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de Derechos Humanos

 

 

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Día Internacional de los Derechos Humanos
10 de diciembre de 1948 - 2004

 

Luis Herrera Restrepo*


"Estamos tensando más allá de su resistencia el sistema internacional que con tanto empeño y dedicación hemos construido, una red de leyes, tratados, organizaciones y valores compartidos cuya eficacia para marcar los límites a nuestros enemigos es muy superior a los límites que impone a la capacidad de Estados Unidos de defender sus intereses".

Carta de dimisión de John Brady Kiesling del Servicio Exterior de Estados Unidos y de su cargo como asesor político en la Embajada de Estados Unidos en Atenas, presentada al secretario Powell antes de la invasión a Irak. Reproducida en el New York Times, 27 de febrero de 2003

Introducción

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante la "Declaración") y, casi sin excepciones, los gobiernos se comprometieron a trabajar en favor de un mundo en el que todos los hombres, mujeres, niñas y niños tengan la garantía de disfrutar de las libertades y los derechos humanos más básicos. Declaró este instrumento internacional, en su preámbulo que: "el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias" es "la aspiración más elevada" de la humanidad.

Este documento histórico sirve de constancia para conmemorar en todo el planeta, cada año el 10 de diciembre, el día internacional de los derechos humanos y ha servido de modelo a constituciones, leyes y políticas nacionales destinadas a proteger los derechos humanos en los diferentes países del mundo.

Lo que nació como una declaración solemne de buena voluntad, de no obligatorio cumplimiento, de los derechos y libertades para todas las personas "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición", se ha revestido de la túnica de instrumento constitucional obligatorio para los Estados y orienta toda la acción en el campo de la promoción y protección de los derechos humanos.

La "Declaración" contribuyó a establecer que los derechos humanos son una responsabilidad internacional, no simplemente un asunto interno de los Estados. Estableció el principio de que todos los derechos humanos son universales e indivisibles. Esto significa que todos los derechos humanos deben ser disfrutados por todas las personas, en todas partes del mundo, en todo momento y que ningún conjunto de derechos puede ejercerse a costa de otros derechos.

Los derechos humanos no están jerarquizados. La "Declaración" considera el estar libre del miedo y de la miseria como dos caras de la misma moneda. Las personas no pueden avanzar en sus derechos económicos, sociales y culturales sin el espacio político y la libertad civil para hacerlo. Y las violaciones de los derechos civiles y políticos, como la tortura o los juicios injustos, no añaden nada al desarrollo económico de un país.

A partir de la "Declaración" se han desarrollado una serie de normas internacionales y regionales de derechos humanos que constituyen un acuerdo colectivo de los Estados, a través de las Naciones Unidas y otras estructuras regionales como la Organización de Estados Americanos -OEA-, acerca de los criterios por los cuales serán evaluados en relación con el trato que otorgan a las personas que están bajo su jurisdicción. El fin de la Guerra Fría fue una oportunidad para que los gobiernos renovaran su compromiso hacia las normas de derechos humanos usándolas imparcialmente a la hora de responder a las violaciones de derechos humanos que se producen en cualquier parte del mundo. En lugar de ello, los gobiernos han continuado desentendiéndose de este compromiso porque entra en conflicto con sus propios intereses económicos, políticos o de seguridad.

56 años después, los Estados no han cumplido las promesas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más de la mitad de los países del mundo aún encarcelan a personas violando sus derechos humanos y una tercera parte continúan utilizando la tortura, el maltrato, las ejecuciones extrajudiciales. Millones de personas continúan viviendo en condiciones de miseria y de pobreza y mucho menos han disfrutado de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que la Declaración promueve. Las normas internacionales sobre derechos humanos siguen sin respetarse plenamente en todo el mundo.

No en vano, la invitación es a seguir esforzándonos y trabajar por la vigencia plena de los derechos humanos. A pesar de la intransigencia, los derechos humanos están enraizados en los conceptos comunes de dignidad y justicia y a pesar del 11 de septiembre que no ha hecho más que extender la violencia política en todo el mundo.

Nuestro mundo actual

No importa cómo lo llamemos -terrorismo, terror, lucha armada, violencia política-, el empleo de la violencia con fines políticos u otro tipo de fines, los atentados contra civiles y el estado de miedo que eso origina forman parte de nuestro mundo actual. El fenómeno ha sido muy manipulado porque la mayoría de análisis que se realizan oficialmente quedan contagiados por el resentimiento, desfigurados por el odio y transformados por los intereses particulares exteriorizados por una vulgar codicia.

La lucha contra lo que se ha denominado el "terrorismo internacional" confiere extrema importancia al uso de la fuerza y la seguridad militar. La "guerra global contra el terror" es una confrontación total y en su molde se ha creado un estado de excepcionalidad que justifica vulnerar, violar las normas del Derecho Internacional que tanto esfuerzo le ha significado acordar a la comunidad internacional, en este estado se disculpa lanzar guerras denominadas "preventivas" y unilaterales, imponer una nueva composición particular del sistema multilateral internacional, creado después de la II Guerra Mundial y una aceptación de las violaciones a los derechos humanos, las transgresiones al derecho internacional humanitario y el retroceso de las libertades democráticas en muchos países del mundo.

Estados Unidos de América

En este sentido Estados Unidos de América (EUA) se convierte en la amenaza de un mal ejemplo porque bajo su tutela se socavan las normas internacionales mientras continúan los aberrantes hechos, conocidos a través de las breves noticias que dejan escapar los medios de comunicación, relacionados con la "guerra contra el terrorismo".

No es novedad reconocer que la actitud de EUA hacia las normas internacionales no es entusiasta: se trata de un país que se muestra lento a la hora de comprometerse con los tratados de derechos humanos y de preservación del ambiente sano y se puede sostener que en los últimos tiempos esta reticencia se acerca al rechazo absoluto. Un ejemplo de esto es la apremiante oposición de EUA a la Corte Penal Internacional y su negación a las organizaciones internacionales de derechos humanos de acceso a centenares de detenidos aprehendidos durante su "guerra contra el terrorismo".

Se sostiene que el terrorismo es la principal amenaza para la paz mundial y cualquier medio es lícito para derrotarlo con el fin de lograr la seguridad, relativizando y manipulando la fundamentación ética de los derechos humanos que es la consecución de una vida digna para todos y todas. Han pasado más de tres años desde el 11-S y hoy el mundo es un lugar menos seguro y más injusto. Todo lo contrario a lo que planteó la "Declaración" como un ideal común a la humanidad, hace 56 años, al aspirar a: "(...) el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad(...)".

Debe reconocerse el deber de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero los gobiernos tienen también la obligación de proteger y promover los principios de derechos humanos, unos principios que no son un obstáculo a la seguridad, sino una parte esencial del camino que lleva a ella.

Comercio y derechos humanos

Otro hecho de la actualidad que bien vale la pena resaltar es que los acuerdos existentes y propuestos sobre comercio e inversiones, pueden tener el efecto de limitar el derecho de las naciones soberanas a hacer cumplir las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, facilitando su violación.

La interpretación del régimen comercial debe respetar la jerarquía normativa del derecho internacional y este reconoce que algunas leyes invalidan a otras. Por ejemplo, los convenios internacionales relativos a los conflictos armados prevalecen sobre las leyes locales que puedan ser más restrictivas. Asimismo este principio debe aplicarse a los acuerdos comerciales. En el preámbulo del acuerdo por el que se establece la OMC (Organización Mundial del Comercio), por ejemplo, se manifiesta como objetivo el de liberalizar el comercio y se formula como un logro de valores humanos fundamentales, al pretender mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Tal objetivo no puede alcanzarse en la práctica sin el respeto y pleno disfrute de los derechos humanos.

Sobre este aspecto de la liberalización del comercio y los derechos humanos, podemos concluir con las siguientes palabras de Mary Robinson -ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en mi criterio sintetizan la dicotomía que al parecer existe entre estos dos temas a nivel mundial:

"Mientras que los acuerdos de la OMC ofrecen un marco jurídico para los aspectos económicos de la liberalización del comercio, las normas y tratados de derechos humanos equilibran la situación facilitando el marco jurídico para sus dimensiones social y ética".

Desarrollo humano

Actualmente nos encontramos en una época en la que el concepto de "choque cultural" tiene una connotación de mucha fuerza y con consecuencias inquietantes en todo el mundo. Es de trascendental importancia buscar la forma de encontrar salidas y moderar de manera especial los conflictos en torno al idioma, la religión, la cultura, la orientación sexual y la etnia. Si en el planeta deseamos lograr la liberación de los seres humanos del temor y erradicar definitivamente la pobreza, debemos alcanzar la aspiración de construir sociedades inclusivas, diversas y multiculturales. Esto es necesario para que los Estados puedan dedicarse a prioridades tales como el crecimiento económico, la prestación de servicios de salud, educación y vivienda a la población y para permitir que la expresión cultural de toda la gente se desarrolle plenamente, en resumen, para permitir una "vida digna" a todas las personas.

Hablamos entonces aquí del desarrollo humano, el cual trata sobre todo de ampliar las opciones de vida de las personas, lo que les permite elegir el tipo de vida que desean llevar, pero para esto es necesario que se les brinde las herramientas y las oportunidades y puedan tomar tal decisión libres del temor, de la presión y de la miseria. Se trata entonces de contenidos tanto de índole político como económico que abarcan la protección eficaz de los derechos humanos y el fortalecimiento y consolidación efectiva de la democracia. En efecto, las personas con escasos recursos económicos, las marginadas y las discriminadas (que en la gran mayoría pertenecen a la población inmigrante, desplazada o minorías religiosas o étnicas) se enfrentan a reducidas probabilidades o posibilidades de conseguir el acceso equitativo a empleo, educación, vivienda digna, salud, justicia, información, seguridad y otros servicios básicos, a no ser que cuenten con una real capacidad para influir en las políticas locales, nacionales y también internacionales.

Colombia

En el contexto del conflicto armado colombiano, "especialmente complejo" -como lo denomina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003-, donde perduran las masivas y graves violaciones y abusos contra los derechos humanos y el derecho humanitario en forma generalizada o sistemática, no existe hasta el momento una efectiva lucha contra la impunidad, orientada a impedir y sancionar las graves violaciones a los derechos fundamentales. Como lo expresa claramente el Informe arriba mencionado, la consecuencia es una creciente degradación del conflicto que, en lugar de traer los cambios políticos deseados, produce el deterioro del desarrollo humano y concibe como violencia degradada los crímenes atroces o las infracciones al derecho internacional humanitario y como desarrollo humano el aumento de las opciones disponibles para la gente.

La pobreza en Colombia aumenta gravemente: el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza (LP) pasó de 55% a 66% entre 1997 y 2003. El modelo de crecimiento que sigue el país es claramente excluyente -según un artículo aparecido en 'UN Periódico' No. 61 del 1º de agosto de 2004, "La U le toma el pulso a la economía"-. Aunque las cifras para el Departamento Nacional de Planeación son distintas en el sentido que la pobreza entre estos mismos años pasó de 50.3% a 51.8%. Indicando por cierto, cualquiera sea la fuente, que estamos en una grave crisis humanitaria debido a que más de la mitad de la población colombiana se encuentra en un estado de pobreza.

La no aplicación de justicia que conduce a la impunidad constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar y adoptar las medidas apropiadas respecto a los autores, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas adecuadas, y se garantice a las víctimas el acceso a recursos eficaces.

Recordando el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es obvio que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos originan actos de barbarie, ultrajantes a la conciencia de la humanidad, por lo que la lucha efectiva contra la impunidad y la consecución de la paz deben integrarse. La dimensión ética de los derechos humanos debe evitar que se conviertan en mera cuestión de ideología, de puntos de vista subjetivos, de perspicacias, suspicacias, gustos, posiciones o imposiciones personales o de grupos privados "poderosos".

En el día internacional de los derechos humanos se requiere en Colombia de un compromiso auténtico con el respeto de los derechos humanos y del fortalecimiento estatal a través de sus instituciones, no sólo en lo militar sino en lo social y económico con sentido de inclusión, tratando de llegar al consenso a través del debate abierto, la participación efectiva y las transacciones para lograr objetivos conjuntos, sin sacrificar los principios éticos y la fundamentación de los derechos humanos de todas las personas, por una vida digna sin exclusión alguna.


*Luis Herrera Restrepo. Abogado especializado en derechos humanos, ex-Colsultor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

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