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1. Presentación
El tema de género y comercio ha estado permanentemente
ausente en las estadísticas oficiales, en el debate público,
en los centros académicos y de estudio, y en distintas
instancias institucionales. Nos referimos tanto a los impactos
potenciales en las vidas de las mujeres de las negociaciones comerciales
internacionales.
La importancia del tema se fundamenta en los siguientes hechos:
- El rol de las mujeres como sostenedoras de la economía
y reproductoras de la fuerza de trabajo, tarea que se ha visto
multiplicada a partir de la reducción del Estado.
- La insuficiencia de reflexión, información, discusión,
propuestas, así como de participación institucional
en torno al tema, por parte de las instituciones que trabajan
la temática de género a nivel gubernamental y no
gubernamental.
Para comenzar este análisis, nos situaremos en el espacio
geográfico desde el cual estamos hablando, y su relación
con la apertura económica que se ha venido impulsando desde
hace tres décadas. Más allá de cualquier
mitificación al respecto, podemos señalar que la
estrategia de crecimiento del modelo chileno ha tenido profundas
consecuencias en distintas áreas de la vida económica,
social y cultural del país.
Por una parte, impresionantes cifras macroeconómicas,
caracterizadas por un alto flujo de exportaciones, importaciones
e inversiones - más del 60 por ciento del PIB se orienta
al mercado externo -. Chile también muestra una "economía
sana y estable", con un índice de crecimiento superior
al de cualquier otro país de la región; la ausencia
de déficit fiscal, y un nivel de seriedad con sus socios
comerciales que, según fuentes oficiales, lo convierte
en un socio atractivo para cualquier país inversionista.
Pero, por otro lado, nuestro país presenta una serie de
problemas estructurales. Quizás un tema de debate sería
si la estrategia de crecimiento basada en el libre comercio ha
profundizado estos problemas. No obstante, como consenso, podríamos
partir de una realidad evidente:
A pesar de la agresiva política de promoción de
exportaciones y a haber removido los controles para facilitar
el movimiento de las inversiones extranjeras, seguimos teniendo
una alta cifra de desempleo, que se agudiza en el caso de las
mujeres. Cabe destacar que sobre los empleos que habrían
sido generados por las inversiones que llegaron al país
en la última década, y su incidencia en el empleo
femenino, la economista Consuelo Silva ha señalado que
" el modelo económico chileno se ha basado fundamentalmente
en exportaciones que poseen un marcado sesgo primario (minería,
forestal, pesquero, etc.), las que se destacan por su débil
impacto en la generación de empleo directo total y de empleo
femenino en particular. Por ejemplo, la minería, que explica
un poco menos del 50% de las exportaciones totales de 1998, no
aporta más del 2,0% del empleo total del país y
sólo explica el 0,34 de todo el empleo femenino de ese
año" (1).
Por otra parte, aunque en los últimos años ha habido
un mejoramiento de la calidad de vida de la población,
y una disminución de extrema pobreza, no es menos cierto
que existen profundas y progresivas asimetrías en las condiciones
de vida entre ricos y pobres, situación que tiende a agravarse
en las mujeres de escasos recursos y en las jefas de hogar; un
desigual acceso a los servicios básicos y una insatisfactoria
calidad de vida, marcada por los alarmantes índices de
disfuncionamiento de salud mental y un alto analfabetismo funcional,
entre otros aspectos que guardarían relación con
las actuales formas de medir el desarrollo, cual es el índice
de desarrollo humano, propuesto por el PNUD.
Si bien es cierto que desde hace una década ha habido
una importante reducción de la pobreza, no lo es menos
que también se ha profundizado la brecha entre ricos y
pobres. Chile es uno de los países donde esta brecha se
ha ido acrecentado progresivamente. Desde las mujeres, se expresa
paradójicamente en el aumento de la participación
en el mundo del trabajo pero también en las formas perversas
que éste ha asumido: precariedad, tendencia hacia la informalidad
y concentración en un número limitado de ocupaciones,
de puestos de trabajo de mala calidad: trabajo a domicilio y de
temporada en la agricultura.
Al respecto, la Encuesta CASEN 98 señala que más
del setenta por ciento de mujeres que trabajan en la rama de servicios
- la que a su vez presenta cerca del 80 por ciento de concentración
del empleo femenino - corresponde a servicios personales. Es decir,
a servicio doméstico.
En efecto, las mujeres se concentran en los empleos de menores
resguardos laborales; además, el trabajo reproductivo continúa
invisibilizado y el trabajo comunitario sigue recayendo principalmente
en las mujeres. Estos últimos se caracterizan por estar
carentes de toda protección legal y social.
Por otra parte, la disparidad salarial entre hombres y mujeres
es constante, aun cuando Chile ratificó el Convenio de
la OIT, que recomienda el cumplimiento del principio "igual
pago por igual trabajo". La brecha promedio es alrededor
del 35 por ciento, aumentando en los casos de empleos más
altamente calificados, que llega cerca del 50 por ciento, en las
profesionales y ejecutivas.
Los datos estadísticos por sexo son todavía parciales
e insuficientes, ya lo decíamos: omiten las consecuencias
de la llamada 'nueva economía' en las mujeres rurales,
en las trabajadoras por cuenta propia, en las microempresarias
y en las mujeres indígenas.
En síntesis, pese a la mayor incorporación de las
mujeres a la fuerza laboral; a una mayor participación
en diferentes áreas de la vida económica y social;
pese, sobre todo, a una mayor conciencia de la necesidad de igualdad
de derechos y no discriminación, que emanaron de citas
internacionales como la Cumbre de Beijing, así como a nivel
nacional del Plan de Igualdad de Oportunidades impulsado por los
gobiernos de la Concertación, el acceso pleno de las mujeres
a los derechos económicos, sociales y culturales, es una
tarea inconclusa.
Sin embargo, hay grandes omisiones de los temas de género
en la agenda comercial internacional; carecemos incluso del instrumental
mínimo para hacerlo con propiedad. En el mejor de los casos,
pareciéramos estar subsumidas en los otros sectores que
están interviniendo en el tema, sobre todo desde el campo
internacional; nos referimos a las organizaciones sindicales,
los ambientalistas o los consumidores.
Sin dejar de reconocer que algunas instancias internacionales
ligadas a Naciones Unidas están progresivamente comenzando
a trabajar el tema de género y comercio, como UNIFEM o
CEDAW, entre otros; y a que en los últimos años
han aparecido redes de mujeres que intentan hacer este cruce,
intentando articular las áreas de investigación,
cabildeo e incidencia y educación económica. Un
ejemplo de ello es la Red Internacional de Género y Comercio.
Hoy, tanto a nivel de las sociedades civiles como desde las instancias
oficiales nacionales e internacionales se habla de las cláusulas
laborales, o de las cláusulas ambientales; o de los temas
laborales y ambientales. Más recientemente, y basada en
la experiencia del Mercosur, se ha incorporado a las posibles
estrategias la cláusula democrática.
No obstante, nadie ha hablado hasta ahora de una "cláusula
de género"; como tampoco hay mecanismos de resguardo
de género que hayan sido integrados en los acuerdos de
complementación laboral y ambiental presentes, por ejemplo,
en el TLC Chile - Canadá (inspirados en el Nafta); sobre
estos últimos, es necesario aclarar, poseen una limitada
fuerza jurídica, al estar incorporados sólo como
anexos y no al interior del tratado.
2. Un caso específico: negociaciones comerciales Chile
- Estados Unidos
Para avanzar en la apertura comercial, que a nivel unilateral
se inició hace treinta años, durante el régimen
militar, la opción desde los años 90 ha sido la
de suscribir acuerdos de libre comercio, con los más variados
países (en estos días se habla de un TLC con Japón).
Quisiéramos señalar algunos elementos básicos
de las negociaciones: el propósito de ellas es la eliminación
de las barreras comerciales y la consecuente liberalización
de las inversiones.
Las negociaciones entre Chile y Estados Unidos son de larga data;
para ser exactos, desde los años 90; específicamente,
en 1994, cuando Chile es invitado a ser el cuarto socio del Nafta;
si ello no era posible, optar por el TLC bilateral. Sin embargo,
tales intentos, hasta fines del año pasado, habían
sido infructuosos.
Hoy, después de siete años, pareciera que hay mayores
posibilidades de que ello ocurra, pese a que la situación
económica de Estados Unidos y el peligro de una recesión,
ya desde antes del atentado del 11 de septiembre, presagiaría
lo contrario. Y no es para menos: Estados Unidos es el primer
destino de las exportaciones chilena, y el principal país
inversionista, con más de un 30 por ciento del total de
exportaciones.
La pregunta, entonces, que debiéramos hacernos, es la
siguiente: ¿le conviene a nuestro país la suscripción
del tratado de libre comercio con Estados Unidos? Y en este sentido,
¿nos conviene a las mujeres, y especialmente a las mujeres
de sectores más vulnerables, el incremento de las relaciones
comerciales con el país del norte? Lo anterior guarda relación
con otra pregunta clave: ¿están nuestros intereses
como mujeres y como sociedad civil representados en estas negociaciones?
(2)
Al respecto, mencionaremos algunos de los temas de mayor preocupación
para sectores académicos, y organizaciones, como la Alianza
Chilena por un Comercio Justo y Responsable.
En un primer lugar, hay que considerar la asimetría económica:
el PIB de Estados Unidos equivale al 75% de toda la región
latinoamericana, siendo su PIB per cápita de US$ 32,000,
mientras que el de Chile no llega a los US$ 5,000. Mientras el
destino de las exportaciones chilenas tienen a los Estados Unidos
como principal destino, para el país del Norte, Chile ocupa
un lugar bastante secundario. Asimismo, nuestras exportaciones
a Estados Unidos se ubican principalmente en minería, agricultura,
pesca y bosques, áreas relacionadas a recursos naturales.
En cambio, las importaciones del país norteamericano se
ubican preferentemente en productos de altísimo valor agregado,
produciendo un déficit en las relaciones de intercambio
comercial, que, en una situación de crisis y contracción
de la demanda estadounidense, podría agravarse.
Y no parece muy posible que por este medio, y la profundización
del llamado "trato nacional" en las diferentes áreas
de la economía chilena para las inversiones estadounidenses,
nuestro país pueda alcanzar la llamada "segunda fase
exportadora".
En un segundo punto, considerar los marcos legales nacionales:
las negociaciones se llevan a cabo de acuerdo a la normativa vigente
de cada país. Ello nos parece especialmente preocupante,
por la relación que podría haber entre los compromisos
comerciales que se adquieren en las negociaciones y sus potenciales
impactos, con los compromisos que nuestro país ha suscrito,
tendientes a fortalecer los derechos humanos a nivel internacional.
Es el caso de los ocho acuerdos internacionales claves de Naciones
Unidas; entre ellos, la Convención contra todas las formas
de Discriminación contra las Mujeres; el Pacto de San José
de Costa Rica, sobre los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, DESC; los convenios de la OIT, o las diferentes
convenciones ambientales.
Para diversos sectores, este tema es muy importante, puesto que
lo que se ha visto es que en vez de que las negociaciones comerciales
hayan colaborado para fortalecer los marcos legales nacionales,
lo que ha ocurrido es que éstos se han debilitado, como
lo demuestra la eliminación del encaje por el Banco Central
y la eliminación de la restricción a la salida de
capitales (cláusula de mantenimiento de un año de
los capitales antes de repatriarse).
El tema que subyace al respecto es si es posible utilizar las
negociaciones comerciales para fortalecer la legislación
interna, vía su incorporación en los mismos tratados
o si el marco legal -ya de por sí precario- se debilitará
aún más con los compromisos que se acuerden en las
negociaciones.
En un tercer punto podemos señalar el tema de las "reglas
de juego" presentes en el TLC, que consiste en la posibilidad
de que éste efectivamente pueda fijar un marco regulatorio
al comercio, para que no sólo lo incremente, sino que redunde
en beneficios para las personas. En otras palabras, si las reglas
de comercio generarán "reglas claras y permanentes
para el comercio de bienes, servicios e inversiones", o perpetuarán
una situación instalada con la apertura unilateral, iniciada
en dictadura.
En un cuarto punto, relevar el tema de la participación
de las mujeres y de la sociedad civil en las negociaciones comerciales.
En todos los encuentros, reuniones y citas internacionales en
los que se ha abordado el tema de género y comercio, el
tema de la participación institucional es uno de los temas
recurrentes. Para ello, se parte de la base de lo señalado
por diversos organismos internacionales ligados a la ONU: la cosa
pública ya no es patrimonio exclusivo del Estado. Y se
plantea una certeza: la representación de los intereses
de las mujeres en las negociaciones comerciales guarda directa
relación con los espacios de participación institucional
que se puedan plantear.
En este tema, podemos hablar de acuerdos y convenciones que plantean
la necesaria incorporación de las mujeres a las distintas
instancias de políticas públicas.
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra las mujeres,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 es
una herramienta eficaz contra la exclusión de las mujeres
y su necesaria incorporación a los diferentes campos, principalmente
aquellos que guardan relación con los derechos económicos,
sociales y culturales, los llamados DESC.
La Convención define la discriminación como "cualquier
distinción, exclusión o restricción en el
campo político, económico, social, cultural civil
o cualquier otro". La Convención brinda una afirmación
positiva al principio de igualdad, requiriendo a los Estados partes
a tomar " todas las medidas apropiadas, incluyendo las legales,
para asegurar el desarrollo y avance pleno de las mujeres, para
garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las mujeres".
La misma Organización de Naciones Unidas, ha reconocido
que el impacto de la globalización y programas de ajuste
estructural, el alto costo de la deuda externa ha empeorado los
obstáculos existentes al desarrollo, agravando la feminización
de la pobreza, a través de cortes presupuestarios en servicios
sociales básicos, incluyendo educación y salud.
Las mujeres también deberían estar involucradas
en la definición, diseño, desarrollo, implementación
y evaluación de impacto de género de las políticas
relacionadas a los cambios producidos.
En su informe señala que la experiencia ha mostrado que
el objetivo de la igualdad de género sólo puede
ser logrado en el contexto de relaciones renovadas entre distintos
sectores. La participación plena y efectiva de las mujeres
sobre la base de la igualdad en todas las esferas de la sociedad
es necesaria para contribuir a este objetivo.
Agrega que los gobiernos deben "desarrollar y mantener procesos
y mecanismos consultivos, en conjunto con organizaciones de mujeres,
incluyendo ONGs y grupos comunitarios, para asegurar que todas
las mujeres, con particular atención a aquéllas
que enfrentan obstáculos particulares en la vida pública,
estén plenamente involucradas e informadas sobre las decisiones
que impactan sus vidas".
Y concluye que es urgente "tomar medidas efectivas que enfrenten
los desafíos de la globalización, incluyendo a través
del participación ampliada y efectiva de los países
pobres en el proceso de toma de decisión de políticas
económicas internacionales para garantizar la participación
equitativa de las mujeres, en particular de aquellas de los países
en desarrollo, en el proceso de toma de decisión macroeconómica".
Por su parte, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer, UNIFEM, señala que "si los acuerdos de libre
comercio colaborarán u obstaculizarán la igualdad
de género, los objetivos de desarrollo sustentable y los
derechos humanos dependerá de cómo se tomarán
en cuenta estas dimensiones e impactos de género. El comercio
ha tenido ventajas como un vehículo de crecimiento y como
un medio para la redistribución de sus beneficios y costos.
Sin embargo, no será capaz de contribuir a los objetivos
de desarrollo humano, incluyendo igualdad de género y empoderamiento
de las mujeres, mientras las políticas de comercio prioricen
las ganancias sobre los derechos laborales, los derechos de las
mujeres, y la protección del medio ambiente, e ignoren
las preocupaciones de género en la formulación de
las políticas ".
Asimismo, señala que los gobiernos deben asegurar que
los bloques regionales y las estructuras y convenciones internacionales
adopten políticas comerciales con perspectiva de género,
así como mecanismos para implementar tales políticas.
Entre sus recomendaciones figuran las siguientes:
l Reunir información
desagregada de sexo para medir y monitorear el impacto de las
políticas comerciales internacionales y las medidas de
liberalización comercial sobre las mujeres y sus familias.
l Articular el análisis
de género y la investigación de negociaciones comerciales
bilaterales, regionales e internacionales.
l Iniciar debates y audiencias
públicas entre los ciudadanos y grupos de la sociedad civil
que estén interviniendo en el tema, incluyendo organizaciones
de mujeres para monitorear el progreso de los diversos actores
comerciales en sus acciones y decisiones para asegurar que los
derechos de las mujeres, sus preocupaciones y capacidad económica,
sean considerados.
l Crear un "pool"
de mujeres a escala nacional e internacional y con experiencia
en organismos internacionales como OMC, UNCTAD, APEC, MERCOSUR,
ALCA, CARICOM, y
l Asegurar que estos organismos
revisen las dimensiones de género de las políticas
durante todas las fases de programación, preparación
y gestión. Esta revisión debería ser acompañada
por ONGs y otros miembros de la sociedad civil.
También, desde los movimientos de mujeres del hemisferio,
ligados a la Alianza Social Continental, se ha venido trabajando
en una reflexión articulada, que incorpora un análisis
y propuestas alternativas desde el género, al proceso de
negociaciones comerciales del ALCA (3). Este
trabajo, que tiene la riqueza de haber contado con la participación
de un importante número de grupos e instancias de género
e intersectoriales, se ha concretizado en el documento, que entre
sus recomendaciones incluye:
l Crear un espacio político
para desarrollar y proponer alternativas frente al actual modelo
de comercio mundial. Asimismo, las alternativas que reflejen prioridades
más amplias que el mercado deberían ser parte del
diálogo en curso entre negociadores, organizaciones de
la sociedad civil y ciudadanos sobre los objetivos y reglas para
el comercio mundial. Por ejemplo, también debería
formarse un grupo de trabajo formal en el ALCA, que examine cómo
el comercio afectará a las mujeres, el desarrollo social
y los derechos humanos. Este grupo consultivo debería relatar
e informar a todos los otros grupos de trabajo del Alca.
l Realizar una evaluación
del impacto de género, en relación al impacto de
la política de comercio sobre las mujeres. Reunir información
desagregada de hombres y mujeres, para hacer una base de datos
para análisis futuros.
l Integrar las preocupaciones
de género, particularmente la plataforma de Beijing y los
tratados internacionales de derechos humanos, en todas las negociaciones
y acuerdos, inversiones y comercio. El tema de género no
debería limitarse a una sección de las negociaciones,
sino que debería estar incorporado como un tema crucial
en las negociaciones sobre inversiones y comercio.
l Asegurar que las mujeres
participen en las comisiones comerciales del ALCA. Más
aún, los negociadores oficiales deberían desarrollar
e implementar mecanismos formales de encuentro con grupos de mujeres,
sobre los impactos del comercio en las vidas de las mujeres.
l Incluir análisis
y evaluación de los posibles impactos de la liberalización
del mercado en las mujeres que trabajan en el sector informal.
l Exigir que los inversionistas
extranjeros cumplan los códigos internacionales de conducta,
establecer un monitoreo efectivo y la fiscalización de
las empresas transnacionales que incluya una amplia participación
de la sociedad civil.
Finalmente, deseamos recordar una frase de una líder feminista
y economista filipina, de la Coordinación de Asia de la
Red Internacional de Género y Comercio, Marina Fe Durano,
la que se traduciría más o menos así: "Ciudadanos/as
y Estados. Nacional y Mundial. Macro y micro. Bosques y árboles.
No se trata de cual es mejor que el otro, sino de que uno no puede
ser sin el otro; en definir el rol del comercio en el desarrollo
justo desde una perspectiva de género, en una relación
entre dos entidades aparentemente separadas, para el camino hacia
una respuesta necesaria".
Notas
1. Página 27, Revista Oikos, año
3, Nº 8, 1999
2. Estas preguntas, obviamente, van más
allá de las negociaciones particulares entre Chile y Estados
Unidos: las situaciones de asimetría, de desinformación
y de necesidad de construir una estrategia de género y
comercio se presentan frente a las negociaciones bilaterales o
multilaterales.
3. Este se integra a un proceso desarrollado por
la Alianza Social Continental; constituye el capítulo de
Género del documento Alternativa para las Américas
*Coral Pey.
Secretaria Ejecutiva de la Alianza Chilena por un Comercio Justo
Y Responsable - Red Internacional de Género y Comercio,
Coordinación Latinoamericana. Artículo originalmente
publicado en: http://www.generoycomercio.org/docs/arts/TLC_%20Y_%20GENERO_UNA_RELACION_ARMONICA.doc
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