Cuando se habla o se escribe sobre los Derechos Humanos en el Perú, casi siempre el imaginario colectivo se traslada a las imágenes de torturas, asesinatos y desapariciones de pobladores y dirigentes sindicales y populares que se dieron en los diferentes gobiernos de turno; y que se recrudeciera en la década de los 90 en el nefasto régimen del Gobierno corrupto de Alberto Fujimori.

Sin embargo, en el Perú como en toda América Latina, no solo los derechos civiles y políticos son vulnerados. Sino que impuestos como políticas de Estado y siguiendo las imposiciones de las transnacionales se truncan las aspiraciones de los pueblos a una vida digna, a un trabajo decente, a una remuneración justa y el acceso a los servicios públicos esenciales. Es decir, se vulneran también los derechos económicos, sociales y culturales.

La modernización del Estado peruano y la privatización de los servicios públicos

La Modernización del Estado, en nuestro país, implicó una serie de reformas en la administración pública. Esta reforma puso énfasis en la reducción del gasto público en los servicios básicos esenciales y el diseño de una estrategia de privatización de los servicios públicos. La reducción del gasto público se centró en reducir el presupuesto, en flexibilizar las condiciones laborales y en desconocer los derechos de los/as trabajadores/as, por un lado; y de otro, se adecuó el marco legal a través de la promulgación de una nueva Constitución en el año 1993, para facilitar la privatización de los servicios públicos con la participación del sector privado.

Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), y particularmente el Fondo Monetario Internacional, plantearon como tesis que para el desarrollo de los países pobres, se tenía que flexibilizar las condiciones laborales, reconocer menos derechos y privatizar los servicios públicos. Este modelo se impuso de manera global, con consecuencias nefastas para los países en desarrollo como Perú, en donde para operativizar esta tesis lo primero que se hizo en el año 1993 fue promulgar, tal como informa la Coordinadora de Derechos Humanos, una nueva Constitución que legalice la vulneración de los derechos y se supriman los artículos de la Constitución de 1979, donde se reconocía expresamente el derecho a una vida digna, que permitía asegurar el bienestar propio y el de la familia (Articulo 2, 15 Constitución del 79)

La privatización de los servicios públicos y los derechos humanos

El proceso de privatización de los servicios públicos, ha profundizado la brecha de la pobreza extrema, ha generado más subempleos y desempleos; pero sobre todo, ha reducido el acceso de la población a los servicios esenciales como la salud y educación; vulnerándose de esta manera los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

La privatización de los servicios de salud y de educación implica que estos servicios básicos para la población sean tratados como una mercancía o un producto que se oferta en el mercado al mejor postor; y solo pueden acceder a ella los que tienen los recursos económicos suficientes, excluyendo a los sectores más pobres y desprotegidos. Existe un sistemático abandono del Estado en atender estos servicios sociales, que son de su competencia; y se viene operativizando la reducción drástica y sistemática del presupuesto destinados a la Salud y Educación, priorizándose el pago de la deuda externa y el presupuesto de las fuerzas armadas.

El derecho a la salud y los derechos humanos

En Perú nuestra legislación no garantiza plenamente el derecho a la salud de la población. La Constitución del año 1993 sólo reconoce el derecho a la prevención y promoción de la salud; a diferencia de la Constitución del año 1979 que si garantizaban plenamente reconociendo el derecho a la promoción, prevención y atención.

El acceso a los servicios de salud debe ser considerados como un derecho fundamental de la persona, un bien social y cultural, y no una mercancía o producto económico. El Estado está en la obligación de promover el acceso a estos servicios sociales, en forma equitativa y sin discriminación. La prestación privada de los servicios de salud y educación, pone en el centro del debate los derechos humanos. Cuando los hogares en extrema pobreza no pueden pagar el acceso a la atención médica básica, las políticas privatizadoras de los servicios de salud, pone en juego el futuro y el desarrollo de la vida misma de la población en extrema pobreza.

En el Perú se viene dando un proceso gradual de privatización en el sector salud, que surge a medida que el gobierno reduce el presupuesto para el sector, trasladando los costos operativos a la población y a los servidores públicos. En los años 1997 y 1998, los presupuestos de los establecimientos de salud, cubría el 70% de los gastos operativos; y, un 30% era asumido por la población, a través de las tarifas de atención. Esta situación se ha ido modificando cada año. A la fecha, el 60% de los gastos operativos esta siendo cubierto por los propios establecimientos de salud, a través de los recursos directamente recaudados. Ingresos que se obtienen a través de elevar el precio de la atención médica. El ejercicio de los derechos en salud debe suponer un acceso equitativo y no grandes diferencias entre quienes tienen dinero para pagar y quienes simplemente deben morir por no tener el dinero suficiente para acceder a los servicios de salud. Esta situación profundiza la discriminación y marginación social de la población en extrema pobreza.

La experiencia del decenio anterior y los años subsiguientes ha puesto en evidencia que la privatización de los servicios públicos, anula el derecho al acceso a los servicios sociales básicos de la población.

En estos procesos de privatización de los servicios públicos también se han afectado derechos de los/as trabajadores/as; se han flexibilizado las relaciones laborales y se han despedido a miles de hombres y mujeres, vulnerando así su derecho a un trabajo digno y decente; así mismo esta flexibilización laboral ha atentado contra la estabilidad laboral, y por disposición de las Leyes de presupuesto ya no hay nombramiento de personal, y el ingreso de nuevo personal es bajo la modalidad de contratación de "servicios no personales" , configurando un sector de trabajadores/as en condiciones precarias y sin derechos laborales.

Solo los Servicios Públicos de calidad pueden garantizar los derechos humanos de la población. Y estos servicios públicos de calidad solo serán posibles en la medida que cuenten con trabajadores capacitados, altamente motivados y bien remunerados; así mismo estos servicios públicos deben contar con presupuestos óptimos que cubran la demanda de atención de la población con justicia y equidad, y que se encuentren en manos públicas y no privadas.

Este es el esfuerzo en el que nos encontramos un conjunto de organizaciones sindicales del sector público, que en conjunto con nuestra federación mundial, la Internacional de Servicios Públicos, hemos emprendido una campaña global que otorgue un nuevo sentido a lo público como un espacio de democracia y participación y particularmente como una posibilidad de alcanzar justicia e inclusión social.

*Julia Cabello. Socióloga. Master en Sociología, mención en Organización y desarrollo. Especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Ha realizado además estudios sobre Género y desarrollo. Actualmente forma parte del Comité Nacional de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, en Perú.

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