Durante la década de los 90, organizaciones de la sociedad civil, representantes de sindicatos del sector público, organizaciones ambientalistas y grupos promoviendo la democracia popular, lanzaron varias iniciativas destinadas a intercambiar con las instituciones financieras internacionales perspectivas y preocupaciones sobre el impacto de sus políticas neoliberales. En las Américas, los protagonistas de estos esfuerzos adoptaron como enfoque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Algunas actividades de consulta con el Banco se ejecutaron con el motivo de promover mayor transparencia, responsibilidad y participación abierta en el diseño e implementación de las políticas y proyectos, sobre todo los de modernización del estado y reforma del sector público, y de desarrollo sostenible. Después de una serie de experiencias de exclusión o de manipulación relacionadas con las consultas, algunas organizaciones avanzaron más y ahora cuestionan las ideas y las estrategias subyacentes de estas instituciones.

En Porto Alegre en 2001, un grupo de estas ONGs discutió la posibilidad de trabajar conjuntamente con los parlamentarios en sus paises respectivas para exigir de los Ejecutivos Nacionales y de la Banca misma:

1) el rendimiento de cuentas sobre las deudas con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs);
2) una evaluación independiente de los resultados de los proyectos financiados por las IFIs, con atención especial a las actividades de reforma del sector público y de desarrollo sostenible;
3) mayor incidencia en las decisiones presupuestarias y técnicas relevantes a los créditos y proyectos de las IFIs.

Por su parte, las IFIs realizan sus propios esfuerzos para consolidar redes de ONGs que participan y se benefician de las actividades de estas instituciones. El BID, que presta aproximadamente USD 8 mil millones cada año a América Latina, se ha dedicado con especial interés a la formación de comisiones consultativas con la sociedad civil. De todos modos, estas comisiones carecen de autonomía y de objetividad. Muchas veces incluyen consultores del mismo BID o de empresas privadas, beneficiarias diectas de las políticas que supuestamente están evaluando.

Por lo tanto, la idea de una veeduría y un proceso de monitoreo independiente de las IFIs tiene en este momento mayor importancia. Enfatizamos en nuestro planteamiento, la idea de "control social" sobre la deuda nacional y la recuperación correspondiente de la soberanía nacional.

Los sindicatos tienen un papel fundamental en esta iniciativa

En América Latina los sindicatos del sector público se encuentran entre las organizaciones más afectadas por los políticas de las IFIs, ellos han sido victimas de:
· Privatización
· Deregulación
· Decentralización
· Flexibilización de mercados laborales

Como evidencia de esto, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus afiliadas, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, realizaron una serie de investigaciones evaluando el impacto de las políticas de las IFIs en trabajadores y comunidades.

En Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Belize, Nicaragua, El Salvador, Trinidad y Tobago, y Perú, se han identificado los puntos específicos en el ciclo de proyectos donde ocurre la exclusión de trabajadores, usuarios, activistas y afectados. Estos estudios fueron presentados al BID con ocasión de sus Reuniones Anuales en Santiago de Chile en 2001; en Fortaleza, Brasil en 2002 y en Milan, Italia en 2003. Con la información producida por estos estudios, la ISP ha ido desarrollando redes regionales y subregionales de información y capacitación, para que las afiliadas de un país puedan beneficiarse de la experiencia de otras.

Como parte de este programa de investigación, la ISP ha producido materiales analíticos y publicaciones a fin de apoyar a las afiliadas y proveerles la información acerca de la implementación de la privatización y sus consecuencias, y los procesos de descentralización alrededor del mundo. Como organización, la ISP se opone a la privatización que se realiza por consideraciones de tipo ideológico, como varias de las iniciativas ejecutadas y fundadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).

En años recientes, se ha hecho muy patente el que, en numerosos casos, la transición de los servicios públicos a operaciones privadas en América Latina, efectuadas con la ayuda técnica y los créditos de las IFIs, ha fallado en respetar los derechos laborales de los trabajadores del sector público y los derechos humanos de las comunidades que buscan proteger su acceso a los servicios básicos. Al mismo tiempo, debido al volátil estado de la economía internacional, varias de estas transacciones han resultado en el fracaso de las compañías privadas involucradas, varias de ellas subsidiarias de las grandes corporaciones transnacionales.

Colombia es un país donde estos problemas han sido gravísimos y donde los acontecimientos señalan la necesidad de re-pensar la promoción indiscriminada de la privatización en los países en vías de desarrollo. Pero las IFIs no han respondido al fracaso de las políticas con una re-evaluación. En su lugar, los partidarios de la política de privatización discuten que los fracasos son una consecuencia de límites impuestos a la privatización por parte de mercados laborables inflexibles. En lugar de re-evaluar la eficacia de la política misma en América Latina, las IFIs sostienen que los salarios y la estabilidad laboral lograda a través de contratos colectivos hacen al mercado laboral excesivamente rígido, y que las provisiones legales que protegen estos derechos, a pesar de que han sido aprobadas en procesos legítimos y democráticos, deben ser debilitados o eliminados.

Los estudios ejecutados durante el 2002 y 2003 demuestran que los derechos laborales no son la causa del fracaso de los proyectos de privatización y descentralización. Proyectos que son motivados por consideraciones ideológicas en vez de prácticas, que son concebidos en secreto por grupos de especialistas a quienes no les afectarán, que no son evaluados independientemente y que son estructurados irresponsablemente a costos innecesariamente altos estarán destinados al fracaso.

Las experiencias de investigación, acumuladas a través de 5 años, nos ha producido unos lecciones importantes. Primero, y quizás los más importante, es nuestro reconocimiento pleno de que las operaciones de las IFIs, y más aun del BID, son fundamentalmente anti-democráticas. Nuestras investigaciones mostraron cada vez más como se usa los fondos del BID para evitar el control y vigilancia de legisladores elegidos, y como se usa fondos prestados para manipular a la opinión pública, muchas veces a traves de la creación de interlocutores artificiales de la 'sociedad civil.' Estas experiencias nos convencieron de que un diálogo de alto nivel con las IFIs sobre las políticas neoliberales - sin incidencia más política y más amplia - es capaz de lograr muy poco, en el mejor de los casos.

Por lo tanto, estas experiencias nos obligaron a enfocar el problema de control social al nivel nacional, y especificamente en el control ejercido por las asambleas o congresos nacionales sobre los créditos del BID y las otras operaciones. Estas fueron las convicciones de la reunión de los parlamentarios en Milan, donde los representantes elegidos elaboraron su declaración sobre el papel de las IFIs en los paises de América Latina. Alli estuvieron la ISP, Censat/Agua Viva, y otros, quienes también elaboraron un Plan de Trabajo, para desarrollar esfuerzos conjuntos entre los sindicatos del sector público, las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios.

Como consecuencia, la red de organizaciones que se reunió en Porto Alegre en 2001 está apoyando audiencias parlamentarias sobre los créditos del Banco Mundial y del BID. En agosto de 2003, con apoyo de la ISP, se realizó en Buenos Aires el primer paso de seguimiento del Plan de Trabajo de Milan: una audiencia pública sobre el papel que jugaron las IFIs en el colapso de la economía de Argentina en diciembre de 2001. La ISP, considera que el proceso de construir y vincular iniciativas parlamentarias nacionales destinadas a influenciar los procedimientos internos de las IFIs puede:

· Aumentar la capacidad institucional de los sindicatos del sector público y de las ONGs al nivel nacional para desarrollar medidas que promuevan e implementan formas de representación democráticas y efectivas frente a las IFIs;
· Contribuir a la mejora de coordinación inter-sectorial a los niveles nacionales y regionales entre organizaciones laborales, ambientales, de derechos humanos y de comunidades.
· Establecer un mecanismo inter-regional de respuestas estratégicas, efectivas y rápidas a las políticas de las IFIs que amenazan los derechos humanos, los derechos laborales, el patrimonio natural nacional, o los intereses colectivos.

Plan de Trabajo
Milán, 2003

Se acuerda hacer seguimiento al evento parlamentario lanzado desde Milán, con la intención de calendarizar un evento.

Para llevar a cabo acciones conjuntas, tales como:

1. Realizar auditorias o estudios sobre el BID, por país, de evaluación de impactos y de control financiera para asegurar que los recursos prestados hayan sido destinados a los fines indicados. Que tanto el BID haya contribuido al desarrollo, al alivio de pobreza. Reuniones nacionales. Conllevar campañas de información y sensibilidad a la población en cada país, incluyendo la sociedad civil, los parlamentarios y funcionarios de gobierno.

2. Elaborar un documento o informe regional basado en los informes del nivel de cada país. Reuniones regionales.

3. Efectuar una reunión en cada país con el representante en el Directorio Ejecutivo del BID. Ganar la capacidad de control político del representante de cada país.

Ratificación de los Directores Ejecutivos por los parlamentarios
Informes regulares de los Directores Ejecutivos a los parlamentarios
Prohibición que los Directores Ejecutivos pasen a ser funcionarios del BID.

4. Informar e invitar a otros parlamentarios que se inscriban a la Declaración de Milán

5. Interpelar a los funcionarios del BID.

6. Establecer una red electrónica de información e apoyo sobre iniciativas políticas y programas regionales.

7. Celebrar un segundo encuentro.

8. Establecer legislación en cada país:

a. Ley sobre la incompatibilidad de funcionarios de alto rango para trabajar en el BID.
b. Ley sobre aprobación de créditos de la banca multilateral;
i. Que estos créditos sean aprobados previamente por los parlamentarios en el ciclo de proyectos
ii. Aprobación de los Country Papers por los parlamentarios en todos los países
iii, Prohibición de utilizar los fondos del BID para intentar influir la opinión pública sobre un préstamo antes de su aprobación por el parlamento
iv. Retiro de prestamos rechazados por los parlamentarios, sin mayor pago de interés.
v. Creación de comisiones en los parlamentos para vigilar las actividades del BID.

9. Avances en términos legislativos en cuanto a la facultad de estar informados e incidir.

10. Lograr coordinación con organizaciones sociales.

11. Garantizar el control y seguimiento a los proyectos. Transparencia :

a) Divulgación pública de los Country Papers y todos los documentos relacionados con los prestamos incluyendo evaluaciones y contratos de consultores.

b) Audiencias públicas sobre los prestamos en los parlamentos.

*Ponencia presentada por Beatrice Edwars y Juan Diego Gómez (Coordiandor ISP Andina), en la audiencia pública sobre Servicios de agua potable realizada en noviembre de 2003 en Pereira, Colombia.