Las producciones audiovisuales son demasiado importantes como formadoras de valores y de cultura como para ser consideradas únicamente desde un punto de vista económico y comercial.

Nadie duda hoy del rol formador de cultura y de valores que en la actualidad tienen las producciones audiovisuales en general y el medio televisivo en particular. Las estadísticas reflejan, sin ningún género de dudas, que la televisión es hoy por hoy el único medio de acceso a la cultura y a la información para un alto porcentaje de la población en todo el mundo. Tampoco muchos pueden discutir la importancia económica que el mercado audiovisual está adquiriendo en el ámbito del comercio internacional, especialmente a partir de los procesos de liberalización y desregulación del sector y de la creciente consolidación de las industrias audiovisuales en un cada vez más reducido, y a la vez más poderoso, número de conglomerados mediáticos.

A partir de estas dos realidades nadie niega de dónde surgen la disparidad y la diversidad de opiniones respecto a la manera de afrontar la convivencia entre la importancia del papel social y cultural ejercida por el audiovisual y su consideración como mercancía sujeta a la libre producción, difusión y comercio.

Uno de los principales debates al respecto se conforma en el escenario que enfrentan, por una parte, a un creciente mercado internacional de libre circulación de productos y servicios y, por otra, a la protección de la diversidad cultural como derecho universal. Mientras que la Organización Mundial del Comercio (OMC) promueve esa libertad de comercio mediante la prohibición de medidas proteccionistas, desde otras instancias se reclama la excepcionalidad de las producciones audiovisuales, que por su carácter cultural y conformador de identidad se considera que no deben ser tratadas como cualquier otro tipo de mercancía.

Desde estas posiciones se afirma que la aplicación estricta de las directrices de la OMC da como resultado la subordinación de los aspectos sociales y culturales a los comerciales. Tales directrices suponen un peligro para las culturas más débiles, que pueden llegar a desaparecer ante el empuje de una cultura monolítica global.

Desde tal punto de vista se reclaman diferentes soluciones, principalmente la exigencia de un anexo sobre la especificidad cultural en los acuerdos de la OMC. También se manifiesta la necesidad de promocionar políticas culturales en todos los países y la aplicación de instrumentos como el de las cuotas de pantalla o el de difusión en favor de las producciones locales.
Otros abogan por un papel más activo de las entidades internacionales, como la UNESCO, para equilibrar el actual poder de la Organización Mundial del Comercio en este terreno.

El punto de vista divergente ante estas reclamaciones se personaliza en Bonnie J.K. Richardson, vicepresidenta de la Motion Picture Association of America. Richardson califica de infundados los miedos despertados por la directiva de la OMC y considera que "la OMC es un instrumento más flexible de lo que muchos creen". Como ejemplo, la representante de la cinematografía norteamericana considera el acuerdo bilateral de comercio entre los Estados Unidos y Australia como un reflejo del buen equilibrio entre la certeza demandada en los aspectos comerciales y la flexibilidad en lo referente al plano cultural.

En Europa, donde el dominio de las producciones audiovisuales norteamericanas parece provocar mayores preocupaciones, las diferentes regulaciones y sensibilidades nacionales parecen enfrentarse a la posibilidad de una regulación común que pueda asegurar eficazmente su diversidad cultural. Mientras tanto, tal y como señala la administradora de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Valérie Panis, "la respuesta europea no estriba tanto en adoptar posturas contra el libre comercio como en la puesta en marcha de políticas y programas como MEDIA", apostando, como forma de fomento de la multiculturalidad, por la promoción de la calidad de las diversas producciones nacionales y de la cooperación entre los diferentes países europeos.

Pero, mientras que el principal eje del debate sobre diversidad cultural parece darse entre los representantes de las políticas europeas y la OMC, surgen también otras voces que añaden puntos de vista diferentes a la discusión. Voces que reclaman de los países ricos ayuda para proteger esa diversidad cultural en los países en los que la cultura no es una prioridad y la escasez de recursos hace que ni tan siquiera haya producción audiovisual o política cultural que defender. Voces como las de Moussa Keita, presidente del Consejo Superior de Comunicación de Malí, quien, desde el pasado colonial de su país y el de otros países africanos, reprocha a Europa la misma colonización cultural que Europa reprocha a Estados Unidos, o como la de Dima Dabbous-Sensenig, profesora de comunicación de la Lebanese American University, para quien "además de pedir la diversidad a escala internacional hay que reclamarla también para el ámbito nacional en favor de las diferentes culturas que puedan darse dentro de las fronteras de un determinado estado o nación".
Pero no es sólo la diversidad cultural la asignatura pendiente reclamada a los medios audiovisuales en este diálogo. Si el derecho a la comunicación y a la información es también un derecho universal, cabe demandar a estos medios, tanto a los de gestión pública como privada, el cumplimiento de obligaciones tales como la potenciación de los valores democráticos, una mayor diversidad y calidad en sus contenidos (especialmente los dirigidos a un público infantil), el acceso a éstos por parte de personas con discapacidades físicas y un reflejo de normalidad respecto a las minorías sociales.

De nuevo, la diferente consideración entre usuarios ciudadanos y usuarios clientes, entre el producto audiovisual como mercancía y el producto audiovisual como servicio público, parece ser la responsable de la gran distancia que hoy se constata entre la realidad de lo que se ofrece desde los medios y las reclamaciones anteriormente citadas.

Varias son las soluciones que se proponen para acabar con esta situación. La primera de ellas es una mayor regulación que compense los procesos de liberalización habidos desde los años 80 y que, aunque han aumentado enormemente el volumen de contenidos ofrecidos, han disminuido la capacidad real de elección. Joan Majó, director general de la Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV), defiende esta postura argumentando que "no existe contradicción entre servicio público y gestión privada, tal y como sucede en otros ámbitos como, por ejemplo, en el de la educación".

Otras voces, sin dejar de apoyar la demanda de mayor regulación, la matizan. Tal es el caso de Wolfgang Closs, director ejecutivo del European Audiovisual Observatory del Consejo de Europa, quien, además de insistir en la dificultadde una regulación común europea, se pregunta si "ésta debería afectar sólo a los contenidos o también a la distribución, auténtico cuello de botella para muchos de la falta de diversidad".

Otros puntos de vista menos proclives a otorgar mayores poderes políticos en este terreno abogan por medidas que aseguren las políticas públicas con un menor intervencionismo y que permitan, en palabras de Josef Jarab, senador de la República Checa y presidente de la subcomisión para los Medios de Comunicación del Consejo de Europa, "combatir tanto el monopolio económico como el político". Jarab, quien citó el caso del monopolio mediático privado y público que sufre hoy Italia, reclamó sobre todo las condiciones adecuadas para la autorregulación del sector y la responsabilidad de la clase periodística en su papel de apoyo a determinados valores éticos y democráticos.
A este papel de responsabilidad, pero en el ámbito de las audiencias, aluden también algunas opiniones, citando la existencia de un usuario crítico como una de las posibles soluciones para la mejora de la calidad de la oferta audiovisual. Se aboga, en este sentido, por la formación de esta visión crítica desde la escuela y por la constitución de ventanas de opinión para poder expresarla.

Finalmente, también los nuevos medios, tales como las televisiones locales o Internet, son propuestos como herramientas de diversidad social y cultural, las primeras, como grandes promotoras de esa diversidad desde la creación de contenidos próximos, e Internet, por la posibilidad de expresión y comunicación que ofrece a todo el mundo como medio interactivo y no pasivo.

*Artículo de síntesis del dialogo "Comunicación audiovisual global, diversidad cultural y regulación". Forum Barcelona 2004.
Fuente: http://www.barcelona2004.org/esp/eventos/dialogos/lista_dialogos.htm