planificación de uso u ordenamiento territorial y en base de planes de uso del suelo. Ya que si la tierra no se utiliza de forma sostenible, se produce una erosión creciente de los suelos que es uno de los problemas más extendidos del país. La erosión de los suelos, a su vez, tiene repercusiones importantes sociales, ya que por ejemplo, buena parte de los campesinos cuenta con tierras muy erosionadas que no les permiten satisfacer sus elementales necesidades de alimentación.

La propuesta de LIDEMA también incluye el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, ya que solo una población que esté bien informada y que pueda acceder a la toma de decisiones sobre el ambiente en que vive, podrá mejorar sus condiciones de vida. La justicia ambiental implica asimismo, un acceso justo a los recursos naturales y a compensaciones cuando es víctima de daños ambientales.

Lo más importante es que contemos con una Constitución que propicie un desarrollo equilibrado, sostenible y verdaderamente incluyente en beneficio de la gran diversidad de culturas que habitan en país.

Entre las varias actividades que LIDEMA ha venido desarrollando para la Asamblea Constituyente que se instalará en agosto de este año, están la publicación de dos libros: Deberes y Derechos Ambientales y Desarrollo Sostenible y Asamblea Constituyente: Propuestas.

* Teresa Flores Bedregal es Master en Política Ambiental y trabaja como coordinadora del la red internacional Observatorio de la Sostenibilidad, cuyo punto focal en Bolivia es LIDEMA.

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