|
La procedencia de la gobernabilidad, la democracia y los derechos
humanos, se plantean comúnmente como un hecho dado, que
no admite duda. Como si se tratase de elementos indisolublemente
ligados entre sí, sobre los cuales no vale argumentar,
debiéndonos restringir a buscar los mecanismos más
adecuados para su consolidación y difusión. Como
si se tratase de elementos políticamente asépticos.
Por ello, pocos se preguntan sobre ¿cuál es el objetivo
que persiguen?, ¿a qué tipo de gobernabilidad y
democracia nos referimos?; ¿en el marco de qué formación
económica y social nos ubica esa especie de asepsia política?;
¿cuál es el papel que juegan en el desarrollo histórico
de la humanidad?. El presente análisis tratará de
explicar esas interrogantes.
Gobernabilidad
El análisis de la gobernabilidad, contrariamente a la
pretendida novedad que actualmente se le asigna, no es, de ninguna
manera, nueva en la historia de la humanidad. Confucio, casi siete
siglos antes de nuestra época, expresaba que: "Para
que haya buen gobierno debe haber abundancia de comida, un ejército
suficiente y confianza de los súbditos en el gobernante",
ya que, "Si el pueblo perdiera la confianza en los que lo
rigen, el gobierno carecerá de toda estabilidad" (1),
sentencias que dicen a la necesidad de disponer de un instrumento
de coerción (el ejército), así como a la
"legitimidad" y "eficacia", conceptos habitualmente
manejados por quienes trabajan hoy sobre este tema y defienden
estas tesis.
En el pensamiento contemporáneo, las discusiones sobre
gobernabilidad fueron introducidas hacia fines del siglo pasado
por el Banco Mundial, cuando hizo extensivo el uso de la noción
de Governance en su informe "Sub-Saharan Africa: From Crisis
to Sustainable Growth" (1989). En informes posteriores, sobre
todo desde 1992 con "Governance and Development", el
Banco empezó a divulgar sistemática y globalmente,
sus definiciones operacionales.
El Banco identificó tres aspectos atinentes a su definición
de governance:
a) La forma del régimen político,
b) El proceso de ejercicio de la autoridad en la administración
de los recursos económicos y sociales para el desarrollo
de un país; y,
c) La capacidad de los gobiernos para diseñar, formular
e implementar políticas y cumplir sus funciones.
El Banco declaró que el aspecto referido al régimen
político, se halla por fuera de su atención, ya
que enfatiza las distinciones entre las dimensiones políticas
y económicas de governance e insiste en señalar
que su mandato estrictamente le prohíbe interferir en los
asuntos políticos internos de los países.
El Banco Mundial como otras instituciones de asistencia para
el desarrollo y agencias multilaterales, en los últimos
años han venido reiterando, con matices y diferencias posibles
de definir, un número de condicionalidades de governance
o good governance como requisitos para la recepción de
su ayuda. En el inventario aparecen sin embargo una cantidad de
temas políticos, referidos a nociones de funcionamiento
democrático, participación política y derechos
humanos (2).
Posteriormente al planteamiento del Banco Mundial, la gobernabilidad
fue definida como la capacidad de los gobernantes libremente elegidos
para actuar eficazmente en procura del bienestar del conjunto
de gobernados, definición que determina que los elementos
de la gobernabilidad serán la legitimidad y la eficacia,
el primero de los cuales, responde, en un primer momento, a lo
formal, al hecho de ser elegido en un proceso electoral, en tanto
que el segundo, es producto del ejercicio de gobernar, esto es
de ejercer el poder en todos los ámbito y con todas las
implicaciones que de ello se deriva. A esos elementos, las tesis
de la gobernabilidad agregan el respeto a la legalidad, a las
distintas funciones del Estado y a las decisiones que éstas
aprueben, al juego político de acuerdos y desacuerdos,
al ejercicio democrático que implican las movilizaciones
sociales, etc.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
en esa línea, define la gobernabilidad: "Como el ejercicio
de la autoridad política, económica y administrativa
en la gestión de los asuntos de un país en todos
los planos". En consecuencia, la reducción de la gobernabilidad
será el producto de: "pugnas entre los poderes del
Estado que no encuentran vías para soluciones de consenso;
cambios en las mayorías parlamentarias, aún dentro
de un mismo período legislativo" (3).
La convicción de que la gobernabilidad es afectada por
las discrepancias existentes entre los poderes del Estado, principalmente
entre el Ejecutivo y el Legislativo, determina que los ideólogos
burgueses, se planteen como una de solución alternativa
a concentración de poderes en el Ejecutivo. Ángel
Polibio Chávez prestante miembro de la Democracia Cristiana,
apoyando esa tesis afirmaba que el problema de la gobernabilidad
se hallaba ligado al fortalecimiento del régimen presidencialista
(4).
Osvaldo Hurtado, quien presidiera la Asamblea Constituyente de
1998, afirma que: "En la historia moderna del Ecuador, no
existe una Constitución, como la expedida por la Asamblea
Constituyente, que haya restringido tanto las atribuciones del
Congreso Nacional y, como consecuencia, fortalecido la autoridad
del Presidente de la República" (5), cita que corrobora
nuestra aseveración respecto al mecanismo que los ideólogos
burgueses consideraban como pertinente para resolver el problema
de la reducción de la gobernabilidad ocasionada por las
discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Las restricciones y el fortalecimiento a las que alude Hurtado,
se concretaron básicamente en las reformas establecidas
para la Función Legislativa, a más de lo establecido
en los Artículos 171, numeral 9, Artículo 255, Artículo
258, de la Constitución de la República, en los
cuales se incrementa las funciones del Ejecutivo para regular
la integración, organización y procedimientos de
la Función Ejecutiva; se coloca al sistema nacional de
planificación bajo la dependencia de la Presidencia de
la República; y, se limita la facultad del legislativo
en lo atinente a la aprobación del Presupuesto del Estado,
al establecer que ésta se realizará por sectores
de ingresos y gastos, respectivamente.
Para enfrentar el débil juego de acuerdos y desacuerdos
políticos, en el Ecuador igualmente se plantea la reducción
de los partidos políticos a imagen del sistema bipartidista
de los Estados Unidos, tesis impulsada, en un primer momento,
por Osvaldo Hurtado, cuando todavía era posible que su
partido junto al Social Cristiano sean los elegidos, y, en las
circunstancias actuales por la Izquierda Democrática y
el Partido Social Cristiano.
El ensueño de los dirigentes de los partidos antes mencionados,
se sustenta, según su criterio, en la necesidad de eliminar
el alto número de partidos políticos y movimientos
populistas, los cuales carecen de posiciones ideológicas
definidas, o a la poca representación que otros partidos
y movimientos ostentan. Para la reducción del número
de partidos, en el segundo caso, recurren a la eliminación
de aquellos partidos o movimientos que no alcanzan los porcentajes
mínimos establecidos para los distintos procesos electorales,
apoyados en metodologías cada vez más excluyentes,
como lo ilustra el ilegal cambio que aprobara el Congreso Nacional
del método de Hont por el Imperial. En estos casos, por
cierto, no importa que la gobernabilidad prevalezca sobre la "legalidad
democrática" que tanto pregonan y dicen defender.
De todo lo antes expresado, es menester extraer varias conclusiones,
importantes para nuestro análisis:
1. La gobernabilidad es una constante, tanto en regímenes
feudales como en el capitalismo, esto es en los que existen clases
sociales, por lo que los gobiernos responden a los intereses de
las clases hegemónicas y no al conjunto de la sociedad;
2. Las definiciones actuales se refieren a sociedades capitalistas;
3. La búsqueda de soluciones apuntan a mantener la formación
económica y social capitalista mediante un mejoramiento
de la gobernabilidad;
4. En ningún momento o caso la solución a la "ingobernabilidad"
pasa por cuestionar a la formación económica y social
capitalista. En consecuencia la discusión es total e irrefutablemente
sistémica;
5. La "gobernabilidad" se refiere estricta y únicamente
a gobiernos "democráticos representativos";
6. La discusión sobre la gobernabilidad se desarrolla ante
la insuficiencia de los procesos electorales para legitimar a
los gobiernos, sobre la presencia de pugnas entre los poderes
y, principalmente, el aparecimiento de ejercicios de democracia
"real" que terminan con gobiernos, como fue el caso
de la destitución de Bucaram y Mahuad en el Ecuador, o
Sánchez de Lozada en Bolivia.
Conclusiones que permiten irrefutablemente afirmar que lo que
se pretende con esta discusión y propuestas, es preservar
la formación económica y social capitalista, defender
a la "democracia representativa", para lograr una mayor
"gobernabilidad". La discusión del tema entonces
es de carácter sistémico, ya que induce a buscar
soluciones para la formación actual, desestimando totalmente
el reemplazo del capitalismo como método para alcanzar
la "gobernabilidad" deseada. En términos del
progreso social, el posicionamiento mencionado es conservador,
por su carácter ahistórico.
Democracia
La fuente de legitimidad de una autoridad, como toda institución
social, varía en el tiempo dependiendo del desarrollo histórico
de la sociedad en general y de las formaciones económicas
y sociales, en particular. En otros términos, la legitimidad
y sus fuentes no serán las mismas en las sociedades tribales
que en el capitalismo, por ejemplo.
Efectivamente, si se analiza la base sobre la cual se seleccionaba
las autoridades en las sociedades tribales, encontramos que ésta
radicaba en el carisma de la persona, carisma sustentado en la
sabiduría que no en el saber, en tanto que la legitimidad
inicial en el capitalismo se deriva de un proceso electoral en
el cual la sabiduría puede estar totalmente ausente e incluso
el saber, a pesar de cualquier pretensión en contrario
de los candidatos (6), virtudes actualmente reemplazadas
por la fuerza de las maquinarias electorales.
En los países capitalistas con democracias representativas,
es el proceso electoral el que formalmente legitima a un gobierno
y a sus acciones y decisiones, puesto que se supone que los "mandantes",
le han delegado ese poder al elegirlo. No obstante ello, como
se comprueba en el quehacer político, la legitimidad real
depende de la eficacia y eficiencia que demuestra el equipo gobernante
durante el ejercicio del poder, como lo afirmaba Confucio.
La ambivalencia entre poder formal y real, explica el por qué
gobiernos legalmente elegidos pierden legitimidad, cuanto más
que la legitimidad derivada de los procesos electorales puede
nacer viciada de nulidad absoluta, como en 1916, como lo comprobaba
Charles Hartman, enviado de los Estados Unidos a Quito cuando
informaba que: "Los soldados hacen la votación en
el Ecuador, y el candidato oficial recibe sus votos. Por observación
personal de las elecciones en 1916, conozco que es cierto, y además
de eso, conozco que ellos son votantes diligentes ya que he visto
personalmente un escuadrón de alrededor de 20 hombres votar
en cuatro juntas receptoras de votos diferentes" (7).
Vicio de legitimidad electoral que incluso se mantiene en los
tiempos actuales, como lo devela la impugnación presentada
por Álvaro Noboa ante el Tribunal Supremo Electoral, en
la que demandaba el recuento voto a voto para comprobar el fraude
que él consideraba se habría cometido en las elecciones
de 1998. Petición negada por el Tribunal Supremo Electoral,
cuya presidencia ejercía entonces Patricio Vivanco, miembro
del Partido Democracia Popular y estrecho colaborador de Jamil
Mahuad cuyo triunfo se impugnaba, posteriormente designado representante
ante la OEA por Jamil Mahuad, ya en condición de Presidente
en funciones.
Si la legitimidad en las democracias representativas puede nacer
viciada, o perderse durante el ejercicio del gobierno, es evidente
que el régimen "democrático" y la "institucionalizad
democrática" también se ven afectados. Ante
ello, el mantenimiento de niveles de gobernabilidad normales,
sólo será posible si se propicia la participación
ciudadana en defensa de la institucionalidad de la democracia
representativa, a pesar de la pérdida de legitimidad, cuanto
más si ello conduce a amplias movilizaciones sociales que
pueden afectar incluso la supervivencia de la formación
económica y social capitalista.
Es en ese marco que se explica la creación y el papel
que juegan en el Ecuador organizaciones como "Participación
Ciudadana", "Ruptura de los 25 años", "Transparencia
Internacional", "Coalición por la Democracia",
todas ellas creadas y financiadas con este propósito y
con fondos provenientes de los Estados Unidos, en forma directa
en el caso de "Participación Ciudadana" y "Transparencia
Internacional", o a través de la Fundación
Esquel, en el caso de las restantes (8).
Las acciones de las organizaciones antes mencionadas, ante la
imposibilidad de justificarse por la defensa del sistema capitalista
y sus relaciones de explotación, requieren de mecanismos
de manipulación de la opinión pública. El
más relevante es el discurso de la ciudadanía que
pretende que su objetivo es la conquista de los derechos civiles
y sociales mínimos por parte de los ciudadanos, cuando
en verdad su objetivo es lograr que en el imaginario de la ciudadanía
se fije el cumplimiento de obligaciones, el compromiso de los
ciudadanos con las leyes vigentes, como contrapartida para la
inclusión de esos derechos en el orden legal. Exige, en
nombre de la defensa de la extensión de esos derechos a
los excluidos, una defensa del orden en el que se quiere garantizar
la inclusión de esos ciudadanos, como lo afirma bien José
Welmovick (9).
La relación derechos-obligaciones devela que los ciudadanos,
para lograr lo que se denomina ciudadanía plena, deben
también defender el orden constituido, lo que en buen romance
dice de la defensa del statu quo, del sistema capitalista, con
lo que, por otra parte, convergen con las tesis del post modernismo,
el negar la posibilidad cierta de alcanzar la utopía marxista:
el socialismo.
A lo mencionado debe agregarse que el "discurso de ciudadanía",
en la etapa actual, pone énfasis en la necesidad de preservar
la separación entre los tres poderes del Estado, como un
elemento fundamental de la institucionalidad democrática.
Esta tesis fue el principal argumento exhibido por las ONG's antes
citadas ante la crisis que soporta actualmente el Ecuador, el
que, como no puede ser de otra manera, obedece a la posición
de los Estados Unidos de modificar la Carta Democrática
de la OEA en la próxima Asamblea General de los 34 países,
que se realizará en junio en la ciudad de Fort Lauderdale
(Florida), reforma que, de acuerdo a las declaraciones de Robert
Zoellick, segundo al mando en el Departamento de Estado, debería
contrarrestar la práctica por la cual: "Hay una
persona que gana las elecciones, luego va minando desde el poder
a la oposición, luego pone restricciones a la prensa, luego
se apropia del poder judicial. Es una nueva forma de autoritarismo
que está germinando y que hay enfrentar".
Las declaraciones de Zoelick, debe desde ya advertirse tiene
un objetivo, disponer de un instrumento internacional para desestabilizar
al gobierno del Presidente Hugo Chávez, como desembozadamente
lo ratifican las declaraciones de José Miguel Vivanco,
del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch),
cuando afirma que: "La reestructuración que ha
hecho Chávez del poder judicial en su país, compromete
directamente la viabilidad de la democracia en Venezuela, porque
rompe con un principio fundamental del estado de derecho que es
la separación de poderes. Valiéndose de una mayoría
simple en el Congreso, amplió el cupo de magistrados ante
la Corte Suprema de Justicia, de 20 a 32, para llenar los nuevos
cargos con representantes del chavismo" (10).
La cerrada defensa de la "democracia liberal", no sólo
se manifiesta en los límites que impone el respeto a las
obligaciones legales por parte de los ciudadanos, sino también
a los esfuerzos que despliegan las ONG's antes mencionadas para
no permitir que las movilizaciones sociales rebasen los límites
de la institucionalidad democrática. El mejor y más
cercano ejemplo de ello, constituye la sui generis "interpretación"
que los representantes de la Izquierda Democrática y de
"Participación Ciudadana", ofrecieron sobre las
demandas planteadas por la marcha de Quito, cuando las limitaron
al cambio de la Corte Suprema de Justicia, cuando era evidente
que los marchantes demandaban la salida de Lucio Gutiérrez.
En tales circunstancias, la participación ciudadana se
convierte en un mecanismo de control social para la gobernabilidad
antes que en un instrumento para construir una sociedad realmente
democrática. En un instrumento para mantener el sistema
capitalista, antes que en un medio para el cambio de las relaciones
de explotación, de eliminación de las aberrantes
desigualdades sociales, de la dominación de género,
de la exclusión social por razones étnicas o de
preferencias sociales, que podría permitir el logro de
los derechos esgrimidos en su accionar. Por ello la aseveración
de que su rol es de carácter sistémico, que su posición
es conservadora, contraria al progreso social, no tienen el menor
atisbo de exageración o propósito ideológico.
Derechos humanos
Los derechos humanos, contenidos en la Declaración Universal,
adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea
General 217 A (iii), del 10 de diciembre de 1948, sin entrar a
juzgar la pertinencia o no de los mismos, esto es sin emitir juicio
de valor alguno sobre aquellos, responden al ideario liberal de
libertad, igualdad y fraternidad, como lo comprueba, por ejemplo,
el contenido de sus considerandos, o, el contenido y alcances
de los distintos derechos, especialmente los sociales, económicos
y culturales. Apoya nuestra aseveración, la aceptación
y la previsión implícita del respeto a los distintos
derechos: personales, sociales, económicos y culturales,
sin acudir a definir el entorno en que ello es posible o no.
Desde la perspectiva ideológica mencionada, se ubica en
la formación a esa fecha predominante, el capitalismo,
al cual defiende en tanto y en cuanto determina, en forma similar
al "discurso de ciudadanía", obligaciones de
respeto al orden constituido. El Artículo 29 en su numeral
2 señala, en forma expresa e inequívoca que: "En
el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática".
Igualmente concurre a nuestro planteamiento la defensa de la
forma de propiedad, la cual, por obvias razones históricas,
corresponde a la propiedad privada. El artículo 17, estipula
que: "1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual
y colectivamente" y que: 2. Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad, en tanto que en el Artículo
27, numeral 2 lo hace con la propiedad intelectual al estipular
que: "Toda persona tiene derecho a la protección
de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias
o artísticas de que sea autora". Posición
individualista que no es propia del socialismo, por ejemplo.
La defensa del orden constituido y, fundamentalmente, de la propiedad
privada que sustenta la existencia del capitalismo en tanto formación
económica y social, es importante para la gobernabilidad
del sistema. Mas los derechos humanos no cumplen únicamente
este rol: han sido y son instrumentos utilizados permanentemente
en el accionar político, no sólo para apoyar a una
mayor gobernabilidad sino inclusive para afectarla.
La "defensa" de los derechos humanos, en su afán
desestabilizador ha atravesado varias etapas. La primera correspondiente
a la guerra fría, en la que la atención se puso
en los derechos estipulados en el Artículo 18: "....libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho que
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,
la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual
y colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia",
como un mecanismo utilizado por los países capitalistas
para la lucha ideológica y política contra los países
socialistas. En esta época se crean instituciones como
Amnistía Internacional, la cual fue conocida por sus embates
contra el socialismo bajo la acusación, precisamente, de
la existencia de los denominados "presos de conciencia".
En este entorno igualmente se propicio, en otros ámbitos
como el literario, la difusión de obras que enfocaban este
punto de vista, a pesar de la dudosa calidad de las mismas, como
es el caso de los trabajos de Sholstenijsen (11).
Para cumplir con esta tarea, vale advertir que se desestimó
todos los derechos sociales, económicos y culturales. La
razón para ello era evidente: la inconveniencia de citarlos,
ya que el socialismo los cumple por su condición intrínseca,
en tanto que los países capitalistas no pueden hacerlo
por las propias leyes de su desarrollo.
Actualmente, para cumplir una función similar a la de
la guerra fría: desestabilizar los gobiernos no afines
a los dictados de los Estados Unidos, potencia que transitoriamente
mantiene la hegemonía en el mundo capitalista, acude al
contenido del Artículo 19, el que estipula que: "Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión". El caso de la manipulación
que se ejerce sobre la República Bolivariana de Venezuela,
evidencia fehacientemente lo afirmado, cuando se difunden supuestas
restricciones a la libertada de expresión, sin considerar
que la "Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión"
se limita a restringir determinados tipos de propaganda (licores,
cigarrillos), o por las penalizaciones a las que fue sujeto Globovisión
por el uso ilegal del espectro radioeléctrico, sobre la
base de lo que establece la Ley de Telecomunicaciones en vigencia
(12).
De lo expuesto y por nuestro alineamiento con el socialismo,
se deduce que no se discute la pertinencia de los derechos humanos,
por el contrario, los consideramos totalmente procedentes y de
aplicación indispensable. Cuestionamos su uso para apuntalar
el capitalismo, formación económica y social en
la cual, precisamente, no pueden cumplirse los postulados de los
derechos humanos. Rechazamos la concentración de la atención
de los "defensores" de los derechos humanos a partir
de 1948, en la defensa, única y estrictamente de los derechos
humanos convenientes para sus intereses, desestimando totalmente
los logros alcanzados en los restantes, por países opositores
a sus designios, cuyo ejemplo vivo es el caso de Cuba, cuando,
a pesar de que, como ningún país en el mundo, cumple
con todos los derechos humanos: personales, sociales, económicos
y culturales, son acusados en la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas por supuestas violaciones, todas ellas
referidas al artículo 18, por los Estados Unidos, país
en el cual, a pesar de su poder económico, no se cumplen
los derechos humanos. ¿Acaso existe alguien que pueda aseverar
que en ese país los ciudadanos gozan de los derechos humanos
estipulados en los artículos: 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27?.
En conclusión, los derechos humanos, por su contenido
responden a un ideario liberal, defienden la subsistencia del
capitalismo y, en tanto tales, apoyan la gobernabilidad del sistema
capitalista y al sistema "democrático electoral",
como expresamente lo denuncia el contenido del artículo
21, numeral 3, cuando menciona que: "La voluntad del pueblo
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto".
El apoyo al sistema, por cierto pasa por posibilitar su uso como
un mecanismo para la lucha ideológica contra el socialismo
o países no sometidos a los dictados de Washington. En
tanto mecanismo de lucha ideológica afecta a la gobernabilidad
de los países objetivo del imperialismo.
Notas
1. Confucio, Mencio. Los cuatro Libros, Editorial
Alfaguara, Buenos Aires, 1995, Libro XII Yan Yuan, VII, numerales
1 y 2, p.81
2. Yanes Quintero, Hernán: " Gobernabilidad
y regímenes políticos. Una aproximación",
reproducido de la Revista Temas en "El mito de la gobernabilidad",
Editorial Trama, Ecuador, Quito, 1996, páginas 11 y 12.
3. PNUD: "Informe sobre el Desarrollo Humano.
Ecuador 1999", p. 85 y recuadro 6.1 en la p. 87
4. Cháves, Ángel Polibio. Reforma
constitucional. Más gobernabilidad?, Fundación Ecuatoriana
de Estudios Sociales, Quito, Ecuador, 1998, página 42
5. Hurtado, Osvaldo. "Una Constitución
para el futuro", publicado en "Informe Desarrollo Humano.
Ecuador 1999", Recuadro 6.4, Quito, Ecuador, 1999, p. 91
6. En las elecciones presidenciales de 1998, Jamil
Mahuad utilizó como recurso propagandístico el "saber
resolver problemas", sobre la base de su pasantía
de un año en Harvard, sin precisar, por cierto, que su
pasantía se realizó en el curso de Gobierno que
dicta este prestigioso centro a funcionarios del sector público
de países subdesarrollados, por lo que no se trataba de
estudios normales.
7. Lois Crawford de Roberts. El Ecuador en la
época cacaotera, Editorial de la Universidad Central del
Ecuador, Quito, p.122
8. Navarro, Guillermo: "La avanzad imperialista
en el Ecuador", ARGENPRESS, 5/03/2005, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=019008.
9. Welmovick, José. El discurso de la ciudadanía
y la independencia de clase, Marxismo Militante, Ediciones Zitra,
Quito, Ecuador, 2002, p.68
10. El Tiempo: "Estados Unidos busca modificar
la Carta Democrática de la OEA para aislar a Hugo Chávez",
Bogotá, Colombia, 26 de febrero del 2005.
11. Véase Stonor Saunders, Frances. La
CIA y la guerra fría cultural, Ediciones Debate, Barcelona,
España, 2001.
12. Véase Navarro, Guillermo: "La
manipulación de los medios de comunicación en el
caso de Globovisión", Quito, 6 de octubre del 2003.
*Guillermo Navarro Jiménez.
Master en Ciencias en Planificación y Gestión
Económica. Catedrático universitario. Entre sus
obras se destacan: Ecuador: corrupción política,
económica y gobernabilidad; Capitalismo popular, privatizaciones
y concentración económica; Plan Colombia: ABC de
una tragedia; Geopolítica imperialista.
Descargar
archivo en formato PDF
|
