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“Toda persona
tiene derecho a que se establezca un orden social
e internacional en el que los derechos y libertades proclamados
en
esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Artículo
28
Declaración Universal de Derechos Humanos
¿Por qué una Convención de los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproductivos?
Porque cada vez más personas –hombres, mujeres, jóvenes
y personas transexuales, de todas las edades, razas y colores–
piensan que la libertad y la equidad en estos campos de la vida
humana deben ser garantizados para todos, sin ningún tipo
de discriminación.
Porque cada vez más personas comprenden que no pueden
vivir su sexualidad y sus decisiones en el campo de la reproducción
de la forma como ello/as quieren. Perciben que estas dimensiones
de sus vidas están llenas de restricciones e injusticias
y que existe mucha discriminación para la mayoría.
La violación a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos
está implicando hoy la muerte evitable de muchas personas
a causa de la mortalidad materna, abortos inseguros, homofobia,
prácticas discriminatorias inaceptables y la privación
de los derechos básicos. Por ello han comenzado a hablar
en voz alta sobre estas situaciones y han comenzado a afirmarlas
como derechos, como un asunto de derechos humanos.
¿Qué significa que sean derechos humanos?
“Los derechos nacen cuando deben o pueden
nacer”.
Norberto Bobbio
Esta afortunada expresión de Norberto Bobbio quiere decir,
entre otras cosas, que muchas dimensiones o necesidades humanas
son vistas o reconocidas desde una esfera de derechos a partir
de momentos históricos determinados; y, sobre todo, a partir
de sujetos, grupos organizados o movimientos sociales que politizan
sus malestares, su discriminación y las convierten en demandas.
Esta politización empieza por traducir sus necesidades
en reivindicaciones que plantean ante la sociedad y el Estado.
La sexualidad y la reproducción, como sabemos, han pasado
y siguen pasando por diferentes miradas, dependiendo del momento
y del lugar en el que nos encontremos. No olvidemos que en las
primeras etapas de nuestra historia como seres humanos ni siquiera
entendíamos bien los vínculos entre sexualidad y
reproducción (por ello la reproducción era atribuida
a los deseos de los dioses, a la magia, a los designios de la
naturaleza). A pesar de ser cuestiones aparentemente del pasado,
lo cierto es que la ausencia de información para las grandes
mayorías permanece y la expansión de la libertad
en estos terrenos fue sustituida por mandatos únicos, que
de diferentes maneras –una de las privilegiadas fue precisamente
la religión– fueron sedimentando progresivamente ideas
fijas sobre estos campos, que simultáneamente se plasmaron
en leyes nacionales. Recordemos que la sexualidad y la reproducción
han sido ejes sobre los que también se construyó
la subordinación de las mujeres; en esta medida, el control
de su sexualidad y su placer devino en una pieza clave. En consecuencia,
estas dimensiones de tanta importancia en la vida de la gente
fueron ocupando el lugar que los poderes de turno les fueron asignando,
siempre desde la imposición de un determinado modelo de
vida, desde la óptica de las obligaciones, intentando extirpar
toda disidencia, diversidad y diferencia. Ello aunado a una doble
moral que se hace más fuerte en estos ámbitos, en
donde lo que se predica dista mucho de lo que se practica.
"La ciudadanía no es un dato, sino
una construcción".
Hannah Arendt
Esta expresión de Hannah Arendt quiere destacar que los
derechos humanos son una invención humana, en constante
proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción.
Revela la importancia de la elaboración humana, producida
colectivamente, mediante múltiples experiencias, con testimonios
de dolor y de lucha, pero también de apuesta e imaginación.
En ellos se inspiran numerosas ideas y aspiraciones que progresivamente
se han venido convirtiendo en herramientas destinadas a frenar
o limitar las arbitrariedades y la injusticia, pero también
a proveer los remedios y condiciones para garantizar el ejercicio
de los derechos. Los instrumentos internacionales de derechos
humanos que se produjeron durante el siglo pasado son en parte
la expresión de este recorrido. Pero es necesario señalar
que en esta “primera fase”, la protección de
los derechos humanos estuvo marcada por la tónica de la
protección general en base a una noción de igualdad
formal; es decir, aquella que expresaba temor a la diferencia,
una diferencia que el nazismo había orientado hacia el
exterminio (Flavia Piovesan).
“Los derechos humanos son nuestra racionalidad
de resistencia, en la medida que traducen procesos que abren y
consolidan espacios de lucha por la dignidad humana”.
Joaquín Herrera Flores
Y es que los seres humanos en sus múltiples búsquedas
por la felicidad y el bienestar, traducidas parcialmente en luchas
por abrir caminos a la libertad, la igualdad y la justicia, construyen
este nuevo referente ético que son los derechos humanos,
aspirando a colocar a todas las personas en el centro de sus preocupaciones
y anhelos.
Como sabemos, la ética a diferencia de la moral religiosa
no se basa en dogmas, se trata de una construcción de otra
naturaleza, también histórica y de convivencia humana.
Su postura filosófica se sostiene en la búsqueda
de entendimientos comunes de lo que como valor resulta fundamental
a la experiencia humana; por lo tanto, la ética no es estática
sino móvil y relacional –de las personas en interacción
con las otras–, de tal manera que el sello valórico
que porta no tiene pretensiones sólo espirituales e individuales,
sino que busca sentar las bases para la convivencia pacífica,
colocando al ser humano en sus dimensiones generales y en sus
particularidades como referente principal de su acción.
Por eso la ética de los derechos humanos no pretende indicarte
qué es “una vida buena”, sólo pretende
delimitar los campos y asegurar los procedimientos para garantizar
que la libertad en la decisión de todas las personas se
realice en condiciones de bienestar y equidad; es decir, contribuir
a generar las condiciones para que cada cual decida qué
es una vida buena dentro de un marco construido en condiciones
de democracia y paz.
A su vez, entendemos que la exclusión tiene fuertes impactos
subjetivos en las personas, al no reconocerles sus especificidades
y diferencias. En particular, la exclusión tiene efectos
sobre las dimensiones subjetivas del ejercicio ciudadano, haciendo
que las personas se sientan menos merecedoras de derechos.
Por ello, sabemos que es insuficiente tratar a las personas en
forma general y abstracta; los seres humanos también debemos
ser vistos en nuestra peculiaridad y particularidad. En ese sentido,
determinados sujetos de derechos y determinadas violaciones de
derechos exigen una respuesta específica y diferenciada;
ello no es discriminación, apunta más bien a la
búsqueda de una igualdad sustancial, de una igualdad real.
Nunca debemos olvidar que al lado de la igualdad, surge también
el derecho a la diferencia, que significa el respeto a la diferencia
y a la diversidad (Flavia Piovesan).
“Tenemos derecho a ser iguales cuando la
diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando
nuestra igualdad nos descaracteriza. De allí la necesidad
de una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia
que no produzca, alimente o reproduzca las desigualdades”.
Boaventura de Souza Santos
¿Por qué necesitamos una ley internacional?
Porque si bien es cierto que en los asuntos concernientes a la
sexualidad y a la reproducción, las normas generalmente
sirvieron para reprimir conductas y fortalecer un modelo único
de entendimiento de éstas, normar no siempre sirve para
reprimir o para constreñir, sino que también puede
ser útil para contribuir a desnormalizar.
Los avances en la conceptualización de la democracia,
como por ejemplo la laicidad de los Estados, otorgan indudablemente
mejores condiciones para lograr normas orientadas hacia la ampliación
del reconocimiento de estos derechos; normas que contribuyan a
asegurar el ejercicio de la libertad, del respeto a la diferencia,
del reconocimiento de la diversidad, a la pluralidad, a la autonomía.
Ello significa que no se trata sólo de desnormalizar sino
que también queremos una normatividad emancipatoria que
contribuya a ampliar la comprensión de las necesidades
e intereses de todas las personas; así como para limitar
algunas de las atribuciones estatales frente a la gente, a contar
con canales efectivos para exigir el cumplimiento de ciertas condiciones
y obligaciones estatales, a contribuir a liberar a los seres humanos
de la tiranía de un modo único de pensar y actuar,
de una moral única.
“La finalidad de crear una estructura sustentada
en derechos sería entonces maximizar ciertas condiciones
que ya hemos probado en nuestra propia experiencia que amplían
nuestras posibilidades de ejercicio de derechos, a la vez que
condiciones jurídicas que garanticen la capacidad de decisión
en condiciones de igualdad para toda la gente, que permitan a
cada cual elegir o negociar conductas libres de enfermedad y/o
violencia, es decir, potenciar, fortalecer las capacidades de
las personas…”
(Alice Miller).
Este ambicioso camino es una alternativa en construcción
que nuestra propuesta coloca y cuyos desafíos en materia
de sexualidad y reproducción están en manos de todos/as
nosotros/as.
Precisamente porque reconocemos que las leyes han traducido una
sola manera de entender el sexo y las formas y condiciones para
la reproducción y han utilizado un sistema de premios y
castigos dependiendo de tu respeto o trasgresión al modelo
de conducta prevaleciente; porque también han confundido
lo que piensan las religiones con lo que deben ser las leyes que
garanticen derechos a todos/as los/as ciudadanos/as; porque han
asimilado la trasgresión al pecado y el pecado al delito,
es precisamente por todo ello que consideramos imprescindible
impulsar esta Convención Interamericana, en el marco de
una perspectiva emancipatoria de los derechos humanos.
Queremos más libertad e igualdad
En los asuntos que le competen a la sexualidad y a la reproducción
el tema de la libertad es central, pero observamos que tal como
es entendida ahora para el común de las leyes y de lo/as
funcionario/as públicos en nuestra América, es un
concepto que no se ajusta ni a las aspiraciones, demandas y necesidades
de muchas personas, ni a las situaciones que concretamente estamos
viviendo. Necesitamos entonces encontrar nuevos significados a
la libertad para poder dar lugar a las necesidades actuales y
crecientes de reconocimiento y redistribución de muchas
personas. Parte de este problema es no aceptar que la libertad
está indisolublemente ligada a la igualdad, pretendiendo
que éstas se pueden lograr por caminos separados. Así
como es evidente que con mala alimentación y educación
nuestras oportunidades para alcanzar un nivel de vida satisfactorio
se restringen considerablemente, el disfrute de nuestra sexualidad
y de nuestras posibilidades reproductivas requiere de muchísimas
cosas, entre otras, de poder ejercer derechos como el de la alimentación,
vivienda, ocio, educación, salud, libertad, integridad,
recreación, intimidad.
En el mismo sentido que los conceptos de igualdad se expanden
con la intención de poder aprehender los fenómenos
que pretenden albergar, requerimos dotar de nuevos contenidos
a la libertad, necesitamos cuestionar y repensar los sustentos
liberales de la libertad.
Así como en el desarrollo de las concepciones de la igualdad,
podemos nombrar hasta dos vertientes, formadas, en primer lugar
por la igualdad formal, la misma que se redujo a la igualdad ante
la ley, pero que en su momento fue crucial para la abolición
de privilegios. En segundo lugar, la igualdad sustancial, también
llamada material, que a su vez se bifurca en dos sentidos, una
que corresponde al ideal de justicia social y distributiva, es
decir aquella orientada por los criterios socio-económicos.
Y la igualdad material que corresponde al ideal de una justicia
de reconocimiento de las identidades como las de género,
orientación sexual, edad, raza, etnia, transgeneridad,
entre otras” (Flavia Piovesan). También se hace imprescindible
seguir desarrollando caminos conducentes a alimentar los conceptos
y las prácticas de libertad que fortalecen nuestra autonomía
y nuestras capacidades personales y colectivas. Esto no significa
desconocer que los seres humanos disponemos solamente de grados
de libertad, determinados no sólo por nuestras condiciones
materiales y simbólicas, sino también subjetivas.
Súmate a esta iniciativa ...
La propuesta de impulsar una Convención Interamericana
de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos se inscribe
en esta racionalidad de resistencia, en la reapropiación
del derecho a tener derechos, construyendo y reconstruyendo los
existentes e interpelándolos radicalmente; buscando reflejar
estos nuevos campos de preocupación tradicionalmente confiscados
desde la perspectiva de los derechos a las personas y todavía
muy descuidados desde el campo de los derechos humanos.
Nuestra iniciativa apuesta a seguir contribuyendo a expandir
el necesario debate público que temas de esta naturaleza
exigen, dada su enorme importancia.
De otro lado, supone pensar en la formulación de estos
derechos humanos para lograr una protección real de todas
las personas, desarrollar una evaluación específica
sobre las responsabilidades de los diferentes actores involucrados
y construir los mecanismos y procedimientos más efectivos
para garantizar las obligaciones estatales y supranacionales del
más alto nivel, a fin de que respondan de la manera más
efectiva posible al reconocimiento y vigencia de estos derechos
(Alice Miller).
Necesitamos sumar mucha gente, organizaciones, energía,
recursos; necesitamos fomentar diálogos, promover debates
públicos, crear y fortalecer alianzas.
El valor de esta propuesta es que se está construyendo
desde la gente. Ya hemos lanzado la iniciativa “Escribe tus
derechos”, como una manera de lograr que la mayor cantidad
de personas participemos, expresando qué nos parece más
importante al hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos.
Hemos preparado distintas publicaciones –como las SeriAs
para el Debate–, con la finalidad de fomentar el diálogo
y discusión sobre temas complejos y desafiantes. Estamos
haciendo una revisión crítica de nuestro Manifiesto,
con la idea de presentar un nuevo texto que exprese nuestras posiciones
enriquecidas gracias al diálogo con muchos y muchas de
ustedes. Nos estamos organizando cada vez mejor tanto en los planos
locales como en el nivel regional, difundiendo la idea, coordinando
con otras organizaciones y personas, armando grupos para la discusión,
eventos públicos para la información y el debate,
concertando alianzas. Cuando hayamos logrado suficiente acuerdo
entonces estaremos en condiciones de preparar la propuesta de
ley internacional para presentarla a la Organización de
Estados Americanos.
Todos y todas podemos hacer parte de ella.
MANIFIESTO (2)
Primera versión (para el debate)
Nuestros cuerpos, nuestras vidas
La propuesta se inscribe en una de las tareas más importantes
de todo movimiento social: construir e impulsar referentes de
cambio para el mediano y largo plazo, definir estrategias con
potencialidad y capacidad movilizadora, organizar ejes de trabajo
para la acción política, generar alianzas y consolidar
la acumulación de poder suficiente para hacer oír
nuestras voces y colocar nuestros puntos de vista en escenarios
democráticos, es decir, espacios que habiliten las condiciones
para informar, debatir y garantizar la expresión de las
diferencias en la perspectiva de construir canales de entendimiento
mutuo, así como en ámbitos nacionales e internacionales
que cuenten con actores políticos, sociales y económicos
para llevar a la práctica los acuerdos alcanzados y dotarlos
de mecanismos institucionales.
Sabemos que la democracia sigue siendo una construcción
desafiante y es hoy una meta por alcanzar. En este sentido necesitamos
repensar los sistemas políticos, económicos, sociales
y culturales destinados a expandir y fortalecer las capacidades
de todos los seres humanos en condiciones de igualdad sustancial
y libertad real. Consideramos que la tarea de cerrar brechas para
eliminar toda forma de exclusión y discriminación
debe convertirse en su consigna y objetivo principal. En este
lineamiento se inscribe nuestra propuesta.
Entendemos que se trata de una apuesta compleja pues en el centro
de nuestras aspiraciones y en la resignificación de las
banderas de la igualdad y la libertad se encuentra la diferencia
sexual, precisamente aquella pieza clave para la definición
y el goce de los derechos reproductivos y los derechos sexuales
de todos los seres humanos.
La historia y la diferencia sexual
La diferencia sexual fue invisibilizada con el objetivo de no
reconocer a las mujeres como sujetos políticos, al mismo
tiempo que fue utilizada para constreñir a las personas
en roles únicos y fijos. En la medida que la búsqueda
por la igualdad pretendió hacer abstracción de las
diferencias, construyó un paradigma excluyente. Desconocer
las condiciones objetivas, subjetivas y simbólicas de la
diferencia sexual fue un camino equivocado. Las consecuencias
de este error se extienden hasta hoy y sus efectos se pueden percibir
en las percepciones, valores, normas y prácticas construidas
política, económica y culturalmente. Todas ellas
fortalecieron la noción de que todo lo diferente al referente
abstracto "varón blanco, heterosexual y con recursos
económicos" es inferior.
Hoy, aquí y ahora, sostenemos que es necesario reestructurar
los contenidos del concepto de democracia. No podemos entender
a la democracia como un sistema excluyente sino inclusivo: la
democracia debe acoger siempre a los y las recién llegado/as
porque la historia no sólo se construye por adhesiones,
sino también por rupturas y reestructuraciones.
El tratamiento que hasta la fecha ha recibido la sexualidad y
la reproducción ha sido opresivo para todos los seres humanos
pero ha transitado por un camino de particular barbarie en el
caso de las mujeres, los niños y las niñas. Mujeres,
niños y niñas han sido expropiados de libertades
y autonomía respecto de sus cuerpos, lesionando sus vidas
de manera definitiva. El discurso sobre el cuerpo de las mujeres
fue siempre una construcción del otro. Ha sido recién
con los movimientos feministas que se han entendido los discursos
disciplinarios del cuerpo y la consiguiente construcción
de la naturaleza femenina como representaciones sociales organizadas
por los hombres e introyectadas por las mujeres.
En la medida que nuestra propuesta se define como un aporte a
la construcción de la democracia se propone impulsar procesos
que nos permitan como sociedad, informarnos, discutir, debatir,
revisar y volver a pensar sobre estos asuntos. No pretendemos
hacer lo que criticamos: las bases de todas nuestras formulaciones
serán el resultado de debates intensos al interior de nuestras
sociedades y no sólo de las ideas de un conjunto de especialistas.
Nuestro principal objetivo es establecer las conexiones que existen
entre las propuestas de desarrollo que hoy se debaten y se aplican
en países como los nuestros, y el modo como éstas
afectan nuestras prácticas sexuales y elecciones reproductivas.
¿Ejercemos realmente nuestros derechos sexuales?, ¿y
nuestros derechos reproductivos?, ¿la actual propuesta
de desarrollo económico y político de nuestra región
está creando las condiciones para la ampliación
y profundización de nuestros derechos, o nos está
llevando por un camino inverso?, ¿pueden coexistir un enfoque
de derechos humanos con un modelo de desarrollo neoliberal?
La importancia y pertinencia de elaborar nuevos marcos normativos
de garantía y protección nos permiten defender con
mejores herramientas nuestros derechos sexuales y nuestros derechos
reproductivos. Por eso nuestra propuesta se inscribe en el marco
de las luchas democráticas que el siglo XXI deberá
enfrentar y consiste en seguir transformando los malestares, demandas
y necesidades de las mujeres y los hombres en propuestas de naturaleza
política. Aún cuando parezca una tarea audaz y muy
difícil de alcanzar, es un quehacer impostergable que recupera
las tensiones del poder y que, a su vez, propone referentes utópicos.
Queremos que estos referentes orienten nuestra acción y
la ayuden a cruzar la frontera que reta lo imposible para ingresarla
en el terreno de lo posible.
¿Qué pretendemos con una convención?
La propuesta, concebida a largo plazo, se inscribe en el objetivo
de garantizar y fortalecer los derechos humanos de todas las personas
desde su nacimiento. Pretendemos institucionalizar un discurso
de derechos que coloque en el centro la recuperación y
reapropiación de nuestros cuerpos y nuestras vidas, que
por fin reconozca a las mujeres su condición de sujetos
plenos, desde una visión que amplíe nuestras libertades
y otorgue nuevos significados al principio de igualdad y no discriminación.
Sin embargo, sabemos que lo que no se logra instalar en el imaginario
social, no cala ni posee capacidad transformadora. Por eso nuestra
pretensión es incidir en las dimensiones culturales y sociales,
contribuyendo a vencer prejuicios y resistencias, a la vez que
en las políticas, institucionales y jurídicas que
en última instancia definen y orientan los recursos del
poder.
La sexualidad y la reproducción constituyen dimensiones
sustanciales en la vida de los seres humanos. Históricamente
han estado sobredeterminadas por numerosas variables económicas,
políticas, religiosas y culturales, por lo tanto, el ejercicio
de la sexualidad responde como tendencia a las formas como se
administró y organizó la legitimidad, “la normalidad”,
la legalidad; así como se excluyó y estigmatizó
todo aquello que se alejaba o transgredía lo establecido
en la norma.
La reproducción, piedra angular de la diferencia entre
varones y mujeres, ha estado condicionada históricamente
a través de un complejo sistema destinado al control y
a la conducción de las capacidades reproductivas de las
mujeres, pretendiendo constreñir nuestra identidad a la
maternidad y condenando, moral y jurídicamente, todas aquellas
conductas y actitudes que pongan en cuestión el mandato
reproductor.
Lineamientos centrales:
Por todas estas consideraciones pensamos que nuestra propuesta
deberá enmarcarse sobre la base de las siguientes orientaciones:
I. La definición de los derechos es una construcción
histórica, por tanto, su interpretación y análisis
son dinámicos y contextuales
Afirmamos que la definición de los derechos es el resultado
de las pugnas de poder desarrolladas históricamente, por
esta razón representan las valoraciones e intereses que
son fruto de las visiones que contaron con mayor fuerza en cada
época y sociedad. Esta es una de las razones principales
que produce como efecto inconsistencias, vacíos y hasta
contradicciones en nuestras leyes.
Debemos interpretar los alcances de los derechos, en la medida
que se trata de construcciones históricas, de forma dinámica
y contextual, es decir, a partir de la capacidad de adaptarse
a las nuevas claves políticas, económicas, sociales
y culturales que se generan con el paso del tiempo.
II. Es imperativo afirmar y desarrollar los principios de
universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos
humanos
Todos nuestros Estados ratificaron en la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos (Viena 1993), la importancia de afirmar estos
tres principios, que significan no sólo que los derechos
humanos son para todas las personas sino, y esto es lo más
importante: requerimos que todos nuestros derechos se ejerzan
en forma simultánea, porque para vivir con bienestar no
se puede disfrutar sólo de algunos. No hay jerarquías
entre los derechos humanos, no existen unos que son más
importantes que otros. Tampoco los Estados pueden subordinar o
diferir el cumplimiento de unos excusándose en que están
cumpliendo con los otros. La universalidad de los derechos humanos
no pretende imponer una norma cultural ni identitaria fija ni
única, sino una norma jurídica que garantice una
protección mínima, por debajo de la cual la dignidad
humana deja de existir.
La revolución conceptual de este modo de entender los
derechos humanos es tal, que en general todavía no alcanzamos
a entenderla ni mucho menos llevarla a la práctica. La
aplicación de estos principios rompe con la visión
que normalmente tenemos de cómo se deben defender nuestros
derechos y nos acerca a la vida misma, es decir, a la manera de
actuar y ejercer nuestros derechos en la cotidianeidad.
Para vivir con bienestar necesitamos trabajo, salud, educación,
vivienda; pero también libertad, integridad, dignidad y
una vida libre de violencia. Es desde esta mirada integradora
y sistémica que pretendemos desarrollar nuestra propuesta.
III. Es imprescindible defender los derechos humanos frente
a la lógica implacable del mercado
Creemos que la forma en que se respetan y ejercen los derechos
humanos en una sociedad constituye una de las expresiones más
evidentes de los niveles de articulación entre sus sistemas
político y económico. No podemos entender los procesos
de definición de derechos, su defensa y ejercicio al margen
de los mecanismos de los que las sociedades se dotan para promover
y lograr su desarrollo.
La disminución general de las condiciones para asegurar
la calidad de vida, el aumento de las brechas de exclusión
y el desplome de los Estados de Bienestar son alarmantes y representan
la evidencia suficiente para demostrar que la lógica del
mercado entra en nuestra región en abierta contradicción
con las concepciones y visiones que sustentan los derechos humanos.
Mientras la lógica del mercado aboga por adelgazar las
garantías para el ejercicio de determinados derechos y
diluir o postergar las obligaciones estatales; la teoría,
doctrina y los acuerdos internacionales en materia de los derechos
humanos colocan en el centro de su preocupación el bienestar
de todos los seres humanos, así como la definición
y cumplimiento progresivo y no regresivo de las obligaciones económicas
y sociales de los Estados. Asimismo entiende que todo interés
económico que entre en contradicción, limite o ponga
en riesgo la calidad de vida de las personas constituye un obstáculo
que debe ser removido.
La vigencia de los derechos humanos requiere de políticas
redistributivas y de un Estado que garantice el cumplimiento de
sus obligaciones en el marco de los acuerdos a los que llega como
parte de la comunidad internacional.
IV. Debemos demarcar las responsabilidades estatales para
la generación de marcos de garantía para la ciudadanía
Los Estados han mantenido intactas sus potestades legislativas,
ejecutivas y judiciales a través de las cuales regulan
la vida de lo/as ciudadano/as, determinan la legitimidad de nuestras
conductas y juzgan nuestra actuación en los diferentes
ámbitos de la vida. Semejante potestad fue acompañada
de un conjunto de responsabilidades que el modelo neoliberal no
ha podido suprimir, aún cuando intenta atenuar.
Nuestra intención es diseñar y precisar las obligaciones
estatales destinadas a proteger de manera efectiva la autonomía
y la capacidad de decidir y disfrutar de nuestros cuerpos y nuestras
vidas, pieza central de una reivindicación consensuada
y expresada públicamente por muchas organizaciones sociales
a lo largo de la historia. No nos interesa esforzarnos en detallar
los derechos que definen la sexualidad o la reproducción,
pues esta obsesión por la calificación de todo derecho
podría sustituir una cárcel por otra.
Nuestro empeño se centra en crear las condiciones para
garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos reproductivos
y los derechos sexuales, remover barreras discriminatorias de
toda índole, así como precisar las funciones que
se derivan de las obligaciones de respetar, promover y proteger
de los Estados.
V. Las feministas planteamos un enfoque diferente para garantizar
el ejercicio de la sexualidad y la reproducción
Sabemos que la humanidad ha caminado, en particular en los dos
últimos siglos, hacia la ampliación y profundización
de las libertades. El siglo XX se identifica históricamente
como el siglo de los derechos. Sin embargo, también sabemos
que en este consenso ganado, cuando menos a nivel del discurso,
existen importantes diferencias que tienden a jerarquizar la naturaleza
de las libertades, así como la elección de los sujetos
que las detentan, neutralizando o limitando estos avances.
La familia, piedra angular, material y simbólica de la
organización social, se ha convertido en una institución
cuya vigencia todavía se coloca por encima de las libertades,
los deseos y las necesidades de los individuos. Un entramado de
factores de tipo normativo y cultural nos reitera hasta la saciedad
esta sentencia. Sin embargo, la percepción de la familia
como espacio intocable y privado que simboliza armonía,
protección y cuidado, comienza a desdibujarse precisamente
cuando se hacen evidentes los abusos originados en la asimetría
de poder que se vive en su interior. Uno de los resultados de
este abuso de poder, quizás el más deleznable, es
precisamente la violencia contra las mujeres y los menores. Las
cifras de los abusos son tan alarmantes que la violencia familiar
y doméstica ha merecido la calificación del crimen
silencioso más extendido en el mundo por las Naciones Unidas.
El fundamento patriarcal que organizó la idea y el funcionamiento
de la familia todavía subsiste, subyacen a su organización
un conjunto de reglas opresivas y especialmente discriminatorias
para las mujeres, los niño/as y los adulto/as mayores que
deben ser erradicadas. Las instituciones jurídicas vinculadas
a la familia deben ser revisadas desde una visión que corrija
las desigualdades de poder en su interior y garantice el bienestar
que tanto proclama para todos sus integrantes. Su revisión,
desde una perspectiva democrática, debe anclarse en los
principios de libertad, igualdad y solidaridad para todos los
individuos que la componen, así como en la necesidad de
reconocer la heterogeneidad de familias que existen. No es posible
que hasta el día de hoy persistan restricciones legales
basadas en principios morales que impiden a muchas personas casarse
y formar familia.
De otro lado, las libertades también se jerarquizan en
razón de las personas. El ejercicio de la libertad sexual
no se garantiza por igual para todas las personas: las libertades
sexuales para las mujeres, independientemente de sus elecciones,
tienden a ser más restrictivas con una especial orientación
en razón de la edad, por tanto, son fuertemente sancionadas
y estigmatizadas cuando se alejan del patrón heterosexual,
de la familia matrimonial o convivencial y de la maternidad.
La libertad sexual de homosexuales y lesbianas no es comprendida,
aceptada ni respetada, menos aún la de los bisexuales,
transexuales o transgénero, entre otras razones porque
todas estas expresiones vitales ponen también en cuestión
los mandatos morales religiosos, el matrimonio, la familia heterosexual
y su finalidad reproductora. La dificultad de aceptar las diferencias
es otro de los terrenos en donde hay que trabajar arduamente para
desarticular la idea de lo natural o del mandato único.
Modificar las lógicas del poder y sus discursos supone,
también, devolver y recuperar el poder y el valor a nuestras
percepciones y experiencias, que son las que finalmente contestan
en nuestra vida cotidiana a ese conjunto de premisas y prescripciones
que pretenden decirnos “lo que debe ser” en terrenos
pertenecientes exclusivamente a nuestra vida y a nuestra libertad
para actuar. Es necesario poner en cuestión los sustentos
patriarcales que todavía subsisten, los mandatos morales
particulares con pretensión de universalidad, pero también
es imprescindible resistir a la idea de modelo único: uno
de los grandes e inaceptables peligros reduccionistas de nuestros
tiempos.
De otro lado, el entendimiento respecto a que el ejercicio de
estas libertades es individual y privada ha dificultado esclarecer
las relaciones y conexiones que existen entre la afirmación
y ampliación de estas libertades en tanto derechos, y los
contextos políticos, culturales, sociales y económicos.
Como sabemos las instituciones han pretendido moldear y constreñir
nuestros comportamientos sexuales y reproductivos. Por tanto,
no basta con reconocer discursivamente y en forma abstracta nuestras
libertades. Para que éstas se puedan ejercer realmente
tendrán que generarse las condiciones institucionales,
culturales, materiales y subjetivas para su concreción.
Para hacer realidad nuestros derechos no basta con eliminar las
barreras jurídicas actualmente existentes, sino que es
necesario transformar consistentemente la democracia, así
como partir de un sistema económico que apunte a la solidaridad
y no sólo la ganancia.
La ampliación y el respeto de nuestras libertades sexuales
requieren de modificaciones sustanciales a todo nivel: legislativas,
judiciales, de orientación en las políticas públicas,
en la educación, en los medios de comunicación,
en las instituciones privadas y en las organizaciones sociales
en general. Pero también requiere de un cambio cultural
y político, con el objetivo de eliminar todo contenido
discriminatorio, no sólo del discurso, sino y fundamentalmente
de las prácticas del Estado y de la ciudadanía.
VI. Necesitamos resignificar el principio de igualdad liberal
a partir del fenómeno de la reproducción y habilitar
el reconocimiento de la diferencia entre los sujetos
La reproducción humana ha sido entendida como una tarea,
como una obligación social y moral más que como
un derecho. Es muy reciente la perspectiva que coloca como derechos
de las personas las decisiones sobre sus capacidades reproductivas.
Sin embargo, y tomando en cuenta que su desarrollo se sustenta
en los principios de igualdad y libertad formulados en el siglo
XVIII, consideramos que resulta especialmente relevante revisar
los alcances de estos principios a la luz de una de las dimensiones
de la vida en donde con mayor nitidez aparece la diferencia sexual.
Los principios de igualdad y libertad se conciben y desarrollan
tomando como referencia a un sujeto universal abstracto y masculino;
en esa medida la gran mayoría de los aspectos de la reproducción
fueron obviados o, en todo caso, concebidos a partir de las visiones
y potestades masculinas. Al estar ausentes las mujeres como sujetos
políticos, la organización social tomó determinados
cauces jerarquizando lo productivo por encima de lo reproductivo
y trazando fronteras entre lo público y lo privado.
A pesar que con el transcurrir del tiempo los principios de igualdad
y libertad se fueron ampliando y redefiniendo gracias a las luchas
de los movimientos sociales, hoy es necesario advertir que todavía
no se ha encarado de manera suficiente los supuestos, contenidos
y efectos de la diferencia material y simbólica en los
procesos reproductivos para varones y mujeres. Tampoco se ha cuestionado
suficientemente la jerarquización de las dimensiones productivas
y las reproductivas: todas las dimensiones de la reproducción
humana siguen directamente asociadas a los intereses de la producción.
La noción de los derechos reproductivos constituye uno
de los aportes del movimiento de mujeres a la perspectiva de producir
transformaciones sociales que den una nueva configuración
a la ciudadanía con miras a una mayor democratización
en la vida social. Desde esta perspectiva cabe preguntarse si
es posible trabajar los derechos reproductivos a partir de la
extensión de un principio de igualdad que no fue concebido
para reconocer estas diferencias.
VII. Apostamos por la visibilidad y corporeidad de las mujeres
en tanto sujetos con derechos, desterrando la visión tutelar
que todavía existe
En el siglo de los derechos asistimos a cambios sustanciales,
uno de los cuales fue iniciar el camino del reconocimiento jurídico
de las mujeres como sujetos de derechos. En esa medida las mujeres
conseguimos la titularidad del derecho al voto, a la educación,
al trabajo, siendo así que nuestra condición de
seres bajo la tutela masculina comenzó su proceso de desmantelamiento.
En la segunda mitad del siglo pasado avanzamos más, se
nos reconocieron nuevos derechos al interior del matrimonio como
el de contratar o trabajar sin requerir la autorización
del marido. En las últimas décadas el reconocimiento
fue sustancialmente mayor: con el develamiento de las fuertes
contradicciones al interior del matrimonio y la familia heterosexual,
se dio paso al reconocimiento jurídico de la violencia
contra la mujer en la familia y la violación sexual dentro
del matrimonio.
El reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos de
las mujeres al interior del seno familiar significa no sólo
haber creado una importante fisura a ciertos presupuestos conservadores
que pretendían seguir ocultando lo evidente, sino un avance
en la visibilidad y reconocimiento de los sujetos femeninos en
tanto seres humanos autónomos de las instituciones a las
que fueron confinadas. Por ejemplo, el "débito conyugal"
de las esposas, que impedía el reconocimiento jurídico
de la violación sexual al interior del matrimonio, confería
derechos a un sexo por encima del otro, despojando a las mujeres
de su condición de personas e instrumentalizándolas
al servicio de los fines de la institución matrimonial.
En este camino hace falta todavía mucho por recorrer.
Un aspecto central para continuar dándole corporeidad y
densidad a los sujetos femeninos es aceptar la autonomía
de sus decisiones reproductivas, es decir, continuar con el proceso
normativo y simbólico de autonomización de la mujer
de su destino materno como clave de su identidad. ¿Por
qué se cree que las mujeres no pueden tener la capacidad
de decidir que hacer con sus cuerpos y con sus vidas?, ¿quién
o qué se considera que podría tener más poder
o autoridad para decidir por encima de la voluntad de una mujer
con relación a sus decisiones reproductivas?
Quienes creen que las mujeres no pueden o no deben decidir sobre
un proceso reproductivo que se desarrolla en sus propios cuerpos
y que afectará sus vidas e identidades de manera decisiva,
defienden una visión tutelar y la idea que las mujeres
todavía necesitamos de alguien que nos indique lo mejor
para nosotras.
VIII. Afirmamos el Estado de Derecho laico como uno de los
sustratos básicos de las sociedades democráticas
Considerando que la separación entre las iglesias y el
Estado es la única forma aceptable de gobierno en una sociedad
democrática, los Estados deben adoptar una postura neutral
ante los diversos dogmas de fe. Conservar su carácter laico
supone lograr una separación total, clara y absoluta entre
las competencias de las iglesias, que corresponde exclusivamente
a lo/as creyentes, y las del Estado, que corresponden al interés
público y ciudadano.
Advertimos con preocupación rasgos fundamentalistas en
algunas de las corrientes de pensamiento de las iglesias en nuestra
región. En este sentido consideramos que un rasgo clásico
del fundamentalismo es la sumisión extrema a los dogmas
de fe que pretenden prevalecer por encima de la razón,
del adelanto científico, de las leyes del Estado de Derecho
y de los derechos de lo/as ciudadano/as. Una característica
permanente en este tipo de razonamiento ha sido la afirmación
de la subordinación de las mujeres y su confinamiento a
los fines reproductivos y domésticos. Hoy, para desarrollar
la democracia como un reto desafiante, es imprescindible la afirmación
y fortalecimiento de la laicidad de los Estados como garantía
de equidad en especial para todas las mujeres.
IX. Planteamos la revisión y redefinición del
"contrato social"
El origen histórico de la igualdad fue excluyente. Las
mujeres no estuvimos presentes en las definiciones de los contratos
sociales, su enorme importancia reside en que éstos no
sólo construyeron las relaciones entre los Estados y lo/as
ciudadano/as, sino que definieron la naturaleza del Estado y la
sociedad, así como la ciudadanía, por lo tanto,
nuestra condición de sujetos políticos y con derechos
no integró nunca esta construcción histórica.
El hecho de que las mujeres fuéramos diferentes a los
varones no dio lugar al reconocimiento de dos sujetos diferentes
pero en posición de equivalencia, sino que la diferencia
fue observada, calificada y, por lo tanto, construida a partir
de las visiones que se adjudicaron a un tipo ideal, abstracto
de ser humano, que se convirtió en el paradigma. La diferencia
fue entonces interpretada como carencia y su resultado fue la
desigualdad: una condición de inferioridad que requería
de tutela.
En esta medida consideramos necesario promover la definición
de nuevos contratos sociales que partan del reconocimiento de
la existencia de una multiplicidad de sujetos y de las diferencias
entre ellos.
X. Proponemos desvincular la sexualidad de la reproducción.
El vínculo entre sexualidad y reproducción refuerza
el imperativo reproductivo en nuestras sociedades tanto para hombres
como para mujeres. Hoy quien no desea tener hijos se encuentra
bajo sospecha, de tal manera que la decisión de tener o
no tener hijos no es tan libre como se proclama, no es fruto de
una elección estrictamente individual porque cargamos con
todo el peso de una tradición cultural que califica y valora
nuestras decisiones.
La vinculación entre sexualidad y reproducción
diluye la importancia de ambas como campos separados de realización
humana, pretendiendo que una es funcional a la otra, desvirtuando
la enorme potencialidad que tiene el placer en nuestras vidas.
Una cosa es que la realización del acto sexual sea una
de las vías más comúnmente utilizadas para
procrear, y otra muy distinta es que en nombre de esta conexión
ambas dimensiones pierdan peso específico. De otro lado,
no olvidemos que el mandato social de la conexión opera
exclusivamente para las mujeres, pues en el caso de los varones
estos campos están normalmente disociados.
Finalmente debemos advertir que en la conexión entre sexualidad
y reproducción subyace una concepción exclusivamente
heterosexual, que en principio excluiría las otras opciones
de vivir y ejercer la sexualidad, por ejemplo aquellas que omiten
la reproducción. Una prueba de la poca importancia de su
desarrollo independiente es que, hoy en día, nosotras mismas
los calificamos como derechos sexuales y reproductivos, quedando
aún pendiente el desarrollo específico de cada uno
de estos campos así como sus puntos de intersección.
XI. Es imprescindible la ampliación y comprensión
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos más
allá del ámbito de la salud
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos abarcan las
diferentes etapas de la vida de los seres humanos desde su nacimiento
hasta su muerte y contemplan las distintas facetas en el desarrollo
y actuación de su vida. De otro lado, estos derechos deben
establecer las relaciones para garantizar que las decisiones individuales
no sean afectadas por contextos adversos, basados en posiciones
morales particulares, ni discriminatorias. Asimismo advertimos,
con preocupación, la superposición entre la salud
sexual y reproductiva y los derechos.
No dudamos de la importancia de los trabajos que se han desarrollado
para mejorar la salud de las personas en estos ámbitos,
ni de que la salud como un derecho social es fundamental para
la vivencia de los mismos, sin embargo, debemos tener claridad
de que los derechos sexuales, como los derechos reproductivos,
no se pueden circunscribir al campo de la salud.
Esta superposición conlleva el riesgo de medicalizar la
sexualidad y la reproducción, trasladando al campo médico
el poder de organizar, clasificar y determinar los destinos saludables,
por ejemplo, de nuestra sexualidad. En esta vinculación
entre la salud sexual y la reproductiva, el peso en recursos y
mayor desarrollo está en los aspectos reproductivos, situación
que nuevamente devuelve a la sexualidad un lugar disminuido.
XII. Planteamos promover la equivalencia en el ejercicio de
las relaciones de poder: no hacer daño a los otro / as
Nuestro ordenamiento jurídico está cargado de un
conjunto de valoraciones y prejuicios producto de las visiones
conservadoras que han predominado a lo largo de nuestra historia.
Estas representaciones sociales han traído como resultado
concepciones en el ejercicio de la sexualidad que la circunscribieron
al matrimonio heterosexual y al mandato reproductivo como base
de la familia La moral religiosa fue, en esta propuesta, el principal
sustento ordenador.
Consideramos necesario revisar nuestra legislación descargándola
de orientaciones morales particulares, entendiendo que éstas
corresponden a las esferas personales y privadas de los seres
humanos, y no a la formulación de derechos ni obligaciones
en sociedades democráticas. No es democrático imponer
valoraciones o creencias particulares al conjunto de la sociedad.
Desde esta perspectiva la obligación de los Estados es
garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales, asumiendo
que no existe democracia real sin el respeto de los derechos de
las mujeres, incluido su derecho a la autonomía sobre sus
cuerpos.
Trabajar desde una lógica de derechos supone entonces
comprometernos en la tarea de desarrollar contenidos que, desprovistos
de toda carga discriminatoria, nos permitan aproximarnos nuevamente
a lo que entendemos por no causar daño a otro/a, revisando
esta noción y volviéndola a dotar de contenido.
Uno de sus elementos centrales en esta nueva construcción,
podría ser a nuestro juicio el abuso de poder, pieza clave
en la historia de subordinación de las mujeres.
Lima, noviembre de 2002
Notas
- Agradecemos a CLADEM por facilitar esta información
- Este documento es la declaración de
los principios orientadores de nuestra convención por
los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Consta de
una introducción que fundamenta las razones de la propuesta,
y de 12 lineamientos centrales que funcionan como las bases
sobre las cuales reposará la convención y se alimentarán
los debates que enriquezcan sus contenidos.
Ha comenzado a distribuirse a todos los países de la
región y ha sido traducido al portugués y al inglés.
Es un punto de partida y uno de los insumos centrales para el
debate que pretendemos generar tanto a nivel local como internacional.
Súmate al debate y envíanos tus observaciones
y comentarios. En el caso que concuerdes con él ADHIÉRETE,
mayor información en: http://www.convencion.org.uy/menu1-04.htm
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