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Programa de acción de la Conferencia internacional
sobre la población y el desarrollo
Resumen del programa de acción
Índice
Introducción
Capítulo I, Preámbulo
Capítulo II, Principios
Capítulo III, Relaciones entre la población, el
crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible
A. Integración de las políticas demográficas
y de desarrollo
B. Población, crecimiento económico sostenido y
pobreza
C. Población y medio ambiente
Capítulo IV, Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación
de la mujer
A. Mejoramiento de la condición de la mujer
B. La niña
C. Responsabilidades y participación del hombre
Capítulo V, La familia, sus funciones, derechos, composición
y estructura
A. Diversidad de la estructura y la composición de la
familia
B. Apoyo socioeconómico a la familia
Capítulo VI, Crecimiento y estructura de la población
A. Tasas de fecundidad, mortalidad y crecimiento demográfico
B. Los niños y los jóvenes
C. Las personas de edad
D. Los indígenas
E. Personas con discapacidad
Capítulo VII, Derechos reproductivos y salud reproductiva
A. Derechos reproductivos y salud reproductiva
B. Planificación de la familia
C. Enfermedades de transmisión sexual y prevención
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
D. Sexualidad humana y relaciones entre los sexos
E. Los adolescentes
Capítulo VIII, Salud, morbilidad y mortalidad
A. Atención primaria de salud y salud pública
B. Supervivencia y salud de los niños
C. Salud de la mujer y la maternidad sin riesgos
D. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
Capítulo IX, Distribución de la población,
urbanización y migración interna
A. La distribución de la población y el desarrollo
sostenible
B. Crecimiento de la población en las grandes aglomeraciones
urbanas
C. Personas desplazadas internamente
Capítulo X, Migración internacional
A. Migración internacional y desarrollo
B. Migrantes documentados
C. Migrantes indocumentados
D. Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas
Capítulo XI, Población, desarrollo y educación
A. Educación, población y desarrollo sostenible
B. Información, educación y comunicación
en materia de población
Capítulo XII, Tecnología, investigación
y desarrollo
A. Reunión, análisis y difusión de datos
básicos
B. Investigaciones sobre la salud reproductiva
C. Investigaciones económicas y sociales
Capítulo XIII, Actividades nacionales
A. Políticas y planes de acción nacionales
B. Gestión de los programas y desarrollo de los recursos
humanos
C. Movilización y asignación de recursos
Capítulo XIV, Cooperación internacional
Capítulo XV, Colaboración con el sector no gubernamental
Capítulo XVI, Actividades complementarias de la Conferencia
A. Actividades a nivel nacional
B. Actividades a nivel regional y subregional
C. Actividades a nivel internacional
Introducción
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
se celebró en El Cairo (Egipto) del 5 al 13 de septiembre
de 1994. Delegaciones de 179 Estados participaron en las negociaciones
para dar forma definitiva a un Programa de Acción sobre
población y desarrollo para los próximos 20 años.
En el documento de 115 páginas (en la versión en
inglés), aprobado por aclamación el 13 de septiembre,
se respalda una nueva estrategia en que se destacan los numerosos
vínculos existentes entre la población y el desarrollo
y se centra la atención en la satisfacción de las
necesidades de hombres y mujeres particulares más que en
el logro de objetivos demográficos.
Un elemento fundamental de este nuevo criterio consiste en dar
a la mujer las armas necesarias para mejorar su situación
y proporcionarle más posibilidades de elección mediante
un mayor acceso a los servicios de educación y de salud
y el fomento del desarrollo de las aptitudes profesionales y el
empleo. En el Programa se aboga por que la planificación
familiar esté al alcance de todos para el año 2015
o antes, como parte de un criterio ampliado en materia de derechos
y salud reproductiva; se presentan estimaciones de los niveles
de recursos nacionales y asistencia internacional que se necesitarán,
y se exhorta a los gobiernos a que faciliten esos recursos.
En el Programa de Acción se incluyen objetivos en relación
con la educación, especialmente de las niñas, y
con el logro de una mayor reducción de los niveles de mortalidad
infantil y maternoinfantil. También se abordan cuestiones
relacionadas con la población, el medio ambiente y las
modalidades de consumo; la familia; la migración interna
e internacional; la prevención y la lucha contra la pandemia
del VIH/SIDA; la información, la educación y la
comunicación, y la tecnología, la investigación
y el desarrollo.
Tras una semana de intensas negociaciones, la Conferencia alcanzó
acuerdo general en relación con el Programa de Acción.
Durante las dos últimas sesiones plenarias en que se logró
ese acuerdo, 13 países (el Afganistán, Brunei Darussalam,
El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Honduras,
Jordania, Kuwait, la Jamahiriya Árabe Libia, Nicaragua,
Paraguay, la República Árabe Siria y el Yemen) hicieron
declaraciones en que formularon reservas u observaciones en relación
con determinados capítulos, párrafos u oraciones
del Programa y solicitaron que se tomara nota de ellas en el informe
final de la Conferencia (A/CONF.171/13). Diez Estados (la Argentina,
Djibouti, Ecuador, Egipto, Guatemala, la República Islámica
del Irán, Malta, el Perú, la República Dominicana
y la Santa Sede) presentaron declaraciones escritas para que se
incluyeran en el informe.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
fue una conferencia de las Naciones Unidas, organizada principalmente
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la División
de Población del Departamento de Información Económica
y Social y Análisis de Políticas, de las Naciones
Unidas.
En 1991, el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas estableció un vínculo explícito entre
la población y el desarrollo cuando adoptó una decisión
respecto del nombre de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo. El mismo año, mientras los preparativos
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, celebrada en 1992, se centraban en cómo
alcanzar el desarrollo sostenible, el primer período de
sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo decidió que la
población, el crecimiento económico sostenido y
el desarrollo sostenible serían los temas de la Conferencia
de El Cairo.
El proyecto de Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo se basa en el Plan de
Acción Mundial sobre Población, aprobado en la Conferencia
Mundial de Población, celebrada en Bucarest en 1974, y
las 88 recomendaciones para su aplicación posterior aprobadas
en la Conferencia Internacional de Población, celebrada
en Ciudad de México en 1984.
También se basa en los resultados de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el
Programa 21 y la Declaración de Río, así
como en el acuerdo logrado en la Cumbre Mundial en favor de la
Infancia, de 1990, y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
de 1993. A su vez, el hincapié puesto por la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo en la
atención de las necesidades del pueblo y la habilitación
de la mujer está influyendo en los preparativos de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la celebración del cincuentenario de las
Naciones Unidas, eventos que se han programado para 1995.
De capital importancia para conformar el Plan de Acción
fueron las recomendaciones formuladas en las cinco conferencias
regionales sobre población (para Asia y el Pacífico,
África, Europa y América del Norte, América
Latina y el Caribe, y los Estados Árabes), celebradas en
1992 y 1993, y diversas reuniones preparatorias subregionales;
reuniones de grupos de expertos en relación con seis cuestiones
que el Consejo Económico y Social había determinado
que requerían la mayor atención, y una serie de
mesas redondas especiales sobre otros temas importantes de la
Conferencia. Otro aporte importante procedió de la segunda
reunión del Comité Preparatorio, del debate efectuado
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y de los
informes nacionales sobre población preparados en más
de 140 países.
En su cuadragésimo octavo período de sesiones,
celebrado en 1993, la Asamblea General (resolución 48/186)
respaldó decididamente la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo al decidir que el Comité
Preparatorio se convirtiera en órgano subsidiario de la
Asamblea General, concediendo a la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo un rango comparable al de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo. El debate efectuado en la Segunda Comisión
de la Asamblea General sobre una propuesta de esbozo anotado del
Programa de Acción también orientó a la Secretaría
respecto de la preparación del proyecto de documento final
que se negoció en el tercer período de sesiones
del Comité Preparatorio, celebrado en abril de 1994.
Delegaciones de 170 países participaron en el tercer período
de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado en la Sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, y cuya actividad principal
fue la negociación del proyecto de Programa de Acción
que se terminaría de elaborar en El Cairo.
En la Conferencia se inscribieron 10.757 participantes procedentes
de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los
programas y organismos especializados de las Naciones Unidas,
las organizaciones no gubernamentales y los medios de información,
y la atención que recibió por parte de los medios
de difusión alcanzó un nivel sin precedentes. El
Dr. Nafis Sadik, Director Ejecutivo del Fondo de Población
de las Naciones Unidas, fue el Secretario General de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Presidente
de Egipto, Sr. Mohamed Hosni Mubarak, fue el Presidente de la
Conferencia; el Dr. Maher Mahran, Ministro de Población
y Bienestar de la Familia, de Egipto, fue el Vicepresidente ex
officio. El Dr. Frei Sai, de Ghana, fue el Presidente de la Comisión
Principal, que negoció el Programa de Acción definitivo.
Unos 249 oradores hicieron uso de la palabra en las sesiones
plenarias que se extendieron por una semana, entre ellos, el Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Broutos-Ghali; la
Primera Ministra del Pakistán, Sra. Benazir Bhutto; la
Primera Ministra de Noruega, Sra. Gro Harlem Brundtland; el Primer
Ministro de Etiopía, Sr. Tamirat Layne; el Primer Ministro
de Uganda, Sr. George Cosmas Adyebo; el Primer Ministro de Madagascar,
Sr. Francisque Ravony; el Príncipe Mbilini, Primer Ministro
de Swazilandia, y el Vicepresidente de los Estados Unidos, Sr.
Al Gore.
Además, más de 4.200 representantes de más
de 1.500 organizaciones no gubernamentales de 133 países
asistieron al Foro 1994 de Organizaciones no Gubernamentales,
reunión independiente que se celebró al mismo tiempo
que la Conferencia.
Se celebraron otras actividades paralelas a la Conferencia, entre
ellas: la Consulta Internacional de Jóvenes sobre la población
y el desarrollo, celebrada del 31 de agosto al 4 de septiembre,
y organizada por nueve organizaciones no gubernamentales juveniles
o relacionadas con los jóvenes; la Conferencia Internacional
de Parlamentarios sobre población y desarrollo, celebrada
los días 3 y 4 de septiembre y organizada por cinco organizaciones
internacionales de parlamentarios, y la asamblea del Día
de los Parlamentarios de 1994, organizada por la Unión
Interparlamentaria.
Además, la Red de Información sobre Población,
de la División de Población, estableció un
centro de consultas y comunicaciones electrónicas en los
locales en que se celebró la Conferencia. En El Cairo se
publicaron diariamente cuatro periódicos independientes
para ser distribuidos en la Conferencia. Asimismo, el Departamento
de Información Pública de las Naciones Unidas y
el Fondo de Población de las Naciones Unidas copatrocinaron
un encuentro de periodistas, celebrado los días 3 y 4 de
septiembre, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
Capítulo I, Preámbulo
En el Preámbulo se presenta un panorama general de las
principales cuestiones abordadas en el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo y se establece el marco para la adopción de
medidas en la esfera de la población y el desarrollo. Se
destaca que la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo no es un acontecimiento aislado y que su Programa
de Acción se basa en el considerable consenso internacional
a que se ha llegado desde la celebración de la Conferencia
Mundial de Población, celebrada en Bucarest en 1974, y
la Conferencia Internacional de Población, celebrada en
Ciudad de México en 1984.
La Conferencia de 1994 recibió un mandato expresamente
más amplio respecto de las cuestiones de desarrollo que
las anteriores conferencias de población, lo que indica
que cada vez se tiene mayor conciencia de que la población,
la pobreza, las modalidades de producción y consumo y el
medio ambiente están tan estrechamente interrelacionados
que ninguno de esos factores puede considerarse aisladamente.
En el Preámbulo se señala que la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo complementa otras importantes
actividades internacionales efectuadas recientemente, en las cuales
se inspira, y que sus recomendaciones deberían basarse
en acuerdos alcanzados en una serie de conferencias celebradas
anteriormente, a los que debería ajustarse y prestar apoyo.
Se señala asimismo que los resultados de la Conferencia
se relacionan estrechamente con otras importantes conferencias
que se celebrarán en 1995 y 1996, a las que hará
importantes contribuciones, como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II), la preparación del Programa de Desarrollo,
así como la celebración del cincuentenario de las
Naciones Unidas.
En el Preámbulo se destaca que los objetivos y las medidas
del Programa de Acción abordan en conjunto los problemas
y las relaciones recíprocas entre la población y
el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo
sostenible. Para aplicar esas medidas habrá que proceder
a una adecuada movilización de recursos a nivel nacional,
y será preciso que todos los mecanismos de financiación
existentes, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales
y privadas proporcionen recursos nuevos y adicionales a los países
en desarrollo. También se necesitan recursos financieros
para fortalecer la capacidad de las instituciones internacionales
para ejecutar el Programa de Acción.
En el Programa de Acción se recomienda a la comunidad
internacional una importante serie de objetivos en materia de
población y desarrollo, así como metas cualitativas
y cuantitativas que son mutuamente complementarias y de importancia
decisiva para el logro de esos objetivos. Entre esos objetivos
y metas cabe mencionar: el crecimiento económico sostenido
en el marco del desarrollo sostenible; la educación, especialmente
de las niñas; la igualdad y la equidad entre los sexos;
la reducción de la mortalidad infantil y maternoinfantil,
y el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, en
particular la planificación de la familia y la salud sexual.
En el Programa de Acción se reconoce que no se espera
que en los próximos 20 años los gobiernos puedan
alcanzar sin recibir ayuda los objetivos y las metas de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Todos
los miembros y grupos de la sociedad tienen el derecho e incluso
la responsabilidad de desempeñar un papel activo en los
esfuerzos que se desplegarán para alcanzar esas metas.
Capítulo II, Principios
En el conjunto de 15 principios que figuran en este capítulo
se establece un cuidadoso equilibrio entre el reconocimiento de
los derechos humanos individuales y el derecho de las naciones
al desarrollo. La formulación de la mayoría de los
principios se deriva directamente de la terminología internacional
aceptada en declaraciones, convenios y pactos internacionales
pertinentes.
Al inicio de este capítulo se reconoce claramente el hecho
de que la aplicación de las recomendaciones que figuran
en el Programa de Acción es de la competencia del derecho
soberano de cada país, en consonancia con sus leyes nacionales
y sus prioridades de desarrollo, con pleno respeto de los diversos
valores religiosos y éticos y los antecedentes culturales
de su pueblo, y de conformidad con los derechos humanos universalmente
reconocidos. La cooperación internacional y la solidaridad
universal, sobre la base de los principios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas y en un espíritu de colaboración,
se consideran elementos fundamentales para mejorar la calidad
de la vida de los pueblos del mundo.
Los principios se relacionan con las principales cuestiones en
la esfera de la población y el desarrollo, tales como:
la igualdad y la equidad entre los sexos y la habilitación
de la mujer; la incorporación de la población en
políticas y programas de desarrollo sostenible; la erradicación
de la pobreza, el acceso a los servicios de salud reproductiva
y planificación de la familia; el derecho a la educación;
la situación de los niños; los derechos de los migrantes
y los refugiados, y las necesidades en materia de población
y desarrollo de las poblaciones indígenas.
En los principios se reafirma que los seres humanos son el elemento
central del desarrollo sostenible, ya que la población
es el recurso más importante y valioso de toda nación.
En consecuencia, el derecho al desarrollo debe ejercerse con miras
a satisfacer en forma equitativa las necesidades en materia de
población, desarrollo y medio ambiente de las generaciones
presentes y futuras. Además, para alcanzar el desarrollo
sostenible y un nivel de vida más elevado para todos, los
Estados deberían reducir y eliminar las modalidades no
sostenibles de producción y consumo, y promover políticas
apropiadas, incluidas las políticas de población.
De conformidad con los principios, el fomento de la equidad y
la igualdad de los sexos y la habilitación de la mujer,
la eliminación de todas las formas de violencia contra
la mujer y asegurarle el control de su propia fecundidad son la
piedra angular de los programas de población y desarrollo.
Por su parte, los Estados deberían adoptar todas las medidas
apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención
de la salud, incluidos los relacionados con la salud reproductiva,
que incluyen la planificación de la familia y la salud
sexual. En los principios se reafirma el derecho fundamental de
todas las parejas y todas las personas a decidir libre y responsablemente
el número y el espaciamiento de los nacimientos de sus
hijos, y a disponer de la información, la educación
y los medios necesarios para hacerlo.
En el capítulo se subraya que la familia es la unidad
básica de la sociedad y como tal debería fortalecerse.
También se reconoce que hay diversas formas de familia
en diferentes sistemas culturales, políticos y sociales.
Capítulo III, Relaciones entre la población,
el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible
A. Integración de las políticas demográficas
y de desarrollo
En términos generales, se acepta que la pobreza persistente
y generalizada y las graves desigualdades sociales entre hombres
y mujeres tienen una influencia considerable en los factores demográficos,
tales como el crecimiento, la estructura y la distribución
de la población, y que, a su vez, se ven influidas por
éstos. También se acepta que las modalidades no
sostenibles de producción y consumo contribuyen a la utilización
no sostenible de los recursos naturales y a la degradación
del medio ambiente. En la sección A se trata de integrar
plenamente los factores demográficos en las estrategias
de desarrollo y en todos los aspectos de la planificación
del desarrollo a todos los niveles. El crecimiento económico
sostenido que se deriva ayudará a satisfacer las necesidades
y mejorar la calidad de la vida de las generaciones presentes
y futuras. También promoverá la justicia social
y coadyuvará a erradicar la pobreza.
Hay tres formas en que los gobiernos deberían tratar de
fortalecer su determinación política para lograr
esa integración: a) Aplicando programas de educación
e información públicas; b) Aumentando la asignación
de recursos, en colaboración con las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, y c) Mejorando la base de
conocimientos mediante el fomento de las investigaciones y la
creación de una capacidad a nivel nacional y local. Deberían
asimismo reducir y eliminar las modalidades no sostenibles de
producción y consumo, y promover políticas demográficas
adecuadas.
B. Población, crecimiento económico sostenido y
pobreza
Los esfuerzos por disminuir el crecimiento de la población,
reducir la pobreza, conseguir progresos económicos, mejorar
la protección ambiental y transformar las modalidades no
sostenibles de producción y consumo se complementan mutuamente.
El crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo
sostenible es fundamental para erradicar la pobreza. La erradicación
de la pobreza contribuirá a reducir el crecimiento de la
población y a conseguir su pronta estabilización.
Las mujeres suelen ser el sector más pobre de los pobres.
También son un agente clave en el proceso de desarrollo.
Por ello la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer es una condición indispensable para eliminar
la pobreza, promover el crecimiento económico sostenido,
garantizar la prestación de servicios de calidad en materia
de planificación familiar y salud reproductiva, y alcanzar
un equilibrio entre la población y los recursos disponibles.
El objetivo de la sección B es mejorar la calidad de vida
de toda la población mediante la aplicación de políticas
y programas de población y desarrollo orientados a erradicar
la pobreza, mantener el crecimiento económico en el contexto
del desarrollo sostenible, alcanzar modalidades sostenibles de
producción y consumo, desarrollar los recursos humanos
y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido
el derecho al desarrollo.
En sus estrategias y presupuestos en materia de población
y desarrollo, los gobiernos deben asignar prioridad a las inversiones
en la esfera del desarrollo de los recursos humanos. Los programas
deberían estar orientados a aumentar el acceso de la población
a la información, la educación, el aumento de los
conocimientos, las oportunidades de empleo y los servicios de
salud general y de salud reproductiva de alta calidad, incluidos
los servicios de planificación familiar. Deberían
eliminarse las desigualdades y barreras existentes que obstaculizan
la integración de la mujer en la fuerza laboral, y debería
promoverse y fortalecerse la participación de la mujer
en todas las actividades de elaboración y aplicación
de políticas, así como su acceso a los recursos
productivos y a la propiedad de la tierra, y su derecho a heredar
propiedades.
Los gobiernos deberían invertir en la educación
y el fomento de la capacidad de las mujeres y niñas y de
los derechos jurídicos y económicos de las mujeres,
y deberían promover, supervisar y evaluar todos sus aspectos.
Otro tanto deberían hacer en relación con todos
los aspectos de la salud reproductiva, incluida la planificación
de la familia. La comunidad internacional debería seguir
promoviendo un entorno económico favorable, especialmente
en los países en desarrollo y en los países con
economías en transición, a fin de erradicar la pobreza
y alcanzar el crecimiento económico sostenido en el contexto
del desarrollo sostenible.
C. Población y medio ambiente
La satisfacción de las necesidades básicas de una
población en aumento depende de un medio ambiente saludable.
Esas necesidades deben tenerse en cuenta cuando se elaboran las
políticas generales de desarrollo sostenible. La sección
C tiene un doble objetivo: a) Conseguir que los factores demográficos,
ambientales y de erradicación de la pobreza se integren
en las políticas, los planes y programas de desarrollo
sostenible, y b) Reducir las modalidades no sostenibles de producción
y consumo y los efectos negativos de los factores demográficos.
Los gobiernos deberían formular y aplicar políticas
de población en apoyo de los objetivos y las medidas acordados
en el Programa 21 y en otras conferencias y acuerdos internacionales
en materia de medio ambiente.
Concretamente, los gobiernos deberían: a) Incorporar los
factores demográficos en las evaluaciones del impacto ambiental
y otros procesos de planificación y adopción de
decisiones orientados a alcanzar el desarrollo sostenible; b)
Adoptar medidas encaminadas a erradicar la pobreza, concediendo
especial atención a las estrategias de generación
de ingresos y empleo dirigidas a la población rural pobre
y a las personas que viven en ecosistemas frágiles o al
borde de esas zonas; c) Utilizar datos demográficos para
promover la ordenación de los recursos naturales, especialmente
de los sistemas ecológicamente frágiles; d) Modificar
las modalidades no sostenibles de producción y consumo
mediante la adopción de medidas económicas, legislativas
y administrativas encaminadas a fomentar una utilización
sostenible de los recursos e impedir la degradación del
medio ambiente, y e) Aplicar políticas para hacer frente
a las consecuencias ecológicas de los inevitables aumentos
futuros de la población y los cambios en su concentración
y distribución, particularmente en las zonas ecológicamente
vulnerables y en las aglomeraciones urbanas.
Capítulo IV, Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación
de la mujer
A. Mejoramiento de la condición de la mujer
La habilitación de la mujer y el mejoramiento de su condición
constituyen en sí un fin de la mayor importancia y son
indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Los objetivos
son: lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer,
y permitir que la mujer realice plenamente sus posibilidades;
incorporar plenamente a la mujer en el proceso de formulación
de políticas y adopción de decisiones y en todos
los aspectos de la vida económica, política y cultural,
como formuladoras activas de las decisiones y como participantes
y beneficiarias activas, y asegurar que todas las mujeres, al
igual que los hombres, reciban la educación necesaria para
satisfacer sus necesidades humanas básicas y ejercer sus
derechos humanos. Entre las medidas recomendadas figuran la creación
de mecanismos que garanticen la participación de la mujer
en pie de igualdad y su representación equitativa en todos
los niveles del proceso político y de la vida pública;
promover la educación, el desarrollo de aptitudes y el
empleo de la mujer, y eliminar todas las prácticas discriminatorias
contra la mujer, incluso en el lugar de trabajo y las que afectan
su acceso al crédito, a la propiedad y a los sistemas de
seguridad social. Los países deberían adoptar medidas
exhaustivas para eliminar todas las formas de explotación,
abuso, acoso y violencia contra las mujeres, las adolescentes
y las niñas. Además, cuando se adopten medidas relacionadas
con el desarrollo, se debería prestar más atención
a las múltiples exigencias que consumen el tiempo de la
mujer, poniendo mayor hincapié en las medidas encaminadas
a reducir la carga de las responsabilidades domésticas,
y en la promulgación de leyes y la aplicación de
programas y políticas que permitan a los empleados de ambos
sexos armonizar sus responsabilidades familiares y laborales.
B. La niña
Los objetivos son eliminar todas las formas de discriminación
contra las niñas y las causas fundamentales en que se basa
la preferencia por el varón, aumentar la conciencia pública
respecto del valor de las niñas y fortalecer su autoestimación.
A esos efectos, los dirigentes de todos los niveles de la sociedad
deberían manifestarse enérgicamente y actuar en
forma decidida en contra de la discriminación por razones
de sexo en la familia, basada en la preferencia por los hijos
varones. Se deberían realizar actividades de educación
especial y de información pública para promover
el trato equitativo de niñas y niños en lo que respecta
a la nutrición, la atención de salud, la educación
y las actividades sociales, económicas y políticas,
así como a derechos sucesorios equitativos. Los gobiernos
deberían elaborar un enfoque integrado en relación
con las necesidades especiales de las niñas y jóvenes
en materia de salud, educación y necesidades sociales,
y deberían hacer cumplir estrictamente leyes encaminadas
a garantizar que el matrimonio se contraiga únicamente
con el consentimiento pleno y libre de los interesados. Se insta
a los gobiernos a que prohíban la mutilación de
los genitales femeninos e impidan el infanticidio, la selección
prenatal del sexo, la trata de niñas y la utilización
de niñas en la prostitución y la pornografía.
C. Responsabilidades y participación del hombre
El hombre desempeña un papel clave en el logro de la igualdad
entre los sexos, puesto que en la mayoría de las sociedades
ejerce un poder preponderante en casi todas las esferas de la
vida. El objetivo es promover la igualdad de los sexos y alentar
a los hombres a que se responsabilicen con su comportamiento sexual
y reproductivo y a que asuman su función social y familiar.
Los gobiernos deberían promover la participación
del hombre y la mujer en pie de igualdad en todas las esferas
de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas,
incluidas la paternidad responsable, el comportamiento sexual
y reproductivo, la prevención de enfermedades de transmisión
sexual, y la participación y la contribución al
ingreso familiar y al bienestar de los niños. Los gobiernos
deberían adoptar medidas para asegurar que los niños
recibieran el apoyo financiero adecuado de sus padres, y deberían
considerar la posibilidad de modificar sus leyes y sus políticas
para garantizar el apoyo de los hombres a sus hijos y sus familias.
Los padres y las escuelas deberían velar por que se inculcaran
en los niños, desde la más tierna edad, actitudes
basadas en el tratamiento respetuoso de las mujeres y las niñas
como iguales.
Capítulo V, La familia, sus funciones, derechos, composición
y estructura
La familia es la unidad básica de la sociedad. El proceso
de rápido cambio demográfico y socioeconómico
ha influido en las modalidades de formación de las familias
y en la vida familiar y ha provocado cambios considerables en
la composición y en la estructura de las familias. Las
ideas tradicionales de las funciones domésticas y de los
progenitores no reflejan las realidades y las aspiraciones actuales,
pues son cada vez más las mujeres que en todo el mundo
ocupan empleos remunerados fuera de su casa. Al mismo tiempo,
diversas causas de desplazamiento han provocado mayores tensiones
en la familia, al igual que los cambios económicos y sociales.
Los objetivos son, entre otros: a) Elaborar políticas
y leyes que presten mayor apoyo a la familia, contribuyan a su
estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de formas, en particular
en lo que se refiere al creciente número de familias monoparentales;
b) Promover la igualdad de oportunidades de los miembros de la
familia, especialmente los derechos de la mujer y los niños
en la familia; c) Velar por que todas las políticas sociales
y de desarrollo presten apoyo y protección a las familias
y respondan plenamente a las necesidades cambiantes y diversas
de las familias.
A. Diversidad de la estructura y la composición de la
familia
Se exhorta a los gobiernos a que cooperen con los empleadores
en el establecimiento y la promoción de medios necesarios
para que la participación en la fuerza laboral sea compatible
con las responsabilidades de los padres, especialmente en el caso
de las familias monoparentales con niños pequeños.
Los gobiernos deberían adoptar medidas eficaces para eliminar
todas las formas de coacción y discriminación en
las políticas y las prácticas.
B. Apoyo socioeconómico a la familia
Se recomienda a los gobiernos que formulen políticas en
que se tenga en cuenta a las familias y se les preste apoyo, y
que encuentren, en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales y organizaciones comunitarias interesadas,
formas innovadoras de prestar una asistencia más eficaz
a las familias y a las personas que las integran, quienes pueden
verse afectadas por problemas tales como la extrema pobreza, el
desempleo crónico y la violencia en el hogar y la violencia
sexual, entre otros.
Capítulo VI, Crecimiento y estructura de la población
A. Tasas de fecundidad, mortalidad y crecimiento demográfico
El objetivo es facilitar la transición demográfica
cuanto antes en los países donde haya un desequilibrio
entre las tasas demográficas y las metas sociales, económicas
y ambientales. Este proceso contribuirá a la estabilización
de la población mundial. Se exhorta a los gobiernos a que
presten más atención a la importancia de las tendencias
demográficas para el desarrollo. Al tratar de resolver
las cuestiones relativas al crecimiento demográfico, los
países deberían reconocer la relación recíproca
entre el nivel de fecundidad y el de mortalidad, y tratar de reducir
los niveles elevados de mortalidad infantil y maternoinfantil.
B. Los niños y los jóvenes
Se señalan a la atención los enormes problemas creados
por las elevadísimas proporciones de niños y jóvenes
en las poblaciones de muchos países en desarrollo. Los
objetivos son promover la salud, el bienestar y el potencial de
todos los niños, adolescentes y jóvenes; satisfacer
sus necesidades especiales, incluido el apoyo de la sociedad,
la familia y la comunidad, al igual que el acceso a la educación,
el empleo, la salud, la orientación y los servicios de
salud reproductiva de alta calidad,
y alentarlos a que continúen sus estudios. Se insta a
los gobiernos a que asignen alta prioridad a la protección,
la supervivencia y el desarrollo de los niños y los jóvenes,
y a que desplieguen todos los esfuerzos posibles por eliminar
los efectos adversos de la pobreza en los niños y jóvenes.
Se exhorta asimismo a los países a que promulguen y apliquen
estrictamente leyes contra la explotación económica
y el abuso físico y mental o el descuido de los niños.
Se insta a los países a que creen un entorno socioeconómico
favorable a la eliminación de todos los matrimonios y demás
uniones de niños y a que desalienten los matrimonios a
edad muy temprana.
C. Las personas de edad
Se exhorta a los gobiernos a que establezcan sistemas de seguridad
social que aseguren una mayor equidad y solidaridad entre las
generaciones y en el interior de una misma generación y
que presten apoyo a las personas de edad mediante la promoción
de las familias multigeneracionales. Los gobiernos deberían
también tratar de aumentar la capacidad de las personas
de edad para valerse por sí mismas, de manera que pudieran
llevar una vida saludable y productiva y hacer uso cabal de las
aptitudes y facultades que hubieran adquirido a lo largo de su
vida en beneficio de la sociedad. Los gobiernos deberían
fortalecer los sistemas de apoyo y de seguridad para las personas
de edad, tanto oficiales como no oficiales, y eliminar todas las
formas de violencia y discriminación contra las personas
de edad.
D. Los indígenas
Los indígenas tienen una visión característica
y de suma importancia de las relaciones entre población
y desarrollo, que suele diferir de las de las poblaciones con
las que viven dentro de las fronteras nacionales. Deberían
reconocerse las necesidades concretas de los indígenas,
entre ellas las relativas a la atención primaria de la
salud y los servicios de atención de salud reproductiva.
En plena colaboración con las poblaciones indígenas,
se deberían reunir datos sobre sus características
demográficas e integrarlos en los sistemas nacionales de
recopilación de datos. Es necesario respetar las culturas
de las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas
deberían poder administrar sus tierras y se debería
proteger y renovar los recursos naturales y los ecosistemas de
que dependen.
E. Personas con discapacidad
Aunque ha aumentado la conciencia y el conocimiento del público
de las cuestiones relativas a la discapacidad, la promoción
de medidas eficaces para la prevención y la rehabilitación
de la discapacidad sigue siendo una necesidad apremiante. Se exhorta
a los gobiernos a que establezcan la infraestructura apropiada
para atender las necesidades de las personas con discapacidad,
en particular en lo referente a su educación, capacitación
y rehabilitación; a que reconozcan sus necesidades en materia
de, entre otras cosas, salud reproductiva, incluida la planificación
de la familia y la lucha contra el VIH/SIDA, y a que eliminen
las formas concretas de discriminación de las que pueden
ser objeto las personas con discapacidad en relación con
los derechos reproductivos, la formación de hogares y familias
y la migración internacional.
Capítulo VII, Derechos reproductivos y salud reproductiva
A. Derechos reproductivos y salud reproductiva
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,
mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y con sus funciones y procesos. Ello lleva implícito
el derecho del hombre y la mujer a obtener información
y tener acceso a métodos de su elección seguros,
eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia
de planificación de la familia, así como a otros
métodos de su elección para la regulación
de su fecundidad, que no estén legalmente prohibidos, y
el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención
de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos.
La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual,
cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones
personales.
Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que
ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos
internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes
de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Esos derechos
se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas
las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el
número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y
el momento de tenerlos, y a disponer de la información
y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar
el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También
incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones
en relación con la reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención
a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad
entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción
de las necesidades adicionales y de servicios de los adolescentes
con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo
y responsable.
Se exhorta a todos los países a que se esfuercen por facilitar
los servicios de salud reproductiva, mediante el sistema de atención
primaria de la salud, a todas las personas de edad apropiada lo
antes posible y a más tardar para el año 2015. Esa
atención debería incluir, entre otras cosas: asesoramiento,
información, educación, comunicaciones y servicios
en materia de planificación de la familia; educación
y servicios de atención prenatal, partos sin riesgos, y
atención después del parto, en particular la atención
de la salud maternoinfantil y la promoción de la lactancia
materna; prevención y tratamiento de la infertilidad, interrupción
del embarazo, de conformidad con lo indicado en el párrafo
8.25; tratamiento de las infecciones del aparato reproductor,
las enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones
de la salud reproductiva, e información, educación
y asesoramiento en materia de sexualidad humana, salud reproductiva
y paternidad responsable.
Deberían prepararse programas de atención de la
salud reproductiva para atender a las necesidades de las mujeres
y las adolescentes, que entrañaran la participación
de la mujer en la dirección, la planificación, la
adopción de decisiones, la gestión, la ejecución,
la organización y la evaluación de los servicios.
Deberían elaborarse programas innovadores para que los
adolescentes y los hombres adultos tuvieran acceso a información,
asesoramiento y servicios de salud reproductiva. Esos programas
deben educar y facultar al hombre para que comparta por igual
las responsabilidades de la planificación de la familia
y las labores domésticas y de crianza de los hijos y acepte
la importante responsabilidad de prevenir las enfermedades de
transmisión sexual.
B. Planificación de la familia
Se recomienda que se adopten medidas para ayudar a las parejas
y a las personas a alcanzar sus objetivos de procreación;
prevenir los embarazos no deseados y reducir la incidencia de
los embarazos de alto riesgo y la morbilidad y la mortalidad;
facilitar el acceso a servicios de calidad que sean aceptables
y económicamente asequibles para todos los que los necesitan
y desean recibirlos; mejorar la calidad de los servicios de asesoramiento,
información, educación, comunicaciones y orientación,
y promover la lactancia materna para favorecer el espaciamiento
de los nacimientos. En el texto se destaca que los gobiernos y
la comunidad internacional deberían utilizar todos los
medios de que dispusieran para apoyar el principio de elección
voluntaria en materia de planificación de la familia. Como
parte del esfuerzo encaminado a satisfacer las necesidades no
atendidas, se pide a todos los países que determinen y
eliminen todas las barreras importantes que todavía existen
para la utilización de los servicios de planificación
de la familia. Se insta a los gobiernos a que proporcionen, por
todos los conductos posibles, un entorno propicio para el suministro
de servicios de información de alta calidad en materia
de planificación de la familia y salud reproductiva, en
los sectores público y privado. Se insta a la comunidad
internacional a que adopte de inmediato medidas encaminadas a
establecer un sistema eficaz de coordinación y servicios
a nivel mundial, regional y subregional para la adquisición
de anticonceptivos y otros productos indispensables para los programas
de salud reproductiva de los países en desarrollo y los
países con economías de transición.
C. Enfermedades de transmisión sexual y prevención
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
En la sección C se recomienda que se adopten medidas encaminadas
a prevenir y reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión
sexual y a proporcionar tratamiento para esas enfermedades, entre
ellas el VIH/SIDA, y las complicaciones derivadas de ellas, como
la infertilidad. Entre esas medidas se incluyen: intensificar
los esfuerzos en la aplicación de programas de salud reproductiva
para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de transmisión
sexual y otras infecciones del aparato reproductor; proporcionar
formación especializada a todos los proveedores de servicios
de salud en materia de prevención y diagnóstico
de las enfermedades de transmisión sexual y de prestación
de servicios de asesoramiento al respecto, especialmente en relación
con las infecciones que afectan a las mujeres y los jóvenes;
velar por que la información y la orientación sobre
una conducta sexual responsable y sobre la prevención eficaz
de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH formen
parte integral de todos los servicios de salud reproductiva y
sexual, y promover la utilización de preservativos de buena
calidad y distribuirlos, como elementos integrantes de todos los
servicios de atención de la salud reproductiva.
D. Sexualidad humana y relaciones entre los sexos
El objetivo es doble: promover el desarrollo adecuado de una sexualidad
responsable que permita el establecimiento de relaciones de equidad
y respeto mutuo entre ambos sexos, y velar por que el hombre y
la mujer tengan acceso a la información, la educación
y los servicios necesarios para lograr una buena salud sexual
y ejercer sus derechos y responsabilidades en lo tocante a la
procreación. Entre las medidas recomendadas se incluye
el apoyo a actividades y servicios en materia de educación
sexual integrada para los jóvenes, con la asistencia y
orientación de sus padres y en consonancia con la Convención
sobre los Derechos del Niño, en que se destaque la responsabilidad
de los varones en cuanto a su propia salud sexual y su fecundidad
y los ayude a ejercer esas responsabilidades. Las actividades
educacionales deberían comenzar en la unidad familiar,
pero también debe abarcar a los adultos, en particular
a los hombres, mediante la educación no académica
y diversas actividades con base en la comunidad. Los programas
educacionales también deberían alentar y apoyar
el debate activo y abierto sobre la necesidad de proteger a las
mujeres, los jóvenes y los niños contra los abusos,
incluido el abuso sexual, la explotación, el tráfico
con fines sexuales y la violencia. Se aconseja a los gobiernos
y las comunidades que adopten medidas con carácter urgente
para poner fin a la práctica de la mutilación genital
de la mujer y proteger a las mujeres y las niñas contra
todas las prácticas innecesarias y peligrosas de esa índole.
E. Los adolescentes
Las cuestiones relativas a la salud reproductiva y sexual en la
adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto
en malas condiciones (según la definición de la
Organización Mundial de la Salud) y las enfermedades de
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, se abordan mediante
el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable y
sana, sin olvidar la abstinencia voluntaria, y la prestación
de los servicios y la orientación apropiados para ese grupo
de edad concretamente. También se intenta reducir sustancialmente
todos los embarazos de adolescentes. En el texto se hace hincapié
en que los países deben asegurar que los programas y las
actitudes de los proveedores de servicios de salud no limiten
el acceso de los adolescentes a los servicios apropiados y a la
información que necesiten. Esos servicios deben salvaguardar
los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad,
el respeto y el consentimiento basado en una información
correcta, y respetar los valores culturales y las creencias religiosas,
así como los derechos, deberes y responsabilidades de los
padres. Los países, con la asistencia de la comunidad internacional,
deberían proteger y promover los derechos de los adolescentes
a la educación, la información y la asistencia en
materia de salud reproductiva, y reducir considerablemente el
número de embarazos entre las adolescentes. Se insta a
los gobiernos a que, en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales, establezcan los mecanismos apropiados para
atender las necesidades especiales de los adolescentes.
Capítulo VIII, Salud, morbilidad y mortalidad
A. Atención primaria de salud y salud pública
El aumento en la esperanza de vida registrado en la mayoría
de las regiones del mundo en el último medio siglo refleja
progresos significativos en la salud pública y en el acceso
a los servicios de atención primaria de la salud. Entre
los logros importantes figura la vacunación de los niños
y el uso difundido de tratamientos de bajo costo, como la terapia
de rehidratación oral. Sin embargo, estos logros no han
beneficiado a todos los países, y las enfermedades que
pueden ser prevenidas o tratadas constituyen todavía una
de las causas principales del fallecimiento de niños de
corta edad. Además, amplios sectores de la población
de muchos países siguen expuestos al riesgo de infecciones
y de enfermedades parasitarias y transmitidas por el agua. En
la sección A se recomienda que se adopten medidas para
aumentar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad
de los servicios de atención de la salud, y aumentar los
años de vida saludable y mejorar la calidad de la vida
de toda la población, así como reducir las disparidades
en la esperanza de vida entre los diversos países y dentro
de cada país.
En la sección A se subraya que todos los países
deberían establecer el acceso a la atención primaria
de salud y la promoción de la salud como estrategias centrales
para reducir la mortalidad y la morbilidad. Deberían asignarse
suficientes recursos para poder prestar servicios primarios de
salud a toda la población. Todos los países deberían
reducir la mortalidad y la morbilidad y hacer que la atención
primaria de salud, incluida la atención de la salud reproductiva,
estuviera al alcance de todos al finalizar el presente decenio.
Los países deberían proponerse alcanzar para el
año 2005 una esperanza de vida al nacer superior a los
70 años, y para el año 2015 una esperanza de vida
al nacer superior a los 75 años. Los países con
los niveles de mortalidad más elevados deberían
intentar alcanzar para el año 2005 una esperanza de vida
al nacer superior a los 65 años, y para el año 2015
una esperanza de vida al nacer superior a los 70 años.
Los gobiernos deberían lograr la participación de
la comunidad en la planificación de la política
sanitaria, especialmente en lo que se refiere al cuidado a largo
plazo de las personas de edad avanzada, de las personas con discapacidades
y de las infectadas por el VIH y otras enfermedades endémicas.
Hay que garantizar a todas las personas, y en especial a los grupos
más desfavorecidos y vulnerables, el acceso a los servicios
de atención de salud. Los gobiernos deberían procurar
que los servicios de atención primaria de salud fueran
económicamente más sostenibles, y garantizar al
mismo tiempo un acceso equitativo a dichos servicios.
B. Supervivencia y salud de los niños
En todas partes se ha progresado mucho en la reducción
de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños.
Sin embargo, la mortalidad entre los niños menores de 5
años muestra variaciones significativas entre las distintas
regiones y países, y dentro de cada región y país.
La pobreza, la malnutrición, la disminución de la
lactancia materna y la insuficiencia o la falta de servicios de
saneamiento y de salud son todos factores relacionados con la
alta mortalidad de lactantes y de niños pequeños.
La supervivencia del niño está estrechamente vinculada
con el momento, el espaciamiento y el número de los nacimientos
y con la salud reproductiva de las madres. La edad temprana o
tardía, el alto número y la excesiva frecuencia
de los embarazos son factores importantes que contribuyen a las
elevadas tasas de mortalidad y morbilidad de lactantes y de niños
pequeños, en especial cuando los servicios de atención
de salud son insuficientes. Por consiguiente, en la sección
B se recomienda que se adopten medidas para reducir las disparidades
en las tasas de mortalidad existentes entre países desarrollados
y países en desarrollo, y dentro de cada país, prestando
especial atención a la eliminación de la mortalidad
prevenible excesiva de las lactantes y las niñas pequeñas.
También se recomienda que se adopten medidas para mejorar
las condiciones de salud y nutrición de lactantes y niños
pequeños y fomentar la lactancia materna como estrategia
para la supervivencia del niño.
En la sección B figuran los siguientes objetivos específicos:
para el año 2000, los países deberían procurar
reducir sus tasas de mortalidad de lactantes y niños menores
de 5 años en un tercio, o bien a 50 a 70 por 1.000 nacidos
vivos, respectivamente, si estas cifras son menores. Para el año
2005, los países con niveles intermedios de mortalidad
deberían tratar de conseguir que la tasa de mortalidad
de lactantes estuviese por debajo de 50 por 1.000 nacidos vivos
y la de los niños menores de 5 años por debajo de
60 por 1.000 nacidos vivos. Para el año 2015, todos los
países deberían tratar de conseguir que la tasa
de mortalidad de lactantes estuviese por debajo de 35 por 1.000
nacidos vivos y la de los niños menores de 5 años
por debajo de 45 por 1.000 nacidos vivos. Los países con
poblaciones indígenas deberían lograr que los niveles
de mortalidad de lactantes y de niños menores de 5 años
de dichas poblaciones fuesen iguales que en el resto de la población
en general.
En la sección B se exhorta a todos los gobiernos a evaluar
las causas profundas de la mortalidad infantil elevada y, en el
marco de la atención primaria de salud, facilitar servicios
integrados de atención de la salud reproductiva y de la
salud infantil --entre ellos programas de maternidad sin riesgo
(definidos en una nota de pie de página) y de supervivencia
del niño y servicios de planificación de la familia--
a toda la población y en particular a los grupos más
vulnerables y desfavorecidos. Todos los países deberían
dar prioridad a los esfuerzos por reducir las principales enfermedades
infantiles, en particular las enfermedades infecciosas y parasitarias,
y evitar la malnutrición entre los niños, en especial
entre las niñas.
C. Salud de la mujer y maternidad sin riesgo
Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto figuran
entre las principales causas de mortalidad de las mujeres en edad
de procrear en muchas partes del mundo en desarrollo, y provocan
la muerte de alrededor de medio millón de mujeres cada
año, el 99% de ellas en países en desarrollo. La
edad a la que las mujeres empiezan a tener hijos o dejan de tenerlos,
el intervalo entre los nacimientos, el número total de
embarazos a lo largo de la vida y las circunstancias socioculturales
y económicas en que viven las mujeres son factores que
influyen en la morbilidad y mortalidad maternas. Aunque aproximadamente
el 90% de los países del mundo tienen políticas
que permiten el aborto en diversas situaciones jurídicas
para salvar la vida de la mujer, una proporción significativa
de los abortos son inducidos por las propias mujeres o se efectúan
en malas condiciones, y son la causa de un gran porcentaje de
fallecimientos de las madres o de lesiones permanentes en las
mujeres afectadas.
Los objetivos son: promover la salud de las mujeres y la maternidad
sin riesgo; lograr una reducción rápida y sustancial
en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias
observadas entre los países desarrollados y los países
en desarrollo, y dentro de cada país, y, sobre la base
de un esfuerzo decidido por mejorar la salud y el bienestar de
la mujer, reducir considerablemente el número de muertes
y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones.
También se recomienda que se adopten medidas para mejorar
la situación de salud y de nutrición, especialmente
de las mujeres embarazadas y las madres lactantes.
En el documento se exhorta a reducir la mortalidad materna a
la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000, y a lograr
una nueva reducción a la mitad para el año 2015.
Los países con niveles intermedios de mortalidad materna
deberían esforzarse por conseguir que para el año
2005 la tasa de mortalidad materna estuviera por debajo de 100
por 100.000 nacidos vivos, y para el año 2015 por debajo
de 60 por 100.000 nacidos vivos. Los países con los niveles
más elevados de mortalidad deberían tratar de conseguir
para el año 2005 una tasa de mortalidad materna inferior
a 125 por 100.000 nacidos vivos, y para el año 2015 una
tasa inferior a 75 por 100.000 nacidos vivos. Todos los países
deberían tratar de reducir la morbilidad y mortalidad maternas
hasta niveles en que ya no constituyan un problema de salud. Se
exhorta a todos los países a que, con el apoyo de la comunidad
internacional, aumenten la prestación de servicios de maternidad
en el marco de la atención primaria de la salud. Todos
los países deberían tratar también de reducir
todavía más la mortalidad materna adoptando medidas
para impedir, detectar y tratar los embarazos y nacimientos de
alto riesgo, en particular entre las adolescentes y las parturientas
de más edad. Deberían elaborarse programas y cursos
educativos para lograr el apoyo de los varones a las actividades
destinadas a asegurar la salud de las madres y la maternidad sin
riesgo; se exhorta a todos los países a que procuren con
urgencia modificar el comportamiento sexual de alto riesgo y elaboren
estrategias para que los varones compartan la responsabilidad
en la salud reproductiva y sexual.
El texto completo del párrafo 8.25, relativo al aborto,
es el siguiente: "En ningún caso se debe promover
el aborto como método de planificación de la familia.
Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con
la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud
tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas (definidas
en una nota de pie de página) como un importante problema
de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante
la prestación de más amplios y mejores servicios
de planificación de la familia. Las mujeres que tienen
embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información
fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se debe asignar siempre
máxima prioridad a la prevención de los embarazos
no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar
la necesidad del aborto. Cualesquiera medidas o cambios relacionados
con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden
determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad
con el proceso legislativo nacional. En los casos en que el aborto
no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones
adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener
acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas
de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios
de planificación de la familia, educación y asesoramiento
postaborto que ayuden también a evitar la repetición
de los abortos."
D. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
La pandemia del SIDA es un problema de primer orden, tanto en
los países desarrollados como en los países en desarrollo.
A mediados de 1993, las cuatro quintas partes del número
total de infectados por el VIH vivían en países
en desarrollo, donde la infección se transmite principalmente
por relación heterosexual, y el número de casos
nuevos estaba aumentando más rápidamente entre las
mujeres. Los principales objetivos enunciados en la sección
D son impedir y reducir la difusión de la infección
con el VIH y minimizar sus consecuencias, y asegurar que las personas
infectadas con el VIH reciban atención médica adecuada
y no sean objeto de discriminación. Un tercer objetivo
consiste en intensificar las investigaciones sobre métodos
de lucha contra la pandemia del VIH y el SIDA y sobre un tratamiento
eficaz de la enfermedad.
En la sección D se exhorta a los gobiernos a movilizar
a todos los sectores de la sociedad para luchar contra la pandemia
del SIDA y a dar alta prioridad a las campañas de información,
educación y comunicaciones en los programas para reducir
la propagación de la infección con el VIH. Debería
proporcionarse educación e información sexual tanto
a los infectados como a los que no lo están, y en especial
a los adolescentes. Debería promoverse e incluirse en los
programas de educación e información el comportamiento
sexual responsable, incluida la abstinencia sexual voluntaria.
Entre los objetivos se encuentran aumentar la conciencia y hacer
hincapié en la modificación del comportamiento.
Se exhorta a la comunidad internacional a que movilice los recursos
humanos y financieros necesarios para reducir la tasa de transmisión
de la infección con el VIH.
Capítulo IX, Distribución de la población,
urbanización y migración interna
A. La distribución de la población y el desarrollo
sostenible
El proceso de urbanización es un aspecto intrínseco
del desarrollo económico y social y, por consiguiente,
tanto los países desarrollados como los países en
desarrollo siguen un proceso de transformación en que pasan
de ser sociedades predominantemente rurales a sociedades predominantemente
urbanas. El objetivo es fomentar una distribución espacial
más equilibrada de la población, estimulando de
manera integrada el desarrollo equitativo y ecológicamente
sostenible de las principales zonas de origen y de destino, con
particular atención a la promoción de la equidad
económica, social y entre los sexos. Un objetivo conexo
es reducir el papel de los diversos factores de presión
que propician la migración, como la distribución
desigual de los recursos de desarrollo, la adopción de
tecnologías inadecuadas y la falta de acceso a la tierra.
Los países deberían adoptar estrategias que fomentasen
el crecimiento de los centros urbanos pequeños y medianos
y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Para desarrollar
las zonas urbanas, los gobiernos deberían apoyar activamente
el acceso a la propiedad y a los recursos hídricos, especialmente
por parte de las unidades familiares, e invertir o fomentar las
inversiones para aumentar la productividad del campo.
B. Crecimiento de la población en las grandes aglomeraciones
urbanas
En muchos países, el sistema urbano se caracteriza por
la enorme preponderancia de una sola ciudad. Ello plantea problemas
económicos, sociales y ambientales específicos.
Pero a menudo las grandes aglomeraciones urbanas son también
los centros más dinámicos de actividad económica
y cultural. El objetivo es ayudar a los países a mejorar
la gestión de esas grandes aglomeraciones urbanas para
mejorar la seguridad y la calidad de vida de los pobres de las
zonas rurales y urbanas. En el texto se exhorta a los gobiernos
a que aumenten la capacidad y la competencia de las autoridades
locales y municipales para administrar el desarrollo urbano y
satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. También
se insta a los gobiernos a facilitar a los migrantes, especialmente
las mujeres, mayor acceso al empleo, al crédito, a la educación
básica, los servicios de salud, las guarderías y
la formación profesional. Con el objeto de financiar la
infraestructura y los servicios necesarios de manera equilibrada,
se recomienda que los organismos gubernamentales, teniendo en
cuenta los intereses de los sectores pobres de la sociedad, examinen
el establecimiento de planes equitativos de recuperación
de costos y el incremento de los ingresos a través de medidas
apropiadas.
C. Personas desplazadas internamente
El objetivo es ofrecer protección y asistencia apropiadas
a las personas desplazadas dentro de su propio país, particularmente
a las mujeres, los niños y los ancianos, y encontrar soluciones
a las causas fundamentales de su desplazamiento con miras a eliminarlas
en el futuro, y facilitar su retorno o reasentamiento. En el documento
se expresa además la necesidad de poner fin a todas las
formas de migración forzosa, incluida la "depuración
étnica". Se exhorta a los países a ocuparse
de las causas de los desplazamientos internos, incluida la degradación
ambiental, los desastres naturales, los conflictos armados y el
reasentamiento forzoso, y a establecer los mecanismos necesarios
para proteger y asistir a las personas desplazadas. Asimismo se
exhorta a que se adopten medidas para velar por que las personas
desplazadas reciban educación básica, oportunidades
de empleo, formación profesional y servicios básicos
de atención de la salud, entre ellos servicios de salud
reproductiva y de planificación de la familia. También
se deberían tomar medidas a nivel nacional, en el marco
de la cooperación internacional, según resultara
apropiado, y de conformidad con lo dispuesto en la Carta de las
Naciones Unidas, para encontrar soluciones duraderas a las cuestiones
relacionadas con las personas desplazadas, incluido su derecho
al regreso voluntario y sin riesgo a su lugar de origen.
Capítulo X, Migración internacional
Las relaciones económicas, políticas y culturales
internacionales desempeñan un papel importante en las corrientes
de población entre los países. En sus distintos
tipos, la migración internacional está vinculada
con esas relaciones y a la vez afecta y se ve afectada por el
proceso de desarrollo. La pobreza y la degradación del
medio ambiente, combinadas con la falta de paz y seguridad, y
las violaciones de los derechos humanos son todos factores que
afectan a las migraciones internacionales.
A. Migración internacional y desarrollo
La migración internacional ordenada puede tener efectos
positivos en las comunidades de origen y en las de destino. Se
insta a los gobiernos a que hagan frente a las causas básicas
de la migración, de manera que la permanencia en el propio
país sea una opción viable para todos. Debe fomentarse
la entrada de remesas mediante la adopción de políticas
económicas racionales y la prestación de servicios
bancarios apropiados. Los países de destino deben considerar
la posibilidad de utilizar ciertas formas de migración
temporal, mientras que los países de origen deben colaborar
en la promoción del regreso voluntario. Debería
apoyarse el intercambio de información sobre políticas
migratorias y la supervisión de las corrientes y las cifras
de migrantes mediante la recopilación apropiada de los
datos pertinentes.
B. Migrantes documentados
Se insta a los gobiernos de los países de acogida a considerar
la posibilidad de hacer extensivos a los migrantes documentados
que satisfagan requisitos de estadía apropiados y a sus
familiares un tratamiento igual al que reciben los propios nacionales
en lo que respecta al disfrute de los derechos humanos básicos.
Debería protegerse a las mujeres y a los niños que
emigran en calidad de familiares contra los abusos o la denegación
de sus derechos humanos. Todos los gobiernos, en particular los
de los países de acogida, deben reconocer la importancia
vital de la reunificación de la familia y promover su incorporación
en la legislación nacional a fin de proteger la unidad
de las familias de los migrantes documentados, de conformidad
con los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos.
C. Migrantes indocumentados
En el documento se recuerda el derecho que tienen todos los Estados
de decidir quién puede entrar y permanecer en su territorio
y en qué condiciones, y se insta a los gobiernos a que
ejerzan ese derecho cuidando de evitar actuaciones y políticas
racistas o xenofóbicas. En la sección C se recomiendan
medidas para reducir el número de migrantes indocumentados,
prevenir su explotación y proteger sus derechos humanos
fundamentales; prevenir el tráfico internacional de migrantes,
y protegerlos contra el racismo, el etnocentrismo y la xenofobia.
Esas medidas incluyen: identificar las causas de la migración
indocumentada y su impacto económico, social y demográfico;
adoptar sanciones eficaces contra quienes organizan la migración
de indocumentados, explotan a esos migrantes o se dedican al tráfico
de migrantes indocumentados; desalentar la migración de
indocumentados explicando a los posibles migrantes las condiciones
legales para la entrada, la estadía y el empleo en los
países de acogida, y tratar de hallar soluciones a los
problemas originados por la migración de indocumentados
mediante negociaciones bilaterales o multilaterales, entre otras
cosas, sobre acuerdos de readmisión que protejan los derechos
humanos básicos de las personas de que se trata, de conformidad
con los instrumentos internacionales pertinentes.
D. Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas
Se insta a los gobiernos a que ataquen las causas de los movimientos
de refugiados y personas desplazadas mediante la adopción
de medidas adecuadas con respecto a la solución de los
conflictos, la promoción de la paz y la reconciliación,
el respeto de los derechos humanos, y el respeto de la independencia,
la integridad territorial y la soberanía de los Estados.
Los gobiernos también deberían hacer frente a los
factores que contribuyen a los desplazamientos forzosos y aumentar
su apoyo a las actividades internacionales de protección
y asistencia en favor de los refugiados y de las personas desplazadas.
Debería prestarse apoyo internacional adecuado a los países
de asilo para satisfacer las necesidades básicas de los
refugiados y ayudar a buscar soluciones duraderas. Debería
proporcionarse a los refugiados acceso al alojamiento, la educación,
los servicios de salud, incluida la planificación familiar,
y otros servicios sociales necesarios.
Capítulo XI, Población, desarrollo y educación
A. Educación, población y desarrollo sostenible
La enseñanza es un factor clave del desarrollo sostenible.
Es un componente del bienestar y un medio para que cada persona
pueda obtener conocimientos. También contribuye a la reducción
de las tasas de fecundidad, morbilidad y mortalidad, a la habilitación
de la mujer, al mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo
y al fomento de una democracia auténtica. El aumento del
nivel de educación de las mujeres y las niñas contribuye
a una mayor habilitación de las mujeres, al aplazamiento
de la edad en que contrae matrimonio y a la reducción del
tamaño de las familias. Cuando las madres están
mejor educadas, la tasa de supervivencia de sus hijos tiende a
aumentar.
En la sección A se presentan cuatro objetivos principales,
y para el logro de cada uno de ellos se han recomendado medidas:
a) Lograr el acceso de todos a una enseñanza de calidad,
en particular a la enseñanza primaria y técnica
y la capacitación para el empleo; b) Luchar contra el analfabetismo
(cuya erradicación es una de las condiciones indispensables
para el desarrollo humano) y eliminar las desigualdades entre
los sexos con respecto al apoyo a la educación y las posibilidades
de acceso a ella; c) Promover la educación no académica
para los jóvenes, y d) Incorporar en los programas de estudios
temas sobre la relación entre la población y el
desarrollo sostenible, las cuestiones de salud, incluida la salud
reproductiva, y la igualdad entre los sexos, y mejorar su contenido
a fin de fomentar una mayor responsabilidad y conciencia al respecto.
En la sección A se subraya que en los presupuestos de
desarrollo a todos los niveles habría que asignar una elevada
prioridad a las inversiones en educación y formación
profesional, y tener en cuenta la amplitud y el nivel de las necesidades
de conocimientos de la fuerza de trabajo en el futuro. También
se destaca que la educación en materia de población
debe iniciarse en la escuela primaria y continuar a todos los
niveles de la enseñanza académica y no académica,
teniendo en cuenta los derechos y las responsabilidades de los
padres y las necesidades de los niños y los adolescentes.
B. Información, educación y comunicación
en materia de población
Para el logro de las metas y los objetivos del Programa de Acción
es fundamental promover el conocimiento, la comprensión
y la determinación del público a todos los niveles,
desde el personal hasta el internacional. En consecuencia, un
objetivo primario consiste en aumentar el conocimiento, la comprensión
y la determinación de que se trata. Otros objetivos son:
a) Estimular actitudes que favorezcan un comportamiento responsable
en el ámbito del medio ambiente, la familia, la sexualidad,
la reproducción, la sensibilidad respecto de los problemas
de la desigualdad en el trato por motivos de raza o sexo; b) Lograr
que los gobiernos se comprometan a fomentar la participación
de los sectores público y privado en la formulación,
la aplicación y la supervisión de políticas
y programas en materia de población y desarrollo, y c)
Mejorar la capacidad de las parejas y los individuos para ejercer
su derecho básico a decidir libre y responsablemente el
número de sus hijos y el espaciamiento de los nacimientos,
y disponer de la información, la educación y los
medios necesarios para ello.
Los países deberían tratar de sensibilizar a la
población respecto de cuestiones prioritarias mediante
campañas de educación del público. A esos
efectos, los medios de difusión deberían desempeñar
una importante función. Es especialmente importante que
las estrategias de información, educación y comunicación
guarden relación con las políticas y estrategias
nacionales de población y desarrollo y con toda una serie
de servicios de salud reproductiva, incluidas la planificación
de la familia y la salud sexual, y que los complementen, a fin
de aumentar el uso de esos servicios y de mejorar la calidad del
asesoramiento y de la atención. Los gobiernos, las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado deberían utilizar
más y de forma más eficaz los programas de entretenimiento
de los medios de difusión, como la radio y la televisión,
el teatro popular y otros medios tradicionales.
Capítulo XII, Tecnología, investigación
y desarrollo
En este capítulo se destaca la importancia de los datos
válidos, fiables, oportunos, pertinentes desde el punto
de vista cultural y comparables en el plano internacional, como
la base para desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas
y programas. También se subraya que la investigación,
y en especial la investigación biomédica, ha contribuido
de forma decisiva a que un número de cada vez mayor de
personas tenga acceso a una gama más amplia de métodos
modernos, seguros y eficaces de regulación de la fecundidad.
En el capítulo también se destaca la necesidad de
realizar investigaciones económicas y sociales para que
en los programas se tengan en cuenta los puntos de vista de los
beneficiarios a quienes van destinados, especialmente las mujeres,
los jóvenes y otros grupos en situación de desventaja.
A. Reunión, análisis y difusión de datos
básicos
Los gobiernos deberían consolidar su capacidad nacional
para realizar programas sostenidos y amplios de reunión,
análisis, difusión y utilización de datos
sobre población y desarrollo. Debería prestarse
especial atención a la vigilancia de las tendencias demográficas
y la preparación de proyecciones demográficas. Los
gobiernos también deberían supervisar el progreso
alcanzado en el logro de las metas y los objetivos planteados
en el Programa de Acción. Los datos reunidos deberían
desglosarse por sexos, de manera que se tuviera una visión
más exacta de la contribución actual y potencial
de la mujer al desarrollo económico.
B. Investigaciones sobre la salud reproductiva
Se exhorta a los gobiernos a que, con la ayuda de la comunidad
internacional y otras entidades, como las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado, aumenten el apoyo a la investigación,
básica y aplicada, biomédica, tecnológica,
clínica, epidemiológica y social para reforzar los
servicios de salud reproductiva. El objetivo es mejorar los métodos
actuales y desarrollar nuevos métodos de regulación
de la fecundidad que respondan a las necesidades de los usuarios
y sean aceptables, fáciles de utilizar, seguros, exentos
de efectos secundarios, eficaces y asequibles. El ensayo y la
introducción de todas las tecnologías nuevas debería
ser objeto de una supervisión constante para evitar los
posibles abusos. Debería darse gran prioridad al desarrollo
de nuevos métodos de regulación de la fecundidad
para varones, así como a las investigaciones sobre las
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA,
y a las investigaciones sobre la infertilidad. En el documento
se exhorta a promover las investigaciones sobre los factores determinantes
del aborto provocado, sobre el tratamiento de las complicaciones
de los abortos y el cuidado después de los abortos y sobre
las consecuencias del aborto provocado, incluidos sus efectos
sobre la fecundidad ulterior, la salud reproductiva y mental y
las prácticas anticonceptivas.
C. Investigaciones económicas y sociales
Se exhorta a los gobiernos, los organismos de financiación
y las organizaciones de investigación a que alienten y
promuevan investigaciones socioculturales y económicas
sobre las políticas y programas de población y desarrollo
pertinentes. Tanto a nivel nacional como internacional deberían
realizarse investigaciones orientadas a la formulación
de políticas sobre las zonas especialmente amenazadas por
los problemas demográficos, la pobreza, el consumo excesivo
y la degradación ambiental, prestando especial atención
a las interacciones de esos factores. En el documento se insta
a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales interesadas y a otras entidades a que den prioridad
a las investigaciones sobre los vínculos entre el papel
y la condición jurídica y social de la mujer y los
procesos demográficos y de desarrollo. Las mujeres deberían
participar en todas las etapas de las investigaciones sobre la
igualdad entre los sexos, y debería procurarse contratar
y formar a más investigadoras.
Capítulo XIII, Actividades nacionales
A. Políticas y planes de acción nacionales
En los casos en que los dirigentes están firmemente empeñados
en lograr el crecimiento económico, el desarrollo de los
recursos humanos, la igualdad y la equidad entre los sexos y la
satisfacción de las necesidades de salud de la población,
en particular la salud sexual y reproductiva, los países
han podido movilizar un apoyo sostenido a todos los niveles para
lograr el éxito de los programas y proyectos de población
y desarrollo. La población y el desarrollo están
intrínsecamente interrelacionados y el progreso de cualquiera
de los componentes puede catalizar la mejora de otros. Se reconoce
la necesidad de lograr la participación de las personas
que se procura beneficiar en la elaboración y ejecución
subsiguiente de políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la población. Se reconoce el carácter
de asociados de las organizaciones no gubernamentales y el sector
privado en las políticas y programas nacionales. Los miembros
de los órganos legislativos nacionales pueden tener un
importante papel que desempeñar, especialmente en la promulgación
de leyes internas apropiadas para poner en práctica el
Programa de Acción, asignando recursos financieros suficientes,
asegurando la rendición de cuentas en relación con
los gastos y sensibilizando al público con las cuestiones
de población. Los principales objetivos son: fomentar la
participación activa de los representantes elegidos del
pueblo, en particular los miembros del parlamento y los particulares
y grupos interesados, especialmente a nivel de la base, y aumentar
la capacidad y la confianza en el esfuerzo propio para realizar
actividades nacionales concertadas.
B. Gestión de los programas y desarrollo de los recursos
humanos
En el documento se alienta a los gobiernos a elevar el nivel de
conocimientos y de responsabilidad del personal directivo y otros
participantes en la ejecución, supervisión y evaluación
de los programas, planes, políticas y estrategias nacionales
de población y desarrollo. Se estima que la tendencia a
la descentralización de la autoridad en los programas nacionales
de población y desarrollo requiere nuevos conocimientos
técnicos, mejores sistemas de información y comunicación,
y estrategias para aumentar y retener al personal calificado,
especialmente las mujeres. Se exhorta a los gobiernos a que presten
especial atención a la aplicación de sistemas de
información sobre la gestión de las cuestiones de
población y desarrollo, centrados en el cliente, especialmente
en relación con los programas de salud reproductiva, que
abarquen las actividades gubernamentales y no gubernamentales
y contengan datos actualizados sobre clientes, gastos, infraestructura,
accesibilidad, rendimiento y calidad de los servicios.
C. Movilización y asignación de recursos
En el documento se incluyen estimaciones de los niveles de financiación
necesarios para atender las necesidades de los países en
desarrollo y los países con economías en transición
durante el período comprendido entre el año 2000
y el año 2015 en relación con los servicios básicos
de salud reproductiva, incluida la planificación familiar;
la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual, incluido el VIH/SIDA, y la reunión, el análisis
y la difusión de datos, la elaboración de políticas
y la investigación en materia de población. Sobre
la base de la experiencia acumulada, los expertos han calculado
que la ejecución de programas en esas esferas costará
17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500
millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones
de dólares en el año 2010 y 21.000 millones de dólares
en el año 2015. Se calcula provisionalmente que hasta dos
terceras partes de los costos seguirán siendo sufragadas
por los propios países y alrededor de una tercera parte
se sufragará con cargo a fuentes externas, con una considerable
variación entre las distintas regiones y dentro de cada
una de ellas. Se insta a los gobiernos a que destinen una mayor
proporción de los gastos del sector público a los
sectores sociales, concentrándose en particular en la erradicación
de la pobreza en el marco del desarrollo sostenible, para alcanzar
los objetivos de intensificación del desarrollo social
y cumplir los compromisos intergubernamentales contraídos
previamente.
Capítulo XIV, Cooperación internacional
En este capítulo se recomienda que se adopten medidas
para definir claramente las responsabilidades recíprocas
de los asociados en el desarrollo y aumentar los compromisos en
materia de asistencia financiera internacional en la esfera de
la población y el desarrollo, y la estabilidad de dicha
asistencia. Se procura asegurar que la cooperación internacional
en la esfera de la población y el desarrollo esté
en consonancia con las prioridades nacionales en esa esfera. La
creación de capacidad nacional y la transferencia de tecnología
y conocimientos técnicos se consideran los objetivos básicos
de la cooperación internacional a nivel de los programas.
La comunidad internacional debería esforzarse por cumplir
el objetivo acordado de destinar el 0,7 por ciento del producto
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo global
y por aumentar la proporción de fondos destinados a programas
de población y desarrollo en correspondencia con el alcance
y la amplitud de las actividades necesarias para lograr los objetivos
y las metas del Programa de Acción. La comunidad internacional
de donantes se halla, pues, ante la urgente necesidad de plasmar
su compromiso de alcanzar los objetivos y las metas cuantitativas
del Programa de Acción en contribuciones financieras que
guarden relación con los programas de población
en los países en desarrollo y los países con economías
de transición. Dada la magnitud de las necesidades financieras
de los programas nacionales de población y desarrollo y
en el supuesto de que los países receptores puedan generar
un aumento suficiente de los recursos de origen interno, las necesidades
de recursos adicionales procedentes de los países donantes
ascenderían (en dólares de los Estados Unidos de
1993) a sumas del orden de los 5.700 millones en el año
2000, 6.100 millones en el año 2005, 6.800 millones en
el año 2010 y 7.200 millones en el año 2015. En
esas cifras se tienen en cuenta las necesidades de los países
con economías de transición, que deben recibir asistencia
temporal para sus actividades en materia de población y
desarrollo, habida cuenta de los difíciles problemas económicos
y sociales a que hacen frente actualmente. La comunidad internacional
debería instar a los organismos donantes a que facilitaran
las medidas directas de colaboración Sur-Sur y a que diera
mayor prioridad al apoyo de esas medidas. Los países receptores
deberían garantizar que la asistencia internacional para
actividades de población y desarrollo se utilizara efectivamente
para alcanzar los objetivos nacionales en materia de población
y desarrollo a fin de ayudar a los donantes a renovar su compromiso
de proporcionar nuevos recursos para los programas.
Capítulo XV, Colaboración con el sector no gubernamental
El objetivo primario de este capítulo es fomentar una
colaboración efectiva entre los gobiernos, las organizaciones
no gubernamentales, los grupos comunitarios locales y el sector
privado en los debates y decisiones sobre la concepción,
ejecución, coordinación, supervisión y evaluación
de programas relativos a la población, el desarrollo y
el medio ambiente. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales
deberían incorporar a las organizaciones no gubernamentales
y los grupos comunitarios locales en su proceso de adopción
de decisiones y facilitar la contribución que las organizaciones
no gubernamentales pueden hacer para hallar soluciones comunes
a los problemas en la esfera de la población y el desarrollo
y, en particular, asegurar la aplicación del Programa de
Acción.
Los gobiernos deberían procurar que las organizaciones
de mujeres desempeñaran funciones esenciales y tuvieran
la participación que les corresponde en la concepción
y la aplicación de los programas de población y
desarrollo. La participación de las mujeres en todos los
niveles, especialmente en la gestión, es crucial para alcanzar
los objetivos fijados y aplicar el Programa de Acción.
Los gobiernos y los países donantes deberían procurar
que las organizaciones no gubernamentales y sus redes mantuvieran
su autonomía y potenciaran su capacidad mediante la celebración
periódica de diálogos y consultas, y la realización
de actividades apropiadas de capacitación y extensión,
y , en consecuencia, desempeñaran un papel más importante
como asociados.
El sector privado, que tiene fines de lucro, se examina en la
sección B. Este sector desempeña un papel en el
desarrollo social y económico, incluida la producción
y el suministro de artículos y servicios de atención
de la salud, incluida la educación y la información
apropiadas en relación con programas de población
y desarrollo. El objetivo es fortalecer la colaboración
entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector
privado para hallar nuevas esferas de cooperación y promover
el papel del sector privado en la prestación de servicios
y en la producción y el suministro de artículos
y anticonceptivos de alta calidad para la planificación
de la familia y la salud reproductiva. El sector orientado hacia
la obtención de utilidades debería estudiar la mejor
manera posible de ayudar a las organizaciones no gubernamentales
sin fines de lucro a desempeñar un papel más amplio
en la sociedad fomentando o estableciendo mecanismos adecuados
para canalizar el apoyo financiero y de otra índole a las
organizaciones no gubernamentales y sus asociaciones.
Capítulo XVI, Actividades complementarias de la Conferencia
A. Actividades a nivel nacional
La buena disposición de los gobiernos, las comunidades
locales, el sector no gubernamental, la comunidad internacional
y otras organizaciones y personas interesadas para integrar las
cuestiones relativas a la población en todos los aspectos
de la actividad económica y social contribuirá en
alto grado al logro de una mejor calidad de la vida para todas
las personas y para las generaciones futuras.
Los extensos y variados procesos preparatorios a nivel internacional,
regional, subregional, nacional y local han aportado una importante
contribución a la formulación del Programa de Acción.
En muchos países se ha registrado un considerable desarrollo
institucional que permitirá dirigir el proceso preparatorio
nacional; se ha fomentado una mayor toma de conciencia respecto
de las cuestiones demográficas mediante campañas
de información pública y de educación, y
se han preparado informes nacionales para la Conferencia.
Las funciones relacionadas con las actividades complementarias
de la Conferencia comprenden la formulación de orientaciones
normativas, incluido el logro de apoyo político a las esferas
de la población y el desarrollo; la movilización
de recursos; la coordinación y la responsabilidad mutua
en lo concerniente a las actividades orientadas a la ejecución
del Programa de Acción; la solución de problemas
y el intercambio de experiencias dentro de los países y
entre éstos, y las actividades de seguimiento y presentación
de informes sobre los progresos logrados en la ejecución
del Programa de Acción.
La ejecución del Programa de Acción debe considerarse
parte de las actividades complementarias integradas de las principales
conferencias internacionales, incluidas la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, la Conferencia Mundial
sobre Salud para Todos, la Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición,
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat
II).
Se insta a los gobiernos, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales a que
difundan ampliamente el Programa de Acción y recaben el
apoyo del público a las metas, objetivos y actividades
del Programa. Todos los países deberían considerar
la posibilidad de asignar fondos adicionales para la ejecución
del Programa de Acción, teniendo presentes las disposiciones
de sus capítulos XIII y XIV, y también las dificultades
económicas con que tropiezan los países en desarrollo.
Se insta a todos los países a que establezcan mecanismos
nacionales apropiados de seguimiento, rendición de cuentas
y supervisión, en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales y otras organizaciones, los grupos comunitarios,
los representantes de los medios de información y los círculos
académicos, y también con el apoyo de los parlamentarios.
La comunidad internacional debería prestar asistencia a
los gobiernos en la organización de actividades complementarias
a nivel nacional, entre ellas la creación de capacidad
nacional para la formulación de proyectos y la gestión
de programas, así como para el fortalecimiento de los mecanismos
de coordinación y evaluación.
Se insta a los gobiernos a que creen bases de datos nacionales
o mejoren las ya existentes, a fin de proporcionar datos e información
básicos que permitan medir o evaluar los progresos en la
consecución de las metas y objetivos de la Conferencia
Internacional sobre la Población y la Desarrollo. Se insta
a todos los países a evaluar los progresos logrados y a
presentar periódicamente informes en que se expongan en
forma resumida los éxitos alcanzados y los problemas y
obstáculos con que se hubiera tropezado.
B. Actividades a nivel regional y subregional
La ejecución debe prestar atención a las estrategias
y necesidades específicas a nivel subregional y regional.
Las comisiones regionales, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que funcionan a nivel regional y otras organizaciones
subregionales y regionales pertinentes deberían desempeñar
un activo cometido en relación con la ejecución
coordinada. Se insta a los gobiernos y las organizaciones pertinentes
a que refuercen los mecanismos existentes de aplicación
de recomendaciones. Deberían utilizarse los conocimientos
técnicos multidisciplinarios en la ejecución y las
actividades complementarias del Programa de Acción. Debería
fortalecerse la cooperación en las esferas del fomento
de la capacidad, la distribución y el intercambio de información
y experiencias, conocimientos técnicos y prácticos,
con la asistencia de la comunidad internacional y en colaboración
con las organizaciones no gubernamentales. Se insta a los gobiernos
a que refuercen las actividades de capacitación e investigación
en materia de población y desarrollo, y a que difundan
ampliamente los resultados de las investigaciones.
C. Actividades a nivel internacional
Si bien algunos de los recursos necesarios para la ejecución
podrían proceder de una reordenación de las prioridades,
los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, necesitarán recursos financieros nuevos
y adicionales procedentes de los sectores público y privado,
las organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional,
incluso en condiciones favorables o en forma de donaciones, con
arreglo a indicadores fidedignos y equitativos, proporcionados
por conductos bilaterales y multilaterales y recurriendo a organizaciones
no gubernamentales. Debería haber un enfoque coordinado
y una más clara división del trabajo en los aspectos
de la cooperación para el desarrollo relacionados con factores
operacionales y de política de población, y una
mejor coordinación y planificación de la movilización
de los recursos.
La Asamblea General debería organizar un examen periódico
de la ejecución del Programa de Acción. El Consejo
Económico y Social debería promover un enfoque integrado
y proporcionar un mecanismo de coordinación y orientación
a nivel de todo el sistema a fin de supervisar la ejecución,
y examinar el sistema de presentación de informes en el
sistema de las Naciones Unidas.
La Asamblea, en su cuadragésimo noveno período
de sesiones, y el Consejo Económico y Social, en 1995,
deberían examinar las funciones, las responsabilidades,
los mandatos y las ventajas comparativas de las organizaciones
intergubernamentales pertinentes y de los órganos del sistema
de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones de población
y desarrollo con miras a: garantizar la aplicación, supervisión
y evaluación eficaces y eficientes de las actividades basadas
en el Programa de Acción; mejorar la eficiencia y la eficacia
de las actividades de ejecución y supervisión, y
asegurar el reconocimiento de las relaciones entre las actividades
de orientación de políticas, investigación,
elaboración de normas y ejecución.
En el contexto de la resolución 48/162 de la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social debería examinar
las funciones respectivas de los órganos pertinentes de
las Naciones Unidas que se ocupan de población y desarrollo,
incluidos el Fondo de Población de las Naciones Unidas
y la División de Población. De conformidad con su
resolución 48/162, la Asamblea General debería considerar,
en su cuadragésimo noveno período de sesiones, la
posibilidad de establecer una Junta Ejecutiva para el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las
consecuencias administrativas, presupuestarias y programáticas
de esa propuesta.
Se insta al Secretario General de las Naciones Unidas a que promueva
un intercambio de información entre los diversos órganos
del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras
internacionales y las organizaciones e instituciones bilaterales
de ayuda en relación con la asistencia internacional requerida
para examinar periódicamente las necesidades de los países
en materia de población y desarrollo, incluidas las necesidades
temporales y urgentes, y maximizar la disponibilidad de recursos
y su utilización más eficaz.
Los organismos especializados y organizaciones afines del sistema
de las Naciones Unidas deberían fortalecer y ajustar sus
actividades, programas y estrategias a plazo medio para tener
en cuenta las actividades posteriores a la Conferencia; los órganos
rectores deberían examinar sus políticas, programas,
presupuestos y actividades a este respecto.
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