El conflicto en Colombia

Tras el fracaso del último proceso de paz en Colombia, y como alternativa para terminar con el conflicto armado, se abrió paso la opción por la guerra que podría decirse, nació de la mano de una intervención norteamericana más abierta y directa en el problema colombiano: El Plan Colombia.

La implementación de dicho Plan, presentado al mundo como de lucha contra las drogas, marcó una nueva etapa en el desarrollo de la confrontación armada en Colombia.

Los elementos del Plan Colombia actúan de conjunto, afectando a la población civil de diversas maneras: La seguridad alimentaria está en entredicho debido a la generalizada afectación de los suelos, los cultivos lícitos y las fuentes de agua por efectos de los químicos utilizados en las aspersiones a los cultivos ilícitos; la biodiversidad y la vida silvestre se encuentran igualmente amenazadas por los efectos biológicos de estos químicos; la salud de comunidades enteras campesinas, indígenas, afrodescendientes, sin distingo de edad, ha sido fatalmente afectada por esta misma causa; así mismo, se asiste a una militarización creciente de la vida civil, tanto por la presencia de mayor número de efectivos militares y mayor disponibilidad de armamento, cuanto por el involucramiento de la población civil en acciones de seguridad como informantes o soldados campesinos, entre otras modalidades, que comprometen la seguridad individual, familiar y comunitaria bajo la condición de objetivo militar de cualquiera de los actores armados; las redadas judiciales se han hecho frecuentes, bajo la forma de las detenciones, judicializaciones y encarcelamientos masivos en las diferentes regiones colombianas, creando un clima de inseguridad jurídica; las reformas legales permiten los allanamientos y detenciones sin orden judicial, controles a la movilización y aprovisionamiento de alimentos de las personas, principalmente en el sector rural, intercepción de todo tipo de comunicaciones, asignación de roles policiales y judiciales a las Fuerzas Armadas y muchas otras supresiones de las garantías constitucionales que impiden el goce y garantía de los derechos humanos a un amplio sector de la población.

En el marco del Plan Colombia, los desplazamientos forzados al interior de Colombia se han generalizado a todas las regiones, deviniendo en una redistribución de la población rural y urbana; un repoblamiento de las regiones; una contrarreforma agraria vía conflicto armado, que ha posibilitado la reconcentración de la propiedad de la tierra en pocas manos (1), poniendo en riesgo la seguridad alimentaria; ha conducido además al rompimiento del tejido social desde el ámbito familiar en adelante. Los desplazados internos en Colombia superan los tres millones de personas (2), de los cuales muchos han sufrido esta situación en más de una oportunidad (3), deambulando de un lugar a otro del territorio nacional; el desplazamiento interno se ha constituido en una crisis humanitaria que desborda la voluntad política, el marco legal y de asistencia del Estado y que no encuentra alivio a través de los esfuerzos humanitaristas de la comunidad internacional y de las organizaciones no gubernamentales.

Este desborde de la crisis humanitaria por efecto del Plan Colombia ha dado lugar también al éxodo de colombianos hacia el exterior viéndose mayormente afectados los países vecinos de Colombia, receptores de la mayor cantidad de esta población. Se han activado de esta manera los mecanismos de protección y convenciones internacionales que constituyen el sistema de refugio.

El contexto regional

La puesta en marcha del Plan Colombia, marca sin duda también un nuevo hito en los países de la región; a partir de su aplicación, principalmente los países vecinos, comienzan a experimentar un involucramiento cada vez mayor en los problemas colombianos en el marco de la denominada Iniciativa Regional Andina, que constituye la ampliación del Plan a nivel regional.

Esta dinámica de involucramiento progresivo obedece a la promoción de una dimensión regional del conflicto colombiano, que lo califica de amenaza regional, impulsada por los gobiernos de Bogotá y Washington. Este desborde sin embargo, se presenta justamente a raíz de la aplicación del Plan Colombia y se expresa principalmente en la migración forzada de personas hacia fuera de Colombia y la presión al narcotráfico hacia localidades fronterizas de los países vecinos de Colombia, como en el caso de Ecuador. Los grupos armados ilegales nunca han representado una amenaza importante para los países de la región, pese que en algunos casos se ha comprobado su presencia y comisión de ilícitos; su presencia histórica en las fronteras nunca ha sido considerada como violación de la soberanía o amenaza a la seguridad nacional, hasta ahora. Basándose en esta denominada "Amenaza regional", las fronteras de Ecuador con Colombia se han militarizado en los últimos años con recursos norteamericanos en el marco del Plan Colombia.

La razón de ser del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, es la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, muchos análisis señalan que no es simple coincidencia la presencia de planes militares en la región como el Plan Colombia, el establecimiento de bases militares norteamericanas en toda América Latina, planes de desarrollo regional como el Plan Puebla-Panamá y la negociación de tratados de libre comercio, que actúan sobre territorios que poseen grandes reservas de recursos energéticos, hídricos y de biodiversidad, en donde coexisten diversos movimientos sociales y de resistencia ante la globalización y el imperialismo, y en donde, al mismo tiempo es posible controlar las actividades de extracción y las rutas de transporte de todos estos recursos hacia Norteamérica (4).

Esta es la globalización: un escenario en donde las instancias y foros internacionales que garantizan y regulan los derechos y la autonomía de los Estados, de los pueblos y de las personas ceden el paso al uso unilateral de la fuerza a través de mecanismos de imposición militar y económica alrededor de todo el mundo. Este es el escenario del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina: planes militares al servicio del control de los territorios y recursos de América Latina. Este es el escenario del refugio: una guerra interna que trasciende las fronteras colombianas al servicio de intereses promovidos mucho más al norte de Colombia.

Y es en este punto en donde hay que detenerse. Los refugiados colombianos en la región constituyen apenas una expresión, un efecto de la aplicación de un gran Plan. Un efecto previsto y que en teoría debería haber sido atendido con los mismos recursos del Plan Colombia destinados con anticipación para tal fin, en países fronterizos como Ecuador. Sin embargo, hoy por hoy, lejos de fomentar el desarrollo de las comunidades receptoras y brindar una atención adecuada a los refugiados colombianos en Ecuador, que vaya más allá del reconocimiento del status, se ha priorizado la llamada "seguridad nacional", la "soberanía" y la política migratoria, contribuyendo a transformar el fenómeno del refugio en crisis social y humanitaria.

Acogida del Estado ecuatoriano a los refugiados

La situación de los refugiados colombianos en Ecuador está marcada negativamente por una percepción generalizada del colombiano como amenaza. Esta percepción surge de un discurso perverso manejado desde el gobierno central que le permite actuar con ambigüedad frente a las expresiones de la propia crisis económica política y social, y frente al tratamiento de los refugiados. Dicho discurso califica a los colombianos como responsables del aumento de la delincuencia en Ecuador y como usurpadores del empleo a los ecuatorianos (5).

Por otra parte, aunque Ecuador en el tema de refugio, al igual que Colombia en desplazamiento, constituye ejemplo de excepción en el desarrollo legal en la región, ejemplo que ACNUR con razón aplaude y con frecuencia magnifica, la realidad de los refugiados, al igual que la de los desplazados es testimonio de profundas fallas y carencias que van desde el proceso de reconocimiento y los procedimientos hasta la atención propiamente dicha de la población en esta condición.

En la práctica, el Estado ecuatoriano se limita a permitir la entrada de los solicitantes, a la concesión del status y a la documentación de las personas reconocidas o cuya solicitud se encuentra en trámite.

Sin embargo estos tres progresos exhiben a la vez un lado negativo.

En el primer aspecto, la entrada, los controles migratorios se han incrementado, motivados por "la amenaza regional" que representa Colombia, principal alimento del discurso perverso. Estos se basan en patrullajes permanentes en la frontera, la exigencia del pasado judicial para el ingreso de colombianos, los operativos para detener y deportar a indocumentados (6). Los controles migratorios constituyen en la práctica, restricciones para el ingreso de los solicitantes de refugio y riesgos para su seguridad.

En el segundo aspecto, la concesión del status, las estadísticas de la Cancillería ecuatoriana sobre los casos de refugiados, dan cuenta de una tendencia sostenida hacia un menor porcentaje de personas reconocidas con el status, en tanto, el número de solicitudes va en aumento. Una tendencia difícil de explicar si se tiene en cuenta que el conflicto colombiano se radicaliza cada vez más en el marco del Plan Colombia y su renovada versión en el sur de ese país: El Plan Patriota. Sin embargo es una tendencia compartida con el ACNUR y relacionada con los criterios de elegibilidad adoptados por ambas partes y que exhiben un 94% de coincidencias a la hora de calificar los casos (7). El hecho es que más del 70% de las solicitudes no han sido aceptadas y no se conoce a ciencia cierta qué ha pasado con aproximadamente 18.584 personas.

Elaborado por INREDH con base en estadísticas de la Oficina de Refugiados de Cancillería

Vale mencionar también que las fumigaciones no son consideradas como motivo de refugio ni por ACNUR, ni por el Estado ecuatoriano, pese a que las mismas se presentan dentro del marco del conflicto armado y constituyen en la práctica una grave amenaza a la seguridad y a la vida de las personas. Las solicitudes de refugio motivadas en esta causa son automáticamente negadas.

Comportamiento de los casos de solicitudes de refugio en Ecuador

Elaborado por INREDH con base en estadísticas de la Oficina de Refugiados de Cancillería

En el tercer aspecto, en el caso de la documentación para los refugiados, es loable la labor emprendida por el Estado ecuatoriano y por ACNUR, sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el Estado no brinda ningún tipo de asistencia a los refugiados y espera que su condición de legalidad les permita procurarse la subsistencia por sus propios medios, lo cual no es posible en el caso de los solicitantes que exhiben en su documento de identificación un párrafo que contiene la prohibición expresa de emplearse o desempeñar cualquier actividad productiva en el país, en tanto que con exagerada dificultad, pueden acceder a la asistencia humanitaria de ACNUR, insuficiente, desagregada y puntual. Esta situación de negación del derecho al trabajo, pone a los solicitantes en mayores riesgos frente a situaciones de abuso y explotación laboral que se hacen cada vez más recurrentes.

Además de lo anterior, no existen enfoques diferenciales en el proceso de reconocimiento y tratamiento a los refugiados por parte del Estado, relacionados con el género, edad u otras condiciones de vulnerabilidad, recomendados ampliamente por ACNUR y recogidos a su vez en sucesivas recomendaciones de la OEA sobre el tema a los Estados de la región. Las mujeres acceden al status solo si demuestran, igual que los hombres, que cumplen los requisitos para ello. En la práctica, aunque el tratamiento diferenciado por género facilitaría la elaboración de políticas humanitarias que tengan en cuenta la situación particular de las mujeres y de políticas públicas en general que las reconozcan, las incluyan y las beneficien, el Estado no lo hace ni siquiera con las ecuatorianas y este es un argumento que se toma como suficiente para evadir un tratamiento de género en el refugio.

En este tema, a pesar de la existencia de numerosas directrices contenidas en los mecanismos internacionales, que buscan ubicar la perspectiva de género en la calificación del refugio, tanto en lo sustantivo como en el procedimiento, como es el caso de el Consejo Europeo sobre refugiados y exilados (ECRE), las evidencias indican que no se toman en cuenta en ninguno de los momentos. Ejemplo de ello es el hecho que las mujeres acompañadas por sus maridos no son tenidas en cuenta de manera independiente a la hora de hacer su solicitud y entrevista, concediendo este derecho únicamente al jefe de hogar, es decir, al hombre, pese a que las directrices indican que "cuando una mujer aplique para el asilo como dependiente, debe ser informada "en privado" de su derecho a hacer una solicitud independiente en cualquier fase y a ser entrevista sin la presencia de miembros de su familia" (8). Tampoco las mujeres refugiadas son tenidas en cuenta de manera particular en la emisión de los boletines estadísticos de la Cancillería, desconociendo en este sentido las recomendaciones de la CEDAW.

En cuanto a otras instituciones del Estado como la Policía, las irregularidades en el tratamiento a población en situación de refugio son constantes y se relacionan principalmente con abusos y excesos, desconocimiento de la condición y documentos de los refugiados, detenciones, incautación de mercancías y deportaciones y, cuando se trata de mujeres refugiadas, se suman otros tratos relativos a la condición femenina, de manera particular en el caso de las trabajadoras sexuales.

Mujeres colombianas refugiadas en Ecuador

Muchas de las situaciones que viven las mujeres refugiadas en Ecuador, guardan estrecha relación con la violencia de género que ellas también afrontan en el marco del conflicto armado colombiano y del desplazamiento forzado.

Según estimaciones recientes de CODHES (9) sobre el desplazamiento forzado en Colombia, el 49.5% (1'485.000) de la población en situación de desplazamiento está constituida por mujeres; y el 37.5% (556.875) de ellas son jefas de hogar. Es necesario tomar en cuenta que además de las situaciones generales causadas por el conflicto armado y la opción de guerra desarrollada por el Estado, las mujeres desplazadas enfrentan situaciones particulares de violencia y violación de derechos humanos relativas a su género que afectan profundamente su calidad de vida y su dignidad, pese a lo cual, se asiste al desmonte de los enfoques diferenciales en la atención estatal del desplazamiento y tampoco se encuentra un enfoque de género en las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que atienden el problema.

Los desplazados en Colombia soportan una situación de rechazo generalizado que se torna aún más agudo para aquellos provenientes de zonas de cultivos ilícitos, quienes están legalmente excluidos de la atención estatal, siendo por estas razones ocasionalmente forzados al retorno en condiciones inseguras. Los asentamientos de desplazados en las afueras de las grandes ciudades, en condiciones de extrema pobreza y hacinamiento facilitan a menudo espacios de violencia que afectan principalmente a mujeres y niños quienes con mayor frecuencia son víctimas de desnutrición, violencia doméstica, abuso sexual y explotación laboral entre otras. Las mujeres desplazadas tras el rompimiento frecuente de las unidades familiares por efectos de la violencia en sus regiones de origen, en muchos casos, deben afrontar en las ciudades una sobrecarga de actividades productivas para el sostenimiento de la familia, enfrentándose además al dilema que propone la necesidad del trabajo y el cuidado de los hijos.

Además de las situaciones anotadas, en los últimos años, los actores armados del conflicto recurren cada vez con mayor frecuencia al reclutamiento forzoso o bajo engaño de menores de edad, principalmente mujeres o al acoso sexual a éstas para convertirlas en sus mujeres, como mecanismo a través del cual afianzar su dominio sobre la población civil.

La situación de las mujeres colombianas refugiadas en Ecuador, no es dura solo por el arrastre de los sufrimientos pasados, sino además por el increíble parecido que tiene con su situación anterior en Colombia.

Las refugiadas en Ecuador viven el rechazo de un modo más drástico que las desplazadas en Colombia; un rechazo doble por el hecho de ser refugiadas y colombianas. Un rechazo fundado en el discurso perverso de los gobernantes de este país. Un rechazo que puede hacerse múltiple, si a la condición femenina se suman características de pobreza, de falta de educación, de procedencia campesina o indígena, de madre sola y de desempleada.

Las mujeres refugiadas en Ecuador, principalmente aquellas que suman una o varias de las características señaladas y en directa relación con su género, continúan siendo víctimas de la violencia intrafamiliar, de abuso y explotación sexual, de cargas productivas excesivas, de condiciones laborales de explotación y abuso, entre las más frecuentes, la servidumbre, la ausencia de contrato y el no pago; continúan teniendo que decidir a la fuerza entre el cuidado de sus hijos y la necesidad de un empleo; ellas y sus hijos continúan en este país el tránsito por la marginalidad y la exclusión de los servicios de salud, de la educación, de la vivienda (10) y, en general, de una vida digna.

El trabajo doméstico y la economía informal, especialmente las ventas ambulantes, constituye el espacio de actividad productiva más frecuentemente ocupado por las mujeres refugiadas, en razón del desempleo creciente en Ecuador, de la discriminación para ocupar otras plazas de empleo, de su relativa ilegalidad, en el caso de las solicitantes o ilegales, de la posibilidad que brinda a algunas de permanecer con sus hijos pequeños, de su escaso nivel educativo o porque encontrándose en la ciudad, les resulta más fácil este trabajo si han sido amas de casa o campesinas. Pero también es este el espacio en donde se expresa realmente una competencia por el empleo con la población ecuatoriana desplazada del sector formal en los últimos cuatro años, en donde también la proporción femenina es mayor, y se relaciona con las condiciones de desventaja en que las mujeres acceden al empleo y con la forma en que ellas son afectadas por la crisis económica (11). Por otra parte, el aporte económico a la sociedad, de las mujeres, especialmente refugiadas vinculadas a estos sectores laborales, es generalmente invisibilizado y no se refleja en las estadísticas del Estado.

Las mujeres refugiadas, al igual que todos los refugiados, sienten el apremio de encontrar una actividad económica o empleo tan pronto llegan al país; sin embargo, esta búsqueda se ve profundamente dificultada por al menos dos elementos:

1. La estigmatización por ser colombianas y representar competencia por el empleo.

2. El hecho que las solicitantes están legalmente impedidas de trabajar. Situación que resulta realmente grave si se tiene en cuenta que en este primer período, desde la llegada hasta la determinación favorable del status, las personas no califican para recibir asistencia humanitaria de ACNUR, con excepción de casos muy extremos. En el caso de quienes reciben una calificación negativa la situación es peor, porque además de permanecer en la ilegalidad, expuestas a múltiples riesgos, no reciben ningún tipo de ayuda y tampoco pueden apelar la decisión en condiciones de respeto al debido proceso, pues les es negada la motivación de la decisión.

Si el acceso al trabajo es difícil, no lo es menos el acceso a vivienda, pues el estigma negativo hace necesario ocultar la condición de refugiada, aunque el solo hecho de ser colombianas, en muchos casos impide el acceso. Las mujeres refugiadas solas, con hijos, recurren con frecuencia a acuerdos informales con otras personas, ecuatorianas, colombianas o refugiadas, para compartir la vivienda y los gastos, o el cuidado de los hijos, entre otras formas de ayuda mutua, que también se constituyen en ocasiones en factores de riesgo que exponen a las mujeres y a sus hijos a episodios de violencia intrafamiliar y recarga de actividades domésticas principalmente.

La reciente construcción de un imaginario negativo de lo colombiano, a partir de la regionalización del Plan Colombia, del conflicto colombiano y de la consecuente llegada de refugiados y refugiadas a Ecuador, alimentado constantemente en un discurso oficial denigrante, afecta profundamente las posibilidades de integración de la mujer en la nueva sociedad y profundiza las condiciones de negación de los derechos humanos fundamentales a los refugiadas, deteriorando aún más las condiciones de vida, en lo emocional, afectivo, en lo económico y en lo social.

La integración al nuevo país pasa por una necesidad de reconstruir la propia identidad, las costumbres y los afectos; de construir y construirse formando parte de un nuevo tejido social, es decir de construir un país para sí y para sus hijos; así lo saben o lo presienten las mujeres, en cuyos hombros descansa, por tradición, esta tarea de procurar la estabilidad de la familia y de brindar a los suyos sustentos sólidos en donde crecer, ser, querer y formar parte de; porque al fin y al cabo, las personas son del lugar que construyen y ese es el contenido que realmente subyace al concepto de nacionalidad, más allá del reconocimiento legal de la misma. Las refugiadas y sus familias tienen derecho a una nacionalidad, que hoy por hoy tiene que ser provista por el país de acogida, si se tiene en cuenta que en el caso colombiano antes de vislumbrarse una solución, es posible que haya pasado una generación entera, una generación que se niega a vivir o a morir en la guerra, una generación integrada por una alta proporción de mujeres que reivindican la opción por la paz y por la vida.

Por otra parte, la integración de las refugiados al nuevo país no constituye necesariamente una carga para el Estado y las comunidades receptoras, sino más bien una oportunidad de solidaridad, cooperación y mutua ayuda en busca de soluciones a problemas comunes, en donde las mujeres en situación de refugio, desde sus características específicas de género, están en capacidad de aportar desde diversos ámbitos a la sociedad y a la economía ecuatoriana.

Pero esta integración para los refugiados colombianos, no es posible en un marco de denigración de lo colombiano y de los colombianos, porque no se puede llegar a querer lo que no nos acoge bien; no es posible en las condiciones que ofrece el Estado ecuatoriano en la práctica y tampoco resulta fácil en tanto la asistencia del ACNUR no trascienda del asistencialismo básico -similar a la limosna- para dar paso a una atención integral que permita efectivamente la independencia económica y social de la mujer refugiada, con base en la inserción en el nuevo país.

Las mujeres refugiadas no necesitan la lástima y la caridad de la comunidad internacional, de un Estado o de una sociedad, sino que son merecedoras de la solidaridad que nace del reconocimiento de la dimensión humanitaria del refugio y que abre paso a un apoyo verdadero.

La atención a las mujeres refugiadas no es un favor sino un compromiso de los Estados que han asumido los instrumentos internacionales de protección, principalmente aquellos que han incorporado los derechos humanos en su constitución. Es una condición fundamental en un mundo globalizado, en el que tanto los Estados como los organismos internacionales que rigen sus relaciones, participan por acción o por omisión de la responsabilidad en la globalización de los conflictos y de la guerra; es una condición de responsabilidad compartida el asumir también de manera particular y global, la atención de los efectos de esos conflictos y guerras. Es una tarea que están obligados a asumir a cabalidad el ACNUR y los Estados.

Notas

1. Héctor Mondragón. Panel Iniciativas y Luchas frente a la militarización y por la desmilitarización. 1er Foro Social de las Américas, 25-30 de julio de 2004 - Quito, Ecuador
2. Moisés Medrano, CODHES. Seminario nacional MUJERES REFUGIADAS EN EL ECUADOR / REFUGIO Y GENERO Distintas miradas, Quito, 29 y 30 de enero del 2004
3. ACNUR Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos. Ginebra, Septiembre de 2002
4. 1er Foro Social de las Américas, 25-30 de julio de 2004 - Quito, Ecuador
5. En noviembre del 2003, el presidente ecuatoriano emitió dos aseveraciones que han sido repetidas incesantemente por los funcionarios gubernamentales y reproducidas en los medios de comunicación. Estas son: "la violencia colombiana nos trae delincuencia", y "no vamos a permitir que colombianos y peruanos vengan a quitar el trabajo de ecuatorianos".
6. Se produjo la deportación de 60 extranjeros desde el Ecuador, desde el 1 de julio que empezaron rígidos controles migratorios: el 95% son colombianos. Ricardo Soberón, Consejería en Proyectos, Informe de Fronteras Julio de 2004.
7. Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina de Refugiados. Resultados reuniones de elegibilidad 2004
8. "La mujer y su condición de refugiada: desafíos teóricos y metodológicos para el trabajo de refugio". Gina Benavides, Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. CLADEM-Ecuador. Seminario Nacional MUJERES REFUGIADAS EN EL ECUADOR / REFUGIO Y GENERO Distintas miradas, Quito, 29 y 30 de enero del 2004
9. Consultoría para el desplazamiento forzado y los derechos humanos. Datos presentados en Seminario nacional MUJERES REFUGIADAS EN EL ECUADOR / REFUGIO Y GENERO Distintas miradas, Quito, 29 y 30 de enero del 2004
10. Kelly Engel Wells "Mujeres sin refugio" INREDH, serie Investigación #8, 2004
11. Informe Sombra. A la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, Ecuador, 2003

*Thania López. Socióloga. Investigadora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH. Ponencia presentada en la II Conferencia regional "Migración, desplazamiento forzado y refugio", Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004.