"Queremos que Colombia y el mundo sepan, de una vez que nosotros no cultivamos coca por gusto, sino porque nos obligan a ello, y no es la guerrilla la que nos obliga,
es el propio gobierno: no hay alternativas" (1)

Precisiones de contenido y aclaraciones previas

En este ensayo pretendo señalar en que medida el movimiento de los cocaleros en Colombia contiene elementos constitutivos de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina en los términos de Escobar, Álvarez y Dagnino (2001). Para cumplir el objetivo propuesto haré una introducción en donde se describirán brevemente algunos fenómenos históricos importantes para entender las condiciones de exclusión y marginación de los campesinos que siembran coca y la legitimación de sus reivindicaciones. Posteriormente comentaré lo que considero el momento de mayor fuerza del movimiento, materializado en las "marchas campesinas" de 1996, el contexto en el que se desarrollo y el proceso de negociación con el Estado. A continuación se señalarán las circunstancias posteriores a los acuerdos logrados que impidieron la realización de los pactos y la represión del movimiento. Finalmente se intentará dar cuenta de los elementos del movimiento que sugieren pensarlo en los términos de los movimientos sociales latinoamericanos analizados por Escobar, Álvarez y Dagnino (2001).

Introducción: Procesos de colonización y economías extractivas

El departamento del Putumayo se encuentra ubicado al sur del país, entre los ríos Caquetá y Putumayo. Limita al occidente con el departamento de Nariño, al norte con los departamentos de Cauca y Caquetá, al oriente con el Amazonas y al sur con Ecuador y Perú. La población se estima en 300.000 habitantes, ubicados mayoritariamente en el pie de monte amazónico y en los municipios fronterizos.

El departamento del Putumayo se ha caracterizado por tener una gran riqueza natural. Su economía se ha fundado en la explotación de recursos primarios. Estas economías, junto a los procesos políticos, sociales, económicos y de violencia ocurridos en el centro del país marcaron diversos ciclos de colonización que poblaron el territorio. Los primeros migrantes llegan a la región junto con las misiones jesuitas a finales del siglo XIX y principios del XX. La explotación de la quina y luego la del caucho a principios del siglo XX marcan otro ciclo importante de colonización.

En 1949 se descubre que estas tierras son ricas en petróleo. Con el inicio de las explotaciones por parte de la Texas Petroleum Company en 1963 en Orito y 1967 en Lago Agrio, se marca un nuevo proceso acelerado de llegada de migrantes, causado por las expectativas de desarrollo, la construcción de infraestructura petrolera y la utilización agrícola del suelo (2).

Esta continua sucesión de economías extractivas no permitió a los putumayenses disfrutar de un proceso de desarrollo regional integral y estructurado. Las consecuencias son significativas en términos de carencia de infraestructura, débiles conexiones territoriales, conflictos en la tenencia de la tierra, utilización ineficiente de los recursos y un desarrollo urbano desordenado. Estas condiciones generarán un espacio propicio para la llegada a finales de la década del 70' y principios de los 80' de los cultivos de uso ilícito.

Proceso de cocalización del agro putumayense, propuestas de los campesinos y respuesta del Estado

En el Putumayo existían cultivos de coca desde los 80', pero es a principios de los noventa que se intensifica el proceso de cocalización del agro putumayense. Proceso que se ha relacionado con los problemas de la carencia de infraestructura vial, de mercadeo, asistencia técnica, crédito y fomento agropecuario para los cultivos tradicionales de maíz, papa, plátano, yuca y arroz. El mercado de la coca ofrece varias ventajas sobre los cultivos tradicionales, como el pago al contado, un mayor margen de rentabilidad, garantía del mercadeo y el no requerimiento de fletes de transporte. De igual forma, el incremento en la presencia de los cultivos de coca se relaciona con las fumigaciones aéreas con glifosato en el Guaviare y Caquetá, que produce un desplazamiento de los cultivos hacia el Putumayo.

Bajo este contexto los campesinos no tuvieron otra alternativa que sembrar coca, pero desde el principio ellos fueron concientes de los inconvenientes de esta economía y desde finales de los 80' vienen solicitando del gobierno central:
1. Que los escuche como interlocutores válidos.
2. Que tenga en cuenta sus propuestas alternativas para el desarrollo de una economía lícita que les permita un desarrollo integral y una sustitución gradual de los cultivos ilícitos.
Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso a sus peticiones y ha contestado con militarización y fumigaciones aéreas.

Las "marchas cocaleras" de 1996

En 1996 ante la difícil situación que venían afrontando y ante la inminencia de las fumigaciones aéreas los campesinos deciden adelantar lo que se denominó "las marchas cocaleras". Durante tres meses se movilizaron 200.000 campesinos, pequeños cultivadores de coca, se trató de la mayor movilización campesina de la década de los noventa en el país. El movimiento logra poner en la agenda política el tema de los campesinos cocaleros, el país comienza a entender que una cosa era el pequeño cultivador y otra muy diferente el narcotraficante, se intenta mostrar que los cultivos de coca son un problema social, económico y político, y que sólo se puede abordar con políticas que atiendan estos factores y no con medidas represivas.

Luego de muchas dificultades afrontadas por la estigmatización y represión del ejército, para quienes el paro, era un "paro de guerrilleros", los campesinos logran hacerse valer como interlocutores validos y sientan a negociar al gobierno central. Fruto de las negociaciones se firmaron los "pactos de Orito", los cuales, significaban un avance en el entendimiento de la problemática de las economías cocaleras, generaba los espacios para el inicio de un plan de desarrollo alternativo para la región y fortalecía los procesos organizativos que sustentaron la movilización. Sin embargo, estos nunca se cumplieron por diversas razones entre las que se destacan la falta de compromiso del Estado y la arremetida paramilitar en la región que tenia como uno de sus objetivos el rompimiento de facto de los pactos y la desintegración del movimiento por medio de la guerra sucia. Con la aplicación del Plan Colombia se consolida y fortalece la represión al problema de las economías cocaleras.

Las reivindicaciones del movimiento cocalero como demandas de reconocimiento y ciudadanía

En América Latina las culturas políticas dominantes se han estructurado en torno a la "administración de la exclusión" (3), un buen ejemplo de ello lo constituye el caso colombiano, en donde es común afirmar que se mantiene la exclusión y marginación de grandes sectores de la población por medio de la estructura política consolidada y el autoritarismo del régimen. En el caso de los campesinos cocaleros se evidencia la marginación histórica de que han sido objeto en varios factores:
a) por habitar una región periférica en donde la presencia del Estado ha sido débil,
b) por participar de una economía ilegal y habitar una región con presencia histórica de las FARC han sido definidos como delincuentes y/o auxiliadores de la guerrilla y por ende estigmatizados, criminalizados e invisibilizados
Se les ha excluido absolutamente como actores políticos y sociales validos para participar de las políticas y programas diseñados para la región y plantear alternativas para la problemática de las economías cocaleras. A partir de estos condicionamientos desde el establecimiento, las reivindicaciones del movimiento cocalero deben ser entendidas como demandas de reconocimiento y ciudadanía.

Demanda de reconocimiento: búsqueda de nuevas identidades y significados

El movimiento cocalero demanda reconocimiento como un grupo social autónomo independiente de la guerrilla y el narcotráfico, para lo cual construye una nueva autodefinición, se trata de una recomposición de identidades a través de la acción colectiva, esta nueva identidad se las brinda el concepto de "pequeños campesinos cultivadores de coca", noción que pretende contraponerse a la de "ilegales" otorgada por el establecimiento.

La búsqueda del reconocimiento de su autonomía pasa igualmente por una resignificación de lo que se entiende por "actor social" en un contexto de ilegalidad, es claro que para el gobierno era un problema jurídico con implicaciones sociales, mientras que para los campesinos se trataba en primer lugar de un problema social y económico con implicaciones legales, denotando claramente una lucha por la interpretación y el significado (4) de los elementos subyacentes básicos de la situación de los campesinos. Los elementos transversales del movimiento de los cocaleros, aquí señalados: de reconocimiento, identidad, definición e interpretación, constituyen los puntos centrales para fundamentar su lucha. Pero esta no se queda allí, reivindicará igualmente un nuevo concepto de ciudadanía.

La noción de ciudadanía en el movimiento cocalero

El movimiento cocalero luchó por una resignificación del concepto de ciudadanía heredado por la tradición política hegemónica, proponiendo nuevas formas de participación y representación política, redefiniendo la noción misma de democracia (4). Para los campesinos era claro que eran ellos quienes estaban legitimados para plantear soluciones a la problemática de los cultivos ilícitos, para ello reivindicaban el derecho a la representación política regional y nacional y a la participación en los planes alternativos de desarrollo.

El movimiento cocalero consideraba que el Estado les había negado su condición de ciudadanía a los campesinos al mantenerlos marginados de la economía y la política nacional. Reivindicaban su condición de "ciudadanos putumayenses" y como tales reclamaban su inclusión como grupo y región al Estado-Nación. Por esta vía cuestionaban, tanto la política de Estado para la región, como la política internacional antidrogas. Propugnaban por una redefinición del sistema político que los marginaba, y de las prácticas económicas, sociales y culturales que los mantenían estigmatizados, criminalizados e invisibilizados. Intentaban poner en marcha una nueva política cultural y una nueva cultura política (5) en torno a nuevas nociones de "desarrollo" alternativo, participativo e incluyente y un nuevo significado de su ciudadanía históricamente negada.

Un ideal que no pudo ser: las condiciones actuales del movimiento

Actualmente el movimiento ha sido fuertemente golpeado, como se señalo anteriormente, los "pactos de Orito" que eran la base para una nueva visión de región, con una propuesta de desarrollo alternativo nunca se cumplieron. Por el contrario se profundizó en la perspectiva histórica de criminalizar, perseguir y reprimir las economías campesinas cocaleras. La mayoría de los dirigentes que se encontraban a la cabeza del movimiento ya no se encuentran en la región, varios fueron asesinados y otros se vieron obligados a desplazarse de la región. Se descabezó el movimiento social.

La base del movimiento se encuentra moral y económicamente debilitada. Con las fumigaciones se ha atacado principalmente las economías campesinas (6), los campesinos que no salieron de la región se encuentran en condiciones económicas precarias. El país y el Estado perdieron la oportunidad de lograr la integración de la región del Putumayo por una vía pacifica, participativa e incluyente. Las condiciones actuales de los campesinos y de la política nacional no permiten pensar en un resurgimiento del movimiento cocalero, por lo menos no en el futuro inmediato.

Notas

1. Maria Clemencia Ramírez, Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.
2. Es necesario entender las dinámicas históricas de colonización para señalar que en el Putumayo existe población oriunda, que lleva tres o cuatro generaciones habitando la región y que tiene todo un proyecto de vida para desarrollarlo en su región, esto, en tanto que uno de los argumentos que utiliza el Estado para fumigar, reprimir y expulsar a los campesinos, consiste en considerarlos como simples migrantes que van detrás de la coca y que deben ser regresados a sus sitios de origen, desconociendo la identidad que tienen los campesinos con su región.
3. Arturo Escobar, Sonia Alvarez y Evelina Dagnino, Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos, En: Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá, 2001, Taurus - ICANH.
4. Ibíd., pag, 18.
5. Ibíd., pag. 17-18.
6. Desde diversos sectores se ha señalado que las fumigaciones aéreas han atacado principalmente a los campesinos y sus economías, y en contraste son pocos los resultados en la erradicación de cultivos de coca. Si bien en la región ha disminuido la hectárea sembrada, los cultivos se han desplazado a regiones aledañas como Nariño, el Pacifico caucano y la Amazonía. Incluso se habla de un incremento en la producción de coca en la región Andina. Ante esta situación nos preguntamos si realmente las fumigaciones cumplen objetivos antidrogas o es una estrategia que combinada con el paramilitarismo pretende expulsar la población y ganar el control de una región estratégica.

Bibliografía

Archila, Mauricio, Mauricio Pardo. Editores. Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.
Escobar, Arturo, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino. Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos, En: Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá, Taurus - ICANH, 2001.
Ramírez, Maria Clemencia. Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.
Sánchez, Eder Jair. Pactos sociales en el departamento del Putumayo, Colombia, 2000-2002, En: Destierros y desarraigos, Memorias del II seminario internacional desplazamiento: implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos, Bogota, Colombia, 4,5 y 6 de septiembre de 2002, Consultoría para los decretos humanos y el desplazamiento, Codhes, Organización internacional para las migraciones, OIM, Bogotá, Grafiq Editores Ltda, 2003.

*Milson Betancourt Santiago. Abogado por la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a Especialista Superior en Derechos Humanos, por el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Descargar archivo en formato PDF