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Preámbulo
En ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con el Consejo
Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos
de Brasil, Costa Rica y México, reunieron a los gobiernos
de los países de América Latina, expertos y diferentes
sectores de la sociedad civil para analizar conjuntamente los
principales desafíos que enfTenta hoy la protección
de los refugiados y otras personas que necesitan protección
internacional en América Latina, e identificar líneas
de acción para asistir a los países de asilo en
la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del espíritu
pragmático y de principios que propugna la Declaración
de Cartagena.
Con este propósito se realizaron cuatro reuniones consultivas
preparatorias en San José, Costa Rica (12-13 de agosto),
Brasilia, Brasil (26-27 de agosto), Cartagena de Indias, Colombia
(1617 de septiembre) y Bogotá, Colombia (6-7 de octubre),
en las que se analizó la problemática de refugiados
en cada región. Como resultado de cada encuentro, un informe
fue adoptado por consenso. Con base en las conclusiones y recomendaciones
de estas reuniones regionales preparatorias, los participantes
han elaborado el presente Plan de Acción con el propósito
de continuar fortaleciendo los mecanismos de protección
y de búsqueda de soluciones para los refugiados y otras
personas que necesitan protección internacional en la región.
Capítulo Primero
La Situación de los Refugiados en América Latina
Al conmemorarse el vigésimo aniversario de la Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados, en Latinoamérica todavía
subsisten situaciones que generan desplazamiento forzado, particularmente
en la región andina. Además de un creciente número
de refugiados latinoamericanos, la región igualmente brinda
protección y soluciones duraderas a refugiados de otros
continentes.
Salvedad hecha de la región andina, donde los flujos transfronterizos
obedecen particularmente a una crisis humanitaria que se caracteriza
por desplazamientos forzados al interior de Colombia, y que afecta
de manera diferenciada a los países vecinos y otros países
de la región, en la actualidad los solicitantes de la condición
de refugiado y refugiados están inmersos dentro de los
flujos migratorios que atraviesan el continente.
Por otra parte, en la región andina la magnitud del desplazamiento
forzado se ve opacada por un contexto en el que muchas personas
que requieren protección optan por el anonimato y la dispersión,
y por ende, no solicitan formalmente protección internacional.
Paralelamente, en el Cono Sur, se han iniciado programas pilotos
de reasentamiento de refugiados reconocidos en otras partes del
mundo.
Esto hace que en la actualidad en Latinoamérica coexistan
varias situaciones: 1) países que continúan recibiendo
a un número reducido de solicitantes de la condición
de refugiado y refugiados inmersos en los flujos migratorios regionales
y continentales; 2) países que albergan a un número
significativo de refugiados reconocidos y/o solicitantes de la
condición de refugiado; y 3) países con programas
emergentes de reasentamiento. En algunos países de la región
estas situaciones convergen.
El marco normativo e institucional para la protección
de refugiados se ha fortalecido en los últimos 20 años.
Un importante número de países de América
Latina han consagrado a nivel constitucional el derecho de asilo
y la gran mayoría es parte de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o de su Protocolo de 1967.
Asimismo, la gran mayoría dispone de órganos, normas
y procedimientos nacionales para la determinación de la
condición de refugiado. Algunos países reconocen
que la persecución puede guardar relación con el
género y la edad, teniendo presente las necesidades diferenciadas
de protección de hombres y mujeres, niños y niñas,
adolescentes, y ancianos. Sin embargo, algunos de estos mecanismos
nacionales son todavía incipientes y requieren para ser
operativo s de mayores recursos humanos, técnicos y financieros,
incluyendo capacitación en materia de derecho internacional
de los refugiados, y así garantizar un procedimiento justo
y eficiente.
La definición de refugiado de la Declaración de
Cartagena ha sido incluida en la legislación interna de
un número importante de países. No obstante, durante
el proceso preparatorio se constató la necesidad de aclarar
y precisar los criterios para su interpretación, en particular
la interpretación restrictiva de las cláusulas de
exclusión, la interpretación de las circunstancias
específicas y su aplicación a los casos individuales,
utilizando la jurisprudencia establecida por los órganos
y tribunales de derechos humanos y tomando en cuenta los legítimos
intereses de seguridad de los Estados, a través de un diálogo
amplio y abierto con miras a la sistematización de la práctica
estatal y la doctrina.
El ejercicio de derechos fundamentales por parte de los refugiados
determina la calidad del asilo. La calidad del asilo es asimismo
primordial para encontrar soluciones duraderas a la problemática
de los refugiados. En la medida que un refugiado encuentre protección
efectiva en un país no se verá en la necesidad de
buscar protección en un tercer país a través
de movimientos secundarios y/o irregulares. Al mismo tiempo, es
necesario que los países de origen de los refugiados, con
la cooperación de la comunidad internacional, continúen
realizando esfuerzos para crear condiciones adecuadas para el
retorno en seguridad y dignidad de sus nacionales refugiados.
Sobre la base de las condiciones socioeconómicas imperantes
en los países de asilo, así como los distintos perfiles
de los refugiados y otras personas que requieren protección
en la región, es necesario diseñar y poner en práctica
nuevas políticas creativas que faciliten la búsqueda
de soluciones adecuadas. Esto obliga a plantearse nuevas estrategias
en materia de autosuficiencia e integración local, tanto
en centros urbanos como en zonas fronterizas, así como
el uso estratégico del reasentamiento, en un marco de solidaridad
regional.
Paralelamente, en las zonas fronterizas es importante fortalecer
los programas de atención humanitaria y social, dando énfasis
a enfoques territoriales y no poblacionales, de tal forma que
las comunidades receptoras se beneficien al igual que los refugiados
y otras personas que requieren protección.
Capítulo Segundo
La Protección Internacional para los Refugiados
1. Investigación, y Desarrollo Doctrinal:
Las reuniones preparatorias consideraron oportuno que se haga
un reconocimiento a la contribución de América Latina
al desarrollo progresivo del derecho internacional de los refugiados.
Al respecto, instrumentos regionales como la Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969; así como la doctrina
y jurisprudencia sobre la materia desarrollada, respectivamente,
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contribuido a mejorar
las condiciones de los refugiados en América Latina.
Al respecto, se toma nota además de otra recomendación
reiterada en todas las reuniones preparatorias de fortalecer la
cooperación de los Estados de la región entre sí
y con el ACNUR, los órganos de derechos humanos del Sistema
Interamericano y las instituciones académicas y de investigación
de América Latina en los campos de la investigación
interdisciplinaria, la promoción y la formación
del derecho internacional de los refugiados.
En el marco de esta cooperación, se recomendó abrir
un proceso de consultas con el fin de precisar el contenido y
alcance de la conclusión III de la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados, para fortalecer la protección
internacional de los refugiados en América Latina. Al respecto
se ha previsto la elaboración de un Manual de Procedimientos
y Criterios para la Aplicación de la Definición
de Refugiado de la Declaración de Cartagena.
Para profundizar en el conocimiento del Derecho de los Refugiados,
se propone la realización por parte del ACNUR, en cooperación
con los órganos de derechos humanos del sistema . interamericano
y las instituciones académicas y de investigación,
de los proyectos siguientes:
- Serie de Investigación Jurídica sobre
"La Protección Internacional de los Refugiados
en América Latina ",
- Manual sobre "Procedimientos y Criterios
para la Aplicación de la Definición de Refugiado
de la Declaración de Cartagena ", y
- Glosario sobre "Conceptos y Términos
Jurídicos del Derecho de los Refugiados"
2. Formación y Fortalecimiento Institucional:
En el proceso de consultas se reconoció el notable esfuerzo
que los países de América Latina han realizado en
los últimos 20 años para erigir un marco institucional
que garantice el derecho a buscar y recibir asilo. No obstante,
también se señalaron deficiencias en los sistemas
de asilo que dificultan el acceso a una protección efectiva
por parte de los refugiados y los solicitantes de esta condición.
2.1. A fin de contribuir a un amplio conocimiento y una efectiva
ejecución. del marco normativo, así como para facilitar
el uso efectivo de los recursos legales internos (administrativos,
judiciales y constitucionales) en la protección de los
derechos de solicitantes de la condición de refugiado y
de los refugiados y garantizar, de esta forma, el derecho a buscar
y recibir asilo, se acuerda pedir al ACNUR que, en cooperación
con los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano,
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, las universidades,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales
de promoción y protección de derechos humanos, desarrolle
y ejecute un "Programa Latinoamericano de Formación
en Protección Internacional de los Refugiados".
Este Programa estará dirigido a funcionarios de Estado
y a la sociedad civil organizada en redes de protección.
El Programa conllevará un proceso minucioso de selección
de participantes, un régimen docente que combine la formación
en el trabajo, la formación a distancia, el auto estudio
y el estudio en régimen residencial, el establecimiento
de precisos parámetros de evaluación e impacto y
un debido seguimiento de los graduados, entre otros elementos
técnicos.
Este Programa sería destinado prioritariamente a:
-Presidentes, miembros, asesores jurídicos y entrevistadores
de las Comisiones Nacionales de Refugiados;
-Funcionarios públicos de fronteras y aeropuertos (policía,
fuerzas armadas y migración) -Jueces, defensores públicos
y fiscales;
-Personal profesional de las instituciones nacionales de promoción
y protección de Derechos Humanos;
-Personal de las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones
de la sociedad civil participantes en las redes nacionales y regionales
de protección; y
- Legisladores.
2.2. También se constataron las dificultades de algunas
Comisiones Nacionales de Refugiados, u otras instancias responsables
de refugiados, para la identificación de personal especializado,
la puesta en marcha de sistemas de registro computarizados, la
lentitud de los procesos de determinación de la condición
de refugiado o la debilidad de los procesos de documentación
por falta, entre otros motivos, de recursos técnicos, humanos
y financieros. Al respecto, se instó a los Estados a fortalecer
los mecanismos institucionales creados para la determinación
de la condición de refugiado, dotándoles de mayores
recursos financieros, y se requirió al ACNUR para que proporcione
capacitación y asesoría técnica.
En reconocimiento de la importancia de las Comisiones Nacionales
de Refugiados para garantizar una protección efectiva,
se solicita al ACNUR que coopere con los gobiernos de América
Latina interesados en la elaboración de proyectos regionales
o de ámbito nacional dentro del marco y las prioridades
de un "Programa de Fortalecimiento de las Comisiones
Nacionales de Refugiados". En relación con
lo anterior, es preciso anotar que los países andinos reunidos
en Cartagena de Indias el 16-17 de septiembre 2004, dentro del
proceso preparatorio, acordaron someter a la consideración
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores la creación
de un Comité Andino de Autoridades Responsables de Refugiados.
El proceso de consultas determinó que el fortalecimiento
de las Comisiones podría orientarse, entre otros aspectos,
a:
-Garantizar el respeto de las normas del debido proceso, a través
del acceso de los solicitantes al procedimiento de determinación
de la condición de refugiado, el establecimiento de recursos
efectivos, la adopción de decisiones en un plazo razonable
y procedimientos de apelación ante instancias independientes;
y
-Simplificar los trámites y facilitar la expedición
de documentos.
2.3. La sociedad civil y las instituciones nacionales de promoción
y protección de derechos humanos en América Latina
están desempeñando un papel en la protección
y defensa de los refugiados ampliamente reconocido por los propios
gobiernos. Esta importante tarea la llevan a cabo las ONGs y las
iglesias, dentro de un espíritu de cooperación con
las instituciones del Estado, incluidas las instituciones nacionales
de promoción y protección de derechos humanos, con
el ACNUR y otros organismos de protección regionales e
internacionales. En las reuniones preparatorias hubo recomendaciones
para incorporar más a la sociedad civil en la formulación
de las políticas públicas sobre refugiados y para
continuar apoyando su fortalecimiento.
Se propone por tanto la ejecución de un "Programa
de Fortalecimiento de las Redes Nacionales v Regionales de Protección",
que deberá atender las necesidades de las ONGs, iglesias
e instituciones nacionales de promoción y protección
de derechos humanos. Este Programa podría dirigirse prioritariamente
a las siguientes áreas:
lReforzar los servicios
de asesoría legal y asistencia al refugiado y solicitante
de dicha condición, dentro de una perspectiva que atienda
los específicos requerimientos de los beneficiarios de
sus servicios, ya sean éstos: hombres, mujeres, niños
y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades,
indígenas u otras categorías;
l Reforzar el conocimiento
del derecho internacional de los refugiados y de los derechos
humanos;
l Sistematizar y difundir
buenas prácticas y experiencias exitosas desarrolladas
por algunas redes; e
l Intercambiar experiencias
entre las distintas redes de la región.
Por lo tanto, bajo este rubro de Formación y Fortalecimiento
Institucional se proponen los siguientes programas:
- Programa Latinoamericano de Formación en Protección
Internacional de los Refugiados
- Programa de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de
Refugiados
- Programa de Fortalecimiento de las Redes Nacionales y Regionales
de Protección
Capítulo Tercero
Soluciones Duraderas
Las reuniones preparatorias señalaron las prioridades
operativas en las diferentes sub-regiones y países de la
región. Se constató que América Latina cuenta
con una amplia tradición solidaria de protección
al perseguido y que ha sido una región que ha sabido encontrar
soluciones a sus propios refugiados dentro del sub-continente.
Se reconoció que la repatriación voluntaria es la
solución óptima para los refugiados, como derecho
individual que ha de ejercerse de manera voluntaria en condiciones
de seguridad y dignidad. Asimismo, se subrayaron las necesidades
existentes para facilitar la autosuficiencia y la integración
local de un creciente número de refugiados y el desafío
que esto representa para los países de América Latina.
Se reiteró la necesidad de la cooperación internacional,
acorde con los principios de solidaridad y responsabilidad compartida,
para poner en práctica soluciones duraderas efectivas,
así como para la difusión de buenas prácticas
de soluciones duraderas en la región, propiciando la cooperación
sur-sur, y el enfoque creativo de la Declaración de Cartagena
de los Refugiados de 1984.
Del contexto actual regional sobresalieron dos situaciones que
requieren urgente tratamiento y apoyo internacional. Por un lado,
la situación de un número creciente de refugiados
de extracción urbana asentados en los grandes núcleos
urbanos de América Latina. Por otro lado, la situación
de un gran número de ciudadanos colombianos en las zonas
fronterizas con Colombia de Ecuador, Panamá y Venezuela,
en su mayoría indocumentados y necesitados de una acción
urgente de protección y asistencia humanitaria dada su
alta vulnerabilidad.
1. Programa de Autosuficiencia e Integración Local
"Ciudades Solidarias"
Los refugiados urbanos provienen de un amplio abanico de nacionalidades,
con un porcentaje aún pequeño pero en aumento de
refugiados de otros continentes y culturas. Estos refugiados se
asientan fundamentalmente en centros urbanos y su autosuficiencia
e integración socioeconómica es un desafío
para los Estados y la sociedad civil, sobre todo teniendo en cuenta
las dificultades económicas que los propios países
de asilo enfrentan. Es por tanto necesario tener presente la difícil
realidad de las comunidades de acogida al momento de diseñar
proyectos de integración.
Del proceso preparatorio habría que destacar: a) la voluntad
política de los gobiernos para facilitar la autosuficiencia
económica de los refugiados; b) la falta de recursos y
de experiencia del aparato estatal social para lograr esta meta;
c) el reconocimiento de la labor y experiencia de la sociedad
civil; d) la necesidad de plantear estrategias adecuadas con la
realidad de los países de asilo y de intercambiar buenas
prácticas; e) la necesidad de contar con cooperación
técnica y financiera internacional.
Las reuniones preparatorias indicaron que en la elaboración
de este Programa se deberán tener en cuenta las realidades
socioeconómicas de la región, en términos
de índices de desempleo, pobreza, y exclusión social,
así como el perfil socioeconómico de los beneficiarios.
En este sentido, se mencionaron algunas metas indicativas:
-Propiciar la generación de fuentes de empleo, en particular
se sugirió el establecimiento de sistemas de micro-crédito;
-Establecer mecanismos para una expedita entrega de documentos
y simplificación de los trámites de validación
y reconocimiento de certificados y diplomas; y
-Contemplar mecanismos de participación de la sociedad
civil organizada y del ACNUR en la elaboración, ejecución,
seguimiento y mejora de los proyectos de integración.
El Programa de Autosuficiencia e Integración "Ciudades
Solidarias" pretende evitar, en la medida
de lo posible, los llamados "movimientos irregulares o secundarios",
pero sobre todo busca una protección más efectiva
que abarque los derechos y obligaciones sociales, económicos
y culturales del refugiado. Se trataría de facilitar la
ejecución de políticas públicas, dentro de
una estrategia social integral, con la cooperación técnica
de las Naciones Unidas y de las organizaciones de la sociedad
civil y el apoyo financiero de la comunidad internacional, para
integrar a un número de refugiados a ser determinado en
una serie de centros urbanos "piloto" de América
Latina.
2. Programa Integral "Fronteras Solidarias"
Los representantes gubernamentales de Ecuador, Panamá
y Venezuela, en la In Reunión SubRegional Preparatoria
celebrada en Cartagena de Indias, Colombia (16-17 de septiembre,
2004), indicaron que se desconoce la real magnitud de la problemática
de los refugiados. En este sentido, los 10,000 refugiados y los
30,000 solicitantes de la condición de refugiado en estos
tres países, representarían solamente una fracción
del total de ciudadanos colombianos que transitan y/o permanecen
en estos países, en su mayoría en situación
irregular, resaltándose la especial situación que
enfrentan las provincias o Estados fronterizos con Colombia.
Dada la situación imperante en el país de origen,
y las dificultades económicas de los países de recepción,
se presume que un número considerable de los colombianos
indocumentado s o en situación migratoria "irregular"
requieren protección y asistencia humanitaria. Sin embargo,
en su mayoría, permanecen "invisibles" y, por
tanto, vulnerables y marginados. Los países de recepción
manifiestan voluntad para cumplir con sus obligaciones internacionales
de protección, pero asimismo preocupación por la
magnitud del problema humanitario cuya dimensión real aún
se desconoce.
Para promover una respuesta humanitaria a favor de quienes requieren
y merecen protección internacional, al igual que para atender
las necesidades básicas de infraestructura y de acceso
a servicios comunitarios, en particular en materia de salud y
educación, y facilitar la generación de fuentes
de empleo y proyectos productivos, es necesario propiciar el desarrollo
fronterizo a través de la consolidación de la presencia
de las instituciones del Estado, y de inversiones y proyectos
concretos de la comunidad internacional.
Los representantes de gobierno en la reunión de Cartagena
de Indias indicaron las dificultades que enfrentan las autoridades
locales pata mantener los servicios básicos en salud, saneamiento,
educación y otros que se encuentran afectados por un exceso
de demanda no planificada. En todo caso, se subraya la necesidad
imperiosa de incluir a las poblaciones locales como receptoras
de ayuda al desarrollo, al ser éstas las que asumen gran
parte del peso de la solidaridad, a pesar de ser poblaciones tan
pobres y necesitadas como los propios refugiados.
Las reuniones preparatorias propusieron las siguientes prioridades
en las zonas fronterizas de acogida de los países citados:
- Apoyo para ejecutar un programa a fin de establecer de una
forma fiable la magnitud y las características de la
problemática de los refugiados con el objeto de determinar
sus necesidades de protección y asistencia, además
de proponer las soluciones duraderas más adecuadas;
- Fortalecimiento de los mecanismos institucionales de protección
y de determinación
de la condición de refugiado;
- Ejecución de Programas de Sensibilización dirigidos
a la población local para
prevenir sentimientos adversos y toda forma de discriminación;
- Elaboración de un Plan Estratégico Regional
para atender las necesidades de protección, de asistencia
básica y de integración de todas las poblaciones
necesitadas bajo un enfoque territorial y diferenciado, cuyos
ejes orientadores podrían ser, entre otros:
-Promover el desarrollo social y económico, beneficiando
por igual a las personas que requieren protección internacional
y a las poblaciones locales de acogida;
-Tomar en cuenta el perfil de la población desarraigada
y la población de las comunidades locales que habitan
en zonas fronterizas, que principalmente se constituye por población
rural, agrícola, con una mayoría de mujeres y
niños; y
-Tomar en cuenta las necesidades específicas de protección
de mujeres y hombres, minorías étnicas, ancianos
y personas con discapacidades.
Se señala que la solidaridad sólo se puede sustentar
en un trabajo de cooperación activa del Estado, la sociedad
civil y el ACNUR, con la contribución financiera de la
comunidad internacional, enmarcada en el principio de la responsabilidad
compartida. Al respecto, se mencionó la importancia de
asegurar la participación de la sociedad civil en los mecanismos
establecidos o por establecer (bilaterales, tripartitos e internacionales)
para afianzar el marco de protección de las personas afectadas
en zonas fronterizas y analizar la problemática del desplazamiento
forzado en la región.] En este sentido, se tomó
nota con satisfacción de la propuesta de Brasil de promover
la creación de un programa de reasentamiento regional (ver
apartado siguiente).
3. Programa Regional de "Reasentamiento Solidario"
En la reunión preparatoria de Brasilia (26-27 de agosto,
2004), el Gobierno de Brasil propuso la creación de un
programa de reasentamiento regional para refugiados latinoamericanos,
enmarcado en los principios de solidaridad internacional y responsabilidad
compartida. Esta iniciativa abre la posibilidad para que cualquier
país de América Latina se asocie en el momento que
lo considere oportuno, ofreciendo recibir refugiados que se encuentran
en otros países de América Latina. El anuncio de
este Programa fue bien recibido por los países de"
la región que acogen a un importante número de refugiados,
como instrumento que ayude a mitigar el impacto de la situación
humanitaria que enfrentan.
Los países de América Latina coinciden en la importancia
de propiciar el establecimiento de políticas de reasentamiento
que incluyan un marco de principios y criterios de elegibilidad,
respetando el principio de no discriminación. Asimismo,
a la luz de la experiencia de Brasil y Chile como países
con programas emergentes de reasentamiento, hacen un llamado a
la comunidad internacional para apoyar el fortalecimiento y consolidación
de estas iniciativas, a efecto de que puedan ser mejoradas y replicadas
en otros países de América Latina.
En todo caso, se subraya que el reasentarniento como solución
duradera en la región y para la región no debe ser
visto como una carga compartida sino como un deber de solidaridad
internacional, y se reitera la necesidad de contar con cooperación
técnica y financiera de la comunidad internacional para
su fortalecimiento y consolidación.
Capítulo Cuarto
"Mecanismos de Promoción, Ejecución, Seguimiento
y Evaluación"
Con el fin de ejecutar este Plan de Acción se prevé
una serie de actividades a varios niveles:
A nivel nacional (durante el primer semestre del 2005)
Llevar a cabo un diagnóstico del número de personas
que podrían beneficiarse de este Plan de Acción
para sustentar la formulación de proyectos dentro de los
programas contemplados en el mismo. Elaboración de proyectos
nacionales dentro del ámbito del Plan de Acción.
Asimismo, los países interesados en el Programa "Fronteras
Solidarias" deberían preparar un estudio sobre el
impacto de la presencia de solicitantes de la condición
de refugiados, refugiados y otras personas que requieren protección
internacional en las áreas de ejecución del Programa.
El ACNUR brindará todo su apoyo y experiencia en la formulación
de dichos proyectos, los cuales serán sometidos a consideración
de la comunidad internacional.
Las instituciones nacionales de promoción y protección
de derechos humanos elaborarán periódicamente un
informe de evaluación y seguimiento en relación
con los proyectos y programas formulados dentro del ámbito
de este plan de acción.
A nivel regional y sub-regional
Organizar por lo menos dos reuniones al año que permitan
el intercambio de informaciones y experiencias, la elaboración
de proyectos regionales y la supervisión de la ejecución
de este Plan de Acción con la participación de gobiernos,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
otros organismos de Naciones Unidas, la Organización de
los Estados Americanos, donantes, representantes de la sociedad
civil, las instituciones nacionales de promoción y protección
de derechos humanos y expertos.
A nivel internacional
Dentro del marco del Comité Ejecutivo del ACNUR, organizar
una reunión anual con países donantes e instituciones
financieras, con la participación de la sociedad civil,
con el fin de presentar los programas y proyectos del Plan de
Acción e informar sobre su ejecución e impacto en
las poblaciones beneficiarias.
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