Saludo a la señora Presidenta de la Reunión

Agradecimiento: Gobierno de México, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y al Consejo Noruego para los Refugiados

La actualidad de la temática de los refugiados en América Latina convoca de manera especial a diversos sectores de la sociedad en procura de atender un desafío de enorme complejidad. A 20 años de la Declaración de Cartagena, las Defensorías, Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos reconocidas como Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos se suman a esta gesta y se unen a los gobiernos, a la sociedad civil y a las instancias internacionales para contribuir en la búsqueda de respuestas y soluciones a la necesidad de miles de personas que día a día se encuentran expuestas a la violación de sus derechos fundamentales, especialmente de su vida, su seguridad y libertad.

En los últimos 15 años, el surgimiento de las Defensorías y Procuradurías en el continente americano no puede ser interpretado sino como una muestra clara del compromiso que nuestros Estados han adquirido con los Derechos Humanos y con la consolidación de los regímenes democráticos, compromiso que se re fuerza en la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de reconocido prestigio en el ámbito internacional.

Como se ha mencionado a lo largo de estas jornadas, se reconoce la plena validez y actualidad que hoy tienen los principios que inspiran y se plasman en la Declaración de Cartagena, cuyo carácter referente obliga a mantener su permanente actualización de modo que la tradición de asilo latinoamericano logre continuidad como respuesta efectiva a las condiciones y demandas que el mundo contemporáneo plantea, de conformidad con el carácter progresivo que supone la realización del principio pro homine.

En las diferentes reuniones subregionales realizadas en el marco de la conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena, se reconoció de manera expresa la importante labor de protección que vienen desarrollando las Defensorías, Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos en América Latina, las cuales como órganos estatales independientes, se constituyen en mecanismos de garantía efectiva de los derechos de las personas. De ahí entonces que todo esfuerzo que se realice por fortalecer y consolidar el mandato protector asignado a estas instituciones deba ser apoyado en tanto con ello se coadyuva al cumplimiento de la responsabilidad primaria de los Estados de respetar, promover y proteger los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.

Este mandato protector se realiza en el marco de la magistratura de persuasión que otorga el constituyente o el legislador a las instituciones nacionales, la cual se plasma en cuatro ejes básicos de acción, como son: la protección y la promoción de los derechos humanos desde una perspectiva integral, la fiscalización de la actuación de la Administración Pública y la incidencia política para el mejoramiento del aparato público institucional en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.
A partir de estas valiosas herramientas con las que cuentan las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, reiteramos nuestro compromiso con la protección efectiva de las personas refugiadas y solicitantes de esta condición en nuestros respectivos país, asumiendo con responsabilidad el llamado que se nos ha reiterado en las reuniones subregionales para continuar fortaleciendo la labor de supervisión y protección de estas personas, en los diversos ámbitos en que esta protección sea requerida.

Teniendo en cuenta que las Defensorías, Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos partimos de una visión común a favor de la plena protección de la persona humana sin discriminación alguna, exhortamos a los gobiernos de la región a continuar sus esfuerzos por brindar de manera efectiva la protección que las personas refugiadas y las solicitantes de asilo demandan en la actualidad, de conformidad con la expresión que la problemática adopta en cada país.

Esta protección puede tener diversas connotaciones. Es preventiva cuando se trata de abordar las causas que dan origen a estos desplazamientos en los respectivos países. Es protectora cuando corresponde acoger y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas desplazadas de manera forzosa de sus países de origen. Tal es el caso de Costa Rica, el cual, fiel a esta generosa tradición de asilo, en la actualidad destaca por ser el país con mayor número de personas refugiadas reconocidas en la región, siendo alrededor de 14.500 personas las que se encuentran en tal condición, de las cuales 8.500 son de nacionalidad colombiana. Y la protección es de carácter solidario cuando se asume el principio de la responsabilidad compartida que conlleva a algunos países a ofrecer soluciones duraderas, como es el caso del reasentamiento, como ha sido la propuesta del Gobierno de Brasil.

Este llamado a las autoridades de Gobierno debe manifestarse en políticas públicas de Estado que se materialicen en el plano nacional mediante el fortalecimiento de un marco jurídico garante de la protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, inspirado en principios de progresividad, que en forma prioritaria vele por el respeto del debido proceso, así como por la consecución de procedimientos justos, eficientes y efectivos que aseguren sus derechos fundamentales. El ordenamiento jurídico deberá, además, favorecer el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad y no discriminación, como garantía de la calidad del asilo que se otorga.

Asimismo, deben redoblarse los esfuerzos al establecimiento y consolidación de un marco institucional adecuado y consecuente con estos principios protectores encomendados a órganos administrativos, policiales y judiciales debidamente capacitados y sensibilizados en la temática de los refugiados y en las especificidades que de ella se derivan según género, etnia y edad.

Estos son algunos de los principios rectores que deben orientar toda nueva legislación en la materia, así como en los procesos de revisión de la normativa vigente, descartándose criterios restrictivos al respecto.

Corresponde a las instituciones nacionales de promoción y protección de Derechos Humanos, a partir de su magistratura y competencias legales constituirse en un instrumento efectivo de fiscalización del cumplimiento de las normas del Derecho Internacional de Refugiados, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de los respectivos Estados.

Amén de la labor ,que nos ha sido encomendada y reiterando nuestro apoyo a la Declaración y al Plan de Acción que se pretende adoptar, proponemos posicionar la temática de los refugiados y la protección de sus derechos en las agendas de trabajo de los foros regionales y subregionales de las Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos, propiciando de manera prioritaria el establecimiento de redes de cooperación y apoyo para lograr una protección efectiva que se extienda más allá de nuestras respectivas fronteras y coadyuvar en la búsqueda de soluciones conjuntas a la situación de vulnerabilidad y de discriminación múltiple que viven estas personas. En mi calidad de Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y como miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman me complacerá promover esta iniciativa, fruto del acuerdo entre los representantes de las Defensorías, Procuradurías y Comisiones de Derechos Humanos presentes en esta reunión.

Asimismo, nos sumamos plenamente a las propuestas del Plan de Acción, y respetuosamente sugerimos al pleno de esta Honorable Asamblea incorporar en el Capítulo Cuarto de dicho Plan relativo a los "Mecanismos de Promoción, Ejecución, Seguimiento y Evaluación", la participación de las Defensorías, Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos en los procesos de seguimiento y evaluación de los programas y acciones que deriven de éste, mediante la elaboración de informes periódicos de cumplimiento en los respectivos países.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento al gobierno de México, por su hospitalidad
y al ACNUR y al Consejo Noruego para los Refugiado por la promoción y apoyo a las Defensorías y Procuradurías para participar en tan relevante encuentro.

Muchas gracias.