Si se hace un "diagnóstico general" de la
situación de Derechos Humanos en la región andina
se puede observar que, en términos jurídicos,
la mayoría de los países han firmado y ratificado
los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos del Sistema
Universal y del Sistema Interamericano, y las Constituciones
de los cinco países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela) han reconocido los Derechos Humanos de las personas.
Sin embargo, este avance normativo se contradice con la debilidad
en su aplicación, pues, hasta la fecha, no se ha logrado
que los Derechos Humanos se efectivicen.
Si se analiza la situación de los "derechos civiles
y políticos" se puede observar diferencias entre
los países especialmente con relación a Colombia,
país en donde estos derechos son vulnerados cotidianamente
como consecuencia del conflicto armado y la violación
del Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, en las
zonas fronterizas colombo-ecuatoriana, colombo-venezolana
y en el "trapecio amazónico", se está
experimentando un marcado retroceso en su vigencia y aplicación
como resultado del Plan Colombia y de la puesta en marcha,
a partir del año 2004, del denominado Plan Patriota.
En los restantes países de la región la vulneración
de los derechos políticos y civiles si bien es menos
notoria y drástica que en Colombia, en la práctica,
se ha tornado más selectiva, tal como lo demuestra
la represión sufrida por dirigentes sociales, sindicales,
líderes campesinos e indígenas, así como
la estigmatización y persecución de los defensores
de derechos humanos.
Con respecto a los DESC se observa un permanente deterioro
de las condiciones de vida en todos los países, un
incremento de la desigualdad social, y la implementación
de diversas medidas de ajuste estructural de conformidad con
los planteamientos de los acreedores y organismos internacionales,
que han acentuado los desequilibrios sociales y espaciales.
Como resultado de un aperturismo sin control, en los últimos
años, se ha experimentado una fuerte presión
sobre los recursos naturales, dando paso a la sobreexplotación
de los bosques tropicales, el subsuelo y el agua. Todo lo
cual ha contribuido a la deforestación, desertificación
y contaminación ocasionada por actividades extractivas
que bajo la égida de compañías internacionales,
en la práctica, han hecho caso omiso de la legislación
y de las disposiciones internas e internacionales.
Si se realiza una mirada general a la presente coyuntura
en cada uno de los países se puede observar lo siguiente:
Bolivia presenta movilizaciones sociales especialmente
del movimiento cocalero y de nuevos actores que precisan ser
escuchados y que se oponen al Plan Dignidad para la erradicación
de la coca, y la supresión de la Ley 1.008. Se evidencia,
así mismo, un avance de nuevos movimientos sociales
en lucha contra el ALCA, la "guerra contra las drogas"
y la acentuación de la estrategia militar en la zona,
la ley de impuestos internos y el control de los recursos
naturales. Un elemento positivo, digno de relievar, constituye
la aprobación de la legislación para el servicio
doméstico que intenta mejorar las condiciones de vida
de este sector, y el gran debate nacional suscitado en torno
al tema del gas, así como la búsqueda de una
salida negociada al mar por parte de los bolivianos.
Colombia vive una coyuntura caracterizada por
el incremento de la violencia y la vulnerabilidad de los Derechos
Humanos así como del Derecho Internacional Humanitario,
a partir de la aplicación del Plan Colombia y, desde
el año 2004, del denominado Plan Patriota. Esta situación
ha producido una redefinición de las zonas de guerra,
un incremento de las incursiones militares, fumigaciones,
y enfrentamientos armados, dando paso a una crisis humanitaria
cada vez más aguda. Se ha acentuado el número
de desplazados, así como las víctimas de la
guerra especialmente mujeres, niños y niñas,
y ha crecido la vulnerabilidad de los defensores de derechos
humanos y líderes sociales amenazados y estigmatizados.
En esta fase de la guerra se ha generado una política
al servicio de la estrategia guerrerista del gobierno del
Presidente Uribe, permitiendo la inserción al excluyente
sistema político de las AUC, sin ninguna clase de investigación
para los agentes cercanos al gobierno, en la idea de cercar
militar y políticamente al ELN y a las FARC y, de ese
modo, derrotar al "principal enemigo de la democracia".
No obstante, bajo el supuesto de que las fuerzas irregulares
son narcotraficantes y terroristas, se ha escamoteado el contenido
político de la guerrilla y, gracias a esta circunstancia,
se los ha colocado al margen toda posible salida que no sea
la mera represión. Esto último ha incrementado
el carácter militar del régimen, el autoritarismo
y la discrecionalidad de las autoridades en todas las esferas,
dando carta blanca, para que las medidas conducentes a la
derrota del enemigo sean consideradas necesarias. Todo lo
cual ha conducido a una precarización de amplios sectores
de población ubicados en las zonas de ocupación
del ejército o las fuerzas irregulares, incrementándose
la vulnerabilidad social, el terrorismo de estado, la represión,
y la conculcación de los principales derechos civiles
y políticos. La situación descrita se ha tonado
evidente, sobre todo, en las poblaciones de frontera, Putumayo
y Nariño, en donde la guerra abierta ha dejado indefensa
la población y sometida a la ley de los beligerantes,
particularmente del ejército colombiano y de sus aliados
las AUC.
Un elemento positivo a destacar es la expedición la
Ley para dar cumplimiento a la Convención sobre la
prohibición del empleo, mantenimiento, producción
y trasferencia de minas antipersonales y la ratificación
del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal
Internacional, a pesar de que se acogió a la declaración
de no aceptación de competencia de la Corte respecto
a crímenes de guerra durante 7 años.
En Ecuador, si bien la dolarización y las reformas
introducidas han permitido el control de la inflación
y los indicadores macroeconómicos, la integración
y aperturismo extremo han traído como consecuencia
el incremento de los precios, un fuerte desnivel en la balanza
comercial, un desequilibrio persistente en la cuenta de capitales.
Esta situación ha acentuado el desempleo, la informalización
de la economía y la concentración del ingreso
y las oportunidades, siendo factores determinantes en el incremento
de la migración con destino a España y Estado
Unidos especialmente, que representa una de los aspectos más
sobresalientes de la situación social, económica,
política y cultural de este país.
En este período se observa una aparente desmovilización
de los diferentes sectores sociales que fueron el eje del
conflicto y de las protestas hasta el año 2002. Con
el arrinconamiento del movimiento indígena y sus aliados
se observa una reinstalación en la escena política
de los partidos y una legitimación precaria de las
instituciones estatales y del juego político tradicional
caracterizado por la relación inestable entre Gobierno
y Congreso. Se trata de una reinstalación de la democracia
tradicional que, por definición, es restrictiva, formal
y procedimental. Es decir, deja al margen y sin opciones al
conjunto de sectores que constituyen la diversidad social,
económica y cultural del país. Desde esta perspectiva,
de la mano con el arrinconamiento de los derechos económicos
sociales y culturales, se observa una marginación creciente
del sistema político de amplios sectores y actores
que deben ubicarse entre el gobierno y los partidos políticos.
No por otra razón, como negación de uno y otro,
en este país, se está tentando una salida de
corte populista que representa el correlato necesario a los
límites del sistema político.
En el Ecuador se ha experimentado un retroceso
de la democracia, con el agravante de que se asiste a una
emergencia de una política definida en los límites
de la seguridad continental y regional que es aupada por el
gobierno de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo
internacional. Se trata de una política de corte guerrerista
que pretende ser el complemento de la política del
gobierno colombiano. No por otra circunstancia en este país
la política de la seguridad empieza a permear el debate
y las estructuras políticas dejando de lado cualquier
otra consideración que no se mueva en el referente
amigo - enemigo (léase, terrorista). Esto último
se ha observado en el análisis de los paros de las
provincias fronterizas en donde se privilegia el discurso
de la seguridad, el bien público, la ciudadanía
nacional, pero se excluye las demandas particulares de los
sectores vulnerados por el Plan Colombia y el Plan Patriota.
Todo lo cual pone en evidencia que los derechos sociales y
políticos están siendo leídos de acuerdo
al carácter coyuntural de la política y no como
un mecanismo que limita y restringe el poder.
Como aspecto positivo de la última coyuntura se puede
anotar que si bien existen conflictos en la gestión
gubernamental constituye un hito histórico la participación
de dirigentes y dirigentas políticos/as del movimiento
indígena en el gobierno, particularmente a nivel del
ejecutivo. En el ámbito local y nacional, más
allá de sus resultados esto representa un avance importante,
aunque esta situación más que fortalecer al
movimiento tendió a debilitarlo y fragmentarlo. Especialmente,
cuando luego de las jornadas de abril de 2005, el gobierno
del Coronel Lucio Gutiérrez fue destituido y se dio
paso a un nuevo gobierno a partir de la figura del Vicepresidente
de la República. Es decir, se arrinconó definitivamente
al movimiento indígena y a sus aliados en función
de la emergencia de un movimiento social urbano de amplio
espectro pero de limitadas demandas y propuestas políticas.
Se debe indicar que con la priorización en la política
de seguridad, la reemergencia de los partidos políticos
como únicos interlocutores válidos, y la legitimación
de una democracia excluyente, en medio de una desinstitucionalización
creciente del Estado que ha sido enfrentada por el gobierno
y el Congreso mediante pequeñas reformas parche, que
no pretenden enfrentar una nueva definición de las
instituciones del Estado, se ha conjugado el juego de la política.
Como es natural, en un tira y afloja por copar y sortear las
limitaciones estructurales de instancias estatales como la
Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, se ha
generado, una lucha en y desde el Estado y el gobierno que
ha dejado indefensa a la población que mira con mayor
distancia a la política y en cuyo seno se están
cuajando salidas diversas, incluso, de carácter antidemocrático.
En Perú existe un descontento cada vez
mayor con el gobierno del Presidente Toledo, por la reedición
de la corrupción como una forma de "hacer política",
la generalización de prácticas autoritarias
y excluyentes, y la pervivencia de un régimen populista
que deja de lado las estructuras estatales y partidarias.
Se trata de un estilo de política que, actualmente,
aparece como el colofón de la política del gobierno
fujimorista aún cuando nació como su negación.
En este estilo la figura del líder que tiene una relación
directa con una amplia y compleja base social se presenta
como el eje vertebrador del gobierno actual. Más que
nada, en la medida que prescinde o tiende a prescindir de
los partidos políticos (incluido el suyo propio) y
pretende ubicarse más allá del régimen
de derecho. En este contexto la posibilidad de convertir esta
relación del líder en una suerte de alianza
personal con la base social, deja de lado toda aplicación
generalizada del derecho, revoca su contenido ético
(la igualdad general), y estatuye un particularismo que se
decide en la implantación de una política ad
hoc para cada segmento social.
Hay que resaltarlo, este aspecto da sentido a la política
de Toledo, por consiguiente, es el factor que está
en la base de la mayoría de enfrentamientos con el
Legislativo y los electores, en la medida que éste
ha apostado por generar estatutos diferenciados de relación
con el gobierno por parte de diversos sectores sociales ubicados
de manera diferenciada a nivel espacial, cultural, económico
y social.
Esta política particularista no solamente ha entrado
en conflicto con la de los partidos y el régimen de
derecho que ratifica las identidades abstractas de los ciudadanos,
sino con una política de la diversidad emergente que
pretende introducir las demandas concretas de distintos actores
sociales. Es así como, desde una perspectiva general,
el régimen del Presidente Toledo se ha movido entre
dos disyuntivas irresolubles: una política populista
de carácter no corporativo y una política nacional
que no es capaz de integrar las demandas sociales, regionales,
culturales, étnicas, de buena parte de la población
peruana y de la que son portadores nuevos actores sociales.
Tal por ejemplo, las demandas de los movimientos sociales
regionales, el remozado movimiento indígena, las demandas
culturales, sociales y económicas de distintos sectores
sociales de una amplia composición étnica.
En este horizonte la consolidación de un régimen
de derecho moderno en el que en el que puedan caber efectivamente
las diversidades, más allá de las políticas
y prácticas populistas parece estar negado en Perú.
Como parecen seguir siendo negadas la evolución del
régimen de derecho y la reforma institucional ante
la pervivencia de un régimen tradicional que invisibiliza
los derechos sociales y culturales de amplios sectores de
la población peruana.
Respecto de los DESC se puede decir que si bien existe una
relativa estabilidad económica se mantienen viejos
patrones que privilegian el desarrollo urbano sobre el rural,
especialmente de la capital Lima, escamotean el tema regional
y de las diversidades culturales, y no apuntan a poner cortapisas
a la presencia de multinacionales que presionan a los recursos
forestales y mineros de los que Perú es una gran reserva.
En una palabra, se ha producido una pérdida de importancia
de los derechos laborales y económicos de los trabajadores
así como de las masas subempleadas y desempleadas del
país, en un contexto que deja de lado temas como los
recursos naturales, el manejo de áreas protegidas,
que han sido controladas por grupos indígenas, caracterizados
como originarios.
Mientras el populismo peruano ha terminado entrampado, razón
por la cual las propuestas y apuestas del Presidente Toledo
aparecen más como una farsa histórica,
en Venezuela, en medio de una coyuntura política
particularmente difícil para el gobierno del Presidente
Chávez debido a la oposición del gobierno de
Estados Unidos aliado a los sectores más reaccionarios
del país, el populismo, luego del referéndum,
parece haberse consolidado.
Esta circunstancia ha determinado que el permanente enfrentamiento
entre opositores y partidarios del Presidente que generaron
una situación de inestabilidad, parecen haber sido
superados o, al menos, pospuestos momentáneamente.
La relativa paz política ha permitido al gobierno definir
sus políticas externas e internas. Respecto de las
primeras se ha consolidado una postura en contra de la política
exterior del gobierno del Presidente Bush, así como
de interpelación permanente al pueblo de ese país.
Esta postura le ha abierto las puertas a una relación
más estrecha con el régimen castrista y con
el gobierno del Presidente Lula (al menos, hasta antes de
los escándalos de corrupción que se han desatado
en estos últimos meses), todo lo cual ha permitido
establecer un eje alternativo que ha empezado a gravitar sobre
la región.
El resultado ha sido un tira y afloja con el gobierno colombiano
y, en menor medida con el ecuatoriano, aliados incondicionales
del Presidente Bush y del Departamento de Estado. Más
que nada, en torno a la regionalización del conflicto
colombiano y la relación, al parecer estrecha, entre
Chávez y las FARC.
Aún cuando estos enfrentamientos han terminado por
consolidar, a los ojos de Bush y del Congreso, al Presidente
Uribe y su política interna, de hecho, ha legitimado
a Chávez frente a los nuevos sectores y movimientos
sociales del continente que son opuestas a la política
exterior de ese país, y que han experimentado por cerca
de dos décadas los efectos de la aplicación
de una política económica de ajuste inspirada
en el "Consenso de Washington".
Desde el punto de vista interno, le ha permitido a Chávez
consolidar el rol del Estado en la economía y en el
desarrollo del país, en tanto exponente del interés
común y en contra de los intentos de privatización
de la principal industria del país: el petróleo.
Además, le ha abierto las puertas para iniciar un proceso
de reformas pospuestos en las dos primeras fases de su gobierno.
Estas reformas tienen que ver con la seguridad social, el
combate a la pobreza, las reformas laborales y, más
que nada, la reforma agraria que se está tratando de
implementar en el interior del país y que ya ha desatado
una sorda lucha por parte de los latifundistas y multinacionales
asociados en la explotación de los bosques tropicales.
Actualmente en Venezuela se intenta llevar adelante un proceso
de reformas que si bien son menos consistentes de lo que parece,
en la práctica, han tenido un enorme impacto social
y le ha servido al gobierno de Chávez para legitimarse
interna y externamente. En este horizonte la situación
de los derechos humanos ha adquirido un nuevo contenido.
