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El Pueblo Kichwa de Sarayaku está conformado por seis
comunidades y aproximadamente mil habitantes. Su territorio ancestral,
ubicado en el centro de la amazonía ecuatoriana, comprende
aproximadamente 135.000 hectáreas tituladas a su favor
en 1992.
El 26 de julio de 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó
a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC)
el denominado bloque petrolero 23 que comprende una extensión
de 200.000 hectáreas en la amazonía ecuatoriana,
un 65% de las cuales afectan al territorio de Sarayaku. Actualmente
la petrolera estadounidense Burlington Resources es propietaria
del 50% de los derechos en el Bloque 23.
Esta concesión fue efectuada sin que se haya realizado
ningún proceso jurídico de información, consulta
o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización
de actividades petroleras en el territorio de su propiedad, pese
a que dicho proceso constituye un estándar obligatorio
que debe cumplir de acuerdo a la legislación ambiental
nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso
de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes impactos
negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado,
en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones
de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico,
en la paz social y en la vida e integridad de sus miembros.
Sin embargo, la CGC ingresó reiteradamente al territorio
de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del
legítimo propietario, para realizar actividades altamente
destructivas.
Para detener la campaña de sísmica que pretendió
realizar la CGC en el Bloque 23 durante el último trimestre
de 2002 y el primer trimestre del 2003, Sarayaku debió
declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores,
hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar
su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida que se establecieron
en medio de la selva, donde se estaba produciendo el ingreso armado
de CGC y el ejército. Esta decisión implicó
graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación,
educación, cultura y espiritualidad de los miembros de
Sarayaku.
En ese contexto, el 25 de enero de 2003 se produjo la violenta
captura y secuestro de cuatro jóvenes de Sarayaku por parte
de elementos del ejército y trabajadores de la CGC en el
campamento de Paz y Vida Tiutihualli. Un de esos jóvenes,
Fabián Grefa, en su testimonio rendido ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el pasado 21 de octubre de
2005, relató la manera en que miembros del ejército
ecuatoriano los detuvieron y condujeron al campamento de la CGC
ubicado en la localidad de Chontoa, en donde trabajadores de la
empresa los golpearon brutalmente, los amarraron e inmovilizaron
en un hormiguero para que los insectos ataquen sus torsos desnudos.
Solo luego de varias horas, soldados, policías y empleados
de la petrolera los llevaron a un cuartel policial en la ciudad
de Puyo.
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Petróleo vs. Ambiente
y Derechos
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El ingreso de la actividad petrolera en territorio de Sarayaku
ha significado para este pueblo:
· El ingreso inconsulto, arbitrario, violento y contra
la voluntad de los propietarios, de trabajadores petroleros, guardias
de seguridad privada y miembros del ejército ecuatoriano
al territorio de propiedad privada comunitaria del Pueblo de Sarayaku.
· La ocupación arbitraria de espacios dentro de
su territorio por parte de la empresa CGC y del ejército,
para la construcción de campamentos, helipuertos, trochas,
líneas sísmicas; la deforestación de amplias
zonas de bosque tropical amazónico y la destrucción
de árboles y lugares sagrados.
· Siete meses de emergencia en la que la población
se movilizó en defensa de su territorio a costa de su seguridad
personal y del ejercicio de sus derechos económicos, sociales
y culturales; así como la zozobra y sufrimiento psíquico
y espiritual que les provoca hasta la presente fecha, la permanente
amenaza de parte del Estado de que su territorio se vuelva a militarizar
para permitir el ingreso de la petrolera.
· Atentados y amenazas contra la vida y la integridad
física de miembros, líderes, aliados y defensores
del Pueblo de Sarayaku.
· Que se les impida el libre tránsito por el Río
Bobonaza, vía de comunicación tradicional entre
su territorio y la capital provincial Puyo, por parte de gente
adicta a la CGC que en la comunidad de Canelos impide el paso
por el río de la gente de Sarayaku, hasta que desista de
las acciones legales emprendidas y llegue a un acuerdo con la
CGC.
· Sufrimiento psíquico y moral al sentirse agredido
como pueblo a través de continuos pronunciamientos de autoridades
estatales y personeros de la empresa CGC que denigran a Sarayaku,
a sus miembros y a su modo de ser, por los medios de comunicación
social.
| El Caso Sarayaku
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos |
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A inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención
urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña
de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año,
la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de
la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial
relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó
sistemáticamente dichas medidas.
Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión
Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar
Medidas Provisionales a favor de Sarayaku, las que fueron otorgadas
en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad
de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos
de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva
del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario
bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera,
como medida de presión para que Sarayaku desista de las
acciones legales emprendidas y entre a negociar con la petrolera.
Ante el nuevo incumplimiento del Estado Ecuatoriano, la Corte,
en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió
incorporando la disposición de que se retiren urgentemente
los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku.
Gracias a la acción del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, Sarayaku pudo recientemente dimensionar el atentado realizado
por la CGC a su territorio y su derecho a vivir en un medio ambiente
sano, cuando el 3 de septiembre del año 2005, asesores
técnicos del Ministerio de Energía visitaron Sarayaku
y expusieron el grave peligro que se cierne sobre la seguridad
de la gente de Sarayaku y sobre su ambiente por la presencia de
explosivos de alto poder dejados por CGC en territorio de Sarayaku.
Según la información oficial que entregó
la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio
de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de
Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó,
sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes
y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita,
un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs.
(casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de
profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie
de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios
donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento.
La información que dio el Ministerio de Energía
es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden
detonarse accidentalmente con mucha facilidad.
En respuesta, la CGC ha desatado una nueva campaña de
desprestigio en contra de Sarayaku a través de la prensa,
fundada en el sinsentido de acusar al pueblo cuyo territorio invadió,
de robar los explosivos que sus empleados, de manera criminal
dejaron como una trampa mortal, sin siquiera avisar del peligro
y sin tomar la mínima medida de precaución.
La última audiencia sobre el Caso
Actualmente, la Comisión Interamericana tramita un proceso
sobre el fondo del Caso Sarayaku. Dentro de dicho trámite,
el pasado 13 de marzo de 2006, se realizó una nueva audiencia
en la que el Estado presentó a cuatro indígenas
Kichwas de Pastaza para que declaren en contra de sus hermanos
de Sarayaku.
En el contexto de esta audiencia el Procurador General del Estado
hizo una propuesta de solución amistosa a Sarayaku, que
en síntesis consistía en: el retiro voluntario de
la empresa CGC del bloque 23; reconocimiento y disculpas públicas
por violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de Sarayaku,
un fondo económico para el centro- sur amazónico
y reformas al reglamento de consulta previa en materia de hidrocarburos.
Luego de un arduo análisis, Sarayaku anunció al
Estado y a la Comisión Interamericana que consideraban
que no es el momento de discutir los términos de una solución
amistosa, a la ves que reiteró su apertura al diálogo
una ves que la Comisión Interamericana emita su resolución
sobre el caso, establezca responsabilidades internacionales contra
el Estado y haga recomendaciones para la reparación de
las violaciones sufridas por Sarayaku y para una garantía
efectiva de no repetición.
Esta posición respondió al sentir de las bases
del Pueblo de Sarayaku manifestado permanentemente en sus asambleas
y se fundamentó en los siguientes elementos:[1]
- La poca credibilidad de una propuesta hecha por el Estado
que desde el año de 2003 ha incumplido sistemáticamente
las medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión
y la Corte Interamericanas a favor de Sarayaku.
- El procurador del Estado en la Audiencia ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos celebrada el 11 mayo de 2005 en Asunción
Paraguay, reconoció la existencia de violaciones contractuales
de la empresa CGC que lo llevaban a considerar que había
que plantear su nulidad. Sin embargo, hasta el momento no ha
resuelto nada al respecto, lo que evidencia en la Procuraduría
una actitud de complacencia que raya en complicidad con la empresa.
- La propuesta es hecha en el marco de una audiencia en la que
se evidenció una actitud agresiva e irrespetuosa, de
parte del Procurador del Estado en contra del Pueblo de Sarayaku
sus líderes y representantes. La actitud de los representantes
del Estado Ecuatoriano afectó incluso la majestad de
la Comisión Interamericana, al haber hecho testificar
a una persona cuya identidad no correspondía con la del
testigo anunciado y autorizado por la Comisión, hecho
que fue señalado por la defensa de Sarayaku y observado
por la Presidencia de la comisión. En ese contexto, la
presentación de una propuesta de solución amistosa
pierde seriedad a ojos de Sarayaku.
- La gravedad de las violaciones de derechos humanos que a debido
sufrir el Pueblo de Sarayaku por el ingreso violento, arbitrario,
inconsulto y contra su voluntad, a su territorio sagrado, de
la empresa CGC y el Ejercito Ecuatoriano para sembrar a su paso
destrucción mediante la colocación y estallido
de explosivos de alto poder en los bosques de los que la gente
toma sus alimentos requiere de inmediatas reparaciones, bajo
el marco de Derechos Internacionales.
Por todas estas razones Sarayaku anunció que seguirá
con el proceso legal iniciado ante la Corte Interamericana hasta
obtener resolución.
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[1] Pronunciamiento público Consejo de
Gobierno de Sarayaku, Sarayaku 29 de marzo del 2006.
* Como abogado asociado del Centro
de Derechos Económicos y Sociales y colitigando con CEJIL,
ejerce la defensa de Sarayaku ante el Sistema Interamericano de
DDHH. Docente del Programa Andino de Derechos Humanos de la UASB
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