Introducción

El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados.

Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.

Mientras tanto, los propagandistas neoliberales de toda la vida, insisten en pintar cuadros de catástrofe si no se accede a las presiones privatizadoras. No va a haber agua en los próximos años, se dice, pero al mismo tiempo se rechazan los créditos internacionales para ampliar el servicio. Parte de los fondos del Banco Mundial y BID se destinan precisamente al rubro de sensibilización, que significa dinero repartido entre los medios de comunicación y periodistas para que reduzcan el debate nacional a la agitación sobre las calamidades de la empresa pública y "la única salida posible", que sería la privatización.

En el mundo, la privatizaciones de empresas de agua han sido las que han avanzado a menor velocidad y las que han presentado los mayores tropiezos. Por la importancia de este recurso para la vida de las personas, los cambios en tarifas, modalidades de abastecimiento y control de calidad, generan respuestas inmediatas y masivas. Esto explica que haya sido en el rubro de agua y saneamiento donde se hayan producido reversiones que no han ocurrido en otros sectores. Ahí están los casos de Cochabamba-Bolivia, Buenos Aires-Argentina, Manila-Filipinas, Atlanta-Estados Unidos, que son los más conocidos internacionalmente y alrededor de los cuales están planteadas controversias internacionales por reclamos de indemnización por parte de las empresas transnacionales que consideran afectados sus intereses por el retiro de las concesiones.

La insistencia de repetir situaciones como está en el Perú, sólo puede entenderse como un intento irresponsable de realizar una nueva experimentación a cualquier costo que sea. Para ver si finalmente aciertan. En el Perú mismo, la privatización precursora efectuada en la provincia de Pacasmayo en el norte del departamento de la Libertad, ha devenido en un absoluto desastre en cuanto a inversiones incumplidas, reducción de las horas de servicio, incremento de tarifas, corrupción y otras, habiendo concluido también en la devolución de la empresa maltratada a las municipalidad provincial y a las distritales que eran sus antiguos dueños.

El supuesto de base es que el Estado no debe gastar en la administración de los servicios públicos. Pero entonces ¿por qué el fisco se preocupa en reducir el riesgo a los inversionistas privados en la primera etapa (3 a 4 años iniciales), denominada "la más crítica de la concesión"? Esto es verdad, aunque parezca imposible. No es el inversionistas, sino el Estado quién deberá endeudarse para transferir los créditos a los inversionistas privados, facilitándoles el acceso a los mercados financieros y de capitales para obtener recursos a largo plazo para infraestructura.

Además se ofertan otros atractivos tales como:

1) las empresas serán previamente saneadas de las deudas,
2) despidos de personal y congelamiento de remuneraciones, para bajar el costo laboral; y
3) se establece una sistema de escalamiento de tarifas para que los concesionarios puedan alcanzar sus metas de rentabilidad.

Otro hecho sumamente grave es el ofrecimiento del gobierno de entregar 50.000 dólares a cada alcalde para que se anime a privatizar. Este obsequio viene disfrazado de la supuesta necesidad de hacer "estudios de prefactibilidad de la privatización", y de un millón de dólares adicionales para la reestructuración que se hará con la participación de la banca de inversión. Si la municipalidad concluye aceptando todas las condiciones de los inversores y se llega finalmente a la privatización, el millón de dólares ya no se devuelve. En cambio, si estas condiciones se incumplen y se frena la privatización, por la razón que sea, la obligación será la de devolver el dinero con los intereses y cargos adicionales.

En el caso de los servicios de agua con menos de 10.000 conexiones, la intención es buscar la participación de empresarios peruanos que carguen con estas empresas de menor escala. Todos los gastos: prefactibilidad, factibilidad, reestructuración empresarial, programa de comunicaciones y sensibilidad social, etc. serán no reembolsables únicamente si la privatización se concretiza. De no producirse, habría que devolver el dinero. Estos hechos no sólo pueden ser calificados como de presión y chantaje, intolerables en asuntos de interés público, sino como un anzuelo de corrupción que se lanza desde el Estado y los organismos financieros internacionales que entregan los recursos.

El Programa actual para las privatizaciones de las empresas de agua en el interior del país (excluye Sedapal) ha sido calculado en 90 millones de dólares. Una buena parte se irá en pagos de consultores, asesores y estudios. Otra parte en la realización de obras de rehabilitación que mejoran las condiciones de operación para los inversionistas.

Varios alcaldes ya saltaron a la piscina sin medir las consecuencias, pero en los pueblos la actitud es distinta. No es fácil mantener por tanto tiempo las mentiras neoliberales y esperar que la gente continúe aceptando un atropello sobre otro.

La FENTAP leal a sus principios de defensa del agua ha preparado la Campaña Nacional en Defensa del Agua contra la Privatización, la misma que se desplegará en apoyo a la lucha de los pueblos en todo el país. El gobierno ha previsto privatizaciones inmediatas en provincias como Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Chimbote, Loreto, Pisco., Tacna, Arequipa, Cuzco, Ica, Lima y San Martín.

Empresas seleccionadas para entrar a proceso de privatización

* Las bases de preselección del estudio de factibilidad señalan que son la que tienen mayor opción de participación privada.

El programa de privatizaciones actual tiene las siguientes características: la dirección del proceso de privatizaciones, al igual que en la época de Fujimori, esta en manos de la banca multilateral, que define el diseño, las estrategias y propones los consultores de inversión; el soporte financiero del programa lo otorgan el BID, el Banco Mundial, el Banco Alemán KFW y el Banco de Japón JBIC. El programa apunta claramente al condicionamiento de las municipalidades "hay plata si hay privatización si no, no". Este mismo esquema funciona para el gobierno central y conlleva una vulneración de soberanía. Los inversionistas no asumen los riesgos iniciales sino el Estado. El dinero para las inversiones saldrá de las tarifas y la rentabilización de la inversión depende de que se incremente en forma constante. Se viola la libertad sindical, y los derechos laborales, a través de despidos de trabajadores y congelamiento de remuneraciones. Se pretende efectuar nuevos estudios, que ya fueron realizados, financiados con nuevos endeudamientos (préstamo BID 847-OC). Se pretende instalar varias oficinas y contrataciones de una burocracia dorada para poder dirigir el proceso de privatizaciones.

El BID rige la política sectorial en agua y saneamiento

El BID lleva el nombre de Banco Interamericano de Desarrollo, sin embargo con el tiempo ha devenido en un simple promotor de la participación del sector privado extranjero (léase transnacionales), en las economías nacionales y de reestructuración de los Estados para estar a tono con las privatizaciones y la apertura económica.

El BID incide directamente en la SUNASS (Superintendencia de Saneamiento) especialmente en el aspecto de política tarifaria:

"Las empresas participantes deberán determinar las tarifas siguiendo las normas de la SUNASS (...) Para ello la SUNASS ha determinado que el ingreso por tarifas cubra el costo medio de mediano plazo (...) el cual incluye los de OYM, el de inversiones, el de servicio de la deuda de inversiones de largo plazo, impuestos y rentabilidad sobre el capital invertido." (Perfil II PE-142)

La política sectorial: alianza del gobierno y banca internacional para privatizar

La banca multilateral coaligada para la privatización han definido un esquema "vendible" en el mundo de las trasnacionales de agua (no son muchas en el mundo) y "comprable" por los gobiernos del tercer mundo. Este modelo es el de la concesión a treinta años:

"(...) el Banco ha coordinado acciones con las otras agencias (Banco Mundial (BIRF), Banco de Desarrollo Alemán (KFW), Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), Corporación Andina de Fomento (CAF)). Como resultado, para la franja de EPS objeto del Programa tanto el KFW como el JBIC han acogido íntegramente la política del Gobierno y los lineamiento y el reglamento de operaciones del presente programa." (Perfil II PE-142).
"En el caso de JBI, quien ya tiene financiamientos aprobados para una de las empresas elegibles, ha aceptado la petición del gobierno de no iniciar desembolsos hasta tanto se garantice la participación del sector privado en la gestión de la empresa EPS Grau. De igual manera se ha convenido con el KFW la cofinanciación del Programa" (Perfil II PE-142).

Condicionamiento a las municipalidades: donaciones y préstamos solo si hay privatización

Las municipalidades son gobiernos locales que gozan de autonomía política y administrativa de acuerdo a ley. No existe justificación alguna para que el gobierno central y mucho menos entidades financieras multilaterales le impongan condiciones de acuerdo con su política de privatización.

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), administradas municipalmente se encuentran en crisis de distinto grado que afectan la gestión local. La opción que se ofrece a los alcaldes es conceder sus empresas a intereses privados con apoyo financiero incluido, o mantenerse en la situación actual sin ayuda alguna:

"Para acceder a los recursos de asistencia técnica (Componente Apoyo institucional, sub-componente ii) asistencia técnica para implementación de la política sectorial)... las EPS y los municipios deberán suscribir con el MVCS el Convenio de Asistencia Técnica donde se comprometan a: ) ingresar al proceso de PSP, en caso que resulte viable; ii) proveer apoyo para la realización de los estudios de prefactibilidad. Viabilidad; iii) estar aplicada y en plena vigencia la tarifa aprobada por la SUNASS...iv) no incrementar los gastos de personal reflejados en el Gasto Integrado de Personal (GIP). Estos recursos serán no-reembolsables para las empresas y los municipios que se acojan al programa y no superaran el USD 1 millón por empresa. Los municipios y las EPS se comprometan a devolver estos recursos en el evento que resulte viable la PAS y éstos decidan no continuar con el proceso (Perfil II PE-142)

Condición para acceder a los préstamos: elevación de tarifas

Las empresas participantes en la concesión deberán determinar sus tarifas ajustándolas a las normas de la SUNASS. Para ello el ingreso por tarifas deberá cubrir, en su conjunto, el costo de operación y mantenimiento de la empresa, el de las inversiones, el de servicio de la deuda de largo plazo, los impuestos y la rentabilidad sobre el capital invertido(a mediano plazo). Este se define como costo medio anual que queda definido como condición de inicio.

Bancos y agencias que financian la privatización

Los recursos para la privatización (BID 70 millones, KFW 25 millones y gobierno 15 millones de dólares) y con otras fuentes ( KFW, CAF y JBIC)

Los financiamientos se dan de la siguiente manera:
BIRF: PRONASAR, nuevos financiamientos para SEDAPAL (expansión de redes en zonas marginales)
JBIC: SEDAPAL expansión de redes en zonas marginales
JBIC: empresas regionales
KFW: empresas regionales
BID: empresas regionales

Privados no asumen el riesgo de las privatizaciones

El inversionista no asume el "muy alto riesgo" de los primeros años (entorno, reglas de juego y actores, en particular el concedente, no probados), porque se supone que de otra forma no participarían de la concesión:

"Los Gobiernos han decidido tomar los riesgos iniciales, solicitando una inversión mínima inicial al concesionario para los primeros tres a cuatro años, las inversiones serían con recursos del préstamo del Banco que serían transferidos al inversionista",(Perfil II PE-142).

Violación de derechos laborales

El programa de privatizaciones de las empresas ha previsto un severo recorte a los derechos laborales, a través de despidos masivos de trabajadores y el congelamiento de remuneraciones.

Las evidencias textuales son las siguientes:

"Se ha estimado en principio un número aproximado de hasta 13 empresas...Los subcomponentes elegibles de financiación serían:...iii) programas de racionalización laboral que se han convenido con el Gobierno se financiarán con aporte local.." (Perfil II PE-142).
"Para constituir el aporte local que demanda el Programa se utilizaran recursos locales, así como fondos de préstamos y donaciones extranjeras." (Perfil II PE-142).
"Para acceder a los recursos de asistencia técnica (apoyo para implementación de la política sectorial)... las EPS y los municipios deberán suscribir con el MVCS el Convenio de Asistencia Técnica donde se comprometan a: ...iv) no incrementar los gastos de personal reflejados en el Gasto Integrado de Personal (Perfil II PE-142).

Campaña nacional contra la privatización

La campaña tiene por objetivo la defensa del agua como un derecho humano esencial, que no puede mercantilizarse. Empresas públicas, modernas, eficientes y socialmente responsables, son posibles, a través de asociaciones del Estado, la comunidad y aportes privados. Sin condicionamientos externos ni propaganda alarmista y mentirosa.

Es nuestro deber como trabajadores del agua, alertar a la población sobre los peligros de la privatización tal como ha estado concebida. Juntos debemos enfrentar las pretensiones privatizadores del gobierno y la banca multilateral. Que la historia no se repita y suframos nuevamente el duro trance de los servicios básicos inaccesibles y del engaño de las supuestas inversiones nuevas para ampliar la cobertura y modernizar el servicio, que se financian en la primera etapa con fondos públicos y en el futuro con nuestras propias facturas encarecidas.

Aspiramos a que se respeten los derechos de todos los miembros de la sociedad a contar con servicios público de calidad y al mismo tiempo hacer palpable la realidad de los derechos de los trabajadores. Calidad de servicios públicos para toda la sociedad y calidad de empleo para los trabajadores, ese es nuestro lema.

Luis Isarra. Licenciado en Relaciones Industriales y Públicas por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente es Secretario General de la Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú (FENTAP). Además es Secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), igualmente integra el Comité Nacional de Coordinación de la ISP-Perú.

*Luis Isarra. Licenciado en Relaciones Industriales y Públicas por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente es Secretario General de la Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú (FENTAP). Además es Secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), igualmente integra el Comité Nacional de Coordinación de la ISP-Perú.

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