A raíz de los graves daños en la salud y en el medio ambiente ocasionados por las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito realizadas entre los años 2001 y 2004 en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, ubicados en la línea fronteriza colombo-ecuatoriana, varias organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del Ecuador, en el cual solicitan que los derechos de las comunidades afectadas sean protegidos y restituidos.

Con el ánimo de respaldar dicha iniciativa, CODHES pretende contribuir a la adecuada solución del mencionado recurso de amparo aportando información y consideraciones que espera sean relevantes.

En criterio de CODHES, la estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito por medio de la aspersión aérea, dispuesta en el marco del Plan Colombia, ha generado efectos negativos para las comunidades que habitan la frontera colombo-ecuatoriana.

Por tal razón, propone un análisis centrado en el impacto que ha tenido la estrategia antidroga adscrita al Plan Colombia sobre (i) la internacionalización del conflicto armado interno colombiano y (ii) la crisis humanitaria que azota el norte del Ecuador.

En este sentido, el presente documento de CODHES (organización no gubernamental que ha venido haciéndole seguimiento a la implementación del Plan Colombia, y a las fumigaciones aéreas y su relación con el desplazamiento forzado interno y la migración transfronteriza) aborda la relación entre la puesta en escena del Plan Colombia y la vulneración de los derechos humanos de las comunidades asentadas en la frontera, así como la dinámica migratoria de las regiones afectadas por las fumigaciones.

1. Plan Colombia: propósitos y resultados

El gobierno norteamericano ha establecido con claridad el propósito general del Plan Colombia, así:

[...] reducir seriamente la producción de narcóticos, restablecer soberanía plena sobre el territorio nacional, ayudar a quienes han sufrido a causa del continuo conflicto, reforzar la democracia, el gobierno y su historial de derechos humanos, y ver que el proceso de paz llegue a una conclusión satisfactoria. (Pickering, 2000) (1).

Los objetivos mencionados pueden ser desglosados como sigue:

Eliminación del 50% de la extensión de cultivos de uso ilícito en el plazo de 5 años, contado hasta octubre de 2005
- Apoyo al desarrollo alternativo y erradicación voluntaria de cultivos ilegales
- Protección de la infraestructura petrolera
- Ayuda para las personas internamente desplazadas
- Ayuda para programas de protección ambiental
- Recursos para los gobiernos locales y fortalecimiento de la gobernabilidad
- Iniciativas para fortalecer la administración de la justicia
- Protección de los derechos humanos

Ahora bien, diversos informes de organismos estatales y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a monitorear la implementación y el impacto del Plan Colombia, señalan que los objetivos declarados del Plan Colombia ((i) profundizar la democracia, (ii) buscar una solución política al conflicto y (iii) proveer condiciones para la protección de la población afectada por el mismo) no pueden ser alcanzados mientras la prioridad otorgada a la ayuda militar no se articule y se complemente con un apoyo proporcional al desarrollo alternativo, con ayuda social y económica, y a través del fortalecimiento del gobierno local.
Según la ONG Acción Permanente por la Paz, Estados Unidos ha entregado al gobierno colombiano aproximadamente 2 billones de dólares para ayuda militar y policial en el contexto del Plan Colombia. Ello evidencia la prioridad dada al componente militar de este plan, teniendo en cuenta que inicialmente los 2,47 billones de dólares destinados para el periodo 2000-2003 cubrirían no sólo la ayuda militar y policial, sino también la ayuda social y económica para las regiones eventualmente afectadas (Acción Permanente, Putumayo Report, 2003:2).

A pesar del énfasis puesto en el componente militar, las estrategias del Plan Colombia no han mostrado resultados relevantes en la prevención de las causas estructurales del conflicto armado interno y del narcotráfico, y tampoco ha generado condiciones y garantías adecuadas para la protección de la población civil inmersa en zonas de alta conflictividad en las cuales se concentran las economías ilegales.

2. Los cultivos de uso ilícito y las políticas de fumigación del Plan Colombia

Desde fines del siglo pasado, las zonas alejadas de los centros de poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de frontera colombiana, han tenido una economía propia centrada en la extracción de recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas del piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio, por ejemplo, dicha economía estuvo muy ligada a la ganadería y al latifundio, mientras que, en departamentos como Amazonas y Putumayo la colonización estuvo muy relacionada con el tema de la explotación cauchera y de la quina.

Una de las características generales en las zonas de colonización es la concentración de la tierra en manos de los grandes latifundistas. Tanto así que en la década de los 60 estudios del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) - hoy Incoder- permitían concluir que el problema de la concentración de la tierra se vinculaba a la colonización (2). De acuerdo con Alfredo Molano, "en los años 50, 60, 70, el colono abría el monte y hacía mejoras. Su producto final no era el maíz o el arroz sino la mejora. Era la mercancía, producto de su trabajo y objeto de su intercambio. Mejora-mercancía que terminaba en manos del ganadero, o del comerciante para hacer parte de una ganadería. Esa era la dinámica de la colonización" (3). Frente a esta situación, los campesinos que se fueron asentando en tales regiones se vieron en la necesidad de desplazarse más allá de los márgenes delineados por los grandes procesos de colonización y vincularse a formas de subsistencia que sirvieran de salvavidas.

Ante la ausencia de recursos, infraestructura y vías de comunicación, la frontera agrícola se expandió cada vez más, con lo cual se abrieron nuevos espacios habitables en tierras desconocidas hasta entonces.

En la década de los setenta, con el auge en el consumo de cocaína en Estados Unidos y en los países desarrollados, se inicia el cubrimiento masivo de zonas de frontera con cultivos de coca, en especial en los departamentos de Guaviare y Caquetá. La coca no sólo se transformó en "producto refugio" para la deprimida economía campesina en las zonas de colonización, sino que influyó notoriamente en el aumento del nivel de vida de los habitantes de estas zonas, debido a su capacidad para generar excedentes, es decir, recursos para invertir.

La fácil aceptación de la coca en estas regiones facilitó la penetración de los narcotraficantes y la estimulación por parte de los mismos para aumentar el espacio cultivado. En el año de 1979 la coca aparece en el departamento del Putumayo hacia donde se desplazaron los denominados "cocineros", esto es, expertos que venían del Guaviare y Caquetá y que sabían procesar químicamente la hoja para obtener la cocaína (4).

Es en la década de los 80, la era del auge de los carteles del narcotráfico, cuando se empiezan a consolidar zonas de cultivo en las regiones más apartadas del gobierno central, las cuales, además, son las mejor ubicadas en términos geográficos para el tránsito de la mercancía hacia otros países y hacia Europa.

La década de los 90 se caracteriza por la atomización de los carteles colombianos y por el aumento de la superficie cultivada como consecuencia de la represión de los cultivos de coca en Bolivia y Perú. Así, en esta década se inicia un proceso de crecimiento exponencial de cultivos de coca en distintos departamentos colombianos, siendo el más afectado el del Putumayo. Y la lógica del traslado de cultivos de unas regiones a otras se repite nuevamente a partir del año 2000, pues desde ese entonces, los cultivos se han venido desplazando del Putumayo a otros departamentos colombianos (como Nariño) y a zonas bolivianas y peruanas.

Cuadro 1

Fuente: Internacional Narcotics Control Strategy Report, State Department, U.S Goverment, 2000 y 2004.

El aumento de cultivos de uso ilícito en zonas de colonización no sólo se debe a la fragmentación de los carteles de la droga y la consecuente proliferación de pequeños narcotraficantes, así como tampoco a la represión en Perú y Bolivia o al aumento del consumo en países desarrollados, sino también a la expulsión de miles de campesinos del centro del país hacia regiones inhóspitas, tanto por la violencia política como por la recalcitrante concentración de la propiedad.

Como lo ha señalado Milton Rengifo, "en la distribución de la tierra, podría decirse, está el origen de los sangrientos conflictos políticos y sociales que han marcado la historia del país en este siglo. Para poseerla se han hecho leyes, se han declarado guerras, se ha perdido la vida. Ha sido más importante incluso el hecho de tenerla que ponerla a producir" (5).

Dicha concentración no ha dejado de aumentar: "Trescientos latifundistas con extensiones superiores a 2.000 hectáreas incrementaron sus propiedades con 31 millones de hectáreas adicionales entre 1984 y 1997, mientras que en ese mismo período medio millón de campesinos solamente pudieron incrementar sus propiedades en 238.000 hectáreas, equivalentes a media hectárea promedio por familia" (6).

Las fumigaciones en Colombia tampoco son nuevas. Así, se registran fumigaciones con paraquat en el gobierno de Turbay Ayala, fumigaciones masivas con glifosato para marihuana y garlon-4 para la coca en el gobierno de Betancur, experimentación de herbicidas como imazapyr y tebuthiuron durante el gobierno Samper, y la aplicación institucionalizada y formal del glifosato en el gobierno de Pastrana, quien no sólo inició la implementación del Plan Colombia, sino que promovió el uso del hongo fusarium oxysporum, que resulta altamente tóxico.

Según Juan Gabriel Tokatlián, "sólo en 1998, el gobierno Samper (hasta agosto) y la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) fumigaron 66.083 hectáreas de coca y 2.931 hectáreas de amapola, y destruyeron de modo manual 3.126 hectáreas de coca, 181 hectáreas de amapola y 18 hectáreas de marihuana. El gobierno Pastrana destruyó aproximadamente 90.000 hectáreas de coca en 1999 y 2000" (7).

En cuanto a la política de fumigaciones que hace parte de la agenda de control de drogas norteamericana, cabe destacar que desde el gobierno Bush Estados Unidos busca articular la lucha contra las drogas con la lucha antiterrorista para complejizar y justificar aún más intervenciones en países que representen una amenaza en cualquiera de estos dos sentidos. En la discusión del proyecto de ley antiterrorista en 2001 algunos senadores del Congreso Norteamericano lideraron una iniciativa para vincular los dos ejes de lucha y así expandir su área de interés en el hemisferio. Dennis Hastert, senador republicano de Illinois, evidencia esta posición al afirmar: "Al perseguir el comercio ilegal de drogas, reducimos la habilidad de estos terroristas para lanzar ataques contra Estados Unidos y otras democracias. El tráfico ilegal de drogas es el motor financiero que alimenta a muchas organizaciones terroristas al rededor del mundo" (8).

Una posición generalizada en la esfera política de Washington es que la fuerza desestabilizadora más importante en Latinoamérica es el narcotráfico y la influencia que éste ejerce en diferentes ámbitos. Es por esto que unido al Plan Colombia, y desde 2001, se empieza a madurar y apoyar la solicitud de la Iniciativa Regional Andina para controlar el narcotráfico y promover el desarrollo.

Para entender cuáles son los criterios de acción que los Estados Unidos han adoptado para centrar su política antinarcóticos en la reducción frontal de la producción, es necesario citar el análisis elaborado por Juan Gabriel Tokatlián al respecto. De acuerdo con éste, Estados Unidos (i) asume que la demanda depende de la oferta, por lo cual reprime los centros de cultivo, producción, procesamiento y tráfico de ilícitos. En segundo lugar, (ii) asume que en términos de logros es más efectivo un tratamiento punitivo en los focos donde se genera provisión de drogas. Además, (iii) parte de considerar que la erradicación de cultivos de uso ilícito puede generar beneficios múltiples, tales como la reducción del precio de cultivo, la disminución del poder de los narcotraficantes y la contención de la violencia generada por el narcotráfico. Finalmente, (iv) presupone que los efectos de una mayor erradicación para los países consumidores serán igualmente múltiples, como por ejemplo: menor disponibilidad, mayor precio y menor potencial de pureza de las drogas (9).

La Estrategia Nacional de Control de Drogas norteamericana da cuenta de la prioridad que para cada una de las fases del control de drogas hace el gobierno Bush. Mientras que la meta en reducción de consumo es de 10% en dos años y 25% en cinco, la meta relativa a la producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha destinado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500 millones de dólares en los años fiscales 2000-2003.

El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es un medio efectivo para la lucha contra las drogas, para lo cual se ha basado en la experiencia boliviana y peruana. En Perú y en Bolivia la superficie cultivada y la producción de cocaína disminuyeron un 60% como consecuencia de las fumigaciones. Sin embargo, diversos autores, analistas e instituciones han demostrado a través de numerosos estudios que esa estrategia no ha funcionado en Colombia (Steiner, 2002). La fumigación en zonas de concentración de cultivos más que una disminución en los mismos, ha generado su desplazamiento hacia otras regiones, lo que ha sido denominado "efecto globo".
Además, las fumigaciones han resultado en una dispersión geográfica de los cultivos en pequeñas parcelas y estas están alcanzando mayor productividad en un área cultivada menor, de acuerdo con el último informe de La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD: 2004).

Al finalizar el año 2002, los principales departamentos cultivadores en Colombia eran Guaviare y Nariño, mientras Putumayo y Caquetá, donde para 1999 se concentraba más del 50% de la coca cultivada en el país, presentaron las reducciones más significativas. En el departamento del Putumayo, de 66.000 hectáreas calculadas durante el 2000, se pasó a 13.000 hectáreas a finales del 2002. El informe de la ONU para el 2003, reporta como el mejor resultado a nivel regional, la desaparición de 6.000 hectáreas de cultivos en el Putumayo, que sumadas a las 34.000 hectáreas erradicadas en el 2002, redujeron en más del 71% la superficie plantada con coca que se registró para el año 2001. Sin embargo, la ONU, reconoce que estos resultados podrían haber sido más satisfactorios si no se hubiera presentado un incremento de los cultivos en los departamentos de Nariño y Meta, en una proporción equivalente a las mencionadas 6.000 hectáreas. (10)

Cuadro 2

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2004.

El cambio en la distribución de los cultivos de uso ilícito, confirma la ineficacia de la erradicación por aspersión aérea. Así como las fumigaciones en los departamentos de Guaviare y Caquetá desplazaron las plantaciones hacia el Putumayo, las fumigaciones en el Putumayo generaron un traslado de cultivos hacia el departamento de Nariño, -una de las despensas agrícolas más grandes para el país. CODHES ha podido constatar que personas provenientes del bajo Putumayo impulsaron el cultivo de coca en los municipios nariñenses de Barbacoas y Tumaco; gran parte de las áreas de reserva indígena y de la franja fronteriza con Ecuador se han visto involucradas en esta dinámica. Llorente, caserío ubicado a una hora de Tumaco, es actualmente el centro de compra y venta de base de coca de mayor movimiento en la región, es conocido popularmente como "El Nuevo Putumayito". A nivel nacional ya son más de 22 departamentos cuyas economías se encuentran vinculadas a los cultivos de uso ilícito. En el departamento de Nariño los cultivos crecieron en un 101.9% después de iniciarse la aspersión aérea en Putumayo (de 3.959 hectáreas en1999 a 15.131 hectáreas en el 2000) (11) .

Tres años después de fumigaciones intensivas en el marco del Plan Colombia, el ciclo se cerró nuevamente en el departamento del Guaviare, que a finales del 2002 registró 27.381 hectáreas, el área más grande de coca cultivada en el país.

3. Adecuación jurídica de la adopción del Plan Colombia y acciones de protección constitucional

La adopción del Plan Colombia con base en el mismo marco normativo que rige los planes de desarrollo económico y social, fue llevada a cabo sin tener en cuenta los procedimientos legales internos. Con esto, es claro que los recientes gobiernos colombianos han preferido la eficacia en la ejecución rápida de la ayuda norteamericana, a la misma seguridad jurídica.

En esa misma línea se han implementado formas de contratación directa del gobierno norteamericano con ONGs operadoras en terreno, que escapan a controles del gobierno colombiano. Y otro tanto sucede con la contratación de agencias de seguridad privada (como Dyncorp) que apoyan el manejo de aeronaves y operaciones antidroga. Esto evidencia una privatización de parte de la ayuda militar externa y también una eliminación de los controles nacionales a esta ayuda, que van en detrimento de la gobernabilidad local.

De acuerdo con el informe sobre las consecuencias de las fumigaciones hechas en el contexto de la Iniciativa Andina Antidrogas, presentado por varias ONGs norteamericanas (12) a la Oficina de Asistencia a Políticas Extranjeras, no existe una planificación para el manejo ambiental en las zonas que serían fumigadas. Si bien el Ministerio colombiano del Medio Ambiente ha determinado que la aprobación de una Licencia Ambiental no es requisito obligatorio para la realización de las fumigaciones, la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, sí está obligada a presentar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental.

Sin embargo, dicho plan hasta el momento no ha sido tenido en consideración para el desarrollo de las fumigaciones. Tampoco requisitos como la disposición de una referencia geográfica para los proyectos de desarrollo y la definición de un procedimiento eficiente para manejar quejas sobre fumigaciones (Resolución No. 5 de 2000). En cuanto a la referencia geográfica, el informe defensorial de 2001 de la Defensoría del Pueblo de Colombia, concluye que la que existía y que se tomó como punto de partida, "era inadecuada para identificar aquellos ecosistemas y demás áreas que se ven expuestas y que deberán recibir tratamiento especial".

Otro de los trámites legales que han sido ignorados, es la obligación de un procedimiento de consulta previa frente a las comunidades indígenas y afrocolombianas. De acuerdo con la ley 21 de 1990, que aprueba el convenio 169 de la OIT, la consulta debe adelantarse sobre cualquier tema que se relacione con la explotación de recursos naturales o los usos que afecten el territorio de estas comunidades.

Respecto a la condición y la protección de los pequeños productores, las leyes colombianas son inconsistentes. De un lado, para la ley 30 de 1986 y el Código Penal vigente, cualquier persona que posea más de veinte plantas de coca está sujeta a pena criminal. De otro, "el Consejo para Políticas Económicas y Sociales, el Departamento Nacional de Planeación y el Plan Colombia definen como pequeños productores a aquellos que cuentan con menos de tres hectáreas, mientras que para el Plante el punto de corte puede corresponder hasta cinco hectáreas" (13). Pero, al mismo tiempo, los pequeños productores han sido determinados como población objetivo para programas de desarrollo alternativo.

El precitado informe defensorial de 2001, afirma también que la fumigación viola los principios constitucionales de precaución (que alberga el derecho a disfrutar de un ambiente sano), de armonización de políticas (para el caso se traduce en que el Estado no puede destruir el medio ambiente con el pretexto de combatir el crimen) y el de igualdad efectiva (es decir, la disposición de condiciones de vida iguales y de medidas que las fortalezcan).

A través del fallo tutela SU-383 de 2003, expedido en sala plena el 13 de mayo de 2003, la Corte Constitucional decidió revocar parcialmente las decisiones adoptadas por el juez 15 civil del Circuito y por la Sala Civil del Tribunal Superior, y conceder a los pueblos indígenas de la amazonía colombiana la protección constitucional de los derechos a la vida, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad cultural, la participación, el debido proceso y el ambiente sano. La Corte consideró que: "las decisiones relativas a la erradicación de cultivos ilícitos consideren métodos que garanticen de manera efectiva los derechos fundamentales, los valores culturales, económicos y sociales de los pueblos indígenas y tribales, para asegurar el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, sin desmedro de las potestades inherentes al Estado colombiano para definir y aplicar de manera soberana y autónoma la política criminal y dentro de ella planes y programas de erradicación de cultivos ilícitos" (Sentencia SU-383 de 2003).

En síntesis, la decisión afirma que la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios del Interior y Justicia y del Medio Ambiente, deben consultar de manera previa a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos adelantado en sus territorios. Además, dispuso que la Defensoría del Pueblo deberá asesorar y acompañar a los pueblos indígenas en la consulta que se les formule, y que la Procuraduría General de la Nación vigilará el cumplimiento de dicha decisión.

Otra de las medidas de protección expedidas a favor de la comunidad es el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expedido el 25 de junio de 2003. El tribunal ordenó a la DNE suspender las fumigaciones en el país hasta tanto no se diera aplicación al Plan de Manejo Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Igualmente se asignó al Ministerio de Seguridad Social, y al Instituto Nacional de Salud en asocio con la Universidad Nacional de Colombia, la coordinación de estudios sobre los efectos e implicaciones del glifosato incluyendo registros de mortalidad y morbilidad.

Esta decisión protege el derecho a la seguridad y la salubridad pública de los colombianos, en relación con la toxicidad causada por la aspersión aérea con glifosato; ordena la aplicación del principio de precaución establecido en el artículo 1º numeral 6 de la ley 99 de 1993; y brinda las herramientas para que los ciudadanos gocen de un ambiente sano.

4. Efectos de las fumigaciones

En síntesis, las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, tienen efectos sociales y medio ambientales que deterioran las condiciones de vida de las personas que viven donde se concentra esta estrategia de erradicación forzada.

a. Fumigaciones y desplazamiento

Los efectos indiscriminados de las fumigaciones sobre cultivos lícitos y cultivos de uso ilícito, sobre cultivadores y no cultivadores, está ocasionando el desplazamiento de quienes viven en las zonas dónde se concentran las operaciones de aspersión. Estas personas tienen varias opciones: salir hacia otras regiones donde aún no han fumigado para re-sembrar coca o amapola; salir hacia países vecinos como Ecuador para buscar mejores condiciones de vida y alternativas económicas; involucrarse, en casos extremos, en el conflicto armado interno mediante el ingreso a alguno de los grupos en confrontación (guerrillas, paramilitares); quedarse en su territorio a pesar de las difíciles condiciones económicas y en situaciones de hambre.

De acuerdo con datos suministrados por el sistema de Información (SISDHES) de CODHES, de un total aproximado de 50 mil familias dedicadas a los cultivos de uso ilícito, se calcula que 36.200 personas, que integran alrededor de 7.200 familias, huyeron entre enero y septiembre de 2001 de zonas de producción cocalera como consecuencia de (i) la presencia de distintos actores armados, (ii)los impactos de la fumigación sobre los cultivos de pan coger y (iii) la ausencia de verdaderas alternativas de subsistencia.

En el 2003 el sistema de información de CODHES reportó una reducción del 50% en el desplazamiento forzado respecto al año anterior, mientras ocho departamentos mostraron la tendencia contraria al incremento. En estos departamentos se han concentrado las fumigaciones. Caquetá aparece con el mayor incremento respecto al 2002 y presenta la tasa de expulsión más alta en todo el país. Los departamentos que registraron un incremento del desplazamiento durante el 2003 frente al 2002 fueron Caquetá con una tasa de 3.165 personas desplazadas por cada 100 mil habitantes, Putumayo con una tasa de 2.330 (14), Guaviare con 2.302, Cundinamarca con 588, Guainía con 395, Valle con 260, Amazonas con 78, Vaupés con 82, mientras la tasa nacional fue de 466 por cada 100 mil habitantes.

En 2003 se produjo la expulsión de por lo menos 27.000 personas de las zonas en donde se adelantaron estas fumigaciones, lo que contribuye a agravar la crisis humanitaria. Aproximadamente el 80 por ciento de los desplazamientos ocurridos en zonas de fumigación se produjo en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander y Cesar que son regiones donde se han implementado los operativos militares más grandes en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe ("Holocausto" en Catatumbo y "Libertad" en Cundinamarca).

En 2003, mientras se redujo el número de personas desplazadas internamente, se incremento el éxodo de población colombiana en busca de protección y seguridad en otros países del mundo.

Sólo hacia los países vecinos de Ecuador, Panamá y Venezuela aproximadamente 40.017 personas salieron forzadamente del territorio nacional por amenazas de muerte, atentados, asesinatos, masacres, fumigaciones de cultivos lícitos e ilícitos, intentos de secuestro y reclutamiento forzado o voluntario por parte quienes hacen la guerra en Colombia (15).

Fuente: Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos SISDHES-CODHES

De estas personas, un total de 11.612 han tramitado oficialmente el refugio pero esta condición ha sido otorgada sólo a 2.528. Es decir, de cada diez colombianos que solicitaron status de refugiado sólo dos lo han obtenido de manera efectiva. Y de cada diez colombianos que salen forzadamente hacia Ecuador, Venezuela o Panamá, siete ni siquiera hacen el trámite, por miedo, desconfianza o desinformación y prefieren permanecer en calidad de indocumentados o ilegales.

Cifras de refugio

Fuente: Sistema de Información SISDHES. CODHES

Cifras de refugio

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos. No Acumulativo.

Fuente: ACNUR - Información sujeta a revisión. Documentos consultados: Trends in refugee status determination in 87 countries, 1 Jan-30 Jun 2003 (rev.) 2002 Annual Statistical Report. Informes estadísticos anuales 2003 de Ecuador y Costa Rica.

Para los cinco primeros meses del presente año, la situación no ha cambiado sustancialmente. Según datos del ACNUR (16), en Ecuador se han presentado 4.375 solicitudes de asilo para un promedio de 875 por mes, aproximadamente el mismo valor registrado durante el 2003.
En Ecuador se calcula que viven más de 300 mil colombianos, de los cuales sólo 7000 tienen status de refugio, según cifras del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). En promedio, entre 100 y 150 personas diariamente acuden al Comité Pro-refugiados del ACNUR en Ecuador para solicitar refugio y sólo en el mes de marzo, entre 150 y 500 colombianos llegaron a la provincia del Carchi provenientes de Chiles, población colombiana. En el municipio de La Hormiga, departamento de Putumayo, en frontera con Ecuador, sólo durante el mes de junio de este año, 100 personas salieron desplazadas como consecuencia de las fumigaciones que iniciaron este año.

Esta situación no sólo aqueja a población que proviene de Colombia, los habitantes del Ecuador ya comienzan a sentir los efectos de la crisis humanitaria en su territorio. Según Daniel Alarcón, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, las fumigaciones con glifosato en la frontera entre Ecuador y Colombia han provocado el desplazamiento de 6000 familias ecuatorianas hacia el interior de su país (17).

Los desplazamientos forzados de población por causa de las fumigaciones y en general de la política de interdicción y control de los cultivos de uso ilícito se han ocasionado no solamente por los efectos directos que puedan tener los químicos usados en las fumigaciones sobre la salud, los cultivos, los animales y sobre la economía en la región, sino también, por la amenaza que representan las acciones militares que sobre estos territorios se ejercen como estrategia simultánea a las fumigaciones, como quiera que los directamente afectados son las poblaciones que permanecen todo el tiempo en la región.

b. Fumigaciones y Conflicto Armado Interno

El gobierno colombiano en el desarrollo de la lucha contra las drogas ha desconocido la condición de población civil no combatiente de los habitantes de zonas altamente conflictivas, que dependen de economías ilegales y cuyos territorios están bajo el influjo de grupos irregulares (guerrilleros o paramilitares). Esto se manifiesta en los señalamientos que de manera generalizada e indiscriminada ha venido haciendo sobre las comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas, habitantes del territorio fronterizo, al vincularlas con el accionar de organizaciones terroristas, narcotraficantes y criminales. En consecuencia, estas personas ven amenazada muchas veces su seguridad personal.

La apelación del gobierno colombiano a la acción popular presentada en contra de las fumigaciones (18), "A nadie escapa que estamos enfrentados a una tema de altísima sensibilidad política, en el que una izquierda pro marxista podría explicablemente estar defendiendo el brazo armado del marxismo y el negocio del que se nutre, que son las FARC. Igual podría acontecer, para decirlo de una vez, con declarantes interesados en mantener vivas las autodefensas ilegales, que con tan mal lenguaje se califican de Paramilitares" p 16.

De otro lado, el gobierno no ha promovido alternativas económicas viables y concertadas previamente con las comunidades al cultivo de uso ilícito. La prioridad del Plan Colombia ha sido la aplicación de estrategias contrainsurgentes enfocadas al debilitamiento de las finanzas de grupos guerrilleros, entre ellas, las fumigaciones.

c. Fumigaciones y reparación de los daños causados a la población civil

El gobierno colombiano es responsable de los desplazamientos ocasionados por efecto de las fumigaciones en la medida en que continúa promoviendo esta estrategia. Sin embargo, desconoce la condición de desplazados a quienes se ven obligados a abandonar su territorio por efecto de las fumigaciones, aunque la ley 387 de 1995-que se basa en la definición de Naciones Unidas sobre desplazados internos- no hace explícito este criterio. En consecuencia, quienes dejan sus tierras por causa de las fumigaciones, se encuentran en una situación de desatención total y con frecuencia se ven obligados a huir hacia territorio ecuatoriano.

En Colombia 2 de cada 5 desplazados cuyas declaraciones son rechazadas y no ingresan al sistema de registro único del gobierno, son rechazadas porque mencionan fumigaciones como causal de desplazamiento.

d. Fumigaciones y derecho a la alimentación

Las fumigaciones se llevan a cabo de forma indiscriminada a pesar de que los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia argumentan precisión satelital para aplicar y rociar el líquido sobre cultivos de uso ilícito identificados por coordenadas geográficas. Esto está generando una situación de inseguridad alimentaria en Colombia y Ecuador.
Según conceptos emitidos por expertos en el tema agrícola, el suelo tarda 2 años en recuperarse y volver a producir. De otro lado, el programa de familias guardabosques que está impulsando el presidente Uribe como proyecto principal de desarrollo alternativo al cultivo de coca y amapola, no permite que el campesino cultive en su propia tierra y no provee de herramientas o mecanismos de desarrollo agrícola; tampoco de medidas para promover la comercialización de productos y para su sostenibilidad. Este programa consiste en otorgar un dinero mensual a cada familia beneficiaria equivalente a 800 mil pesos y 5 millones de pesos al año (2 mil dólares). Esto no representa ni la mitad de las ganancias que han reportado tener los campesinos cuando venden sus productos agrícolas lícitos en grandes cantidades.

De otro lado, los programas de desarrollo alternativo no han contemplado subsidios a campesinos, han introducido productos que no responden a las características de las economías locales (monocultivos que deterioran suelos amazónicos como la palma de aceite en costa Pacífica o el caucho en Putumayo), no se han concertado con las familias, han traído animales no aptos para sobrevivir en la región (como los marranos y las gallinas importadas de Estados Unidos sin pico, que murieron de hambre), no han articulado su aplicación con las condiciones de vías de transporte y comunicaciones que permitan adecuada comercialización, no han contemplado imponer condiciones al Estado para que sea posible el desarrollo regional (tales como la compra obligada de una parte de la producción, la negociación de exportaciones de estos productos en las mesas del ALCA y del Tratado de Libre Comercio).

Además, cultivos de desarrollo alternativo han sido fumigados hasta 4 y 5 veces de acuerdo con testimonios recogidos por CODHES. En Putumayo, se fumigaron 700 hectáreas de pactos PILDAET (de erradicación temprana) de los cuales se beneficiaban 750 familias. En estas veredas del municipio de La Hormiga se había verificado la erradicación temprana, y es la segunda vez que se fumigan. En las veredas Osiris y Luzón del municipio de Orito en Putumayo, también han sido fumigadas zonas beneficiarias de familias guardabosques. En Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, en la costa Pacífica, municipio de Tumaco, fueron afectadas por fumigaciones más de 500 hectáreas de cultivos de desarrollo financiados por el gobierno Holandés, de acuerdo con información documentada. Las zonas protegidas, reservas naturales y de resguardo indígena y titulación colectiva de afrodescendientes, también han sido fumigadas. Es el caso de los Consejos Comunitarios del Pacífico RECOMPAS y los resguardos Santa Rosa en Putumayo y de territorio Awá en Nariño.

e. Derecho a la salud y al medio ambiente sano

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, La Defensoría del Pueblo colombiana y la Asociación Americana de Médicos (AMA) en Estados Unidos, han señalado los efectos dañinos de las fumigaciones sobre la salud y el medio ambiente y han exigido el desarrollo de estudios científicos que determinen la magnitud de estos daños. Estas entidades y otras organizaciones no gubernamentales han exigido que los gobiernos se acojan al principio de precaución, según el cual el Estado no puede aplicar medidas o estrategias que puedan afectar el medio ambiente o la salud, si sus efectos no han sido determinados mediante estudios científicos.
Estas instituciones también han pedido el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental estipulado para aplicar las fumigaciones, por parte del gobierno colombiano.

De acuerdo con un estudio desarrollado por el Departamento Administrativo de Salud del Putumayo en los municipios del Valle del Guamuéz, Orito y San Miguel, de este departamento, las poblaciones que habitan la zona, han manifestado un incremento preocupante de "reacciones alérgicas de piel como: dermatitis, impétigo, abscesos, dolor abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda, presentados a partir de la realización de fumigaciones en la zona (…) de las 100 veredas que existen en el Valle del Guamuéz, municipio con el mayor número de habitantes en el departamento, después de Puerto Asís y Orito, con 35.288 habitantes; residentes de 67 de ellas, se consideraron afectados por la fumigación en su estado de salud, cultivos y medio ambiente" (19)

"De las 800 quejas interpuestas por los habitantes ante la Personería de La Hormiga, municipio del Valle del Guamuéz, la mayor proporción de éstas corresponde a La Esmeralda, El Placer y los Ángeles, veredas con 535 habitantes, 1.014 habitantes y 497 habitantes respectivamente." (20)

No obstante, las fumigaciones han afectado no sólo a los cultivos de coca, sino también a cultivos y propiedades de pobladores que no hacen parte del circuito económico ilícito. En el municipio del Valle del Guamuéz, "según la Personería Municipal se puede observar cómo del total de hectáreas afectadas (7.252), los potreros (áreas de pasto para ganado) fueron las áreas más afectadas, con un 39 % (2.850 hectáreas) seguido por los cultivos de plátano (12.6%) y en un tercer lugar los de coca en un 11% (854 hectáreas)." (21)

De otro lado, la intensificación de las fumigaciones a cultivos ilícitos en el departamento colombiano del Putumayo, como desarrollo del Plan Colombia, ha repercutido negativamente sobre las poblaciones asentadas en la zona de frontera colombo-ecuatoriana. Ante los efectos perjudiciales generados sobre la salud y sobre los cultivos convencionales de autoconsumo y sostenimiento, las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador interpusieron un recurso de amparo constitucional.

Este recurso fue acogido por un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que en su fallo ordenó a los distintos órganos del Estado ecuatoriano tomar medidas urgentes para atender a los afectados y evitar que continúen las fumigaciones en la frontera.

El Tribunal encontró culpables a algunos organismos del gobierno ecuatoriano (Presidencia de la República y ministerios de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Ambiente y de Salud) de omisión grave, al no tomar las medidas necesarias para auxiliar a los pobladores de la frontera ecuatoriana que colinda con el departamento del Putumayo en Colombia. (22)

5. Conclusiones

Como consecuencia de todo lo anterior, en las zonas donde se concentran las fumigaciones y la estrategia militar de lucha anti-terrorista, ha empeorado la situación de derechos humanos, se ha intensificado el conflicto armado interno y se ha agudizado la crisis humanitaria regional. Esto, afecta y aumenta la desprotección y las agresiones en contra de la población civil que vive en estas zonas, principalmente indígenas y campesinos, víctimas de las estrategias utilizadas por los grupos armados para mantener su control territorial, económico y político; así como de las estrategias de militarización y erradicación forzosa de cultivos para uso ilícito.

Pero, de otro lado:

1. La erradicación de los cultivos de uso ilícito es más fácil y efectiva en el marco de la solución política y negociada del conflicto armado, que en medio de una guerra que se prolonga y expande sin resultados reales.
Esta confrontación no la gana el Estado ni la guerrilla y la pierde el país.
La guerra interna no se resuelve con el incremento de ayuda militar y, al contrario, se prolonga con altos costos en vidas humanas, sociales, económicas, políticas y culturales.

2. Las fumigaciones y la estrategia militar del Plan Colombia son contraproducentes porque producen una expansión de los cultivos en el sur del país, provocan reacomodamientos de los grupos armados irregulares, expanden el conflicto, limitan la democracia, agravan la crisis humanitaria y plantea nuevos desafíos a la institucionalidad y la gobernabilidad local.

3. Las personas afectadas por las fumigaciones están sometidas a diversas alternativas, algunas son: permanecer en sus territorios sin sembrar coca a pesar de la devastación producida por los efectos de la aspersión aérea y en medio del hambre; trasladarse a otras regiones del país y continuar la siembra de cultivos de uso ilícito; en casos extremos involucrarse en el conflicto armado con cualquiera de las partes enfrentadas, desplazarse a las ciudades u otras regiones del país o cruzar las fronteras y buscar otras opciones en territorios de países vecinos.

4. Los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que incluye en el otro extremo de la vulnerabilidad a las personas que consumen droga.

5. En una política integral y de responsabilidad compartida en el campo internacional es necesario incrementar las acciones contra quienes transportan, exportan o comercializan la droga, contra quienes lavan dineros provenientes del narcotráfico dentro y fuera del país o de quienes se apoderan ilegalmente o bajo presión de las tierras.

6. No necesariamente hay narcotráfico porque hay cultivos de uso ilícito sino que estos cultivos existen porque hay tráfico de drogas como una alternativa económica en medio de la pobreza rural.

7. Colombia necesita desarrollar una política autónoma y soberana frente al narcotráfico que consulte a la comunidad internacional y sus intereses, pero también debe consultar a las comunidades campesinas obligadas, en muchos casos, por la crisis rural a esta alternativa.

8. El cultivo de la hoja de coca que responden a usos tradicionales de los pueblos indígenas requieren de otro tratamiento que reconozca las prácticas de comunidades ancestrales que no están insertas en dinámicas de producción industrial de narcóticos.

6. Recomendaciones

En tal sentido, consideramos necesario atender de manera cabal las siguientes recomendaciones:

1. Ejercer la autoridad del Estado en el marco de una política clara de respeto a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y los principios de la democracia como acción que legitima su presencia en estas regiones.
Acompañar la presencia disuasiva del Estado con inversión social, con mecanismos de control y con planes alternativos de reforma agraria y asistencia técnica y crediticia a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y colonos.

2. Suspender las fumigaciones por aspersión aérea y promover mecanismos de concertación para la erradicación manual, gradual y voluntaria de los cultivos.
Reformular la política de atención a población desplazada y garantizar la protección de las comunidades. Para ello, es necesario el reconocimiento de la población en situación de desplazamiento por fumigación y la aplicación de planes de contingencia con un claro componente de ayuda humanitaria, acorde con las necesidades de las personas afectadas.

3. Replantear la política del retorno y garantizar la seguridad en las zonas objeto del Plan Colombia, con el fin de fortalecer la presencia de instituciones civiles del Estado encargadas de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

4. Garantizar una política de restablecimiento para las comunidades que se encuentran en situación de desplazamiento y para los afectados por las fumigaciones. Esto incluye a aquellos que han recibido asistencia social con recursos del Plan Colombia; quienes se inscribieron en los distintos programas de erradicación voluntaria, sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo; así como aquellos que no se registraron en ninguno de los programas ni recibieron ningún tipo de asistencia, pero que han sido víctimas de la aspersión aérea con glifosato.

5. Constituir una política de erradicación consecuente con los objetivos iniciales del Plan Colombia. Para tal efecto, es muy importante considerar un énfasis en las estrategias de erradicación manual, concertada y voluntaria, con apoyo al desarrollo regional. El gobierno ecuatoriano debe negociar con los gobiernos norteamericano y colombiano, un plan de contingencia y de medidas a corto plazo, como quiera que la crisis humanitaria generada a través del flujo de colombianos a su país se agudizará, al igual que aumentará el traslado de cultivos, y con ellos, de la violencia.

6. Promover estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo; que incluya mayoritariamente al grueso de la población campesina, indígenas y afrodescendientes que habitan en dichas zonas.

7. Garantizar una veeduría internacional y coordinación de evaluación de los programas entre las distintas instituciones, a cargo de una instancia independiente que rinda informes periódicos y que cuente con capacidad de convocatoria.

8. Es necesario que la recepción de las quejas y su procedimiento esté a cargo de instituciones idóneas y externas a la implementación de las fumigaciones como la Defensoría del Pueblo, y que los requisitos así como criterios establecidos para procesar las denuncias para indemnización correspondan a la realidad de los habitantes del Putumayo.

9. Protección del medio ambiente y de la salud: Evaluación y cumplimiento de lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental.

10. Rectificación de la resolución 013 de junio de 2003 expedida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la que se autoriza las fumigaciones en áreas de reserva, parques naturales y resguardos indígenas, así como cultivos lícitos cercanos a los de uso ilícito.

Es necesario que se lleve a cabo una evaluación continua y sistemática de la situación de derechos humanos en las zonas donde se concentra la ayuda militar del Plan Colombia, y que se garantice la investigación, el juzgamiento y la reparación integral.

Al tribunal Constitucional Ecuatoriano solicitamos

1. Ordenar al Gobierno del Ecuador en cabeza de su presidente, y a sus
ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Salud, Medio ambiente y del
Interior, entablar cuanto antes las medidas necesarias para que en el orden
diplomático y de las relaciones internacionales, pueda exigirse al gobierno
colombiano la suspensión de las fumigaciones aéreas que causen efectos
nocivos sobre el territorio y las comunidades asentadas en la franja
fronteriza entre Ecuador y Colombia.

2. Dictar medidas cautelares de protección inmediata sobre los derechos
a la salud, el medio ambiente y la alimentación de las comunidades
ecuatorianas asentadas en la franja fronteriza con Colombia.

Notas

1. Además de estos objetivos el gobierno norteamericano planteó la importancia de defender la estabilidad de las instituciones democráticas en Colombia, propósito que además estaba relacionado con la necesidad de garantizar la inversión económica internacional en el país. Ver el Discurso del Subsecretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos, Thomas Pickering ante la Corporación Andina de Fomento, durante el Seminario de Comercio en las Américas el 8 de septiembre del 2000 (traducción extraoficial).
2. Molano Alfredo, "Bosques, territorio y conflicto social en Colombia", junio de 2000 [http://www.foroambiental.org], julio de 2003.
3. Ibid
4. Salazar Manuel, Manejo de los cultivos ilícitos en el Plan Colombia en: Cultivos ilícitos en Colombia". Ed. Uniandes. Bogotá 2000 p.69.
5. Rengijo Milton, Colombia: Selva, cultivos para fines ilícitos y reordenamiento territorial. Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Petro U.
6. "Distribución de la propiedad rural", CEGA, 1984. IGAC, 1997. nota tomada de: Propuestas del Taller sobre Tema Agrario y Cultivos de Uso Ilícito, presentadas al Congreso Nacional de Paz y País (Bogotá, 10 y 11 de mayo de 2002)
7. Tokatlián, Juan "Colombia: un error repetido", en Diario El Clarín (Argentina), 27 de febrero de 2001
8. Sánchez, Ximena "Terror y drogas: mismo campo de batalla", Washington Post, 3 de octubre de 2001
9. Ibid Tokatlián
10. El Tiempo. Junio 17 de 2004. "Los cultivos de coca se redujeron en Colombia en un 16 por ciento en el 2003, indica informe de la ONU"
11. Contraloría General de la República. Ob. Cit.P27
12. Latin American Working Group, Amazon Alliance y Center for International Politics
13. www.amazonalliance.org
14. Estos dos departamentos concentraban en el 2000 más del 50% de los cultivos de coca en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.
15. La cifra es una estimación que se obtiene de datos ofrecidos por organizaciones humanitarias, sociales y no gubernamentales, de jurisdicciones de la Iglesia católica y de autoridades locales en las zonas de frontera de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá y obtenida en el trabajo en terreno realizado por CODHES durante 2003. Es imposible una información precisa porque estas formas migratorias son difusas, no se registran legalmente, están sometidas a presiones de autoridades y sólo se pueden constatar por datos fragmentados. Por ejemplo, de las ayudas de instituciones humanitarias, de información de lideres que conocen la región y a las personas y que dan cuenta de la salida forzada hacia territorios de países vecinos. Es muy probable que la cifra sea muy inferior a la realidad, pero permite reflejar una tendencia. Un ejemplo de las dificultades para construir una cifra confiable es el informe del Consejo de Estados Unidos para los Refugiados, la Guardia Nacional de Venezuela admitió haber devuelto en 2003 alrededor de 10 mil colombianos en calidad de indocumentados e ilegales, desconociendo o negando casos de persecución y amenazas susceptibles de acceder a la condición de refugiados.
16. Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
17. Informe de Fronteras mayo-junio 2004, Project Councelling Service en: www.pcs.org
18. Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes. Extractos de la Apelación del gobierno colombiano a la acción popular 01-22 presentada en contra de las fumigaciones.
19. Efectos de la fumigación Aérea con glifosato . Valle del guamuez - San Miguel - Orito. Putumayo , Febrero 2001. Dyva Revelo Calderón. Departamento Administrativo de Salud. Oficina de Planeación. Sección de Epidemiología. Putumayo. Página 1.
20. Ibid. Página 3.
21. Efectos de la fumigación Aérea con glifosato . Valle del guamuez - San Miguel - Orito. Putumayo , Febrero 2001. Op Cit., Página 15.
22. "Las fumigaciones en Colombia, llegan hasta Ecuador". Actualidad Étnica (Colombia). Quito, 11 de febrero de 2003 http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=747.

*Marcela Ceballos. Politóloga. Miembro de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES. Ponencia presentada en la II Conferencia regional "Migración, desplazamiento forzado y refugio", Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004.