Programa Andino
de Derechos Humanos

 

 

Análisis sobre Participación y Ciudadanía


 

Justicia Constitucional y Derechos Humanos

 

Ramiro Ávila Santamaría*

 


Aproximación histórica

Dividiremos a la historia del constitucionalismo, de una forma harto arbitraria y hasta simplificadora, en tres grandes etapas: el no constitucionalismo, el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social o democracia constitucional.

El no constitucionalismo se refiere a las formas de organización política que no estaban enmarcadas en una Constitución. Este modelo responde a una estado absoluto o a una organización social y política vertical y autoritaria. Quien ostenta el poder tiene la facultad de dictaminar normas y no tiene autoridad alguna que ejerza control sobre sus actos. Esta época corresponde a lo que Bobbio denominaría la era de las obligaciones (1). Las personas son súbditas, están al servicio de la autoridad y, con suerte, cuando ejercen ciertas libertades, tienen privilegios, que son concesiones (y no se podría hablar de derechos).

El constitucionalismo liberal surge a partir de la revolución francesa. Se crea lo que se conoce con el nombre de Estado de Derecho. Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo político y jurídico de occidente es la sujeción de las autoridades a una norma considerada como superior, que se denomina Constitución, y que supuestamente se funda en la soberanía del pueblo. Otro aspecto no menos importante es el reconocimiento de derechos considerados como innatos del ser humanos y que el Estado simplemente los reconoce. Estos derechos tienen que ver con las libertades o derechos civiles, con particular énfasis en la propiedad. El Estado tiene un rol pasivo y es mero gendarme y pretende intervenir sólo cuando los actores se exceden en sus facultades. Se minimiza pues las posibilidades de acción de los Estados y se exagera la capacidad de los particulares (2). Jurídicamente prevalece la normatividad que regula las relaciones entre los particulares. Políticamente los ciudadanos delegan, a través del voto, sus poderes a los representantes.

El reconocimiento tanto de los derechos económicos, sociales y culturales como de sus garantías, al igual que la crítica a los modelos de democracia representativa, hizo que se evolucione hacia lo que se conoce como Estado Social de Derecho o democracia constitucional. La función del Estado no es solamente garantizar las libertades de las personas sino también la búsqueda de relaciones equitativas basadas en la promoción y protección de los derechos humanos. No es casual que en el Estado social de Derecho reconocido por la Constitución ecuatoriana (3), el máximo deber del Estado sea el respetar y hacer respetar los derechos humanos (4).


Características de la democracia constitucional

La democracia constitucional es un paradigma teórico con profundas consecuencias tanto para la ciencia jurídica como para el modelo político del Estado. Para tener una mejor comprensión del paradigma intentaremos contrastarlo con el paradigma del constitucionalismo liberal.

La naturaleza de la democracia tiene una nueva dimensión. En el constitucionalismo liberal prima la democracia formal. La democracia es un conjunto de procedimientos que tienen que ser observados para tomar decisiones y para designar a las personas que deciden. En la democracia constitucional, si bien hay que observar los procedimientos, importa más lo sustancial (5), la finalidad de las decisiones. La finalidad de las decisiones no es otra que el respeto y la garantía de los derechos humanos; por ello la justicia no se sacrificará por la sola omisión de formalidades. Una decisión puede ser inconstitucional si irrespeta los derechos humanos.

En cuanto a la validez de las normas jurídicas, en el constitucionalismo liberal se respetan las formalidades y los procedimientos, y mientras esto suceda, se presume la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, incluido el congreso o parlamento que expide las leyes. La ley deja de ser válida y tener vigencia una vez que, a través de un procedimiento previamente establecido y por el órgano que expidió la norma, se la deroga. En cambio, en la democracia constitucional una norma pierde automáticamente de valor y deja de existir por el sólo hecho de contravenir a la Constitución. Por ello, las autoridades están obligadas a ejecutar directa y automáticamente los derechos humanos (6) y los jueces a ejercer el control difuso de la Constitución (7). No se requiere derogatoria expresa de normas ilegítimas, simplemente no tienen vida jurídica por no adecuarse al ordenamiento jurídico. (8)

El filósofo del derecho alemán Robert Alexy ha desarrollado lo que el llama, en relación a la jerarquía que tienen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la teoría de los máximos (9). Según Alexy, los derechos fundamentales tienen un máximo rango, máxima fuerza normativa, máxima importancia por proteger a la persona y máximo grado de indeterminación (10).

En relación a la interpretación de las normas jurídica, en el sistema constitucional liberal se utiliza exclusivamente el método de la subsunción. Esto quiere decir que en caso de conflicto entre normas jurídicas, la de mayor jerarquía, la especial o la norma nueva prevalece y subsume a la otra norma, con un carácter general y abstracto. En la democracia constitucional se presentan conflictos entre normas y principios más complejos donde la subsunción no es adecuada por tener las normas en conflicto el mismo rango, especialidad y temporalidad. En estos casos se aplica el método de la ponderación (11). Por este método, que sólo puede aplicarse en casos concretos y cuya aplicación no invalida a la norma no adecuada para el caso, el funcionario o juzgador tiene la obligación de equilibrar los intereses en juego. En caso de pugna entre dos derechos, por ejemplo el derecho del arrendatario a la propiedad (cobrar arriendo) y el derecho a la vivienda del arrendatario, de acuerdo a la situación el juzgador tendrá que razonar cuál es el que prevalece.

La ciencia jurídica en el modelo liberal es por esencia conservadora, explicativa y se basa en el conocimiento de la norma positiva. Las facultades de jurisprudencia enseñan a los y las estudiantes a interpretar la norma por el sentido de sus palabras, los programas de estudio se basan en la estructura de las leyes, el derecho civil es la columna vertebral de la formación. En el modelo de democracia constitucional, en cambio, la ciencia jurídica se transforma completamente. El estudio del derecho debe ser crítico y proyectivo. Las facultades de derecho deberían formar personas analíticas, con capacidad de interpretar las normas desde las ciencias sociales y en el contexto social e histórico, si el fin del Estado es los derechos humanos, las normas y el mismo estado son un medio para cumplir ese fin, y nunca en fin en sí mismos. La columna vertebral de la carrera de derecho es el constitucional con particular énfasis en los derechos humanos. No hay rama del derecho que no pueda ser analizada a la luz de los derechos humanos. Sólo de esta forma tanto el estado como el derecho dejan de ser procedimientos y normas abstractas, para llegar a ser sustanciales.

Finalmente, sin ser estas breves y superficiales descripciones las únicas características, la autoridad competente para controlar las normas y las actuaciones de los funcionarios públicos es el juez constitucional. En el modelo liberal la máxima autoridad con la facultad de determinar el marco de acción de las autoridades era el parlamento o congreso, donde las mayorías tomaban las decisiones. En cambio en la democracia constitucional, el congreso está limitado por los derechos humanos y no puede legislar aún cuando existan mayorías. El juez constitucional tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de cualquier acto o norma emanado por cualquier funcionario público, incluido el congreso. Por ello el garante del Estado Social de Derecho son los jueces en general y los jueces constitucionales en particular. El mayor desarrollo y avance del derecho ha sido crear el control de la constitucionalidad. Por ello, la importancia de contar con un juez independiente e imparcial es de vital importancia para la subsistencia y desarrollo de la democracia constitucional y para la garantía de los derechos humanos.

La justicia constitucional en el Ecuador

Este tema puede ser abordado desde múltiples perspectivas. Por ser este el tema centrak del artículo, nos dedicaremos a tratarlo desde la garantía de independencia judicial.

El Ecuador está en mora legislativa frente a la garantía de una justicia independiente e imparcial. La independencia e imparcialidad, según el Comité de Derechos Humanos (12), "plantea diversas cuestiones en cuanto a la manera en que se nombra a los jueces, las calificaciones exigidas para su nombramiento y duración de su mandato (…) las condiciones que rigen su cesación de funciones y la independencia efectiva con respecto al poder ejecutivo y legislativo" (13).

En cuanto a la selección, los vocales del Tribunal Constitucional provienen de ternas de distintos cuerpos colegiados (14). Los vocales pueden guardar fidelidad frente a los intereses de sus nominadores y, por tanto, podrían no ser independientes. Además son designados por el Congreso Nacional. En cambio, los magistrados de la Corte Suprema tienen la garantía de la cooptación (15), es decir no son nombrados por el Congreso, y se lo hace en función de sus méritos.

En relación a la especialidad, no existe requisito alguno en la Constitución en relación a la experticia para conocer temas constitucionales, de derechos humanos y de ciencia política. Parecería que más que la especialidad lo que importa para su designación es su afinidad y relaciones políticas.

La garantía de funcionamiento tiene que ver con la existencia de períodos de tiempo suficientes para poder ejercer su cargo. Los vocales tienen que tener estabilidad. La Constitución establece un corto período de cuatro años (16). Para demostrar que pueden existir mejores garantías, mencionemos que los magistrados de la Corte Suprema no están sujetos a período fijo (17).

En cuanto a la remoción, los vocales del Tribunal Constitucional pueden ser removidos por juicio político (18), cuando los magistrados de la Corte Suprema gozan de la garantía de inamovilidad y no pueden ser juzgados políticamente. De esta forma, cuando el Congreso no esté de acuerdo con alguna decisión del Tribunal Constitucional simplemente puede invadir su esfera y destituirles.

Podríamos concluir que el marco jurídico constitucional no establece garantías específicas para que la justicia constitucional en el Ecuador sea independiente e imparcial.

La coyuntura política en Ecuador y la justicia constitucional (19)

No podemos dejar de recordar, para que no vuelva a suceder, lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional en el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez, que demuestra que de hecho dejó de existir la justicia constitucional en el Ecuador y que tanto la función ejecutiva como la legislativa atentaron contra la independencia judicial del Tribunal Constitucional.

En noviembre de 2004, el Presidente de la República anunció el propósito del Gobierno de impulsar (en el Congreso) la reorganización de la Corte Suprema de Justicia (en adelante "CSJ"), con el objeto de "despolitizarla". Para viabilizar el proyecto presidencial de modificación de la CSJ y en consideración a que el TC, máximo organismo de control constitucional, podría frenar su inconstitucional iniciativa, el Gobierno Nacional preparó la reorganización del TC (20).

Ante la amenaza gubernamental, el Tribunal Constitucional publicó en la prensa nacional un comunicado, en cuya parte fundamental anticipa que "si los vocales del Tribunal Constitucional fuesen removidos mediante simple resolución se estaría violando el Estado Social de Derecho" y subraya que la única vía jurídica para remover a los vocales, de acuerdo con la Constitución, es a través de un juicio político (21). La Corte Suprema de Justicia, el mismo, día pide respeto a la Constitución vigente (22).

El 24 de noviembre de 2004, la mayoría del Congreso afín al Gobierno intenta destituir a los vocales del TC y del Tribunal Supremo Electoral (en adelante "TSE"). Para ello, durante la sesión del Parlamento, diputados de esa mayoría pidieron al Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, que modifique el Orden del Día previamente adoptado para la discusión legislativa, a fin de considerar un proyecto de resolución que declare la cesación en funciones de los vocales del TC. Landázuri manifestó que no procedía alterar el Orden del Día aprobado y, además, sostuvo que "la única vía constitucional y legal para provocar cambios en el TC es el juicio político". (23)

El mismo día 24, en vista de los planteamientos de varios diputados tendientes a destituir a los vocales del TC, el Presidente del Congreso Nacional convocó a comparecer a juicio político para el 1 de diciembre a seis vocales principales del TC. La convocatoria a juicio político se sustentó en que dichos vocales votaron a favor de resoluciones adversas a los intereses de ciertos partidos políticos representados en el Congreso (24).

Por lo expuesto, la convocatoria a "juicio político" era ilegal y constituía una ingerencia del Congreso en la independencia del TC.

El 25 de noviembre de 2004, pese a la convocatoria a juicio político, el Congreso Nacional, mediante una simple resolución adoptada por la mayoría gobiernista, en contra de normas expresas de la Constitución y en violación de los procedimientos propios del debido proceso (del juicio político), resolvió que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional habían sido designados en forma ilegal en 2003 (25) y cesó en sus funciones a todos los vocales principales y suplentes del TC (26).

El mismo 25 de noviembre, el Congreso Nacional procedió a designar a los nuevos vocales del TC sobre la base de las ternas que ya fueron utilizadas por el Congreso en marzo del año 2003 para elegir a los anteriores vocales del TC.

De esas ternas del 2003, la mayoría afín al gobierno seleccionó a nuevos vocales del TC de acuerdo a conveniencias políticas y de manera irregular (27). Tan politizada fue la designación que uno de los vocales del TC, el Dr. Víctor Hugo Sicouret, se ha desempeñado como uno de los asesores cercanos del Presidente de la República (28). Sicouret, luego de posesionado como vocal de facto del TC, "en nombre del gobierno dijo que la resolución del Congreso [de reemplazar a los miembros del TC y el TSE] es constitucional y legal (sic)" (29), además advirtió que "la primera acción será desalojar con el respaldo de la fuerza pública a los vocales cesados" (30). Es decir, anticipó criterio sobre un asunto que podría eventualmente llegar a conocimiento del TC de facto.

Al día siguiente, 26 de noviembre de 2004, se posesionaron los nuevos miembros del TC (y del TSE), ilegalmente designados (31). El 30 de noviembre de 2004, los "vocales" del TC indebidamente electos la víspera, nombraron como presidente del organismo a un afiliado al partido del Presidente de la República (Partido Sociedad Patriótica), Estuardo Gualle Bonilla (32).

El 1 de diciembre de 2004, en el Orden del Día del Congreso Nacional incluyó el debate de las mociones de censura en contra de algunos vocales del TC ya cesados. El juicio político concluyó sin que se haya aprobado ninguna moción de censura. El Presidente del Congreso Nacional, luego de proclamados los resultados de la votación, por parte de Secretaría, declaró negada la moción de censura (33). En otras palabras, en el juicio político el Congreso Nacional consideró que los vocales del TC eran inocentes de las acusaciones (34).

Al día siguiente, el 2 de diciembre de 2004, varios vocales magistrados presentaron acciones de amparo. En algunas de ellas intervino el diputado Luis Fernando Almeida, afín a la mayoría congresal del gobierno, compareció al juicio, sin haber sido parte procesal, y solicitó que se revoque el Auto del juez. Además le solicitó que se inhiba de conocer la causa y le amenazó: "ejerceré las acciones penales que me asiste por ser parte afectada y requeriré se inicie la respectiva instrucción fiscal y se dicte auto de prisión preventiva en su contra" (35).

Una vez instalado el Tribunal Constitucional de facto, el 2 de diciembre de 2004, el Presidente de la República solicitó a los "vocales" del Tribunal que se pronuncien para impedir que los jueces de instancia acepten al trámite acciones de amparo constitucional que cuestionen resoluciones parlamentarias.

El TC, en atención a la petición presidencial, violentado el procedimiento interno y sin las formalidades requeridas (36), resolvió comunicar al Presidente de la Corte Suprema que no procedía interponer acciones de amparo para suspender los efectos de una resolución parlamentaria:

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL / En la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, por lo cual solicita la intervención del Tribunal Constitucional para impedir que los jueces de instancia acepten al trámite acciones de amparo constitucional en contra de la Resolución Parlamentaria 25-160, adoptada por el H. Congreso Nacional el 25 de noviembre del 2.004, violando todo principio constitucional, legal, así como las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en base a lo previsto en el Art. 277 de la Constitución Política de la República al amparo de lo determinado en el Art. 276, numeral 6 ibidem, en concordancia con el Art. 12 numeral 5 y Art. 29 de la Ley Orgánica de Control Constitucional (…) Resuelve: Establecer que para suspender los efectos de una resolución parlamentaria, entre ellas la 25-160, adoptada por el H. Congreso Nacional el 25 de noviembre del 2.004, por supuesta violación de la constitución, en el fondo o en la forma, la única acción que cabe es la acción de inconstitucionalidad que debe proponerse ante el Tribunal Constitucional (…)." (37)

Los vocales del TC de facto, Sicouret y Rivadeneira, se pronunciaron públicamente en contra de los jueces que conocieron las acciones de amparo. El primero amenazó con enjuiciar a los jueces, y el segundo explicó, adelantando criterio, que las acciones de los jueces "no se ajusta a lo que dispone la Constitución y la Ley de Control Constitucional (…)" (38).

Peor aún, el Presidente del TC de facto, Estuardo Gualle, manifestó que "el organismo no acatará la resolución de los jueces (…) que aceptaron la acción de amparo interpuesta por los ex vocales… en caso de que persistan en esta actitud, se podría iniciar acciones legales por usurpación de funciones…" (39)

Las indicadas actuaciones del Tribunal Constitucional, órgano que decide en segunda instancia los recursos de amparo (40), anularon de este modo una primordial herramienta jurídica de defensa de derechos fundamentales, expusieron de modo fehaciente su falta de imparcialidad, y delataron su dependencia de la mayoría parlamentaria afín al Gobierno y de la propia Función Ejecutiva (41).

El camino de arbitrariedades no terminó ahí. Aunque el Congreso Nacional no les halló culpables en el juicio político que terminó el 1 de diciembre de 2004, el 5 de diciembre el Presidente de la República convocó a un período extraordinario de sesiones del Congreso Nacional para el 8 de diciembre, a fin de resolver, entre otras cosas: "1.- Votación en el Juicio Político contra los ex Vocales del Tribunal Constitucional" (42).

El Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, precisó que "la convocatoria es inconstitucional, ilegal, arbitrario y totalmente contrario al ordenamiento constitucional (…) el Presidente de la República solo puede hacer cumplir la Constitución en el ámbito de sus competencias y no dentro de las otras funciones del Estado." (43)

En la sesión convocada por el Presidente de la República, el 8 de diciembre de 2004, la mayoría del Congreso afín al Gobierno repitió la votación del juicio político, por segunda vez, y sin observar las normas del debido proceso, toda vez que ya se había resuelto sobre la materia el 1 de diciembre, censuró a los vocales magistrados del TC. (44)

Además de los referidos vicios de fondo y de procedimiento, conviene destacar otras irregularidades en torno a la cesación de los vocales magistrados del TC:

(a) El vocal magistrado Oswaldo Cevallos fue juzgado por el Congreso Nacional a pesar de no haber participado en una resolución del TC por la cual enjuició políticamente el Congreso (45);

(b) Los vocales magistrados Herrería y Terán nunca fueron llamados a juicio político y, sin embargo, fueros cesados en sus funciones (46); y,

(c) El Congreso exoneró de culpa al vocal De la Torre, afín al Gobierno, aunque había votado a favor de una resolución sobre el décimo cuarto sueldo, "infracción" que supuestamente hacía merecedores de sanción al vocal Burbano. Este proceder pone en evidencia el trato discriminatorio a los vocales que no eran considerados afines al Gobierno y a la mayoría del Congreso Nacional.


Conclusión

Ecuador ha reconocido que es un Estado Social de Derecho y también ha incorporado en la Constitución lo más importante de este modelo político y jurídico de gobierno: los derechos humanos.

Sin embargo, la garantía del modelo, que es la existencia de la justicia constitucional a través de jueces independiente e imparciales tiene serias deficiencias técnicas.

Peor aún, cuando ha existido injerencia directa por parte del gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez, presidente del Ecuador, y por parte del Congreso Nacional, no sólo que no existe garantía del Estado social de derecho sino que las consecuencias son funestas.

Entre otras consecuencias, existe un retroceso en el modelo en la práctica, del constitucionalismo democrático a la época del no constitucionalismo. Al no existe garantías, la impunidad cuando existen abusos por parte de las autoridades públicas es un hecho. Los y las ciudadanas estamos en una situación de vulnerabilidad. En pocas palabras, reina el autoritarismo y la forma de gobierno es la dictadura.

Notas

1. Norberto Bobbio, "La era de los derechos", en El tercero ausente, Ediciones Cátedra, 1997, p. 154-173.
2. Jesús Rodríguez Zepeda, "Estado y transparencia: un paseo por la filosofía política", cuadernos de transparencia, N. 04, IFAI, México, 2004, pág. 35.
3. Constitución Política del Ecuador, Art. 1.
4. Constitución Política del Ecuador, Art. 16.
5. Ver Luigi Ferrajoli, "Los fundamentos de los derechos fundamentales" Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 35 y 339.
6. Constitución Política del Ecuador, Art. 18.
7. Constitución Política del Ecuador, Art. 273 y Art. 274.
8. Constitución Política del Ecuador, Art. 272.
9. Ver Robert Alexy, "Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático", en Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, 2003, pág. 31-48.
10. Ver Gustavo Zagrebelsky, El Derecho Dúctil, editorial Trotta, 2002.
11. Ver Luis Prieto Sanchis, "la ponderación y los conflictos constitucionales (...)", en Neoconstitucionalismo, Trotta, pág. 137-158.
12. Observación general N. 13 en relación al Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
13. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Leandro Despouy, 31 de diciembre de 2003, E/CN.4/2004/60, párrafo 45.
14. Constitución Política del Ecuador, Art. 275: ternas que provienen del presidente, Corte Suprema, Congreso, alcaldes, prefectos, centrales de trabajadores, organizaciones campesinas e indígenas.
15. Constitución Política del Ecuador, Art. 202.
16. Constitución Política del Ecuador, Art. 275.
17. Constitución Política del Echador, Art. 202.
18. Constitución Política del Ecuador, Art. 130 (9)
19. Los hechos son tomados de la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 2004, por los vocales del Tribunal Constitucional patrocinados por la Clínica de Derechos Humanos.
20. El Telégrafo, "Gobierno busca reorganizar el Tribunal Constitucional", 24 de noviembre de 2004, 8A; El Telégrafo, "Buscar reestructurar TC", 23 de noviembre de 2004. La Hora, "Gobierno buscar reestructurar TC", 23 de noviembre de 2004.
21. Diario "La Hora", 24 de noviembre de 2004, "Tribunal Constitucional al País".
22. Corte Suprema de Justicia, "La Corte Suprema de Justicia al País, 25 de noviembre de 2004, A5; Expreso de Guayaquil, "La Corte y el Tribunal Constitucional piden respeto a la Carta Magna vigente", 25 de noviembre de 2004. Expreso de Guayaquil, "la ley no es ley, es una suma de votos", p. 3. El Universo, "TC y CSJ condenaron propósito de reorganizar estas funciones", 25 de noviembre de 2004, A2.
23. El Universo, "Oposición desacelera a gobiernistas", 25 de noviembre de 2004, A2.
24. Ver Oficio N. 1212, con fecha 24 de noviembre de 2004, por el que el Presidente del Congreso Nacional, Guillermo Landázuri, notifica al vocal del Tribunal Constitucional Oswaldo Cevallos Bueno del llamamiento a juicio político. Similares notificaciones se enviaron a otros, pero no a todos, los vocales del TC, según se señala más adelante; Of. 1215-PCN, dirigido a Vocal Miguel Camba.
25. La Resolución 25-160, de 25 de noviembre de 2004, fue adoptada por la mayoría de diputados entre los que se contaban muchos de los legisladores que justamente participaron y votaron en la elección de los vocales del Tribunal el 19 de marzo del 2003, tales como los diputados de los partidos PRIAN, Sociedad Patriótica, Unión Alfarista y Democracia Popular, integrantes ahora de la coalición gobiernista.
26. Resolución 25-160, de 25 de noviembre de 2004, publicada en el Registro Oficial N. 485 de 20 de diciembre de 2004. Ver también El Universo, "mayoría gobiernista removió esta madrugada a vocales del TC y TSE", 26 de noviembre de 2004. El Universo, "Mayoría reestructuró la integración del TC y TSE", 26 de noviembre de 2004, A4; Expreso de Guayaquil, "Una resolución liquidó a los tribunales", 26 de noviembre de 2004; El Telégrafo, "mayoría consiguió nombrar a II vicepresidente y reorganizar el TC", 26 de noviembre de 2004.
27. Por citar tres ejemplos: (1) De las ternas remitidas por el Ejecutivo al Congreso el 20 de febrero del 2003, se designa al Dr. Milton Burbano de la primera terna como principal y, como su alterna, a la Dra. Amparo Lalama, quién constaba en la segunda terna, como suplente del Dr. Simón Zabala. (2) De la terna enviada dos años antes por la Corte Suprema de Justicia, se nombra a dos vocales principales, el Dr. Hernán Ribadeneira y el Dr. René de la Torre, este último formaba parte del TC y volvió a posesionarse de su cargo a pesar de que suscribió la publicación en la que calificaba de ilegal el procedimiento de cesar a los vocales mediante resolución. (3) De las ternas remitidas por el Tribunal Supremo Electoral para escoger a los vocales representantes de las cámaras de la producción, se nombra como vocal principal al Dr. Ricardo Izurieta y, como suplente, no al que era su suplente en las ternas remitidas por el respectivo colegio electoral, el Dr. Marco Landázuri, sino al Dr. Genaro Eguiguren, quien era el suplente del Dr. Luis Rojas en el Tribunal defenestrado.
28. El Universo, "Sicouret es el estratega del régimen", 25 de noviembre de 2005, p. A2. Diario El Comercio: "Sicouret y sus mayorías anti-PSC", 19 de diciembre de 2004, p. A2.
29. Diario El Comercio: "La reorganización fue legal y constitucional: Sicouret", 12 de diciembre de 2004, A3.
30. El Universo, "Mayoría reestructuró la integración del TC y TSE", A4.
31. Resolución 25-161 del Congreso Nacional, publicada en Registro Oficial número 485, 20 de diciembre de 2004, p. 7-10; El Telégrafo, "mayoría busca ampliar espacios de negociación", A6.
32. Expreso de Guayaquil, "Sociedad Patriótica y el MPD al frente del Tribunal Constitucional", 1 de diciembre de 2004; Diario Hoy: "El gobiernista Gualle dirige el Tribunal Constitucional" y "Sociedad Patriótica y MPD controlan el Tribunal", 1 de diciembre de 2004.
33. Certificación del Secretario General del Congreso Nacional, con fecha 2 de diciembre de 2004. En esta certificación consta el Orden del Día y el resultado de la votación.
34. El Universo, "Mayoría no logró censurar a los ex vocales del TC", 3 de diciembre del 2004, A2.
35. Juicio N. 1222-2004, escrito del diputado por Guayas, Luis Almeida Morán, con fecha 7 de diciembre de 2004, Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha.
36. No está previsto ese trámite entre las facultades que tiene el Tribunal de acuerdo a la Constitución, y además no se siguió ningún trámite, no hay demanda, ni sorteo, ni informes y ni siquiera actúan el secretario o prosecretaria del Tribunal.
37. Resolución del Tribunal Constitucional, de 2 de diciembre de 2004, aprobada en sesión en Pleno y publicada en el Registro Oficial No. 477, de 8 de diciembre de 2004, p. 1 y 2.
38. El Universo, "Nuevos vocales del TC rechazan suspensión preventiva de la reorganización del organismo", 5 de diciembre de 2004, A2.
39. El Telégrafo, "TC no acatará recurso de amparo de ex vocales y advierte a jueces", 8 de diciembre del 2004, A10.
40. Constitución, Art. 95 y Art. 276 (3).
41. Noticia Hoy on line: "Tribunal Constitucional amenaza a jueces que aceptaron amparos de ex vocales", 6 de diciembre de 2004.
42. El Comercio, Convocatoria a Congreso Extraordinario, 5 de diciembre de 2004; El Universo, 5 de diciembre de 2004, A2.
43. El Telégrafo, "Landázuri: Convocatoria a Congreso extraordinario es inconstitucional", 6 de diciembre del 2004, A8.
44. Registro Oficial No. S-282, de 1 de marzo de 2004. Ver El Telégrafo, "Congreso ratificó la cesación y censura de ex vocales del TC", 9 de diciembre de 2004, A6.
45. El vocal estuvo hospitalizado en la fecha en que se dictó la Resolución No. 025-2003-TC, del Tribunal Constitucional, y no tuvo participación en el trámite de la misma.
46. Certificación del Prosecretario del Congreso Nacional, Dr. John Argudo Pesantez, con fecha 20 de diciembre de 2004.

 

*Ramiro Ávila Santamaría. Doctor en Jurisprudencia (PUCE), Master en Derecho (Columbia University, LLM), Profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la PUCE.

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