Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en Santiago de Chile, con ocasión del trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA,

Recordando que hace doce años la OEA aprobó el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano y la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), "Democracia Representativa";

Teniendo presente que el camino trazado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas nos impone tareas que exigen el fortalecimiento permanente de la democracia;

Reafirmando que, en esa perspectiva, la adopción de la Carta Democrática Interamericana reforzó el compromiso de las Américas con la democracia, la libertad y el desarrollo;

Reconociendo que la Gobernabilidad Democrática requiere la participación responsable de todos los actores de la sociedad en la construcción de los consensos necesarios para el fortalecimiento de nuestras democracias;

Reconociendo que el multilateralismo y la cooperación multilateral juegan un papel importante en el apoyo a los esfuerzos nacionales para promover la gobernabilidad y los principios de la democracia, y facilitan el diálogo y la cooperación en el ámbito político, económico, social y cultural;

Destacando que durante las dos últimas décadas los pueblos de la región han experimentado el proceso de democratización más amplio y profundo de su historia, aún cuando algunos países han debido enfrentar serios problemas que afectan a la gobernabilidad, agravados por la situación de pobreza y exclusión social en el marco de la difícil coyuntura económica de los últimos años;

Reconociendo la necesidad de reforzar la credibilidad y la confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones democráticas;

Señalando que el uso de la violencia como instrumento de lucha política afecta de manera esencial la gobernabilidad democrática y pone en grave riesgo la democracia y sus instituciones;

Teniendo presente que la existencia de amenazas, preocupaciones y otros desafíos multidimensionales a la paz y la seguridad, afectan el goce de los derechos de todas las personas y la estabilidad democrática;

Reconociendo que la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática; y

Tomando nota del Consenso del Cuzco recientemente suscrito por los Jefes de Estado del Grupo de Río sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática,

Declaran:

La Carta Democrática Interamericana constituye el principal referente hemisférico para la promoción y defensa de principios y valores democráticos compartidos en las Américas al inicio del Siglo XXI. Su aplicación efectiva plantea un desafío permanente para sus pueblos y gobiernos.

La necesidad de definir una Agenda de Gobernabilidad para el Hemisferio, que contemple los desafíos políticos, económicos y sociales y permita fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las instituciones democráticas.

El fortalecimiento de la cooperación y la acción solidaria interamericana es esencial para que esa Agenda promueva la confianza y una participación plena de la ciudadanía en el sistema democrático y representativo de gobierno.

El fortalecimiento de los partidos políticos como intermediarios de las demandas de los ciudadanos en una democracia representativa es esencial para el funcionamiento del sistema político democrático.

El firme propósito de promover la plena participación de la ciudadanía en el sistema político, para aumentar la credibilidad y confianza ciudadanas en las instituciones democráticas, incluyendo el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. La gobernabilidad democrática demanda la profundización de los procesos de modernización del Estado, incorporando las nuevas tecnologías, con el fin de elevar los niveles de eficiencia, probidad y transparencia en la gestión pública.

La reforma y modernización judicial que conduzca a una justicia independiente, con mayor celeridad y más accesible, constituye un eje central en el proceso de consolidación del estado de derecho.

La corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, distorsionan las economías y erosionan la moral social de los pueblos. La responsabilidad de la prevención y control de estos problemas depende de todos los poderes del Estado en colaboración con la sociedad en su conjunto. La cooperación y asistencia recíproca contra la corrupción, de conformidad con los tratados y leyes pertinentes, son elementos fundamentales para promover la gobernabilidad democrática.

En el marco de una economía global, la gobernabilidad democrática nos obliga a poner en el centro de nuestra atención la gestión responsable de los asuntos públicos como elemento fundamental para un desarrollo sostenible de nuestros países con equidad social, étnica y de género.

Es esencial encarar efectivamente el desarrollo económico y social de los países en desarrollo de la región en apoyo de su gobernabilidad democrática. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza, la exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad, mediante políticas públicas y prácticas de buen gobierno que fomenten la igualdad de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo.

Los Estados deben fortalecer sus políticas públicas y profundizar sus acciones dirigidas a resolver de manera directa los graves problemas de pobreza, desnutrición, hambre, atención sanitaria y analfabetismo, que atentan contra la consolidación de la democracia. El crecimiento económico con equidad es esencial para erradicar la pobreza y mejorar la justicia social y la igualdad de oportunidades para cada ciudadano de nuestra región.

Lo anterior supone un orden económico mundial que promueva tal crecimiento, la apertura comercial a los productos de la región y un creciente flujo de inversiones hacia la misma. En ese contexto el apoyo de los organismos financieros internacionales a los gobiernos democráticos es esencial y también supone la necesidad de considerar mecanismos financieros innovadores para fortalecer la gobernabilidad democrática.

La consolidación de la democracia en la región requiere de una cultura basada en principios y valores democráticos profundos y en la vivencia cotidiana de ellos. Estos valores deben fomentarse a través de una educación para la democracia.

El respeto y la valoración de la diversidad cultural contribuyen al dinamismo social y económico, y son factores positivos en la promoción de la gobernabilidad, la cohesión social y el desarrollo humano. La inclusión de los pueblos indígenas en nuestras sociedades e instituciones es un elemento indispensable para el continuo fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

La igualdad y equidad de género, y la eliminación de toda forma de discriminación son elementos fundamentales para lograr un desarrollo sostenible centrado en el ser humano.

La promoción y el fortalecimiento de las actividades de cooperación y la asistencia mutua, son elementos fundamentales para la construcción de instituciones democráticas sólidas que faciliten la transparencia y el buen gobierno.

El compromiso con la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho, el acceso a una justicia eficaz, el respeto de los derechos humanos, la promoción de consensos nacionales básicos y el desarrollo integral son las bases del progreso, la estabilidad y la paz de los pueblos de las Américas y esenciales para la gobernabilidad democrática.