1. Inequidad en la globalización hegemónica

De acuerdo a la CEPAL la globalización tiene un carácter multidimensional y se refiere a "la creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local". (1) Caracteriza a la reciente fase de globalización (2) por "la gradual generalización del libre comercio, la creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que funcionan como sistemas de producción integrados, la expansión y la considerable movilidad de los capitales y una notable tendencia a la homogenización de los modelos de desarrollo, pero en la que también se observa la persistencia de restricciones al movimiento de mano de obra" (3)

Por lo general el énfasis al tratar la globalización ha sido el económico a pesar de que se incluyan otras dimensiones como en el caso de la CEPAL. La globalización entendida como un fenómeno singular es cuestionada por Sousa Santos (4) quien sostiene que no existe una sola globalización sino varias globalizaciones. Así, distingue las siguientes formas de producción de globalización:

1. Localismo globalizado.- definido como el proceso por el cual un determinado fenómeno local es globalizado con éxito, por ejemplo la actividad mundial de las multinacionales, la adopción de las mismas leyes de propiedad intelectual, la utilización del inglés como lingua franca etc.

2. Globalismo localizado.- se trata del impacto específico en las condiciones locales producido por las prácticas y los imperativos transnacionales que se desprenden de los localismos globalizados. Por ejemplo, la creación de enclaves de comercio libre o zonas francas, destrucción masiva de recursos naturales para el pago de la deuda externa, etc.

3. Cosmopolitismo.- referido a la organización transnacional de la resistencia de Estados-nación, regiones, clases o grupos sociales victimizados por los intercambios desiguales de los cuales se alimentan las dos anteriores formas de producción de globalización. Por ejemplo, redes mundiales de movimientos feministas, redes y movimientos ecologistas, indígenas, el Foro Social Mundial, movimiento de protestas contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), etc.

4. Patrimonio común de la humanidad.- se refiere a las luchas transnacionales por la protección y la desmercantilización de recursos, entidades, artefactos y ambientes considerados esenciales para la sobrevivencia digna de la humanidad y que solo pueden ser garantizados a escala planetaria. Por ejemplo, las luchas por la preservación de la Amazonía, de la biodiversidad, etc.

Según este autor las dos primeras son globalizaciones desde arriba y hegemónicas mientras las dos últimas son globalizaciones desde abajo y contrahegemónicas. Me parece que la contribución fundamental de este autor en la distinción de varias globalizaciones es visibilizar "que aquello que llamamos globalización es, en verdad, un conjunto de luchas transnacionales." (5) En otras palabras, nos encontramos ante un espacio en permanente disputa y negociación en el que las relaciones de poder determinan que localismos se globalizan o universalizan y cuáles no, qué impactos asimétricos se derivan de tal transformación, qué resistencias se forjan, qué alternativas surgen a una propuesta que siendo hegemónica aparece como la única vía.

Ahora bien, las formas de globalización hegemónicas tienen como característica gravitante la existencia de enormes asimetrías. Así, asimetrías entre países más desarrollados (PMD) y países en desarrollo (PED) y sin duda al interior de los países. La concentración de riqueza en pocas manos es un factor preponderante que ahonda brechas en el desarrollo, la educación, la ciencia, el progreso tecnológico, el acceso a intercambio informático, la propiedad de los medios de comunicación, etc.

El Subcomandante Marcos afirma que el neoliberalismo no hace más que distribuir un doble absurdo de acumulación: la acumulación de riquezas en manos de unos cuantos y la acumulación de pobreza de millones de seres humanos. (6) Para sustentar su punto señala algunos datos (7) muy ilustrativos, así:

l La fortuna de las 358 personas más ricas del mundo es superior al ingreso anual del 45% de habitantes más pobres (aproximadamente dos mil 600 millones de personas).
l El capital transnacional en el PIB mundial se ha incrementado: 17% (sesentas), 24% (1982) y 30% (1995).
l Las 200 empresas transnacionales más importantes corresponden a 10 países (8) de todo el planeta.
lEntre 1983 y 1989 en Estados Unidos el 1% de los más ricos ha obtenido el 61.6% del conjunto de la riqueza nacional, mientras el 80% más pobre se ha repartido el 1.2%.

La CEPAL al referirse a la última fase de la globalización sostiene que "las desigualdades internacionales en las últimas décadas puede atribuirse no solo al aumento moderado (9) de las disparidades internacionales, sino también al notorio incremento de las desigualdades dentro de los países." (10)

La relación de disparidad entre la región menos desarrollada y la más desarrollada es de 5.2%, es decir, los ingresos de la región menos desarrollada corresponden al 5.2% de la región más desarrollada. El PIB de América Latina con relación al PIB de la región más desarrollada presenta una tendencia cada vez más asimétrica pues, si consideramos referentes históricos, constatamos que en 1820 representaba el 54%, entre 1870 y 1973 se mantuvo alrededor del 28% entres 1990 y 1998 fue alrededor de 22%. (11)

Con relación a la desigualdad al interior de los países, según cálculos de Cornia (1999), el 57% de la población incluida en una muestra de 77 naciones vivía en países que presentaron una creciente desigualdad en la distribución del ingreso en el período 1975-1995; 16% vivía en países en los que la desigualdad se redujo; el porcentaje restante corresponde a población de países con niveles estables de desigualdad o con tendencias no identificables. (12)

América Latina ostenta el vergonzoso record de ser la región más inequitativa del mundo. Por ejemplo el 20% más rico en Brasil y Guatemala recibe el 67.5% y 63% del ingreso nacional, respectivamente, mientras el 40% más pobre de América Latina percibe el 5.7% del ingreso de cada país". (13)

Si analizamos la tendencia mundial de la desigualdad del ingreso en el período 1975-1995 América Latina presenta un 83.8% de desigualdad creciente, 11.4% de desigualdad decreciente y 4.8% de tendencia no identificable. (14)

2. Desigualdad y exclusión una discusión conceptual y política

En el punto anterior he enfatizado en las inequidades que tienen un componente económico prevaleciente, sin embargo existen otras formas de inequidad y asimetrías cuyo componente es fundamentalmente cultural como en el caso del heterosexismo y la homofobia y otras formas híbridas (15) en las que el componente económico y cultural es igualmente preponderante, como en el sexismo y el racismo.

Sousa Santos distingue los sistemas de desigualdad y exclusión. Afirma que si la desigualdad es un fenómeno socioeconómico la exclusión es sobretodo un fenómeno cultural y social, un fenómeno de civilización.

"En el sistema de desigualdad, la pertenencia se da por la integración subordinada, mientras que en el sistema de exclusión la pertenencia se da por la exclusión. La desigualdad implica un sistema jerárquico de integración social. Quien se encuentra abajo está adentro y su presencia es indispensable. Por el contrario, la exclusión presupone un sistema igualmente jerárquico pero dominado por el principio de exclusión: se pertenece por la forma como se es excluido. Quien está abajo, está fuera." (16)

Las últimas décadas han visto la emergencia del boom de las diversidades que ha cuestionado fuertemente la noción moderna de igualdad abstracta, universal y desconocedora de las diferencias.

La dicotomía entre los defensores de las políticas de igualdad que han propugnado en todo momento un trato igualitario- léase -idéntico y los defensores de las políticas de la diferencia que han esencializado e idealizado las diferencias, ha marcado el énfasis por un lado en políticas redistributivas que tienen como eje la categoría clase y por otro en políticas de reconocimiento que enfatizan en ciertas categorías como raza, etnia, género, sexualidades, etc.

Es un riesgo a mi modo de ver, tanto la tendencia a una homogenización cultural a nivel global y el desconocimiento y rechazo a la diferencia como también la fragmentación atomizada en nombre de la diferencia cultural que puede caer en la creación de ghettos aislados. En ambos casos las respuestas racistas, xenofóbicas y discriminatorias tienen perfecta cabida.

Nancy Fraser rechaza la elección de carácter disyuntivo. ¿Políticas de clase o políticas de identidad? ¿Políticas sociales o políticas culturales? ¿Redistribución o reconocimiento? Niega que se trate de alternativas mutuamente excluyentes. Al contrario, plantea que no hay reconocimiento sin redistribución y que son tareas cruciales cuestionar la distinción entre cultura y economía; entender cómo las dos esferas actúan conjuntamente para producir injusticias; y descubrir cómo, en tanto prerrequisito para remediar las injusticias, las exigencias de reconocimiento pueden ser integradas con las pretensiones de redistribución en un proyecto omnicomprensivo. (17)

Si bien, Sousa Santos coincide con el criterio de que no es posible el reconocimiento sin distribución y viceversa, no plantea una teoría general de la transformación sino un proceso de traducción que facilita inteligibilidad entre las luchas basadas en el principio de la igualdad y las luchas basadas en el principio de la diferencia. En este sentido, afirma que la globalización contrahegemónica requiere manejar un equilibrio tenso y dinámico entre la diferencia y la igualdad, entre la identidad y la solidaridad, entre la autonomía y la cooperación, entre el reconocimiento y la redistribución. Asumir que tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza o mengua nuestra posición y que tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza o uniformiza. (18)

En suma el debate sobre igualdad/diversidad es central en nuestros días. De hecho, las desigualdades y exclusiones producen diversas redes de inequidad e injusticia en las que las categorías clase, género, edad, raza, etnia, sexualidad, nacionalidad, religión se entrelazan. El predominio de una o más de estas categorías varía de acuerdo al contexto. La realidad de inequidad es compleja, en consecuencia, las políticas en respuesta no deben dejar de lado dicha complejidad.

Por ejemplo, los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos o Europa sufren tanto desigualdad social como falta de reconocimiento. En efecto, por lo general sus salarios son inferiores al monto establecido por la ley en razón de su situación "irregular", no cuentan con protección social, pero sin embargo se encuentran integrados al sistema y son indispensables aunque en la escala inferior de la jerarquía social. Pero también sufren formas de exclusión como racismo, xenofobia, desvalorización de su cultura, idioma, costumbres. Las mujeres migrantes se encuentran más expuestas a violencia y explotación sexual.

Es urgente entonces combinar políticas de redistribución con políticas de reconocimiento para contrastar las inequidades que caracterizan a la globalización hegemónica.

3. Inequidades en el caso ecuatoriano y su incidencia en el ámbito político y económico

La desigualdad social es un signo distintivo del Ecuador que se manifiesta en la concentración en la distribución de los ingresos acentuada entre 1990 y 2000.

"El crecimiento de la pobreza va de la mano con el incremento de la inequidad en la distribución del ingreso por lo que la polarización del ingreso ha aumentado en forma notable. En la actualidad, la relación entre el 1% más rico de la población y el 1% más pobre es de 1 a 180. La distribución del ingreso mantiene su tendencia regresiva, el 20% de la población de mayores ingresos percibe el 54% del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población más pobre recibe apenas el 4.1% de este ingreso." (19)

El crecimiento de la pobreza en el Ecuador dice relación directa con la falta de voluntad política de eliminarla pues de acuerdo al PNUD (20) "…la capacidad productiva actual del país permitiría la satisfacción de las necesidades de toda la población y que, de existir una más adecuada distribución del ingreso, la pobreza no tendría una manifestación masiva, e incluso podría desaparecer." (el resaltado es mío)

La precarización del empleo es un elemento central que debe ser tomado en cuenta al tratar las inequidades en el Ecuador. De hecho, en 1998 el desempleo abierto era del 8%, en 1999 el 17%, en el 2001 del 10.6%. Esta reducción se explica principalmente por la masiva emigración internacional entre 1998-2000 y por la transformación del desempleo en subempleo. En el año 2000 tan solo el 25.1% representaba a ocupados plenos, mientras los subempleados constituían el 65.9% y los desempleados el 9%. (21)

Cabe resaltar que una visión integral de las inequidades en el Ecuador exige relacionar la desigualdad social con diversas formas de exclusión como el sexismo, racismo, adultocentrismo, etc.

Sin la menor duda, ser mujer, niño/a, joven, indígena, negro/a, vivir en la zona rural y pertenecer a la tercera edad, entre otras condiciones, se convierte en un factor de mayor vulnerabilidad frente a la pobreza y la consiguiente violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Miremos algunos datos que sustentan esta afirmación. En el período 1990-1998 los ingresos de las mujeres representaron un 82.5% de lo recibido por los hombres por trabajos equivalentes. Esta brecha salarial de 17.5% demuestra la falta de equidad de género en el mercado laboral. (22)

Si analizamos la tasa de analfabetismo a nivel nacional (13.8%), constatamos la inequidad campo/ciudad. En efecto, en el campo ésta corresponde al 25.3% mientras en la ciudad al 6.9%. La provincia de Chimborazo, provincia con numerosa población indígena, tiene la tasa de analfabetismo más alta del país. El 33.4% corresponde a mujeres y el 19.5% a hombres. La realidad en el campo de esta provincia es todavía más alarmante. El 45.8% de mujeres y el 27.2% de hombres son analfabetas/os. (23)

El 63% de los menores de 15 años son pobres. (24) Increíblemente hay todavía hoy jubilados en el país que perciben pensiones mensuales de 12 USD cuando el sueldo básico unificado es de 136 USD.

El desconocimiento y la desvalorización de las diferencias tienen diversas manifestaciones. El racismo contra indígenas y negros así como el repudio a sexualidades no heterosexuales son hechos cotidianos. Los chistes, la publicidad, los insultos más frecuentes, la violencia contra la mujer, dan cuenta de actitudes racistas, sexistas, homofóbicas.

Entonces no se trata solo de que el Ecuador es inequitativo en la medida que la distribución del ingreso se concentra en pocas manos en desmedro de la gran mayoría de la población, incidiendo en la violación generalizada de sus derechos a la salud, educación, vivienda, trabajo, etc., sino que además la desvalorización y falta de reconocimiento de las diversidades por género, edad, etnia, raza, agudiza la desigualdad social y configura formas de exclusión. Tal como hemos mostrado la desigualdad social se entremezcla con la exclusión complejizando la comprensión de la inequidad.

Es necesario relacionar las inequidades en el Ecuador y su incidencia política y económica.

Algunos autores (25) han insistido en la importancia de incluir en la definición de democracia a ciertos derechos económicos, sociales y culturales (en adelante DESC) en la medida que estos pueden garantizar el ejercicio de la ciudadanía.

Carlos Vilas (26) afirma que la ciudadanía supone seis componentes interrelacionados entre sí, a saber, autonomía individual, referida tanto a libertad física como al acceso a ciertos recursos básicos (educación, trabajo bien remunerado, acceso a información) que permitan un mínimo de autodeterminación; equidad que se concreta en la igualdad ante la ley que no es seriamente amenazada por la primacía de una enorme desigualdad efectiva; eficacia entendida como la posibilidad de alcanzar metas y realizar proyectos personales y colectivos; rendición de cuentas como posibilidad de exigir a los representantes electos cuentas sobre su gestión; empatía con la nación, el estado y sentido de pertenencia a una comunidad política. Todos estos componentes se ven seriamente amenazados por la inequidad social que destruye la posibilidad de autonomía, de igualdad ante la ley, propicia alternativas clientelares en la búsqueda de eficacia y anula cualquier sentido de pertenencia y empatía en un retorno a los lazos más cercanos y cotidianos y a un individualismo cuyo único objetivo es la sobrevivencia diaria.

La equidad social y el reconocimiento de la diversidad son condiciones indispensables para el ejercicio de la ciudadanía. A falta de tales condiciones la participación política y social se devela como un espacio más de subordinación o exclusión. En este sentido no debe sorprendernos que la falta de credibilidad en la democracia en los países de América Latina vaya en aumento. Sin duda la inequidad cuestiona a la noción hegemónica de democracia (poliarquía), lo cual debería llevarnos a avanzar en una noción de democracia incluyente (política, económica, cultural), sin descuidar el riesgo de que tentaciones autoritarias y populistas se vean favorecidas por la crítica a las democracias restringidas.

Si analizamos los impactos de la inequidad en la economía tenemos que la decreciente inversión en alimentación, salud y educación tiene graves consecuencias en el capital humano de nuestro país. La falta de calificación de nuestra mano de obra coloca en vulnerabilidad a la mayor parte de la población que ya sea dentro del país o en países receptores (en el caso de lo migrantes) recibirá cada vez ingresos menores dada la creciente brecha entre trabajadores calificados y no calificados. La precariedad e inestabilidad de sus ingresos los excluye del mercado de capital, de consumo, afectando también a las empresas que sufren la disminución de la demanda de sus productos. La desinversión en educación y generación de empleo -antes factores de integración social- constituye una apuesta suicida con consecuencias sociales, políticas y económicas nefastas.

Así mismo, la falta de inversión en investigación y desarrollo tecnológico hipoteca no solo el presente sino el futuro del país al renunciar a condiciones básicas de competitividad.

Evidentemente, la inequidad acarrea falta de cohesión social, inestabilidad social, protestas permanentes que no constituyen el ambiente más apropiado para la producción y la inversión.

Adicionalmente, el acceso a créditos está negado precisamente a las personas que estando desempleadas o subempleadas requieren apoyo para generar alternativas productivas en pequeñas empresas.

La CEPAL señala además las dificultades para instrumentar una política fiscal predecible ante situaciones de notable falta de equidad que pueden dar origen a presiones redistributivas y tentaciones populistas (27) muy frecuentes en nuestros países. Ciertamente, la falta de políticas de Estado para contrarrestar la desigualdad social y la exclusión, genera un círculo vicioso en el cual, de acuerdo a la capacidad de presión de diversos grupos sociales, los gobiernos de turno atienden sus demandas a través de respuestas coyunturales, "soluciones parche". Se acrecienta así el déficit fiscal dejando intactas las raíces de la inequidad al omitir una visión integral de esta problemática.

4. Políticas de redistribución y reconocimiento: un enfoque de derechos humanos

Espero haber demostrado en los puntos anteriores que la desigualdad social y la exclusión son elementos integrantes de la inequidad y que por lo general se entrecruzan generando relaciones de interdependencia que hacen del sistema de inequidad un sistema complejo.

Siguiendo el planteamiento de Fraser y Sousa Santos resulta ineludible pensar las políticas públicas como una conjunción de políticas redistributivas y de reconocimiento.

Ahora bien esta tesis debe contextualizarse en las relaciones Norte/Sur y el rol de los estados de los países en desarrollo en la globalización hegemónica.

En efecto, los estados de los PED se han convertido en ejecutores de políticas nacionales supeditadas, en gran medida, a las exigencias de la banca multilateral y la pesada carga de la deuda externa. Destaca su alarmante falta de poder e incidencia en espacios internacionales en los que se definen políticas económicas, financieras y comerciales que afectan a nivel nacional. En suma, estados convertidos en "administradores" de los intereses transnacionales hegemónicos retirados en cambio del ámbito de políticas sociales redistributivas.

Es clara la preeminencia de instancias internacionales que regulan la economía y el comercio internacional por sobre las instancias de protección de derechos humanos. Las primeras soslayan las asimetrías entre países y defienden los intereses de las economías de los PMD y las empresas transnacionales en desmedro de los PED y la mayor parte de la población mundial. A pesar de que se propugna "un campo de juego nivelado" para referirse al mercado global, es irrefutable que las asimetrías de poder económico, militar, político, tecnológico, hacen de tal afirmación una mera ficción. No obstante, y esto es precisamente lo absurdo, la normativa internacional que se impone se basa en tal ficción. Tiene un carácter homogenizador que hace caso omiso de las enormes desigualdades entre países y que es funcional al statu quo. Sin duda cuando "no existe una auténtica igualdad de oportunidades a nivel internacional, las normas globales solo generan mayores disparidades" (28)

De otra parte las instancias internacionales de protección de derechos humanos han sido poco efectivas para frenar las violaciones de derechos humanos en general. Han mostrado cierto poder frente a Estados de PED (sobretodo cuando los estados hegemónicos han tenido interés en ello) en contraste con los estados hegemónicos frente a los cuales su poder ha sido nulo. En efecto, diversas recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Relator de la deuda externa que propugnan la priorización de los DESC sobre el pago de la deuda externa han quedado precisamente en meras recomendaciones que no tienen efecto alguno ni en las políticas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ni los estados dominantes.

Precisamente, este desfase entre instancias internacionales de protección de los derechos humanos y organismos internacionales que definen políticas económicas, financieras y comerciales de incidencia gravitante en los PED, es una contradicción que debe ser superada. Las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos humanos deben ser un referente ineludible en la definición de políticas públicas, particularmente económicas y de seguridad en el ámbito nacional como internacional.

Este enfoque debe ir necesariamente acompañado del fortalecimiento de movimientos sociales con alianzas estratégicas Sur/Sur y Norte/Sur y el impulso de procesos de integración regional que permitan el fortalecimiento de globalizaciones contrahegemónicas que transformen las enormes asimetrías existentes a nivel internacional.

En el ámbito nacional, se debe retomar el debate sobre el rol del estado y su responsabilidad en materia de derechos humanos, con particular énfasis en los DESC y los derechos colectivos. El más alto deber del Estado ecuatoriano, de acuerdo al Art. 16 de la Constitución Política del Ecuador, es "respetar y hacer respetar los derechos humanos". El Ecuador se define como un Estado social de derecho lo que implica que asume como su responsabilidad el garantizar prestaciones sociales y el logro de una igualdad efectiva. La normatividad existe, debemos dar contenidos concretos a tal normatividad.

Resulta ineludible debatir las prioridades nacionales y reflejarlas en la distribución del Presupuesto General del Estado. La deuda externa es un problema fundamentalmente de política internacional y que debe ser discutido en ese ámbito, resulta insostenible mantener como primera prioridad el servicio de la deuda en un país con los indicadores de inequidad mostrados. La inversión en salud, seguridad alimentaria, educación, investigación y desarrollo tecnológico, apoyo a la agricultura y la mediana y pequeña empresa deben tener el primer lugar en una agenda nacional que le apueste a la viabilidad del Ecuador. La política tributaria como mecanismo de redistribución de la riqueza debería enfatizar en el principio de solidaridad y proporcionalidad.

Cualquier política pública que deje de lado las diversidades de género, edad, etnia, raza, sexualidad, etc. estará destinada al fracaso por no responder a contextos localizados. No solo que el enfoque de diversidades debe ser incluido en las políticas redistributivas sino que se deberá manejar la tensión entre revalorización de diferencias que no causan desigualdad y lucha contra diferencias que impliquen tratamiento discriminatorio (políticas de reconocimiento).

La lucha por el reconocimiento de la diferencia es una gran oportunidad para dotar de nuevos contenidos a la igualdad. El desafío de erradicar ideas homogenizadoras, asimilacionistas y/o paternalistas y la construcción de sociedades interculturales es fundamental para nuestro país.

Sousa Santo sostiene que los derechos humanos han sido universalizados como localismo globalizado occidental, sin embargo ve también en ellos su potencial emancipatorio a partir de ciertas prácticas contrahegemónicas que considera deben ser consolidadas. (29)

Resulta sumamente atractiva su propuesta de transformar los derechos humanos en un proyecto cosmopolita a través de su reconstrucción intercultural, teniendo como premisa la centralidad del vínculo entre el contexto local, la organización de base, de una parte, y la inteligibilidad translocal y la vibración transnacional, de la otra, así como la reconstrucción normativa dominante que de paso a derechos humanos nuevos, paradigmáticos adecuados a la travesía emancipadora y un nuevo status jurídico que reconozca tanto a nivel interno como internacional una sociedad civil global concebida como la red transnacional de prácticas sociales cosmopolitas. (30)

Las respuestas desde globalizaciones contrahegemónicas como el cosmopolitismo de los derechos humanos, la lucha transnacional contra diversas formas de inequidad es fundamental considerando el contexto actual. La conexión entre movimientos de base local, nacional en luchas transnacionales y el reconocimiento de esto nuevos actores en el orden jurídico internacional es una tarea urgente.

Esta relación local/nacional/transnacional es clave pues la vigencia de los derechos humanos debe dirigirse no solo a los estados sino a los organismo internacionales y sin duda a la empresas transnacionales que dado su enorme y creciente poder cada vez tienen mayor protagonismo en las violaciones de derechos humanos.

Bibliografía

- CEPAL, Globalización y Desarrollo, Capítulo 1, 3 y 4, Santiago de Chile, 2002, pp. 17-27; 77-132.
- CLADEM et al, Informe Sombra a la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer Ecuador 2003, Quito, 2003
- Fraser Nancy, Iustitia Interrupta Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista", Capítulo 1 y 7, Bogotá, Siglo de Hombres Editores, 1997, pp. 3-54; 229-250.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2002, Capítulos 1,2 y 5, Ediciones Mundi Prensa, 2002, pp. 13-60 y 101-122.
- Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 1999, Editorial Voluntad, Quito, 1999.
- Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 2001, RIMANA, Quito, 2001.
- Sousa Santos Boaventura, La caída del Angelus Novus Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política, Capítulos 4 y 5, ILSA y Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Anthropos, Bogotá, 2003, pp. 81-165.
- Sousa Santos Boaventura, La Globalización del Derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/ILSA, 1998.
- Subcomandante Marcos, "7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. El neoliberalismo como rompecabezas: la inútil unidad mundial que fragmenta y destruye naciones", 1997.
- Vilas Carlos, "Inequality and the Dismantling of Citizenship in Latin America" en NACLA Report on the Americas, Vol XXXXI, No. 1, July/Aug 1997.

Notas

1. CEPAL, Globalización y Desarrollo, Capítulo 1, Santiago de Chile, 2002, p. 17.
2. La CEPAL estudia tres fases históricas de globalización: la primera de 1870-1913, la segunda de 1945-1973 y la más reciente que corresponde al último cuarto del siglo XX y que sigue vigente en la actualidad.
3. Ibíd., CEPAL, p. 19.
4. Boaventura de Sousa Santos, La caída del Angelus Novus Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política, Capítulo 6 "Los procesos de globalización", ILSA y Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Anthropos, Bogotá, 2003, pp. 208-213.
5. Sousa Santos, Ibíd., p. 213.
6. Subcomandante Marcos, "7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. El neoliberalismo como rompecabezas: la inútil unidad mundial que fragmenta y destruye naciones", 1997, www.ub.es/solidaritat/observatori/chiapas/analisi/sietepiezas.htm , p. 5.
7. Ibíd., pp.5-7.
8. Japón, EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Italia, Países Bajos.
9. La desigualdad moderada se explica por el enorme crecimiento de China e India en las últimas décadas.
10. CEPAL, Globalización y Desarrollo, Capítulo 3 "Desigualdades y asimetrías en el orden global", Santiago de Chile, 2002, p. 83.
11. Ibid, p. 79.
12. Ibid, p. 83.
13. Vilas Carlos, "Inequality and the Dismantling of Citizenship in Latin America" en NACLA Report on the Americas, Vol XXXXI, No. 1, July/Aug 1997, pp- 57-59.
14. CEPAL, Ibíd., p. 84.
15. Sousa Santos, Ibíd., 126.
16. Sousa Santos, Ibíd., p. 125.
17. Nancy Fraser, Iustitia Interrupta Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista", Bogotá, Siglo de Hombres Editores, 1997, p. 6.
18. Sousa Santos, Ibíd., p. 90-91 y 154.
19. Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 2001, RIMANA, Quito, 2001, pp. 13-14.
20. Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 1999, Editorial Voluntad, Quito, 1999.
21. Ibíd., p. XXV y pp. 14-15.
22. CLADEM et al, Informe Sombra a la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer Ecuador 2003, Quito, 2003, p. 39.
23. Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 1999, Editorial Voluntad, Quito, 1999, pp. 153-154.
24. Ibíd., p.42
25. Laurence Whitehead, Carlos Vilas, Pablo Andrade, entre otros.
26. Vilas, Ibid, pp. 58-63.
27. CEPAL, Globalización y Desarrollo, Capítulo 3 "Desigualdades y asimetrías en el orden global", Santiago de Chile, 2002, p. 87.
28. Ibid, p. 25.
29. Boaventura de Sousa Santos, La Globalización del Derecho Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/ILSA, 1998, p. 197.
30. Ibíd., pp. 217-218.

*Judith Salgado. Coordinadora Nacional del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctora en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Derechos Humanos y Seguridad Democrática, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito y candidata a Magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

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