Lo primero que se advierte, a partir de las reflexiones que anteceden a esta ponencia, es la amplitud y la riqueza del debate "académico" acerca del fenómeno del refugio y, más en general, de la población que sale de su país a causa de conflicto armado interno en Colombia. Lo que contrasta, sin duda, con la cautela y la ambigüedad que ha caracterizado la presentación de éste fenómeno ante la opinión pública mediante los medios de comunicación, con los escasos y más bien superficiales comentarios que ha merecido, y con el magro y simplificado debate que lo acompaña, tanto en Ecuador como en la región andina.

En Ecuador, como lo revelan las opiniones de la prensa, de sectores del Gobierno, de sectores sociales como la Junta Cívica de Guayaquil, de voces de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia, son variadas y complejas las visiones sobre el fenómeno de la población que está saliendo de Colombia por causa del conflicto armado.

La confusión nacional por definir quiénes son los colombianos que están ingresando al país no se deriva sólo de maquiavelismos y torcidas intenciones, de simpatías partidistas o de simples y mezquinas antipatías personales, que también las hay; esta confusión es el reflejo de los diversos enfoques, de la enorme fragmentación de las opiniones nacionales derivada, por supuesto, de una gran diversidad de intereses, de la ruptura de la comunicación y la confianza, pero también desde muchos mitos y resabios populares que se repiten sin crítica. Por ello, si queremos que la comunidad nacional e internacional oriente su apoyo a las personas que están saliendo de Colombia, por causas de la violencia generalizada, de manera que se ajuste lo mejor posible a los intereses de todos y que pueda ser de beneficio para los países receptores (como lo es Ecuador), lo primero que necesitamos es hacer claridad sobre lo que pensamos nosotros mismos. Por ello es importante debatir el sentido y orientación de los diversos puntos de vista que versan sobre la población colombiana que está llegando a Ecuador por causa de la guerra; que, dicho de antemano, para el Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe la extensión de esta población no se limita al número de Solicitantes de Refugio.

Distintos enfoques sobre la población colombiana desplazada

Podemos destacar cuatro o más bien cinco discursos que están enriqueciendo el debate sobre la caracterización de población colombiana que está llegando a Ecuador a causa de la violencia generalizada en Colombia. Discursos que pueden ser variados, complejos, simples, confusos y que muchas veces se entrecruzan y contradicen unos con otros. La Junta Cívica de Guayaquil, por ejemplo, tiene un punto de vista, que es muy legible, poco interesante, nada original y con un trasfondo histórico que está atractivamente hilvanado en sus pensamientos.

La Junta Cívica de Guayaquil se revela como un polemista conservador y que argumenta con vigor. Su parecer públicamente acusa a los colombianos que están ingresando de delincuentes y no estaría muy lejos de su pensamiento el hecho de anunciar que todas las colombianas son trabajadoras sexuales. Buena parte de las críticas que ella ha esgrimido en contra de los colombianos que están ingresando, incluyen el Pensamiento de los Social Cristianos. Si ellos tuviesen que decidir sobre el tema -como lo han manifestado públicamente-: les exigirían visa a todos los colombianos y santo remedio. Pues ni santo, ni remedio, aunque su posición en el fondo tenga el interés de defender y proteger a la población nacional ecuatoriana fungiendo como cíclopes y poniendo su único acento en el tema de seguridad, sin aceptar otros enfoques como los potenciales de la población colombiana que están ingresando.

Haciendo un paréntesis y para derrumbar el mito o el resabio popular de quienes piensan en los colombianos como unos delincuentes cabe anotar que la Dirección Nacional de Policía Judicial en sus estadísticas revela que de Enero a Diciembre del 2003 se registró la detención en Ecuador de 22.657 personas por diferentes delitos, de las cuales tan solo el 3% eran de nacionalidad colombiana.

Hay un segundo punto de vista y es el del gobierno ecuatoriano, para el que, entendemos, la situación no es fácil, tampoco es muy clara; pero sí dependiente de sus relaciones con Colombia y con una disposición legal, el decreto 3301 de 1992, cuyo valor del texto es un ejemplo para los países de la región Andina.

Para el Gobierno ecuatoriano la mayoría de los colombianos que ingresan al país son migrantes o delincuentes que vienen a quitarle el trabajo a los ecuatorianos, como lo manifestó el mismo Presidente Lucio Gutiérrez en las declaraciones del día 3 de Noviembre del 2003 en la ciudad de Cuenca y publicadas el 4 de noviembre en el diario el Universo de Guayaquil. Estadísticamente la tendencia del gobierno ecuatoriano muestra lo que podríamos denominar la ratificación de su pensamiento: mientras en el año 2000 de 362 solicitudes de refugio fueron reconocidas 307, es decir, el 84.80%; en el año 2003 de 11.391 solicitudes de refugio sólo fueron reconocidas 3.253, es decir el 28.55%.

Pero, más allá de esas declaraciones sin fundamento y de esa política restrictiva del gobierno ¿qué significaría para Ecuador reconocer en su mayoría a los colombianos que vienen por causas de la guerra? Tal vez aceptar ese hecho sería igual a manifestar abierta y políticamente a Colombia que no es capaz de cumplir con su papel de Estado.

Pero aún hay más, muy coherente con sus declaraciones, el gobierno ecuatoriano resolvió exigir, a partir del primero de mayo de este año, el certificado de pasado judicial a todos los colombianos que ingresen al Ecuador, desconociendo el marco internacional de protección de los solicitantes de refugiados y la Decisión 503 del Comité Andino de Naciones. Para reafirmar aún más las declaraciones del Gobierno se resuelve desde el primero de julio exigir a los residentes colombianos portar un carné laboral emitido por el Ministerio de Trabajo.

Es importante anotar tal y como lo manifestó, el 28 de julio pasado en Ecuador, el jesuita José Núñez, Director regional para América Latina y el Caribe del Servicio Jesuita a Refugiados, en las Jornadas Hemisférica sobre Políticas Migratorias, en el contexto del Foro Social América: Que la actitud del Gobierno fomenta la existencia de una "zona gris" al señalar a la mayoría de los colombianos que ingresan como migrantes y al negar el estatuto de refugiado a la mayor parte de los solicitantes colombianos que vienen por la situación de violencia, tratando de colocar un velo a la situación de guerra en Colombia.

Hay un tercer punto de vista que es el de los Movimientos Indígenas. En el levantamiento de enero de 2001 obligaron al Gobierno de Gustavo Novoa a mesas de diálogo sobre temas de interés social, político y económico. Una de las mesas trataba los efectos del Plan Colombia: militarización, fumigación y refugiados. De buena manera estaban expresando que por un lado se requiere dialogar sobre el componente seguridad y por el otro de un componente de atención humanitaria. Su intención fue exigir al gobierno que diera unas respuestas claras frente a los efectos del Plan Colombia, pero sobre todo en su discurso dejaron visualizar que la gente que venía de Colombia por causas de la Guerra no es sólo un tema de seguridad, es un tema humanitario.

Luego, un cuarto punto de vista es el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Pro Refugiados (CPR), ejecutor de ACNUR y perteneciente a la Conferencia Episcopal. Su agenda es clara: "la protección de los refugiados"; pero, de cara a la magnitud de "la Población Colombiana en Situación de Refugio", tan limitada como la del Gobierno: Participar del proceso de solicitud y de elegibilidad de los refugiados que conduce la Cancillería, brindar seguridad a los solicitantes y reconocidos como refugiados, fomentar microproyectos de desarrollo para los refugiados reconocidos por Cancillería.

Pero ACNUR, sea dicho como organización amiga y no como un actor antagónico, tiene un reto enorme con la población en situación de refugio que está llegando de Colombia y es el de ejecutar, por propio mandato, su papel como organización internacional. Respetando, desde luego, la soberanía y la autonomía del Estado ecuatoriano, debe implementar más abiertamente su mandato que incluye el reconocimiento de refugiados bajo su propia responsabilidad, de cara a la magnitud de la Población Colombiana en Situación de Refugio. Desde esta visión se vuelve necesario centrar la mirada sobre el conflicto colombiano en su compleja dimensión y las disputas entre la interpretación y sentido del acontecimiento o desplazamiento, y explorar el proceso por el cual algunos relatos logran desplazar a otros y convertirse en "verdaderos" o "hegemónicos".

En este mismo sentido, el quinto punto de vista resulta del análisis y la reflexión que hace el Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador, apoyado por su red Latinoamérica y del Caribe. El SJR del Ecuador considera que la población colombiana que está llegando a Ecuador por causas de la guerra no se reduce al grupo de los más de 7.000 refugiados reconocidos por el gobierno, que tampoco se limita a los más de 24.000 solicitantes de refugio o a los 56.729 que se refiere un informe de CODHES durante el periodo 2000-2003; el universo de la población en situación de refugio, según nuestras apreciaciones, se puede extender a una cifra aproximada de 500.000 colombianos en Ecuador. Dicho de otra manera, la realidad para el Servicio Jesuita a Refugiados es mucho más compleja y consiste en abarcar un conjunto de huellas dejadas por todos los actores a causa de los acontecimientos que han afectado el curso de su historia, de todas las personas que tienen la capacidad de poner en escena recuerdos comunes con respecto al efecto de la guerra en su lugar de origen. A este universo de población, el Servicio Jesuita a Refugiados lo ha denominado "Población Colombiana en Situación de Refugio.

Visión que igualmente tiene, como todos los demás puntos de vista, debilidades. Hablar de 500.000 personas suena exagerado. Es difícil negar que también en ese grupo existan migrantes que llegan por diferentes razones, personas que se vienen a adueñar de los bienes ajenos -conocidos también como ladrones- o turistas que se amañan y ven un mejor panorama en Ecuador. Pero también es cierto que del conflicto en colombiano no se puede desligar ni la situación social, ni la situación política, ni tampoco la situación económica del país. Es decir, la violencia en Colombia también es fuente de pobreza y desequilibrio social. Por otra parte, no todos los colombianos que vienen a Ecuador quieren cargar con el rotulo de Refugiado, por inseguridad o por considerarlo discriminativo, y otros simplemente no tienen información del proceso de solicitud o asustados por los documentos exigidos se ocultan y permanecen como irregulares, otros, en cambio, ya no confían en nadie y prefieren permanecer en el anonimato.

Pero además, para colmo de males, haciendo autocrítica, llamarlos Población Colombiana en Situación de Refugio también los expone, porque desde la protección legal no existe ningún figura que los reconozca ni ningún marco jurídico que los proteja. Gabriela Rodríguez, relatora de las Naciones Unidas para las Migraciones, argumentaba, y con justa razón, que al denominar de esa manera a la población Colombiana estábamos poniendo a este conjunto de personas en estado de indefensión jurídica, los estamos nuevamente sumiendo en esa zona gris que queremos denunciar. Su propuesta era, entonces, velar por estas personas o desde el marco legal del refugio o desde el marco legal de la inmigración, pero no dejarlos en un limbo jurídico.

Esta observación de Gabriela Rodríguez también tiene una gran dificultad y es que al distinguir al resto de colombianos que no son refugiados como inmigrantes invisibiliza por completo la situación de las personas que llegan por causas de la violencia y, con más razón, invisibiliza el conflicto colombiano. En otras palabras, significa actuar sobre las consecuencias de una Guerra de forma restrictiva y limitada, y no enfrentarse abiertamente a la realidad de la causa.

La intención hasta este punto no es definir cuál de las anteriores es la visión correcta o la de otros, que eventualmente entrarían en la contienda de este debate. La intención acá es que al final nos demos cuenta que lo importante es que "la misma gente colombiana que está llegando decida", responsable y libremente, cómo quiere ser identificada, que es la dimensión que no debemos perder de vista. Porque, a la hora de la verdad, nosotros, el SJR, no estamos decidiendo cómo definir a los colombianos que están llegando a Ecuador. Apenas estamos abriendo la opción para que los colombianos y ecuatorianos escojan el futuro que les parezca.

Todas las anteriores visiones que nombramos recogen antecedentes históricos y de la actualidad en Ecuador, son pensamientos propios y de otros. Pero en el fondo de esta ponencia está el tema de la claridad… buscar claridad. Y es ahí donde nos encontramos. Mientras unos nos formulamos la pregunta: ¿Qué se necesita para afrontar este fenómeno de los colombianos que están llegando a Ecuador por causa de la Guerra? Otros ya han escrito sobre la determinación que se necesita para enfrentar este tipo de dilemas: "Energía para enfrentar la seguridad; prudencia y técnica para destrabar el tema; tacto y decisión para corregir el rumbo clientelista y desbaratar los nidos de corrupción; sabiduría y paciencia para corregir los yerros; capacidad de oír las voces disidentes; humildad para reconocer los propios errores; dignidad y valor para resistir los golpes del enemigo" (Gaviria, "que el pueblo decida", página 213).

Esta discusión de visiones desde Ecuador que debería desatar una controversia histórica no es más que una invitación a que continuemos el debate por definir a los colombianos que están saliendo de su país; ojalá desde una perspectiva que nos convenga a todos. Así, esperamos aparezcan más visiones en el futuro orientadas desde una visión complementaria pero donde prevalezca la visión humanitaria.

La región frente a la población colombiana en situación de refugio

Buscando otros horizontes de este debate, nos encontramos con la visión de los países fronterizos a Colombia, como Venezuela y Panamá y hasta de la misma Colombia. Aquí es importante enunciar que el conflicto colombiano no sólo se extiende a territorios vecinos y que su complejidad desborda las fronteras del componente andino, pero que por el enfoque de la conferencia regional no abarcaremos.

En Venezuela, por ejemplo, el Gobierno, aparte de celebrar por la decisión del referendo y la publicación de la LORA (Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados) -que de hecho ha resultado inoperativa-, ha decidido que ante la afluencia masiva de población colombiana, a causa del conflicto armado, lo mejor es nacionalizar a los colombianos y de paso utilizar abusivamente a los nacionalizados como un potencial electoral. De esta manera el gobierno venezolano también da la espalda al Conflicto Colombiano.

Ahora bien, de forma positiva la decisión de nacionalizar a la Población Colombiana en Situación de Refugio es un potencial, ya que en definitiva es reconocer que los colombianos pueden disfrutar a la par de sus derechos como los venezolanos, así como también puedan desarrollar unas responsabilidades y virtudes cívicas y de paso exigir a quienes los represente políticamente.

En Panamá, a pesar de la existencia del opaco y limitado Decreto Ejecutivo número 23 donde se reglamenta el refugio, la deportación de 109 refugiados colombianos incluyendo a 63 niños ha ocasionado demandas al gobierno panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La limitación de la legislación oculta restringe las definiciones de los marcos internacionales como la convención de Ginebra del 51, poniéndole obstáculos a la asistencia humanitaria y haciéndose los de la vista gorda, es decir los ciegos, con el conflicto colombiano.

Por su parte en Colombia, para empezar es necesario señalar que el principal logro de la presente administración ha sido cambiar la percepción que los colombianos tienen de su propia seguridad: según un relato de balance del 13 de agosto de 2004 en el diario El Tiempo, la mayoría siente que vive en un país más seguro que hace dos años, incluso los índices de desplazamiento han bajado. Lo importante es que esta percepción está fundamentada en hechos reales y verificables: el homicidio ha bajado ostensiblemente, lo mismo que el secuestro, las masacres, el desplazamiento forzoso, las tomas de poblaciones, el sabotaje económico, etc.

Pero, sin que esto desluzca los buenos resultados que se han logrado, hay que decir, sin embargo, que estos avances son relativos. Los retenes de la guerrilla han caído verticalmente en las vías principales, pero han aumentado en las vías secundarias. Los desplazamientos por las fumigaciones han alcanzado su máximo. Las desapariciones son pan de cada día. La piratería terrestre disminuyó en las zonas rurales, pero ha aumentado en las cercanías de las cinco principales ciudades. Los paros armados han aumentado. El ritmo de las deserciones de los grupos irregulares empezó a descender.

Así, pues, a pesar de los evidentes logros de la seguridad democrática, lo que falta por alcanzar es mucho mayor que lo ya alcanzado. Los avances obtenidos son aún parciales y temporales, pues mientras continúen activos y poderosos la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, el riesgo de retrocesos e involuciones es real. Todavía no hay nada totalmente asegurado, ni se puede cantar victoria en Colombia. Tal vez el mayor esfuerzo aún esté por realizarse. Y no sólo en Colombia, el esfuerzo está por realizarse desde las otras esferas regionales, nacionales y locales que parecen estar de acuerdo con no darle cabida a la Población Colombiana en Situación de Refugio y aparentar que en Colombia no está pasando nada.

Por lo anterior, responder a dilemas como el de la Población Colombiana en Situación de Refugio tiene que empezar a ser tema central para la región. De hecho, poder responder con certeza a interrogantes como ¿por qué la gente o los Estados cooperan o no cooperan con la Población Colombiana en Situación de Refugio? o ¿A través de qué mecanismos se estimulan dinámicas cooperativas en este medio? Pondrían fin a mediocres interpretaciones, explicaciones y acciones sobre el tema.

En este punto del debate, la situación y la voz de la Población Colombiana en Situación de Refugio es importante para determinar el camino. Hace falta reconocer que, aquí en Quito, en un cuarto de 3 por 2 metros están durmiendo 6 personas que huyen del conflicto, y que una familia a la que se le negó el refugio permanece escondida desde hace dos años en condiciones de extrema pobreza, resignada a que lamentablemente su vida se volvió un juego de escondite: en Colombia por la guerra y aquí, en Ecuador, por la permanencia irregular.

Familias enteras de Población Colombiana en Situación de Refugio tratando de salir adelante como irregulares o legales en un país que les es ajeno y extraño, luchando con las mismas dificultades y limitaciones que la población local, en salud, educación, empleo y vivienda; pero con la gran diferencia de estar los colombianos enfrentados a la discriminación y la xenofobia, la extorsión de un policía incompetente que solicita dinero, luego de amenazar con la palabra "deportación" o la destrucción de los papeles totalmente en regla. El abuso y el acoso sexual de los empleadores, del mismo policía incompetente. El profesor que les enseña a los alumnos que la niña colombiana es diferente y se trata diferente, como si que no fuera una niña más en la escuela. El abogado o leguleyo o tramitador que se aprovecha de la situación de irregularidad e indefensión para sacar la mayor tajada posible. El periodista que afirma que el 90% de los delincuentes en Ibarra son colombianos, o la denominada "Marcha Blanca" a comienzos de diciembre del 2002, organizada por la Iglesia de Fátima en Quito, donde se levantaron carteles afirmando: "Fuera los Colombianos", "No queremos a los criminales colombianos".

A manera de conclusión

Es cierto, la afluencia masiva de Población Colombiana en Situación de Refugio fue una sorpresa para Ecuador y otros países de la Región Andina, pero en vez de estar creando diferencia, colocando obstáculos, empañetando con un velo a la situación de conflicto en Colombia y sus consecuencia aprendamos a ver los otros rostros positivos y enriquecedores del fenómeno.

Empecemos por decir que en Ecuador hay oportunidades. Que hay gente que quiere integrar a Población Colombiana -que esperamos sean muchos más de los que discriminan o rechazan. Que la Población Colombiana en Situación de Refugio se siente bien, tranquila y segura. Que también hay muchos policías y militares que apoyan e informan a la Población Colombiana en Situación de Refugio y respetan sus derechos y que sobre todo hay existen espacios como éste que le están diciendo SÍ a las potencialidades de la Población Colombiana en Situación de Refugio.

Cuando se originan tensiones sociales discriminatorias como las que se describen en párrafos anteriores, las sociedades receptoras tienen que empezar a crear instrumentos que faciliten las relaciones y las encausen. De otro modo se disparan los conflictos entre los pueblos, entre los grupos humanos, y entre las personas implicadas.

De acuerdo con lo anterior, es importante ver el potencial de la Población Colombiana en Situación de Refugio que puede empezar a ser vista como un mecanismo de re-equilibrio ante la salida de ecuatorianos fuera del país. Para lo cual es importante crear normas que regulen ese mecanismo, ya que su mal funcionamiento se puede convertir en causa de nuevos desequilibrios e incluso ser origen de conflictos de difícil solución.

Por otra parte, la mano de obra de la Población Colombiana en Situación de Refugio está posibilitando el mantenimiento de líneas productivas y la generación de propios empleos, que pueden significar un mayor índice de riqueza y una menor tasa de desempleo. De igual forma los colombianos están invirtiendo en Ecuador, porque no están de paso, están buscando un sitio tranquilo y lejos de la guerra. Lo que nos permite deducir que la Población Colombiana en Situación de Refugio no atenta contra ningún sistema y sí, y muy por el contrario, aporta y ayuda a mantenerlo.

Pero aparte de ser un potencial económico en sí mismos, la Población Colombiana en Situación de Refugio también es un imán de recursos económicos de todo el mundo, de agencias de cooperación y de gobiernos que benefician en su inversión a la población ecuatoriana.

En este camino que no sólo es económico sino y sobre todo cultural, se necesitan procesos de integración que deben ser tanto en derechos como en obligaciones en un escenario de igualdad ante la ley y ante la sociedad. Se propone, entonces, un camino en el cual exista un control de los flujos de la Población Colombiana en Situación de Refugio, pero no con el fin de aplicar restricciones, sino con la promesa de planificar proyectos de integración social en corresponsabilidad con Colombia que es el país origen del flujo de dicha población.

Es entonces indispensable que todos los que veamos un potencial en la Población Colombiana en Situación de Refugio a sabiendas de sus riesgos, como dice José Ramón Aparicio, agregado para asuntos laborales de la Embajada española en Quito, difundamos la coexistencia pacífica de culturas, el respeto a la diversidad, el respeto a la igualdad de derechos y potenciemos la diferencia como promotora del cambio social.

Por último, es importante aprender de la experiencia del mundo. Por ejemplo, fundadora de la tauromaquia, España resolvió coger el toro de la inmigración por los cachos y acaba de ofrecer una solución radical y generosa a un problema que, a fuerza de maltratarlo por años, no hizo más que enquistarse. Sin embargo y ante los problemas que esta resolución tenga, también hay que ver el trabajo que cuesta sacar la modesta visa de turista para visitar la madre patria que actúa a veces como madrastra, así como Ecuador de hermanastro para los colombianos.

¿Qué hace el Servicio Jesuita a Refugiados en Ecuador ante este fenómeno?

1. Distingue que hay Una Población Colombiana en Situación de Refugio y que de ellos hay unos más vulnerables y opta por trabajar con esos seres humanos.
2. Luego del permiso y de la voluntad de las familias o personas para caminar juntos, decidimos acompañarlos para que se empoderen, para que ese potencial que tienen lo empleen generosa y creativamente para la construcción de una mejor sociedad ecuatoriana y participen en procesos de integración social.
3. Tenemos un eje de incidencia política que busca articularnos en redes y defender los derechos para intentar mejorar las condiciones de vida de la Población Colombiana en Situación de Refugio. Tarea esta última que nos trae a participar en este evento académico, con el fin de que nos pongamos de acuerdo en las ideas y también en las acciones.

*David García Herrera. Licenciado en Comunicaciones por la Universidad Javeriana de Bogotá, Master en Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos, por la Universidad de los Andes, Bogotá. Actualmente trabaja en el Servicio Jesuita a Refugiados de Ecuador. Ponencia presentada en la II Conferencia regional "Migración, desplazamiento forzado y refugio", Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004.