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Introducción
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante
la "Declaración") y, casi sin excepciones, los
gobiernos se comprometieron a trabajar en favor de un mundo en
el que todos los hombres, mujeres, niñas y niños
tengan la garantía de disfrutar de las libertades y los
derechos humanos más básicos. Declaró este
instrumento internacional, en su preámbulo que: "el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias" es "la aspiración
más elevada" de la humanidad.
Este documento histórico sirve de constancia para conmemorar
en todo el planeta, cada año el 10 de diciembre, el día
internacional de los derechos humanos y ha servido de modelo a
constituciones, leyes y políticas nacionales destinadas
a proteger los derechos humanos en los diferentes países
del mundo.
Lo que nació como una declaración solemne de buena
voluntad, de no obligatorio cumplimiento, de los derechos y libertades
para todas las personas "sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición", se ha revestido de la túnica
de instrumento constitucional obligatorio para los Estados y orienta
toda la acción en el campo de la promoción y protección
de los derechos humanos.
La "Declaración" contribuyó a establecer
que los derechos humanos son una responsabilidad internacional,
no simplemente un asunto interno de los Estados. Estableció
el principio de que todos los derechos humanos son universales
e indivisibles. Esto significa que todos los derechos humanos
deben ser disfrutados por todas las personas, en todas partes
del mundo, en todo momento y que ningún conjunto de derechos
puede ejercerse a costa de otros derechos.
Los derechos humanos no están jerarquizados. La "Declaración"
considera el estar libre del miedo y de la miseria como dos caras
de la misma moneda. Las personas no pueden avanzar en sus derechos
económicos, sociales y culturales sin el espacio político
y la libertad civil para hacerlo. Y las violaciones de los derechos
civiles y políticos, como la tortura o los juicios injustos,
no añaden nada al desarrollo económico de un país.
A partir de la "Declaración" se han desarrollado
una serie de normas internacionales y regionales de derechos humanos
que constituyen un acuerdo colectivo de los Estados, a través
de las Naciones Unidas y otras estructuras regionales como la
Organización de Estados Americanos -OEA-, acerca de los
criterios por los cuales serán evaluados en relación
con el trato que otorgan a las personas que están bajo
su jurisdicción. El fin de la Guerra Fría fue una
oportunidad para que los gobiernos renovaran su compromiso hacia
las normas de derechos humanos usándolas imparcialmente
a la hora de responder a las violaciones de derechos humanos que
se producen en cualquier parte del mundo. En lugar de ello, los
gobiernos han continuado desentendiéndose de este compromiso
porque entra en conflicto con sus propios intereses económicos,
políticos o de seguridad.
56 años después, los Estados no han cumplido las
promesas contempladas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Más de la mitad de los países del mundo
aún encarcelan a personas violando sus derechos humanos
y una tercera parte continúan utilizando la tortura, el
maltrato, las ejecuciones extrajudiciales. Millones de personas
continúan viviendo en condiciones de miseria y de pobreza
y mucho menos han disfrutado de sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales que la Declaración
promueve. Las normas internacionales sobre derechos humanos siguen
sin respetarse plenamente en todo el mundo.
No en vano, la invitación es a seguir esforzándonos
y trabajar por la vigencia plena de los derechos humanos. A pesar
de la intransigencia, los derechos humanos están enraizados
en los conceptos comunes de dignidad y justicia y a pesar del
11 de septiembre que no ha hecho más que extender la violencia
política en todo el mundo.
Nuestro mundo actual
No importa cómo lo llamemos -terrorismo, terror, lucha
armada, violencia política-, el empleo de la violencia
con fines políticos u otro tipo de fines, los atentados
contra civiles y el estado de miedo que eso origina forman parte
de nuestro mundo actual. El fenómeno ha sido muy manipulado
porque la mayoría de análisis que se realizan oficialmente
quedan contagiados por el resentimiento, desfigurados por el odio
y transformados por los intereses particulares exteriorizados
por una vulgar codicia.
La lucha contra lo que se ha denominado el "terrorismo
internacional" confiere extrema importancia al uso de
la fuerza y la seguridad militar. La "guerra global contra
el terror" es una confrontación total y en su
molde se ha creado un estado de excepcionalidad que justifica
vulnerar, violar las normas del Derecho Internacional que tanto
esfuerzo le ha significado acordar a la comunidad internacional,
en este estado se disculpa lanzar guerras denominadas "preventivas"
y unilaterales, imponer una nueva composición particular
del sistema multilateral internacional, creado después
de la II Guerra Mundial y una aceptación de las violaciones
a los derechos humanos, las transgresiones al derecho internacional
humanitario y el retroceso de las libertades democráticas
en muchos países del mundo.
Estados Unidos de América
En este sentido Estados Unidos de América (EUA) se convierte
en la amenaza de un mal ejemplo porque bajo su tutela se socavan
las normas internacionales mientras continúan los aberrantes
hechos, conocidos a través de las breves noticias que dejan
escapar los medios de comunicación, relacionados con la
"guerra contra el terrorismo".
No es novedad reconocer que la actitud de EUA hacia las normas
internacionales no es entusiasta: se trata de un país que
se muestra lento a la hora de comprometerse con los tratados de
derechos humanos y de preservación del ambiente sano y
se puede sostener que en los últimos tiempos esta reticencia
se acerca al rechazo absoluto. Un ejemplo de esto es la apremiante
oposición de EUA a la Corte Penal Internacional y su negación
a las organizaciones internacionales de derechos humanos de acceso
a centenares de detenidos aprehendidos durante su "guerra
contra el terrorismo".
Se sostiene que el terrorismo es la principal amenaza para la
paz mundial y cualquier medio es lícito para derrotarlo
con el fin de lograr la seguridad, relativizando y manipulando
la fundamentación ética de los derechos humanos
que es la consecución de una vida digna para todos y todas.
Han pasado más de tres años desde el 11-S y hoy
el mundo es un lugar menos seguro y más injusto. Todo lo
contrario a lo que planteó la "Declaración"
como un ideal común a la humanidad, hace 56 años,
al aspirar a: "(...) el advenimiento de un mundo en que
los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten
de la libertad(...)".
Debe reconocerse el deber de los gobiernos de proteger a sus
ciudadanos y ciudadanas. Pero los gobiernos tienen también
la obligación de proteger y promover los principios de
derechos humanos, unos principios que no son un obstáculo
a la seguridad, sino una parte esencial del camino que lleva a
ella.
Comercio y derechos humanos
Otro hecho de la actualidad que bien vale la pena resaltar es
que los acuerdos existentes y propuestos sobre comercio e inversiones,
pueden tener el efecto de limitar el derecho de las naciones soberanas
a hacer cumplir las disposiciones de los tratados internacionales
de derechos humanos, facilitando su violación.
La interpretación del régimen comercial debe respetar
la jerarquía normativa del derecho internacional y este
reconoce que algunas leyes invalidan a otras. Por ejemplo, los
convenios internacionales relativos a los conflictos armados prevalecen
sobre las leyes locales que puedan ser más restrictivas.
Asimismo este principio debe aplicarse a los acuerdos comerciales.
En el preámbulo del acuerdo por el que se establece la
OMC (Organización Mundial del Comercio), por ejemplo,
se manifiesta como objetivo el de liberalizar el comercio y se
formula como un logro de valores humanos fundamentales, al pretender
mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Tal objetivo
no puede alcanzarse en la práctica sin el respeto y pleno
disfrute de los derechos humanos.
Sobre este aspecto de la liberalización del comercio y
los derechos humanos, podemos concluir con las siguientes palabras
de Mary Robinson -ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, que en mi criterio sintetizan la dicotomía
que al parecer existe entre estos dos temas a nivel mundial:
"Mientras que los acuerdos de la OMC ofrecen un marco
jurídico para los aspectos económicos de la liberalización
del comercio, las normas y tratados de derechos humanos equilibran
la situación facilitando el marco jurídico para
sus dimensiones social y ética".
Desarrollo humano
Actualmente nos encontramos en una época en la que el
concepto de "choque cultural" tiene una connotación
de mucha fuerza y con consecuencias inquietantes en todo el mundo.
Es de trascendental importancia buscar la forma de encontrar salidas
y moderar de manera especial los conflictos en torno al idioma,
la religión, la cultura, la orientación sexual y
la etnia. Si en el planeta deseamos lograr la liberación
de los seres humanos del temor y erradicar definitivamente la
pobreza, debemos alcanzar la aspiración de construir sociedades
inclusivas, diversas y multiculturales. Esto es necesario para
que los Estados puedan dedicarse a prioridades tales como el crecimiento
económico, la prestación de servicios de salud,
educación y vivienda a la población y para permitir
que la expresión cultural de toda la gente se desarrolle
plenamente, en resumen, para permitir una "vida digna"
a todas las personas.
Hablamos entonces aquí del desarrollo humano, el cual
trata sobre todo de ampliar las opciones de vida de las personas,
lo que les permite elegir el tipo de vida que desean llevar, pero
para esto es necesario que se les brinde las herramientas y las
oportunidades y puedan tomar tal decisión libres del temor,
de la presión y de la miseria. Se trata entonces de contenidos
tanto de índole político como económico que
abarcan la protección eficaz de los derechos humanos y
el fortalecimiento y consolidación efectiva de la democracia.
En efecto, las personas con escasos recursos económicos,
las marginadas y las discriminadas (que en la gran mayoría
pertenecen a la población inmigrante, desplazada o minorías
religiosas o étnicas) se enfrentan a reducidas probabilidades
o posibilidades de conseguir el acceso equitativo a empleo, educación,
vivienda digna, salud, justicia, información, seguridad
y otros servicios básicos, a no ser que cuenten con una
real capacidad para influir en las políticas locales, nacionales
y también internacionales.
Colombia
En el contexto del conflicto armado colombiano, "especialmente
complejo" -como lo denomina el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe Nacional de Desarrollo
Humano, Colombia 2003-, donde perduran las masivas y graves violaciones
y abusos contra los derechos humanos y el derecho humanitario
en forma generalizada o sistemática, no existe hasta el
momento una efectiva lucha contra la impunidad, orientada a impedir
y sancionar las graves violaciones a los derechos fundamentales.
Como lo expresa claramente el Informe arriba mencionado, la consecuencia
es una creciente degradación del conflicto que, en lugar
de traer los cambios políticos deseados, produce el deterioro
del desarrollo humano y concibe como violencia degradada los crímenes
atroces o las infracciones al derecho internacional humanitario
y como desarrollo humano el aumento de las opciones disponibles
para la gente.
La pobreza en Colombia aumenta gravemente: el porcentaje de personas
por debajo de la línea de pobreza (LP) pasó de 55%
a 66% entre 1997 y 2003. El modelo de crecimiento que sigue el
país es claramente excluyente -según un artículo
aparecido en 'UN Periódico' No. 61 del 1º de agosto
de 2004, "La U le toma el pulso a la economía"-.
Aunque las cifras para el Departamento Nacional de Planeación
son distintas en el sentido que la pobreza entre estos mismos
años pasó de 50.3% a 51.8%. Indicando por cierto,
cualquiera sea la fuente, que estamos en una grave crisis humanitaria
debido a que más de la mitad de la población colombiana
se encuentra en un estado de pobreza.
La no aplicación de justicia que conduce a la impunidad
constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado
de investigar y adoptar las medidas apropiadas respecto a los
autores, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas
adecuadas, y se garantice a las víctimas el acceso a recursos
eficaces.
Recordando el Preámbulo de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, es obvio que el desconocimiento y menosprecio
de los derechos humanos originan actos de barbarie, ultrajantes
a la conciencia de la humanidad, por lo que la lucha efectiva
contra la impunidad y la consecución de la paz deben integrarse.
La dimensión ética de los derechos humanos debe
evitar que se conviertan en mera cuestión de ideología,
de puntos de vista subjetivos, de perspicacias, suspicacias, gustos,
posiciones o imposiciones personales o de grupos privados "poderosos".
En el día internacional de los derechos humanos se requiere
en Colombia de un compromiso auténtico con el respeto de
los derechos humanos y del fortalecimiento estatal a través
de sus instituciones, no sólo en lo militar sino en lo
social y económico con sentido de inclusión, tratando
de llegar al consenso a través del debate abierto, la participación
efectiva y las transacciones para lograr objetivos conjuntos,
sin sacrificar los principios éticos y la fundamentación
de los derechos humanos de todas las personas, por una vida digna
sin exclusión alguna.
*Luis Herrera Restrepo.
Abogado especializado en derechos humanos, ex-Colsultor de la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
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