Considerando los compromisos asumidos por los Gobiernos, a través de sus distintos procesos migratorios, como las Conferencias Regionales de Migración, las Conferencias Sudamericanas de Migración, las Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones, el Foro Especializado Migratorio de MERCOSUR y Países Asociados (Chile, Bolivia y Perú), así como su reiterada adhesión a las normas y convenios internacionales, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados;

Considerando que las declaraciones emitidas por los Estados de la región reafirman su empeño en asistir y proteger los derechos humanos de los migrantes y sus familiares, así como promover el desarrollo de las zonas fronterizas y proveer la asistencia consular recíproca entre los países de Sudamérica;

Considerando que el incremento de la emigración en la región tiene estrecha relación con la adopción de políticas económicas neoliberales por parte de los gobiernos; Considerando que la migración es un factor de desarrollo y que los y las migrantes son sujetos de derecho y aportan cultural, social y económicamente a los países de origen y destino; y,

Considerando que es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre el derecho de los Estados a defender su seguridad interna y el deber que tienen éstos de garantizar los derechos de los y las migrantes, en el marco de las normas internacionales de derechos humanos, así como el respeto a los principios de protección a los y las refugiado/as.

Nos preocupa:

l Que, después de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, en los Estados Unidos, y los ocurridos el 11 de marzo del 2004, en España, algunos gobiernos de la región y de los países desarrollados impulsan políticas migratorias restrictivas y selectivas que traen como consecuencia la criminalización de los y las migrantes y el incremento de los flujos de migración irregular, tráfico y trata de migrantes.

l Los controles excesivos en las fronteras y al interior de los países, y las deportaciones colectivas que no respetan el debido proceso.

l La violación continua de los derechos humanos de los migrantes en los países de origen, tránsito y destino.

l La situación en las zonas de frontera, donde se desconocen los derechos humanos de migrantes, como sucede en las fronteras de Ecuador-Colombia, República Dominicana- Haití, México-Estados Unidos, entre otras.

l De manera especial la situación de refugiados y refugiadas, de hecho o de derecho, que salen de sus países huyendo de la violencia generalizada y la violación masiva de sus derechos humanos, pero encuentran múltiples barreras para recibir protección internacional.

l La concepción utilitarista respecto de los y las migrantes, ya sea como posibles votantes, generadores y generadoras de remesas o como mano de obra barata.

Demandamos a los gobiernos:

l La construcción participativa y democrática de políticas públicas, tomando en cuenta la responsabilidad compartida de los Estados y la participación activa de los múltiples actores que son parte de este proceso: gobiernos locales y nacionales, organizaciones de migrantes y familiares de migrantes y otras instituciones de la sociedad civil que conocen y están comprometidas con el tema.

l La adopción de una agenda migratoria hemisférica e integral, buscando mecanismos adecuados para dar seguimiento a la misma.

l La implementación de reformas jurídicas en cada uno los países de la región, buscando la armonización de la legislación nacional con la normativa internacional de derechos humanos y en materia migratoria.

l La generación de proyectos de desarrollo y co-desarrollo en los países de origen.

l La adopción de acciones preventivas en los países de origen, promoviendo información sobre los riesgos de caer en una situación de irregularidad.

l La implementación de políticas migratorias que incorporen los principios, las normas y los estándares de derechos humanos como un eje transversal que cruce todos los componentes que hacen parte de los procesos migratorios, incluido en temas como remesas, en las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo, y en las medidas contra el tráfico y trata de migrantes.

l La promoción de un enfoque integral en las medidas que se implementen frente al tema migratorio, tomando en cuenta acciones a corto, mediano y largo plazo, a nivel local, nacional, regional e internacional, en los países de origen, tránsito y destino, y con respecto a la salida, recepción e integración social de migrantes.

Las organizaciones de la sociedad civil nos comprometemos a:

l Impulsar un proceso de veeduría ciudadana y fiscalización de las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos frente a la migración y las poblaciones migrantes, estableciendo indicadores apropiados de evaluación.

l Monitorear la implementación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, firmada y ratificada por algunos gobiernos de la región, y promover, al mismo tiempo, la presentación de informes alternativos sobre esta Convención.

l Recurrir y hacer uso de los mecanismos e instrumentos internacionales que permiten presentar denuncias y detectar violaciones de derechos humanos contra poblaciones y personas migrantes, exigiendo medidas de solución y reparación

l Fortalecer a las organizaciones de migrantes y familiares de migrantes, buscando mecanismos de financiamiento para su capacitación, empoderamiento y participación social y política.

l Promover un encuentro internacional de las organizaciones de migrantes con el propósito de intercambiar experiencias y enriquecer y consolidar su trabajo.

l Aprovechar los espacios y redes de la sociedad civil ya existentes, para impulsar el debate y difundir las propuestas de la sociedad civil.

Organizaciones e instituciones participantes de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Haití, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Fuente: http://www.forosocialamericas.org/show_text.php3?key=170