Programa Andino
de Derechos Humanos

 

 

Análisis sobre Participación y Ciudadanía


 

Situación de derechos humanos en la Región Andina

 

Roque Espinosa*

 


  1. Existen dos circunstancias externas que influyen en la Región Andina y que son determinantes de la situación de los derechos humanos en los países andinos. En primer lugar, la redefinición de la política de seguridad planteada por Estado Unidos a partir del 11/S, cuya concreción es el Plan Colombia, Iniciativa Andina, Plan Dignidad o Programa Acción Andina, para la erradicación de la coca y lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, el ALCA que, de acuerdo al cronograma oficial, se implementará a partir de año 2005.

    Un factor complementario a la primera de estas circunstancias y que ha tenido cierta influencia en la región es el ataque e invasión a Irak por parte de las "fuerzas de la coalición", que ha desencadenado una amplia respuesta social de rechazo a la guerra y a favor de la paz, y que han dado origen a manifestaciones sociales de oposición independientemente de las actitudes asumidas por los gobiernos.

    Un factor común a la segunda de las circunstancias señaladas es el deterioro cada vez más acentuado de las condiciones de vida de la población, la marcada concentración del ingreso, el desempleo y la informalización de las economías, complementario a la integración de los países andinos al mercado mundial y la aplicación de reformas liberales. Esto último se puede observar en la vigencia de los DESC, los cuales han experimentado un retroceso paulatino, arrinconándose algunos de los más importantes derechos conquistados en décadas anteriores por los trabajadores organizados y que se identifican con los llamados "derechos laborales" recogidos en los diferentes códigos del trabajo. En el momento actual, la masa laboral de la región experimenta un proceso de flexibilización y precarización, y la población un encarecimiento de los servicios públicos provocado por los procesos de privatización y disminución de la inversión estatal especialmente en programas sociales. A un nivel más general se observa un déficit en la balanza comercial y una reducida capacidad de recuperación en la cuenta de capitales.

    Con relación a la situación política los elementos comunes son: corrupción, democracias restringidas, profunda crisis de representación de actores tradicionales como los partidos políticos, emergencia de nuevos movimientos sociales, problemas de gobernabilidad. Un factor preponderante en el contexto mundial y que ha incidido negativamente en la región ha sido la restricción de derechos fundamentales en nombre de la lucha contra el terrorismo. Circunstancia que, en el caso colombiano, ha fortalecido las propuestas guerreristas en la región al margen de una salida política al conflicto, lo que ha acentuado la vulnerabilidad de la población de ese país, pero también de las poblaciones de los países fronterizos, especialmente, Ecuador y Venezuela.

    El Sistema de Naciones Unidas no ha respondido al reto de exigir el cumplimiento del Derecho Internacional frente a la imposición del poder hegemónico de Estados Unidos. Este hecho ha replanteado el rol del Sistema Universal de los Derechos Humanos, y han abierto grandes interrogantes respecto a los fundamentos de los derechos humanos y las instituciones, mecanismos de protección y aplicación por parte de las potencias dominantes. La impresión que se tiene es que los Derechos Humanos han pasado a ser parte de la retórica política antes que medios efectivos de protección y compensación de poblaciones o segmentos poblacionales vulnerables, atrapados en situaciones de violencia y guerra, o marcados por la discriminación y segregación económica, social, política y cultural.

  2. Si se hace un "diagnóstico general" de la situación de Derechos Humanos en la región andina se puede observar que, en términos jurídicos, la mayoría de los países han firmado y ratificado los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, y las Constituciones de los cinco países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) han reconocido los Derechos Humanos de las personas. Sin embargo, este avance normativo se contradice con la debilidad en su aplicación, pues, hasta la fecha, no se ha logrado que los Derechos Humanos se efectivicen.

    Si se analiza la situación de los "derechos civiles y políticos" se puede observar diferencias entre los países especialmente con relación a Colombia, país en donde estos derechos son vulnerados cotidianamente como consecuencia del conflicto armado y la violación del Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, en las zonas fronterizas colombo-ecuatoriana, colombo-venezolana y en el "trapecio amazónico", se está experimentando un marcado retroceso en su vigencia y aplicación como resultado del Plan Colombia y de la puesta en marcha, a partir del año 2004, del denominado Plan Patriota.

    En los restantes países de la región la vulneración de los derechos políticos y civiles si bien es menos notoria y drástica que en Colombia, en la práctica, se ha tornado más selectiva, tal como lo demuestra la represión sufrida por dirigentes sociales, sindicales, líderes campesinos e indígenas, así como la estigmatización y persecución de los defensores de derechos humanos.

    Con respecto a los DESC se observa un permanente deterioro de las condiciones de vida en todos los países, un incremento de la desigualdad social, y la implementación de diversas medidas de ajuste estructural de conformidad con los planteamientos de los acreedores y organismos internacionales, que han acentuado los desequilibrios sociales y espaciales. Como resultado de un aperturismo sin control, en los últimos años, se ha experimentado una fuerte presión sobre los recursos naturales, dando paso a la sobreexplotación de los bosques tropicales, el subsuelo y el agua. Todo lo cual ha contribuido a la deforestación, desertificación y contaminación ocasionada por actividades extractivas que bajo la égida de compañías internacionales, en la práctica, han hecho caso omiso de la legislación y de las disposiciones internas e internacionales.

    Si se realiza una mirada general a la presente coyuntura en cada uno de los países se puede observar lo siguiente:

    Bolivia presenta movilizaciones sociales especialmente del movimiento cocalero y de nuevos actores que precisan ser escuchados y que se oponen al Plan Dignidad para la erradicación de la coca, y la supresión de la Ley 1.008. Se evidencia, así mismo, un avance de nuevos movimientos sociales en lucha contra el ALCA, la "guerra contra las drogas" y la acentuación de la estrategia militar en la zona, la ley de impuestos internos y el control de los recursos naturales. Un elemento positivo, digno de relievar, constituye la aprobación de la legislación para el servicio doméstico que intenta mejorar las condiciones de vida de este sector, y el gran debate nacional suscitado en torno al tema del gas, así como la búsqueda de una salida negociada al mar por parte de los bolivianos.

    Colombia vive una coyuntura caracterizada por el incremento de la violencia y la vulnerabilidad de los Derechos Humanos así como del Derecho Internacional Humanitario, a partir de la aplicación del Plan Colombia y, desde el año 2004, del denominado Plan Patriota. Esta situación ha producido una redefinición de las zonas de guerra, un incremento de las incursiones militares, fumigaciones, y enfrentamientos armados, dando paso a una crisis humanitaria cada vez más aguda. Se ha acentuado el número de desplazados, así como las víctimas de la guerra especialmente mujeres, niños y niñas, y ha crecido la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales amenazados y estigmatizados.

    En esta fase de la guerra se ha generado una política al servicio de la estrategia guerrerista del gobierno del Presidente Uribe, permitiendo la inserción al excluyente sistema político de las AUC, sin ninguna clase de investigación para los agentes cercanos al gobierno, en la idea de cercar militar y políticamente al ELN y a las FARC y, de ese modo, derrotar al "principal enemigo de la democracia". No obstante, bajo el supuesto de que las fuerzas irregulares son narcotraficantes y terroristas, se ha escamoteado el contenido político de la guerrilla y, gracias a esta circunstancia, se los ha colocado al margen toda posible salida que no sea la mera represión. Esto último ha incrementado el carácter militar del régimen, el autoritarismo y la discrecionalidad de las autoridades en todas las esferas, dando carta blanca, para que las medidas conducentes a la derrota del enemigo sean consideradas necesarias. Todo lo cual ha conducido a una precarización de amplios sectores de población ubicados en las zonas de ocupación del ejército o las fuerzas irregulares, incrementándose la vulnerabilidad social, el terrorismo de estado, la represión, y la conculcación de los principales derechos civiles y políticos. La situación descrita se ha tonado evidente, sobre todo, en las poblaciones de frontera, Putumayo y Nariño, en donde la guerra abierta ha dejado indefensa la población y sometida a la ley de los beligerantes, particularmente del ejército colombiano y de sus aliados las AUC.

    Un elemento positivo a destacar es la expedición la Ley para dar cumplimiento a la Convención sobre la prohibición del empleo, mantenimiento, producción y trasferencia de minas antipersonales y la ratificación del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional, a pesar de que se acogió a la declaración de no aceptación de competencia de la Corte respecto a crímenes de guerra durante 7 años.

    En Ecuador, si bien la dolarización y las reformas introducidas han permitido el control de la inflación y los indicadores macroeconómicos, la integración y aperturismo extremo han traído como consecuencia el incremento de los precios, un fuerte desnivel en la balanza comercial, un desequilibrio persistente en la cuenta de capitales. Esta situación ha acentuado el desempleo, la informalización de la economía y la concentración del ingreso y las oportunidades, siendo factores determinantes en el incremento de la migración con destino a España y Estado Unidos especialmente, que representa una de los aspectos más sobresalientes de la situación social, económica, política y cultural de este país.

    En este período se observa una aparente desmovilización de los diferentes sectores sociales que fueron el eje del conflicto y de las protestas hasta el año 2002. Con el arrinconamiento del movimiento indígena y sus aliados se observa una reinstalación en la escena política de los partidos y una legitimación precaria de las instituciones estatales y del juego político tradicional caracterizado por la relación inestable entre Gobierno y Congreso. Se trata de una reinstalación de la democracia tradicional que, por definición, es restrictiva, formal y procedimental. Es decir, deja al margen y sin opciones al conjunto de sectores que constituyen la diversidad social, económica y cultural del país. Desde esta perspectiva, de la mano con el arrinconamiento de los derechos económicos sociales y culturales, se observa una marginación creciente del sistema político de amplios sectores y actores que deben ubicarse entre el gobierno y los partidos políticos. No por otra razón, como negación de uno y otro, en este país, se está tentando una salida de corte populista que representa el correlato necesario a los límites del sistema político.

    En el Ecuador se ha experimentado un retroceso de la democracia, con el agravante de que se asiste a una emergencia de una política definida en los límites de la seguridad continental y regional que es aupada por el gobierno de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo internacional. Se trata de una política de corte guerrerista que pretende ser el complemento de la política del gobierno colombiano. No por otra circunstancia en este país la política de la seguridad empieza a permear el debate y las estructuras políticas dejando de lado cualquier otra consideración que no se mueva en el referente amigo - enemigo (léase, terrorista). Esto último se ha observado en el análisis de los paros de las provincias fronterizas en donde se privilegia el discurso de la seguridad, el bien público, la ciudadanía nacional, pero se excluye las demandas particulares de los sectores vulnerados por el Plan Colombia y el Plan Patriota. Todo lo cual pone en evidencia que los derechos sociales y políticos están siendo leídos de acuerdo al carácter coyuntural de la política y no como un mecanismo que limita y restringe el poder.

    Como aspecto positivo de la última coyuntura se puede anotar que si bien existen conflictos en la gestión gubernamental constituye un hito histórico la participación de dirigentes y dirigentas políticos/as del movimiento indígena en el gobierno, particularmente a nivel del ejecutivo. En el ámbito local y nacional, más allá de sus resultados esto representa un avance importante, aunque esta situación más que fortalecer al movimiento tendió a debilitarlo y fragmentarlo. Especialmente, cuando luego de las jornadas de abril de 2005, el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez fue destituido y se dio paso a un nuevo gobierno a partir de la figura del Vicepresidente de la República. Es decir, se arrinconó definitivamente al movimiento indígena y a sus aliados en función de la emergencia de un movimiento social urbano de amplio espectro pero de limitadas demandas y propuestas políticas.

    Se debe indicar que con la priorización en la política de seguridad, la reemergencia de los partidos políticos como únicos interlocutores válidos, y la legitimación de una democracia excluyente, en medio de una desinstitucionalización creciente del Estado que ha sido enfrentada por el gobierno y el Congreso mediante pequeñas reformas parche, que no pretenden enfrentar una nueva definición de las instituciones del Estado, se ha conjugado el juego de la política. Como es natural, en un tira y afloja por copar y sortear las limitaciones estructurales de instancias estatales como la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, se ha generado, una lucha en y desde el Estado y el gobierno que ha dejado indefensa a la población que mira con mayor distancia a la política y en cuyo seno se están cuajando salidas diversas, incluso, de carácter antidemocrático.

    En Perú existe un descontento cada vez mayor con el gobierno del Presidente Toledo, por la reedición de la corrupción como una forma de "hacer política", la generalización de prácticas autoritarias y excluyentes, y la pervivencia de un régimen populista que deja de lado las estructuras estatales y partidarias.

    Se trata de un estilo de política que, actualmente, aparece como el colofón de la política del gobierno fujimorista aún cuando nació como su negación. En este estilo la figura del líder que tiene una relación directa con una amplia y compleja base social se presenta como el eje vertebrador del gobierno actual. Más que nada, en la medida que prescinde o tiende a prescindir de los partidos políticos (incluido el suyo propio) y pretende ubicarse más allá del régimen de derecho. En este contexto la posibilidad de convertir esta relación del líder en una suerte de alianza personal con la base social, deja de lado toda aplicación generalizada del derecho, revoca su contenido ético (la igualdad general), y estatuye un particularismo que se decide en la implantación de una política ad hoc para cada segmento social.

    Hay que resaltarlo, este aspecto da sentido a la política de Toledo, por consiguiente, es el factor que está en la base de la mayoría de enfrentamientos con el Legislativo y los electores, en la medida que éste ha apostado por generar estatutos diferenciados de relación con el gobierno por parte de diversos sectores sociales ubicados de manera diferenciada a nivel espacial, cultural, económico y social.

    Esta política particularista no solamente ha entrado en conflicto con la de los partidos y el régimen de derecho que ratifica las identidades abstractas de los ciudadanos, sino con una política de la diversidad emergente que pretende introducir las demandas concretas de distintos actores sociales. Es así como, desde una perspectiva general, el régimen del Presidente Toledo se ha movido entre dos disyuntivas irresolubles: una política populista de carácter no corporativo y una política nacional que no es capaz de integrar las demandas sociales, regionales, culturales, étnicas, de buena parte de la población peruana y de la que son portadores nuevos actores sociales. Tal por ejemplo, las demandas de los movimientos sociales regionales, el remozado movimiento indígena, las demandas culturales, sociales y económicas de distintos sectores sociales de una amplia composición étnica.

    En este horizonte la consolidación de un régimen de derecho moderno en el que en el que puedan caber efectivamente las diversidades, más allá de las políticas y prácticas populistas parece estar negado en Perú. Como parecen seguir siendo negadas la evolución del régimen de derecho y la reforma institucional ante la pervivencia de un régimen tradicional que invisibiliza los derechos sociales y culturales de amplios sectores de la población peruana.

    Respecto de los DESC se puede decir que si bien existe una relativa estabilidad económica se mantienen viejos patrones que privilegian el desarrollo urbano sobre el rural, especialmente de la capital Lima, escamotean el tema regional y de las diversidades culturales, y no apuntan a poner cortapisas a la presencia de multinacionales que presionan a los recursos forestales y mineros de los que Perú es una gran reserva. En una palabra, se ha producido una pérdida de importancia de los derechos laborales y económicos de los trabajadores así como de las masas subempleadas y desempleadas del país, en un contexto que deja de lado temas como los recursos naturales, el manejo de áreas protegidas, que han sido controladas por grupos indígenas, caracterizados como originarios.

    Mientras el populismo peruano ha terminado entrampado, razón por la cual las propuestas y apuestas del Presidente Toledo aparecen más como una farsa histórica, en Venezuela, en medio de una coyuntura política particularmente difícil para el gobierno del Presidente Chávez debido a la oposición del gobierno de Estados Unidos aliado a los sectores más reaccionarios del país, el populismo, luego del referéndum, parece haberse consolidado.

    Esta circunstancia ha determinado que el permanente enfrentamiento entre opositores y partidarios del Presidente que generaron una situación de inestabilidad, parecen haber sido superados o, al menos, pospuestos momentáneamente. La relativa paz política ha permitido al gobierno definir sus políticas externas e internas. Respecto de las primeras se ha consolidado una postura en contra de la política exterior del gobierno del Presidente Bush, así como de interpelación permanente al pueblo de ese país. Esta postura le ha abierto las puertas a una relación más estrecha con el régimen castrista y con el gobierno del Presidente Lula (al menos, hasta antes de los escándalos de corrupción que se han desatado en estos últimos meses), todo lo cual ha permitido establecer un eje alternativo que ha empezado a gravitar sobre la región.

    El resultado ha sido un tira y afloja con el gobierno colombiano y, en menor medida con el ecuatoriano, aliados incondicionales del Presidente Bush y del Departamento de Estado. Más que nada, en torno a la regionalización del conflicto colombiano y la relación, al parecer estrecha, entre Chávez y las FARC.

    Aún cuando estos enfrentamientos han terminado por consolidar, a los ojos de Bush y del Congreso, al Presidente Uribe y su política interna, de hecho, ha legitimado a Chávez frente a los nuevos sectores y movimientos sociales del continente que son opuestas a la política exterior de ese país, y que han experimentado por cerca de dos décadas los efectos de la aplicación de una política económica de ajuste inspirada en el "Consenso de Washington".

    Desde el punto de vista interno, le ha permitido a Chávez consolidar el rol del Estado en la economía y en el desarrollo del país, en tanto exponente del interés común y en contra de los intentos de privatización de la principal industria del país: el petróleo. Además, le ha abierto las puertas para iniciar un proceso de reformas pospuestos en las dos primeras fases de su gobierno. Estas reformas tienen que ver con la seguridad social, el combate a la pobreza, las reformas laborales y, más que nada, la reforma agraria que se está tratando de implementar en el interior del país y que ya ha desatado una sorda lucha por parte de los latifundistas y multinacionales asociados en la explotación de los bosques tropicales.

    Actualmente en Venezuela se intenta llevar adelante un proceso de reformas que si bien son menos consistentes de lo que parece, en la práctica, han tenido un enorme impacto social y le ha servido al gobierno de Chávez para legitimarse interna y externamente. En este horizonte la situación de los derechos humanos ha adquirido un nuevo contenido.

Mientras antes de la consulta los opositores al régimen argumentaban el atropello sistemático a los derechos humanos por parte del gobierno, así como la persecución continua a los defensores y organizaciones de derechos humanos, y esta fue la tónica que animó el debate inicial, actualmente este enfrentamiento ha perdido el protagonismo que tuvo durante los primeros años de gobierno. Más que nada, porque se ha tornado más o menos evidente que este tema fue coptado por los sectores tradicionales, las cámaras de comercio y de producción y, en general, los opositores al gobierno, dándole un contenido semejante al de emigrantes cubanos ante el gobierno de Estados Unidos luego del triunfo de la Revolución Cubana. Es decir, un contenido más en función de la pérdida de importancia política experimentada por estos actores que por la verdadera violación de los derechos humanos que pretendía reivindicar.

No por otra circunstancia, en la presenta coyuntura, al interior de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones sociales, así como de los partidos políticos que intentaron bloquear la política chavista, se ha producido un reacomodo en torno a nuevas propuestas y exigencias, partiendo del criterio que en Venezuela la situación de los derechos humanos, es menos incierta que en los restantes países de la región.

De todos modos, la vigencia de los derechos civiles y políticos se presenta como un factor de tensión que preocupa a la comunidad internacional por la intolerancia del régimen con sus opositores, y por la intransigencia de estos últimos en aceptar la legitimidad del gobierno y la vigencia de un régimen de derecho que ha logrado mantenerse precariamente ante los intentos golpista de una oposición que se precia de ser la única defensora de la democracia.

Independientemente de este hecho, la situación de los DESC ha vuelto a ser tema de debate, especialmente, por parte de los trabajadores y sindicatos petroleros que han visto recortados el conjunto de ventajas y prebendas que habían acumulado anteriormente. No obstante, en el ámbito privado también ha adquirido cierta relevancia. Esto último por motivos diferentes a los del sector público. Sucede que las reformas económicas introducidas -al igual que en los países del resto del continente- revocaron en la práctica los derechos de los trabajadores. Los trabajadores quedaron por tanto "libres" y sometidos a los designios de los capitalistas y empresarios. Esto condujo, como se ha debatido ampliamente en la región, ha precarizar y flexibilizar el trabajo, y a reinstalar formas de explotación superadas (trabajo infantil y de mujeres) e introducir nuevas formas de explotación que tendieron a desdibujar la figura de los patronos a través de figuras como el enganche, terciarización de servicios, e introducción de intermediarios para el desempeño de ciertas actividades anteriormente centralizadas.

Lo cierto es que bajo el régimen chavista estos fenómenos se han tornado evidentes y mientras por un lado, los petroleros han adquirido una postura beligerante con el régimen los trabajadores privados han intentado reposicionar sus demandas, en un ambiente político que ve con simpatía sus propuestas y exigencias. Se trata de una situación compleja y contradictoria que no siempre puede ser apreciada en su justo término.

Finalmente, se ha generado un debate interno en torno a los pueblos indígenas, su territorio y el reconocimiento de su cultura que en el ámbito de los DESC debe ser visto como un avance.

En síntesis, si bien en Venezuela siguen siendo preocupantes los derechos civiles y políticos se trata de una preocupación que ha encontrado su justo medio, al evaluar la situación de la oposición. Respecto de los DESC hay un debate interesante en torno a los derechos laborales y sobre los derechos culturales se ha ampliado el horizonte en la idea de integrar efectivamente las diversidades culturales y las demandas étnicas. De todos modos, se continúan asistiendo a una ofensiva de las multinacionales que presionan sobre los recursos naturales sin que el Estado haya generado respuestas sobre este tema, al menos, en torno a los recursos forestales, tal como pasa en Ecuador o Bolivia.

 

*Roque Espinosa. Coordinador Regional del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH-UASB. Doctor en Historia de América Latina, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Docente en varias cátedras relacionadas con el campo de la cultura, y la política, en CLACSO, PUCE, Universidad del Azuay y UASB.

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