Objeto
La presente Ley tiene el propósito de desarrollar y procedimentar la participación, en los distintos ámbitos del Estado, Nacional, Regional, Municipal y Local de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin perjuicio de otros mecanismos de participación que surjan o se creen en el vital proceso de construcción de la República.

Titulo I
Disposiciones Fundamentales

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto desarrollar las normas relativas a los mecanismos directos de participación ciudadana consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de hacer efectivo su fin supremo de refundar una sociedad democrática, participativa y protagónica.

Artículo 2. Fundamento de la participación
La participación ciudadana se fundamenta en el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas como integrantes del pueblo de Venezuela, a tomar parte libremente en los asuntos públicos a través de la formación, ejecución y control de la gestión pública como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.
El derecho ciudadano a la participación tiene como contrapartida deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 3. Ámbito de la Ley
La presente Ley se aplicará a los procesos de participación política directa en el ámbito nacional, sin perjuicio de los demás mecanismos de participación que se establezcan en otras leyes. Los procesos de participación ciudadana directa en los ámbitos estadales, municipales y metropolitanos, se regirán por las disposiciones de la presente ley y las contenidas en sus leyes respectivas.
La participación política mediante la elección de los representantes para ocupar los distintos cargos públicos, será objeto de regulación mediante la ley orgánica respectiva.
Los contenidos normativos de la presente Ley no impiden nuevas formas de participación en la vida política, económica, social, cultural, gremial o sindical, ni el ejercicio de los demás derechos políticos no mencionados en ella.

Artículo 4. Fines de la participación
La presente Ley de participación ciudadana tendrá por finalidad el logro de los siguientes objetivos:
1. Fomentar el desarrollo pleno de la persona humana como sujeto activo en los ámbitos individual, familiar, social y político.
2. Consolidar una sociedad democrática pluralista, tolerante, participativa, crítica, libre, solidaria y protagónica.
3. Desarrollar las diversas formas de organización social, particularmente las asociativas y cooperativas, las organizaciones no gubernamentales, las populares, y las demás expresiones libres de la sociedad civil.
4. Superar la pobreza y la marginalidad mediante la búsqueda de mecanismos de organización social que sirvan de herramientas para el desarrollo.
5. Mejorar la información de los entes públicos antes de la toma de decisiones que afecten a la sociedad, a fin de permitir mayores niveles de responsabilidad y legitimidad democrática.
6. Lograr el control ciudadano en los asuntos públicos, a fin de garantizar su gestión efectiva, responsable y transparente.
7. Incorporar al pueblo soberano al ejercicio efectivo de la democracia, mediante formas de iniciativa, seguimiento y control de sus gobernantes.
8. Promover el pleno ejercicio y la defensa de las libertades democráticas, y los demás derechos humanos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 5. Principios rectores de la participación
La participación ciudadana desarrollada en la presente Ley se regirá por los siguientes principios rectores:
1. La participación corresponde a todas las personas por igual, sin discriminación alguna fundada en la raza, color, credo, idioma, sexo, condición social, posición económica, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
2. La participación permite la libre expresión de las ideas u opiniones de toda índole, sin censura previa, y sujeta a las responsabilidades civiles ulteriores que expresamente fije la ley dentro de los límites autorizados.
3. La participación requiere de una política del Estado en todas sus instancias y niveles, que promueva la información activa a los ciudadanos y abra los espacios necesarios para la actuación social.
4. La participación es un derecho ciudadano y una obligación del Estado, por lo tanto, los ciudadanos tienen el deber de participar y las autoridades el deber de promoverla y facilitar su ejercicio.
5. La participación debe incentivar la incorporación activa de todos los sectores de la sociedad, con especial énfasis en las mujeres y en los sectores populares, comunitarios, campesinos, obreros, estudiantiles, académicos, productivos, culturales, deportivos, profesionales, pueblos indígenas, afro venezolanos, grupos vulnerables y los discapacitados.
6. La participación debe propender a mejorar la calidad de vida de todos, a hacer efectiva la igualdad social y política, a superar las desigualdades, y al logro de una sociedad más justa y equitativa.
7. La participación debe ser una forma de vida de todos los venezolanos y venezolanas tanto gobernantes como gobernados, y por lo tanto, debe ser asumida en todos los ámbitos del quehacer diario.
8. La participación supone una actitud humilde, tolerante y de servicio activo a todos los ciudadanos y ciudadanas por parte de todos los servidores públicos y servidoras públicas como los legisladores, funcionarios, autoridades, jueces y gobernantes en general.
9. La participación se expresará en el ámbito político, social, económico y cultural mediante actuaciones libres de los ciudadanos y ciudadanas o por intermedio de organizaciones de la sociedad autónomas e independientes de los órganos del Poder Público.
10. La participación se podrá complementar con otros principios y derechos establecidos en la Constitución relacionados con el desarrollo y el bienestar de la persona humana o la convivencia social y el reconocimiento y las actuaciones del Estado democrático y social de derecho y de justicia.
11. En el establecimiento legal de los medios, formas y procedimientos de la participación se actuará de conformidad con los principios de legalidad y colaboración entre los órganos que ejercen las funciones del Poder Público conforme a la Constitución y las leyes.
12. En el desarrollo legislativo de la participación se tomarán en cuenta los principios que rigen las actuaciones de la Administración Pública y de la sociedad en general, y sus diferentes formas de organización en concordancia con las disposiciones constitucionales.
13. En el proceso de la participación se respetarán la publicidad, la información y la rendición de cuentas en las actuaciones de los órganos del Estado y las organizaciones representativas de la sociedad.

Artículo 6. Universalidad de la participación
La participación como derecho humano y compromiso del Estado democrático, es una prioridad ineludible en todas las áreas y expresiones del poder público. En consecuencia, los órganos del poder legislativo nacional, estadal, metropolitano y municipal deberán incorporar las modalidades de participación ciudadana en todas sus leyes y demás actos. Los órganos del poder ejecutivo nacional, estadal, metropolitano y municipal deberán incorporar la participación ciudadana en las diversas regulaciones, planes y actuaciones de la administración ya sean directas o mediante concesiones, autorizaciones, delegaciones u otras modalidades. Los órganos del poder judicial deberán adoptar las medidas necesarias con base en la Constitución y las leyes, para incorporar la participación ciudadana en sus diversos procedimientos y procesos. Los órganos del poder ciudadano y del poder electoral deberán adoptar las medidas necesarias con base en la Constitución y las leyes, para incorporar la participación ciudadana en sus diversos procedimientos, regulaciones, planes y actuaciones.

Artículo 7. Derechos protegidos
El desarrollo legislativo de la participación como derecho humano, respetará la vigencia y el contenido de los otros derechos de rango constitucional o reconocidos internacionalmente, para complementar la experiencia participativa, como es el caso de los derechos de reunión, manifestación, información, asociación y petición, entre otros.

Artículo 8. Legislación especial
En el desarrollo de la legislación especial se tomarán en cuenta los medios de participación en la medida en que sean expresión del ejercicio, la defensa o protección de los derechos y las garantías constitucionales que el legislador considere afín con cada una de las diferentes categorías de los medios señalados en el artículo 70 de la Constitución.

Artículo 9. Autonomía social organizativa
La actividad de los poderes públicos que se desarrolle a partir de los medios de participación tomará en cuenta el respeto al principio de la autonomía de las organizaciones representativas de los sectores políticos, económicos y sociales involucrados en su aplicación e igualmente el principio constitucional de la progresividad de los derechos humanos.

Artículo 10. Financiamiento
Las actuaciones que correspondan a los diversos órganos del Estado en ejercicio de las responsabilidades que se derivan de los procesos ciudadanos y sociales de participación, deberán contar con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios, previstos en el ordenamiento jurídico correspondiente. A tales efectos, los órganos del poder público deberán identificar las partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades en materia de participación ciudadana. Dichas actuaciones deberán realizarse en todo caso, en el marco de los principios de legalidad, transparencia, pluralismo político, imparcialidad, celeridad, separación entre organizaciones políticas y el Estado, corresponsabilidad social y buena fe.

Titulo II
Disposiciones Generales

Capítulo I
De los recursos para la participación

Artículo 11. Modalidades
A los efectos de esta Ley, los recursos para la participación se clasifican en recursos humanos o técnicos, recursos económicos o financieros y recursos organizativos o institucionales, su contenido y alcance estará definido en la legislación sobre la materia, tomando como referencia la consulta a los ciudadanos y ciudadanas, y las organizaciones que serán sus destinatarios.

Artículo 12. Recursos humanos o técnicos
A los efectos de la presente Ley, se considerará como recursos humanos o técnicos para la participación, a las personas naturales o los apoyos técnicos de carácter público o privado, que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas con el desarrollo del proceso de participación.

Artículo 13. Recursos económicos o financieros
Son recursos económicos o financieros para la participación, los diferentes aportes o previsiones presupuestarias, las asignaciones derivadas de leyes especiales, los aportes del sector privado o los recursos derivados de tratados, acuerdos o programas de cooperación internacional, que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas con el desarrollo del proceso de participación.

Artículo 14. Recursos organizativos o institucionales
Son recursos organizativos e institucionales para la participación, las instancias, los mecanismos, los espacios y las oficinas o las estructuras organizativas públicas o privadas, dirigidas a facilitar y concretar el ejercicio del derecho a participar o el uso de los medios de participación.

Artículo 15. Previsiones legales
En el desarrollo de la participación, entendida como derecho, deber, proceso, distribución del poder de decisión o principio organizativo para el Estado, los poderes públicos o la sociedad en general, se tendrá presente en cada caso la previsión o determinación de los recursos pertinentes y suficientes para el eficaz cumplimiento de las normas aprobadas.

Artículo 16. Coparticipación
A los efectos de las previsiones o asignaciones legales de los recursos para la participación, se tomará en cuenta la coparticipación de los entes públicos y las organizaciones del sector privado, atendiendo a la naturaleza, el ámbito y los medios de participación que se definan en cada caso.

Artículo 17. Previsiones gubernamentales
A los efectos de dar cumplimiento a la presente ley y la legislación complementaria, las instancias gubernamentales establecerán las previsiones de los recursos necesarios para la participación en concordancia con las políticas, los programas, los proyectos o las acciones, que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas con la participación.

Artículo 18. Previsiones sociales
Las instancias asociativas de los diferentes sectores de la sociedad deberán en la medida de sus posibilidades, hacer las previsiones de los recursos necesarios para la participación en concordancia con las acciones, las propuestas, los programas y los proyectos en los cuales se involucren directamente.

Artículo 19. Rendición de cuentas
A los efectos de la presente ley o la legislación complementaria, las instancias gubernamentales establecerán los medios y los mecanismos para la rendición de cuentas sobre los recursos previstos o efectivamente utilizados para la participación. Cuando se trate de organizaciones no gubernamentales la rendición de cuentas no podrá estar referida a recursos distintos de aquellos que reciban a los efectos de apoyar la participación.

Artículo 20. Convenios de ejecución
A los efectos de la presente ley o la legislación complementaria, las instancias gubernamentales o sociales establecerán los convenios de ejecución que se consideren necesarios, establecidos como mecanismos formales para el uso o la aplicación de los recursos, dirigidos al fortalecimiento y la concreción de los medios y las instancias de participación en cualesquiera de sus modalidades.

Capítulo II
De la educación ciudadana para la participación

Artículo 21. Cooperación Estado y sociedad
En concordancia con el artículo 102 de la Constitución las instancias gubernamentales establecerán mecanismos de cooperación con las organizaciones representativas de los diferentes sectores de la sociedad, para establecer los programas y los contenidos dirigidos a lograr la educación ciudadana, dentro del sistema educativo formal o en programas de capacitación dirigidos a las comunidades.

Artículo 22. Educación participativa
La legislación y las ordenanzas relacionadas con los diferentes aspectos de la educación ciudadana, deberán establecer las previsiones para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones sociales en eventos o actividades de capacitación. A los efectos de este artículo los organismos públicos establecerán convenios o programas con las organizaciones de carácter privado que aporten o estén relacionadas con los contenidos de la educación ciudadana.

Artículo 23. Prioridad e interés público
La educación ciudadana para la participación es considerada una materia de interés nacional de carácter prioritario en los programas, proyectos o las actividades que correspondan a los entes del poder público o en los planes y decisiones que toman en cuenta los ámbitos de actuación del sector privado.

Capítulo III
De la organización del estado para la participación

Artículo 24. Organización del Estado
La participación deberá tomar en cuenta las modalidades que debe adoptar el Estado y las entidades que lo conforman, para que se considere organizado y en condición de tomar acciones dirigidas a atender las formas, medios y procedimientos que se establezcan para concretar el derecho a participar y la descentralización participativa reconocidos en la Constitución.

Artículo 25. Decisiones gubernamentales
El Estado y todas las entidades que lo integran fomentarán y determinará las decisiones que permitan su propia organización para la participación, a estos efectos se establecerán modalidades de consulta con la ciudadanía y las organizaciones representativas de la sociedad.

Artículo 26. Propuestas ciudadanas
A los efectos de colaborar en la organización del Estado para la participación los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente considerados, tienen el derecho de presentar ante las instancias correspondientes las propuestas que consideren pertinentes para el logro de este derecho y esta obligación.

Artículo 27. Modalidades organizativas
Las modalidades de organización que se adopten en concordancia con la presente ley se aplicarán en todas las instancias del poder público. En todo caso se establecerán las normas atendiendo a las funciones específicas, las características propias y las modalidades de organización que correspondan a cada organismo público de conformidad con la Constitución y las leyes.

Artículo 28. Decisiones complementarias
Las medidas organizativas del Estado dirigidas a la promoción de la participación se adoptarán junto con las decisiones legislativas y gubernamentales que permitan las desregulación y la simplificación de los procedimientos en los diferentes organismos públicos.

Artículo 29. Procesos complementarios
Las medidas organizativas del Estado dirigidas a la participación se adoptarán junto con las decisiones relacionadas a la ejecución de políticas de coordinación, planificación, desconcentración y descentralización.

Artículo 30. Asignación de recursos
A los efectos de garantizar las modalidades organizativas del Estado y sus organismos representativos que faciliten la participación, por la aplicación de la presente ley o su legislación complementaria, se establecerá la asignación de los recursos necesarios para su efectivo cumplimiento como una obligación de carácter prioritario.

Titulo III
De los medios de participación política directa

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 31. Las modalidades de participación
Los medios de participación política directa y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, regulados en la presente Ley son: las iniciativas legislativas populares, los referendos consultivos, referendos aprobatorios, los referendos abrogatorios, los referendos revocatorios, los referendos constitucionales, los referendos constituyentes y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
Los cabildos abiertos serán regulados en la ley orgánica sobre régimen municipal.

Artículo 32. Otras modalidades de participación
Las demás modalidades y mecanismos de participación social y económica distintos a los medios políticos desarrollados en la presente Ley, serán objeto de reglamentación mediante las leyes especiales en cada sector, con base en los principios y objetivos aquí establecidos.

Capítulo II
De las iniciativas legislativas populares

Artículo 33. La iniciativa popular de leyes
Los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento (0,1%) de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral, podrán presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Igualmente, Los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y en el Registro Electoral correspondiente de los Estados, Distritos Metropolitanos o Municipios respectivamente, podrán presentar proyectos de ley ante la los órganos legislativos correspondientes de dichas entidades.

Artículo 34. Contenido de la propuesta
Las iniciativas presentadas conforme a esta modalidad, deberán estar redactadas en la forma de proyectos de ley, con indicación del título o materia, la exposición de motivos y el articulado respectivo.

Artículo 35. Presentación de la propuesta
Los proyectos de ley por iniciativa popular, deberán ser presentados por ante la presidencia, o en su defecto, la secretaría del órgano legislativo correspondiente, conjuntamente con los originales de los formularios contentivos de las firmas de los electores que la respaldan, los cuales deberán identificar con claridad el nombre y apellido, y cédula de identidad correspondiente. Cada una de las hojas de los formularios de firmas deberá tener en el encabezado la identificación del proyecto de ley.
Las propuestas de iniciativa popular de leyes deberán identificar debidamente en su presentación, el grupo de ciudadanos o ciudadanas que actuarán como promotores del proyecto ante el órgano legislativo.

Artículo 36. Verificación
Una vez presentado el proyecto de ley, la presidencia del órgano legislativo podrá disponer dentro de los cinco (5) días laborables siguientes, que los nombres, los números de las cédulas y las firmas sean verificadas por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, la autoridad electoral dispondrá de un término máximo de diez (10) días laborables para llevar a cabo dicha verificación y devolver las resultas al órgano legislativo.

Artículo 37. Trámite
La discusión de los proyectos de ley presentados por iniciativa popular conforme a las disposiciones anteriores, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. En todo lo no establecido en contrario en la presente Ley, la discusión y aprobación de estos proyectos de ley se llevará a cabo conforme a los procedimientos constitucionales y reglamentarios.

Artículo 38. Participación de los promotores
Los promotores del proyecto de ley presentado por iniciativa popular, tendrán el derecho a intervenir directamente o a través de sus representantes o asesores designados al efecto, en las discusiones de dicho proyecto tanto en las comisiones como en la plenaria del órgano legislativo correspondiente.

Artículo 39. Lapso para iniciar el debate
Si el debate relativo al proyecto de ley presentado por iniciativa popular, no se inicia dentro del período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con las normas contenidas en la Constitución y en la presente ley.

Artículo 40. Referendo aprobatorio y publicación
El referendo aprobatorio del proyecto de ley presentado por iniciativa popular, tendrá por objeto someter a los electores la consulta relativa a su aprobación en la forma y contenido como fue realizada por sus proponentes.
El referendo aprobatorio se llevará a cabo conforme a las normas establecidas en la presente Ley.
En caso de resultar aprobado el proyecto por la mayoría requerida éste se convertirá en ley, y dentro de los cinco (5) días siguientes al anuncio oficial del resultado del referendo deberá ser publicado en el órgano oficial de publicación de la República, Estado, Municipio o Distrito Metropolitano correspondiente, con el siguiente encabezamiento: "El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela (Estado, Municipio o Distrito Metropolitano correspondiente, en su caso) decreta la siguiente ley". En este caso, la ley entrará en vigencia el día de su publicación en la gaceta oficial correspondiente, a menos que el proyecto de ley aprobado haya dispuesto una oportunidad posterior.

Capítulo III
De los referendos consultivos

Artículo 41. Iniciativa. Objeto
Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal, metropolitana y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, al Cabildo Metropolitano o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento (10%) del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

Artículo 42. Materias de especial trascendencia nacional
Se considerarán materias de especial trascendencia nacional aquellas que por su índole o naturaleza afecten a toda la nación o una parte significante de ella; aquellas que por su repercusión puedan afectar el futuro del país; y todas aquellas que por su contenido correspondan a las materias de la competencia del poder público nacional.
Las leyes estadales, y las ordenanzas municipales y metropolitanas establecerán los parámetros para la identificación de las materias de especial trascendencia en su jurisdicción.

Artículo 43. Régimen jurídico
La celebración de los referendos consultivos se regirá por las normas contenidas en la presente ley, y supletoriamente en las leyes nacionales, estadales, municipales o metropolitanas que resulten aplicables.

Capítulo IV
De los referendos aprobatorios

Artículo 44. Referendos aprobatorios de leyes. Iniciativa
Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes (2/3) de los o las integrantes de la Asamblea.

Artículo 45. Contenido de la propuesta
Los proyectos de ley sometidos a consulta popular conforme a esta modalidad, deberán indicar el título o materia, la exposición de motivos y el articulado respectivo.
Los proyectos de ley serán sometidos a referendo en bloque, pero podrán votarse separadamente aquellos títulos que así lo decidiera un número no menor de una tercera (1/3) parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 46. Referendos aprobatorios de Tratados. Iniciativa
Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes (2/3) de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento (15%) de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.

Artículo 47. Contenido de la propuesta
La consulta popular conforme a esta modalidad, deberá contener el texto del tratado, convenio o acuerdo internacional respectivo.

Artículo 48. Resultado favorable del referendo
Si el referendo concluye con un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.
En este caso, el proyecto aprobado popularmente se convertirá directamente en ley, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la proclamación de los resultados del referendo la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la Gaceta Oficial, con el siguiente encabezamiento: "El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela decreta la siguiente ley". La ley entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial correspondiente, a menos que el proyecto de ley así aprobado haya dispuesto una oportunidad posterior.

Artículo 49. Rechazo del referendo
En caso de que el referendo no obtenga la mayoría indicada en el artículo anterior, la Asamblea Nacional se abstendrá de aprobar la ley correspondiente acordando su archivo.
En caso de que el acto rechazado sea un tratado, convenio o acuerdo internacional, la Asamblea Nacional se abstendrá de aprobarlo mediante ley; y el Ejecutivo Nacional deberá proceder a denunciar dicho instrumento rechazado popularmente, mediante los mecanismos consagrados en el derecho internacional.

Artículo 50. Régimen jurídico para los Estados y Municipios
La celebración de los referendos aprobatorios de los proyectos de leyes en los Estados, Municipios y Distritos Metropolitanos se llevará a cabo en las materias de su competencia, con base en las normas contenidas en la presente Ley.

Capítulo V
De los referendos abrogatorios

Artículo 51. Iniciativa abrogación de leyes
Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.

Artículo 52. Iniciativa abrogación de decretos-leyes
También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento (5%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.

Artículo 53. Contenido de la propuesta
La consulta popular conforme a esta modalidad, deberá contener el texto total de la ley o del decreto ley, o en su defecto, el de los artículos sometidos al referendo abrogatorio.

Artículo 54. Quórum para el referendo abrogatorio
Para la validez del referendo abrogatorio de las leyes y de los decretos leyes será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento (40%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 55. Resultado del referendo abrogatorio
En caso de que la mayoría de los electores y electoras concurrentes según el quórum pautado en el artículo anterior se pronuncien a favor, quedará abrogada la ley o el decreto ley o en su caso los artículos sometidos al referendo abrogatorio.
En este caso, el Consejo Nacional Electoral una vez proclamados los resultados del referendo, ordenará simultáneamente su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los cinco (5) días siguientes, con indicación de la ley o el decreto ley, o en su caso, de los artículos que hayan quedado abrogados. La abrogación de las normas entrará en vigencia el mismo día de la publicación del anuncio aquí indicado.

Artículo 56. Limitaciones al referendo abrogatorio
No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.

Artículo 57. Número de referendos abrogatorios
No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia.

Capítulo VI
De los referendos revocatorios

Artículo 58. Referendos abrogatorios. Iniciativa
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento (20%) de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Artículo 59. Solicitud de revocatoria
La solicitud de revocatoria deberá ser interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral mediante un escrito en el cual se deberá indicar el nombre del funcionario impugnado y el cargo para el cual fue electo con indicación de la fecha de su toma de posesión efectiva. Dicha solicitud deberá ser acompañada de los formularios contentivos de los nombres, apellidos, números de las cédulas de identidad y las firmas respectivas.

Artículo 60. Verificación
Una vez presentada la solicitud de revocatoria del mandato respectivo, el Consejo Nacional Electoral verificará los nombres, los números de las cédulas de identidad y las firmas de los solicitantes. La autoridad electoral dispondrá de un término máximo de diez (10) días laborables para llevar a cabo dicha verificación.

Artículo 61. Tramitación
Una vez verificadas las firmas dentro del lapso indicado en el artículo anterior, el Consejo Nacional procederá a convocar la realización del referendo revocatorio en los lapsos establecidos en la presente Ley.

Artículo 62. Quórum de participación y votación
Una vez llevada a cabo la consulta popular, si un número igual o mayor de electores o electoras al que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los electores o electoras inscritos, se considerará revocado su mandato.

Artículo 63. Sustitución del funcionario revocado
Una vez proclamado el resultado del referendo, el Consejo Nacional Electoral procederá el mismo día a publicar el resultado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con indicación en su caso del funcionario cuyo cargo ha quedado revocado. La revocatoria del mandato se hará efectiva el mismo día de la publicación de los resultados en la Gaceta Oficial, y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta.

Artículo 64. Sustitución de los diputados y diputadas
En caso de la revocatoria del mandato de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, la vacante será llenada por el suplente respectivo por el resto del período.
El diputado o diputada a la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período.

Artículo 65. Sustitución del Presidente o Presidenta
En caso de la revocatoria del mandato del Presidente o la Presidenta de la República se procederá a llenar la vacante de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución.

Artículo 66. Sustitución de los funcionarios estadales, metropolitanos y municipales
En caso de la revocatoria del mandato de los funcionarios estadales, metropolitanos y municipales se procederá a llenar las vacantes de conformidad con lo dispuesto en las leyes sobre la materia.

Artículo 67. Límite a la solicitud de referendo revocatorio
No podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria.

Capítulo VII
De los referendos constitucionales

Artículo 68. Referendos aprobatorios de enmiendas constitucionales
El proyecto de enmiendas a la Constitución sancionadas por la Asamblea Nacional conforme a los procedimientos en ella previstos, se someterá a referendo para su aprobación. A tales efectos, el proyecto de enmiendas constitucionales adoptadas por la Asamblea Nacional será enviado dentro de los cinco (5) días laborables siguientes al Consejo Nacional Electoral, quien lo someterá a referendo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su recepción formal.

Artículo 69. Propuesta de referendo de las enmiendas constitucionales
Las enmiendas serán sometidas a referendo en bloque, pero podrán serlo por separado si así lo decidiera un número no menor de una tercera (1/3) parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de enmienda así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento (5%) de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 70. Aprobación del referendo de las enmiendas constitucionales
Se considerarán aprobadas las enmiendas cuando el referendo concluya en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.

Artículo 71. Referendos aprobatorios de las reformas constitucionales
El proyecto de reforma constitucional sancionado por la Asamblea Nacional conforme a los procedimientos en ella previstos, se someterá a referendo. A tales efectos, las enmiendas constitucionales adoptadas por la Asamblea Nacional serán enviadas dentro de los cinco (5) días laborables siguientes al Consejo Nacional Electoral, quien las someterá a referendo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su sanción.

Artículo 72. Propuesta de referendo de las reformas constitucionales
La reforma constitucional será sometida a referendo en bloque, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo decidiera un número no menor de una tercera (1/3) parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento (5%) de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 73. Aprobación del referendo de la reforma constitucional
Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.

Artículo 74. Promulgación de enmiendas y reformas constitucionales
El Presidente o Presidenta de la República estará obligado u obligada a promulgar las enmiendas o reformas dentro de los diez (10) días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere, se aplicará el procedimiento previsto en la Constitución para la publicación de las leyes.

Capítulo VIII
De los referendos constituyentes

Artículo 75. Referendo constituyente
En ejercicio del poder constituyente originario del cual es depositario, el pueblo de Venezuela puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 76. Iniciativa para la convocatoria
La iniciativa para la convocatoria a un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras (2/3) partes de los mismos; o el quince por ciento (15%) de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 77. Contenido de la iniciativa
La iniciativa para la convocatoria del referendo constituyente deberá presentarse ante el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con las bases comiciales que serán sometidas a la aprobación de los electores y electoras.

Artículo 78. Aprobación del referendo constituyente
La Asamblea Nacional Constituyente quedará convocada si el número de votos afirmativos emitidos en el referendo es superior al número de votos negativos, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.

Artículo 79. Convocatoria a las elecciones de constituyentes
Una vez aprobada la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral procederá dentro de los treinta (30) días siguientes a convocar las elecciones de los constituyentes, conforme a las bases comiciales aprobadas en el referendo.

Capítulo IX
Disposiciones comunes a los referendos

Artículo 80. Disposiciones supletorias
En todo lo no previsto de manera expresa en contrario en las normas contenidas en los capítulos anteriores relativas a los medios de participación refrendaria, se aplicarán las normas contenidas en el presente capítulo.

Artículo 81. Contenido de la convocatoria
La convocatoria de los referendos, deberá contener los siguientes requisitos: 1. Formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en los términos exactos en que será objeto de la consulta, de tal manera que pueda contestarse con un "sí" o un "no"; y, 2. Exposición breve de los motivos, acerca de la justificación y propósito de la consulta.

Artículo 82. Convocatorias por iniciativa popular
Las convocatorias de los referendos formuladas por iniciativa popular deberán contener, además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, la identificación de los electores y electoras que la suscriben, con indicación de su nombre y apellido, número de cédula de identidad, entidad federal en la que están inscritos para votar y la firma autógrafa o huellas digitales correspondientes.
Parágrafo Único: Recibida la convocatoria de un referendo, la autoridad electoral procederá dentro de los cinco (5) días siguientes a verificar la autenticidad de las firmas y expedirá la constancia a que haya lugar.

Artículo 83. Verificación y convocatoria
El Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la convocatoria correspondiente, verificará el cumplimiento de los requisitos de Ley, y se pronunciará fijando el día, en el cual deberá celebrarse el Referendo, señalando claramente la pregunta o preguntas propuestas que ha de responder el cuerpo electoral convocado. En todo caso, la fecha para la celebración del referendo deberá fijarse entre los treinta (30) y los noventa (90) días siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 84. Materias excluidas
No podrán someterse a referendos las siguientes materias:
1. Presupuestarias, fiscales o tributarias;
2. Concesión de amnistía o indultos;
3. Restricción de garantías constitucionales; supresión o disminución de los derechos humanos; y
4. Conflictos de poderes que deban ser decididos por los órganos judiciales.

Artículo 85. Limitaciones
No podrán celebrarse referendos durante la vigencia del estado de excepción, de restricción de garantías constitucionales, o de conmoción interior o exterior, previstos en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución.

Artículo 86. Duración de la campaña
La campaña no podrá tener una duración inferior a quince (15) ni superior a treinta (30) días y finalizará a las doce (12) de la noche del día anterior al señalado para la votación.

Artículo 87. Acceso a los medios de comunicación
Los solicitantes del referendo a través de grupos organizados, así como las organizaciones políticas, grupos de electores y agrupaciones ciudadanas a favor o en contra sobre el asunto objeto de la consulta a celebrarse, tendrán acceso en igualdad de condiciones, a los medios de comunicación social del Estado.
El Consejo Nacional Electoral distribuirá los espacios, señalará la duración de cada presentación y establecerá las reglas que deberán observarse en los mismos.
En todo caso, durante la campaña se permitirá la realización de propaganda a favor o en contra sobre el asunto objeto de la consulta propuesta, por todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Consejo Nacional Electoral, el cual deberá fijar el límite máximo de recursos que podrán ser gastados.

Artículo 88. Publicación convocatoria
La convocatoria del Consejo Nacional Electoral a la celebración de un referendo, fijando la fecha en la cual tendrá lugar, y señalando claramente la pregunta o preguntas correspondientes, deberá ser publicado durante la campaña, por lo menos en tres (3) oportunidades en dos (2) diarios de mayor circulación nacional.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral deberá realizar una campaña divulgativa a través de los medios de comunicación social, para dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la propuesta sometida a referendo, para invitar a los ciudadanos y ciudadanas a participar en la votación y para ilustrarlo sobre la organización del mismo. En dicha campaña divulgativa, el Consejo Nacional Electoral se abstendrá de expresar juicio alguno sobre el texto que será votado, ni señalará sus ventajas, implicaciones o desventajas, si las hubiere.

Artículo 89. Mesas electorales
En la organización de las Mesas Electorales y en las Juntas Estadales, Municipales y Parroquiales Electorales, en caso de que estas últimas se crearen, el Consejo Nacional Electoral garantizará el acceso de los representantes y testigos, tanto de grupos que apoyan la aprobación de la pregunta o preguntas consultadas, como de los que la oponen, a fin de presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso de un Referendo.

Artículo 90. Papeleta de votación
Las votaciones se realizarán en formatos elaborados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales tendrán impreso el texto de la consulta, diseñada de tal forma que los electores puedan votar claramente con un "sí" o un "no".

Artículo 91. Electores y electoras
Serán hábiles para votar en los referendos, los electores y las electoras inscritos en el Registro Electoral.
El procedimiento electoral del referendo se regirá, por el régimen electoral general consagrado en la ley y sus Reglamentos.

Artículo 92. Límites a la convocatoria de referendos
Podrá convocarse la celebración de más de un (1) referendo simultáneamente en una misma fecha, pero no podrán convocarse a más de dos (2) actos de votación sobre distintos referendos durante un mismo año. En todo caso, si la materia objeto de un referendo fuere rechazada, no podrá presentarse de nuevo durante los dos (2) años siguientes.

Artículo 93. Recursos judiciales
Contra las actuaciones de los organismos electorales relativas a los procesos de referendo, podrán interponerse los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley.

Artículo 94. Recursos presupuestarios
Los fondos requeridos para el financiamiento de los procesos electorales correspondientes a los referendos, serán cubiertos con presupuesto del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con esta Ley.

Capítulo X
De las asambleas de ciudadanos y ciudadanas

Artículo 95. La Asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Convocatoria
La asamblea de ciudadanos y ciudadanas es uno de los medios de participación política directa y de protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se llevarán a cabo en el ámbito local como espacio natural y primario de la participación política. Esta asamblea podrá ser convocada a iniciativa del uno por ciento (1%) de los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia o del municipio correspondiente, que sean electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. La convocatoria deberá hacerse con treinta (30) días de anticipación, mediante escrito dirigido a la Junta Parroquial o al Alcalde Municipal según el caso, indicando el objeto de la convocatoria, el lugar y la hora de reunión. Una vez recibida la convocatoria, la Junta Parroquial o en su caso el Alcalde deberán darle la mayor divulgación posible por los medios de comunicación social y por los mecanismos de información local.

Artículo 96. Objeto
La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se reunirá en el día y la hora acordada en el lugar indicado. A tales efectos, las autoridades parroquiales y municipales facilitarán gratuitamente el uso de locales públicos, y el apoyo de los recursos materiales, de seguridad y otros que sean necesarios para el buen desarrollo de la asamblea.
Las autoridades parroquiales y municipales deberán acudir a las asambleas de ciudadanos y ciudadanas que sean convocados en su jurisdicción.

Artículo 97. Celebración y decisiones
La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se reunirá bajo la presidencia del grupo de ciudadanos identificados como promotores en el escrito de convocatoria, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el objeto de la misma.
La asamblea deberá deliberar en orden el objeto de su convocatoria, y cada punto será sometido a su consideración mediante un mecanismo de votación individual previamente acordado. Los asuntos para ser aprobados requerirán de la mayoría simple de los ciudadanos y ciudadanas presentes en la asamblea.
Los asuntos resueltos por la asamblea serán vertidos en un acta, la cual será suscrita por los presentes, indicando su nombre y apellido, número de cédula de identidad y firma.

Artículo 98. Carácter vinculante de las decisiones
Las decisiones adoptadas por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley serán de carácter vinculante para las autoridades. En tal sentido, cuando el pueblo haya adoptado una decisión vinculante, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.
Parágrafo Primero: Cuando la ejecución requiera de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, el órgano del poder público responsable deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones. Si vencido este plazo, la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo Estadal, el Concejo Municipal, el Cabildo Metropolitano o la Junta Parroquial no la expidiere, el Ejecutivo Nacional, el Gobernador o el Alcalde, dentro de los noventa (90) días siguientes adoptará la medida requerida mediante decreto con fuerza de ley, conforme a los procedimientos constitucionales y legales previstos para ello.
Parágrafo Segundo: Las decisiones vinculantes para los órganos del poder ejecutivo, deberán ser cumplidas dentro de los noventa (90) días siguientes. En caso de que vencido este plazo el órgano competente no haya adoptado la decisión correspondiente, cualquier ciudadano o ciudadana podrá interponer una acción de amparo frente a la abstención o retardo de la administración, y solicitar la aplicación de las sanciones que resulten procedentes.

Título IV
Disposiciones finales

Artículo 99. Divulgación de la Ley
La Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional tendrán a su cargo la responsabilidad permanente de llevar a cabo los mecanismos y procedimientos permanentes que permitan la divulgación y conocimiento de la presente Ley en todo el país. A tal fin podrán solicitar y facilitar la participación de las organizaciones comunitarias y las demás organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 100. Publicaciones oficiales de la Ley
Las publicaciones oficiales de la presente Ley, deberán ir precedidas por su exposición de motivos, y contendrán asimismo, el texto de los instrumentos internacionales relativos a la participación ciudadana y de la comunidad.

Artículo 101. Vigencia de la Ley
Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las normas fundamentales dirigidas al desarrollo de las leyes generales o especiales de carácter complementario, que entrarán en vigencia desde el momento de su publicación respectiva.

Artículo 102. Derogatoria
Se derogan las normas sobre referendos contenidas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, sancionada el 13 de noviembre de 1997 y modificada parcialmente mediante la ley sancionada el 27 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 5.233 Extraordinario de fecha 28 de mayo de 1998; y las normas sobre referendos que colidan con la presente Ley, contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sancionada el 14 de julio de 1989, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 4.409 Extraordinario de fecha 15 de junio de 1989. Igualmente se derogan todas las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente que colidan con esta Ley.

Título V
Disposiciones transitorias

Artículo 103. Difusión
Dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional formularán y comenzarán a ejecutar una política de difusión, dirigida a toda la colectividad, sobre la importancia de la participación de la ciudadana para la democracia y sobre el contenido de la presente Ley. La Defensoría del Pueblo elaborará y comenzará a divulgar durante ese período, un instructivo sobre los derechos y deberes de los ciudadanos relacionados con la participación ciudadana contenida en la presente Ley.

Artículo 104. Adaptación
Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la publicación de esta Ley, los diversos órganos del poder público adoptarán las medidas necesarias para adaptar su organización a los requerimientos para la participación ciudadana establecidos en esta Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los _____ días del mes de _________ de dos mil uno.

Fuente: http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=338