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En las semanas finales del año 2004, en Venezuela, se
hacen evidentes los reacomodos políticos e institucionales
en un proceso que crispará nuevamente la polarización
debido a polémicas decisiones, sin que se vislumbren los
necesarios contrapesos a un peso cada vez más determinante
del ejecutivo, bajo el mandato del presidente Hugo Chávez.
En las elecciones regionales del 31 de octubre el chavismo
(1) se impuso de forma abrumadora, en un
contexto de una alta abstención ciudadana. Tras el referéndum
revocatorio de agosto, en el cual Chávez salió relegitimado,
la tesis del fraude por parte de la oposición terminó
siendo un peligroso bumerang político que desmovilizó
a buena parte de sus seguidores y ello incidió de forma
clara en la derrota. Desde que Chávez llegó al poder,
en 1999, la relación entre los votantes ha sido de 60-40,
lo cual evidencia que el mandatario tiene una mayoría clara
en el país, pero está lejos de ser un proyecto hegemónico.
En los comicios regionales y municipales, sin embargo, se conjugaron
la ausencia de claras estrategias opositoras, la insistencia en
las denuncias de un fraude que no pudo demostrarse y la desubicación
de muchos líderes regionales que dejaron de colocar el
énfasis en sus regiones; todo ello, unido al envión
ganador que traía Chávez desde agosto con una campaña
electoral bien hecha y con un liderazgo claro, terminaron por
dibujar un mapa electoral nuevo en el país. La oposición
sólo alcanzó el triunfo en 2 de 23 gobernaciones,
perdió en lugares simbólicos (por ejemplo, la Alcaldía
Mayor de Caracas) y esta resonante derrota descalabró definitivamente
a la dirigencia que venía actuando de forma unificada en
la llamada Coordinadora Democrática. La orfandad que vive
hoy la oposición venezolana es sin duda un signo característico
de ese reacomodo político al que hemos hecho referencia,
al tiempo que no se vislumbran con claridad opciones en el futuro
inmediato para quienes adversan a Chávez.
Tras esos comicios, se hizo público un discurso gubernamental
a favor del entendimiento y en contra del revanchismo político.
Parecían señales prometedoras por parte de un gobierno,
que como casi ninguno en la historia democrática de Venezuela,
ha tenido tanto poder político y económico (el petróleo
llegó a sus niveles máximos históricos).
Fue corta la luna de miel, fue violentamente rota por el asesinato
del fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre. Este fiscal tenía
en sus manos varios casos emblemáticos para el gobierno
y ello contribuyó a que rápidamente su muerte formara
parte de la diatriba política. Tras el asesinato del fiscal
se registraron varios hechos significativos que apuntan en lo
que hemos llamado reacomodo institucional.
En tanto, se han acrecentado los señalamientos contra
los "golpistas", categoría bastante usada por
el gobierno para descalificar a muchos de sus adversarios, pero
que originalmente estaba relacionada con aquellos de que una u
otra forma respaldaron o participaron en el breve golpe de Estado,
que encabezara el empresario Pedro Carmona. Después de
más de dos años, por ejemplo, comenzó a procesarse
a aquellos que firmaron en abril de 2002 una acta a favor del
gobierno de facto. La fiscalía general solicitó
al Tribunal Supremo de Justicia la revisión de la sentencia
en la cual -también por razones políticas- el máximo
tribunal venezolano determinó la existencia de un vacío
de poder en la crisis de abril 2002, dejando soslayado el hecho
de que hubo una ruptura constitucional. Si el TSJ, como es de
esperarse por la nueva correlación de fuerzas en su seno,
decide revertir una decisión en firme ya tomada, se sentará
un grave precedente jurídico en Venezuela, más allá
de las consideraciones políticas que hemos manifestado.
La muerte de Anderson, aceleró en la bancada mayoritaria
del chavismo en la Asamblea Nacional decisiones para blindar institucionalmente
a la "revolución". La Ley de Responsabilidad
Social de Radio y Televisión terminó aprobándose,
no sólo desoyendo las opiniones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sino dándole un cariz aún más
punitivo y dejando en manos de un órgano dependiente del
ejecutivo su aplicación. Si nos guiamos por el discurso
presidencial, cabe esperar sanciones contra medios, especialmente
aquellos que estuvieron marcados por una agenda opositora. Por
otra parte, y también relacionado con el derecho a la expresión,
de forma sorpresiva, pues estaban sobre la mesa varios proyectos
de reforma, se aprobó parcialmente una reformulación
del Código Penal, en el cual no sólo se ratificaron
las penas de prisión por los llamados delitos de opinión
(las leyes de desacato según el Sistema Interamericano
deberían ser derogadas y las sanciones por estos "delitos
de opinión" resolverse en el ámbito civil),
sino que se aumentaron las penas. Cuando entre en vigor este instrumento,
en enero de 2005, se estará restringiendo gravemente el
derecho a expresarse y opinar.
Finalmente, el parlamento venezolano cerró sus actividades
en diciembre con la designación de nuevos magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, todos con una clara afinidad política
con el gobierno. En mayo de 2004 en una polémica decisión,
la Asamblea Nacional había aprobado un instrumento que
le permitía ampliar el número de magistrados y su
designación por mayoría sencilla (tradicionalmente
se requería tres cuartas partes de los votos en el legislativo).
En palabras de los diputados oficialistas se trata de una decisión
claramente política para evitar "autogoles".
Todo este cuadro, para muchas organizaciones del movimiento de
derechos humanos resulta altamente preocupante, en especial porque
voceros del alto gobierno han usado la descalificación
como respuesta a los señalamientos públicos de las
ONG's de derechos humanos, lo cual evidencia una ausencia de interés
en el debate de fondo sobre los problemas del país y una
insana estrategia política que persigue la inhibición
por parte de voces críticas en el debate público.
Nota
1. Hablamos del chavismo como expresión
política por varias razones: el movimiento que acompaña
al presidente tiene un sello personalista evidente, por ejemplo
el jefe de Estado designó a dedo a la totalidad de candidatos
a gobernaciones regionales y a muchos aspirantes a alcaldes; por
otro lado, el apoyo al presidente Chávez, que está
amalgamado en torno a su figura, es variopinto con una alta dosis
castrense (existen una decena de gobernadores de origen militar
todos ligados a Chávez), mientras que el partido más
significativo, el Movimiento V República (MVR) sigue siendo
principalmente una estructura electoral, con enormes dificultades
para una vida partidista propia y sin procesos institucionalizados
de elección de sus autoridades.
*Andrés Cañizales.
Investigador asociado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) y director de la revista
Comunicación , que edita el Centro Gumilla.
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