Dentro del proceso de negociación entre el Gobierno Colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia, está prevista la desmovilización de 3.000 personas, entre el 3 de noviembre a 31 de diciembre de 2004.

Los bloques que han iniciado su desmovilización son: Catatumbo, Bananero, Calima, Pacífico, Cundinamarca, Frentes Mojana y el del Suroeste de Antioquia, AUC de Córdoba, Meta y Vichada, Sur de Magdalena e Isla de San Fernando, Frente Vichada del Bloque Central Bolívar.

La financiación para todo este proceso de desmovilización es de 410.000 millones de pesos, así: 385.000 millones de pesos -125.000 millones aprobados en el presupuesto de este año y 260.000 millones aprobados para el 2005- y que en una adición presupuestal que presentó al Congreso, solicitó 25.000 más. Este dinero esta distribuido en presupuestos de las diferentes entidades que tienen que ver con la desmovilización.

El Gobierno les dará un subsidio mensual de 300.000 pesos, más $58.000 de subsidio de transporte -aproximadamente unos 175 dólares- para quienes se estén capacitando o en formación de empresas: otros erradicarán hoja de coca.

En cuanto a los trabajos que desarrollarán los desmovilizados, el gobierno tiene previstas tres opciones:

1. Emplear a los desmovilizados en grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos en parques naturales, resguardos indígenas y nacimientos de ríos. Tendrán un subsidio básico de 300 mil pesos, más transporte, alimentación y alojamiento. Este proyecto será coordinado por el Ministerio de Defensa y la Consejería para la Acción Social.

2. Vincularlos a empresas; los empresarios que participen creando nuevas empresas o generen empleos para los reincorporados el Gobierno les dará incentivos económicos. La condición es que el 40 por ciento de los empleados de la empresa deben ser desmovilizados. Este tema lo coordinará el Ministerio de Agricultura.

3. Incorporarlos a proyectos productivos para pequeños productores, iniciativas de los propios desmovilizados que serían subsidiados con los 300.000 pesos mensuales y recibirían asesoría técnica y social.

Entre las instituciones responsables de la desmovilización están 11 entidades del Estado, de gobernaciones y alcaldías, de la iglesia y de la OEA.

El cronograma de desmovilización es el siguiente:

Primera fase: Preparación. Los paramilitares entregan la lista de personas, armamento, medios de transporte, equipos de comunicación y mapa de zonas que ellos hayan minado.
Duración: 15 a 30 días.

Segunda fase. Concentración, desmovilización y verificación. Los desmovilizados se concentran temporalmente en un lugar cercano a su sitio de operaciones para ser identificados, carnetizados y responder una encuesta, evaluar sus antecedentes legales y recibir un curso de inducción y dotación básica y ayuda humanitaria para la reubicación. Esta labor está a cargo de encuestadores de la Diócesis de Urabá, funcionarios de la Presidencia y empleados de la OEA.
Duración: 2 a 10 días.

Tercera fase. Retorno a sus lugares de operación para el inicio del proceso de reincorporación de quienes solo tengan que responder por concierto para delinquir y delitos conexos, casos que de todas maneras serán evaluados por los jueces. Los que tengan otros delitos pendientes, son llevados a una zona de concentración, en Santa Fe de Ralito, a la espera de que se apruebe la ley de alternatividad penal o de perdón, olvido y reparación, ley que apenas será debatida en marzo de 2005.
Duración: 8 días.

Para el acompañamiento, el gobierno nacional creó los Centros de Referencia en las ciudades más cercanas para atender todo lo referente a la salud, la educación, la atención psicosocial y humanitaria de los desmovilizados.

La desmovilización corre por cuenta del Ministerio del Interior y Justicia: los menores de edad estarán a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Frente a la seguridad de la población civil, el gobierno anunció que estará a cargo de tres mil hombres, reservándose los detalles para que la guerrilla no aproveche la coyuntura; la seguridad de los desmovilizados está a cargo del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, la ley de Alternatividad Penal o Ley de Perdón, olvido y reparación, aún no ha sido aprobada en el Congreso y pasará a discusión hasta marzo del 2005: los debates sobre este proyecto de ley se han centrado en el tema de la impunidad frente a los delitos atroces, por cuanto se plantea que las penas estarían entre los 5 y 10 años de prisión.

Simultáneamente a la desmovilización se ha ido dando la entrega de armas de largo y corto alcance, fusiles AK-47, G-3, granadas de 60 milímetros, mini granadas, pistolas y revólveres, proveedores, municiones, radios de comunicación y uniformes de campaña.
El señor Sergio Caramagna, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha estado verificando el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ha asistido a las diferentes desmovilizaciones y entrega de armas:, así:

452 personas del Bloque Bananero, en Turbo, 1.400 del Bloque Catatumbo en Tibú (Norte de Santander), 150 personas del Bloque Cundinamarca en Terán (Yacopi - Cundinamarca). El próximo turno de desarme es para los bloques Calima y Pacífico, que operan en el Valle. Aunque no hay fecha definida, podría verificarse antes del 15 de diciembre.
En cuanto a la extradición de varios dirigentes de las AUC, el máximo líder, Salvatore Mancuso rechazó la extradición y señaló que de sucederse esto sería un obstáculo para la desmovilización de 20.000 paramilitares hasta el 2006, amenazó con tomar de nuevo las armas si no hay solución radical a su pedido de extradición y afirmó que seguirá al frente de una negociación de paz con el gobierno, pese a que la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Por su parte el gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, Sabas Pretel, recordó que a los que estén en un proceso de paz se les suspenden las órdenes de captura.

Los paramilitares han planteado alternativas para el tema de la extradición: una negociación con Estados Unidos o una reforma constitucional. El Gobierno ha ofrecido congelar la extradición de Mancuso apelando a la discrecionalidad del Presidente.

Preocupaciones de las organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil frente a la desmovilización de los paramilitares

Frente al proceso de negociación, desmovilización y entrega de armas de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, son muchas las preocupaciones que han expresado las organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil colombiana.

La primera gran preocupación es la impunidad que se puede dar al aprobar una legislación de perdón y olvido. Las víctimas o familiares de las víctimas han expresado que los paramilitares involucrados en masacres, homicidios, desapariciones deberían ser juzgados y pagar por los delitos cometidos, reclamando el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Otra preocupación es que otros actores armados -autodefensas que no se quisieron desmovilizar o guerrilleros- vengan a ocupar los territorios donde se está dando la desmovilización. Aunque el Gobierno y los paramilitares han insistido en que se desmovilizan estructuras completas y afirman que no existe esta especie de doble agenda, ya se están dando casos como en el Urabá, en donde se desmovilizó el Bloque Bananero pero quedaron en la zona otras dos estructuras de paramilitares activas, el Bloque Élmer Cárdenas y el frente Héroes de Tolová.

Preocupa también la rapidez en que se está dando el proceso, con inducciones superficiales a personas que requieren de un acompañamiento psicosocial profundo. Este proceso requiere contar con mecanismos eficaces que logren desmantelar las estructuras delincuenciales ligadas al narcotráfico y a la extorsión.

Las personas que han estado por varios años involucradas en estas actividades delictivas necesitan una propuesta integral de recuperación de valores, sentido de la vida y de la dignidad humana, capacitación académica y laboral y una real inserción a la sociedad.

Las experiencias de desmovilizaciones de actores armados de otros países (como El Salvador y Guatemala) muestra que muchos de ellos se reorganizan y crean sus propios grupos delincuenciales, aumentando la inseguridad y los actos delictivos.

Por todo lo anterior, aunque se califica como positiva la dejación de armas de miles de colombianos, se espera que haya una real respuesta del gobierno colombiano, con aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación que señalan los organismos internacionales de derechos humanos, con programas de acompañamiento a todos los niveles -psicosocial, educativo, laboral-, sostenibles en el tiempo, que permitan una convivencia basada en el respeto a la diferencia y en la valoración de la dignidad humana.

Los Acuerdos Humanitarios

El 2 de diciembre del presente año el gobierno nacional indultó a 23 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- quienes habían sido sentenciadas por rebelión, como un acto humanitario unilateral que busca que las personas que están secuestradas por las FARC vuelvan al seno de sus hogares y a las familias colombianas.

Las personas que serán liberadas de las cárceles se han comprometido a no participar en la lucha armada y a colaborar en la construcción del país de una manera pacífica.

Para el gobierno norteamericano este gesto del gobierno nacional se valora con reserva. Según Roger Noriega, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, el Gobierno es autónomo y obra de buena fe, pero no las FARC; la decisión de Uribe es complicada porque por un lado, su política es la de no negociar con grupos terroristas y las FARC es así considerada por Washington. Pero por el otro, hay tres ciudadanos estadounidenses secuestrados que quisieran ver liberados con la mayor brevedad posible.

Por su parte las familias de secuestrados avalaron la nueva propuesta de las FARC contenida en un comunicado, como una posible reacción al indulto que el gobierno otorgó a 23 rebeldes para el canje humanitario de desmilitarizar dos municipios del sur de Colombia para realizar un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos.

En su comunicado, las FARC piden que la fuerza pública sea retirada de Florida y Pradera (500 Km. al suroeste de Bogotá, departamento de Valle), en lugar de los selváticos San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el sureño departamento de Caquetá, donde se desarrolla el Plan Patriota, la mayor ofensiva militar contra ese grupo.

Las FARC señalaron que la extradición a Estados Unidos del guerrillero Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad afectaría seriamente cualquier acercamiento con el Gobierno para resolver el tema de un intercambio de detenidos de esa organización para permitir la liberación de los secuestrados que tiene en su poder.

La propuesta textual de las FARC es la siguiente:

"1. Desmilitarizar dos municipios de los centenares que existen fuera del área de los Bloques Oriental y Sur, donde el gobierno ilusamente cree que puede derrotar a la guerrilla con el plan diseñado y dirigido por el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos.

2. Los dos municipios que proponemos son Florida y Pradera en el Valle y deben reunir las garantías de seguridad necesarias para el desplazamiento de nuestros voceros, el traslado de los prisioneros de las dos partes al sitio convenido para el intercambio y el posterior repliegue de los más de 500 guerrilleros que deben ser liberados en aplicación de los acuerdos.

3. La Iglesia, que será encargada de los contactos iniciales, explorará las posibilidades de vinculación de Naciones Unidas, gobiernos amigos y Cruz Roja Internacional en las labores de acompañamiento y apoyo logístico.

4. A los familiares de los prisioneros colombianos y estadounidenses, los invitamos a hacer suya esta propuesta hasta sacarla adelante, como es el deseo de todos.

5. Nuestra voluntad política para ponerle fin al largo cautiverio de los prisioneros en poder de las dos partes, queda claramente refrendada en esta propuesta.
Esperamos que el gobierno del señor Uribe no sea inferior a los retos de este acuerdo humanitario, que desde hace tiempo espera concreción.

6. Ante la manifiesta actitud de servilismo y ausencia de decoro de la Corte al autorizar la extradición a los Estados Unidos de Simón Trinidad, vocero de paz de las Farc, sobre la base de un burdo montaje, que además ataca el incuestionable carácter político de nuestra lucha, señalamos que interferiría seriamente las posibilidades de Canje. Por principio nos oponemos a la extradición de colombianos, práctica indigna de renuncia a la soberanía, que no puede continuar en medio de la indiferencia. Ningún país civilizado del mundo está entregando a sus ciudadanos para que sean juzgados por los gringos".

'Simón Trinidad', guerrillero de las FARC detenido actualmente en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y solicitado en extradición por Estados Unidos, se propone como vocero para el intercambio, siempre y cuando el estado mayor de las FARC lo designe para ejercer esa labor, y segundo, que el Gobierno Uribe tome una decisión frente a su eventual extradición.

El intercambio humanitario pretende la liberación de 22 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, 34 miembros de la Fuerza Pública colombiana y tres estadounidenses.

Por su parte el Presidente Álvaro Uribe no aceptó propuesta de FARC de desmilitarización de Florida y Pradera, argumentado que para facilitar un acuerdo humanitario deben plantearse iniciativas distintas a despejes.

Por lo anterior, la Iglesia Católica le planteó la posibilidad de crear lo que denominó "zonas de confianza", para lograr el intercambio humanitario; el parlamentario Samuel Moreno, propuso que en esas zonas habría presencia la Fuerza Pública, dando la suficiente confianza para lograr ese acuerdo humanitario.

Moreno propuso que la oficina del Comisionado de Paz, la Iglesia Católica y la Gobernación del Valle pueden ir trabajando en las zonas de confianza, para definir detalles de su funcionamiento.

Mientras tanto, el gobernador del Valle, Angelino Garzón, ratificó su respaldo a la idea de que miembros del Gobierno Nacional y de las FARC se encuentren en zona rural de los municipios de Pradera y Florida para pactar un acuerdo humanitario.

El gobernador del Valle señaló además que están dadas las condiciones para los acercamientos que permitirían la liberación de secuestrados y aseguró que se trataría de un encuentro que no pasaría de los 15 días.

Simultáneamente a todas estas comunicaciones y propuestas de posibilidades de acuerdo humanitario, cientos de colombianos que tienen a algún familiar secuestrado por las FARC esperan pacientemente un resultado feliz para poder celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus seres queridos, algunos de los cuales no ven hace hasta 7 años.

*Flor Alba Romero. Coordinadora Nacional PADH, Colombia. Antropóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derechos Humanos. Ganadora del Premio UNESCO 2000 como Educadora en Derechos Humanos. Docente universitaria e investigadora.

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