La calidad de vida tiene que ver con el conjunto de bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades básicas, entre las cuales se encuentra el acceso a la vivienda y el disfrute de los servicios públicos básicos: agua potable, energía, gas y teléfono.

Por diversos motivos, entre ellos el conflicto armado, Colombia se ha urbanizado en forma acelerada y sin planificación. Del total de la población el 72% es urbano y 28% rural. Gran parte de la población colombiana (el 67%) vive en pobreza y sus necesidades básicas insatisfechas, sin contar con agua potable, energía, gas y servicios de telefonía.

La demanda de servicios e infraestructura no ha sido atendida en forma adecuada por parte del Estado; la privatización de las empresas de servicio público domiciliario ha distorsionado el carácter social de las mismas para convertirse en un negocio rentable, a costa del mal servicio a los usuarios.

El VI Congreso de Servicios Públicos Domiciliarios, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios -ANDESCO- y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se desarrolló en la ciudad de Cartagena del 30 de junio al 2 de julio del presente año y puso en debate público las deudas del Estado en materia de servicios públicos, la propuesta de eliminación del cobro del cargo fijo, la creación de la oficina de defensa de los usuarios y la evaluación de los resultados de los diez años de legislación sectorial..

Las deudas del Estado

Paradójicamente, el 30% de las entidades oficiales tienen obligaciones vencidas con las empresas de servicios públicos domiciliarios, por el no pago de sus consumos, según lo rebeló un informe de la Asociación Nacional de Empresas del Sector, ANDESCO. Colegios, centros de salud, hospitales, cárceles, unidades recreativas y hasta las propias sedes administrativas de las alcaldías y gobernaciones aparecen en la lista de morosos.

Las obligaciones en mora en acueducto y alcantarillado ascienden a 121.000 millones de pesos y las de energía pueden alcanzar 150.000 millones, lo cual pone en peligro la estabilidad financiera de dichas empresas.

ANDESCO solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que establezca sanciones contra los funcionarios que no incluyen las partidas correspondientes para el pago de los consumos. Hay 10 casos de Alcaldes Municipales, que se están investigando. Sin embargo, la Superintendencia no cuenta con las herramientas para sancionar a los funcionarios públicos responsables de estas deudas.

La Corte Constitucional, mediante sentencias, ha limitado la suspensión de los servicios públicos a entidades oficiales, situación en la cual, según ANDESCO, se han amparado mandatarios para no pagar sus deudas.

Por otra parte, ante la inmensa cartera morosa de las entidades oficiales con las empresas de energía, el Gobierno Nacional tramitó una ley que aseguró recursos por cerca de $200.000 millones para cancelar esta obligación.

La eliminación del cargo fijo

La Superintendencia de Servicios Públicos propuso que se elimine el cargo fijo de los consumos básicos mensuales en los hogares colombianos, propuesta que generó un debate entre el Gobierno y las empresas prestadoras de dichos servicios.

El cargo fijo es una carga que representa buena parte del valor total de la factura y tiene mucho peso cuando el inmueble está vacío y sin embargo el propietario debe pagar. Sin embargo, las empresas de Servicio Público expresaron que suprimir el cargo fijo de los consumo ponen en riesgo las financias de dichas empresas, especialmente las pequeñas, para las cuales el cobro del cargo fijo representa el 50 por ciento de sus ingresos.

La Defensoría de Usuarios de los Servicios Públicos

Por su parte el gobierno colombiano manifestó su intención de crear la figura del defensor de los usuarios de servicios públicos, si se tiene en cuenta que el 80% de las tutelas están relacionadas con quejas sobre los servicios públicos. Solamente en la Costa Atlántica se presentaron 10.000 reclamos ante la Superintendencia de Servicios, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Esta defensoría trabajaría para que la ciudadanía conozca sus derechos y exija que le sean respetados por las empresas que los atienden. Como una primera etapa, el Gobierno y empresas como Electrocosta, Electricaribe y Metroaguas de Santa Marta firmaron los primeros acuerdos para que esa Defensoría garantice que al usuario se le respeten sus derechos.

En Bogotá CODENSA, la empresa de energía eléctrica, tiene una oficina de defensa del usuario, la cual ha dado respuesta al 67 por ciento de las reclamaciones de los usuarios.

El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, expresó que hay limitaciones de la Superintendencia de Servicios para vigilar casi 4.000 entidades y muchas empresas no han invertido suficientemente para mejorar sus servicios y se han atenido a la tarifa que se le cobra al usuario.

Por lo anterior, el Procurador solicitó la creación de mecanismos internos de regulación como códigos de buen gobierno y de ética que tengan como finalidad mejorar las relaciones usuarios / empresas y evitar conflictos como los que suceden en zonas de alto riesgo social.

En cuanto al manejo de los recursos, el Contralor General de la Nación, Antonio Hernández Gamarra, informó que su despacho tiene juicios fiscales por 75.000 millones de pesos contra varias empresas de servicios por irregularidades.

Propiedad compartida

Al igual que como sucedió con la Empresa de Teléfonos de Bogotá e ISA, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Alberto Merlano, planteó la posibilidad de abrir la propiedad de la compañía a los bogotanos en el largo plazo, después de que la Empresa trabaje el cambio de su imagen, la cual es negativa por los altos costos de la prestación de sus servicios.
Merlano informó la voluntad de la Empresa de rebajar las tarifas del servicio de agua para Bogotá, la cual sería entre el 5 y 10 por ciento. Además, esta Empresa está de acuerdo con eliminar el cargo fijo y sólo cobrar el consumo, aprovechando la nueva reglamentación de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA).

El estancamiento de la Cobertura de servicios públicos domiciliarios

Bernardo Moreno Villegas, director de la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER-, expresó que entre 1997 y 2003, el acueducto, alcantarillado y energía han aumentado solamente a una tasa de dos por ciento en promedio.
Moreno solicitó a los municipios y empresas invertir en la modernización de sus servicios y ampliar su cobertura, lo que requería una suma aproximada de 28 billones de pesos.

El funcionario sostuvo que el gobierno tiene como meta para el cuatrienio aumentar la cobertura de acueducto en áreas urbanas en 2,6 millones de usuarios, llevar el servicio de alcantarillado a 3,2 millones y ampliar el servicio de aseo en 4 millones.

La legislación para inquilinos por el consumo de servicios públicos

A partir del 10 de julio, entró en rigor la ley de arrendamientos que obliga a los inquilinos a responder por el consumo de agua, energía, teléfono y gas, de acuerdo con lo estipulado en el decreto 3130.
Para que esta norma se cumpla, los arrendatarios deberán pagar, con carácter obligatorio, una póliza contra el incumplimiento o acudir al sistema prepago con las empresas prestadoras de servicios. Esto significa que ya no son los propietarios de los inmuebles quienes deban responder ante las empresas de servicios públicos sobre los consumos, como ocurre en la actualidad, sino que son los inquilinos.

Anexo No.1

Reunión tripartita sobre los retos y oportunidades
que se plantean a los servicios públicos*

Ginebra, 19-23 de mayo de 2003

La OIT organizó una Reunión tripartita sobre los retos y oportunidades que se plantean a los servicios públicos, del 19 al 23 de mayo de 2003 utilizando como base un informe titulado Retos y oportunidades que se plantean a los servicios públicos.

Los objetivos de la reunión fueron: examinar los acontecimientos recientes ocurridos en este sector, las prioridades en materia de investigación y las necesidades para aumentar la capacidad de diálogo social. La Reunión estuvo compuesta por delegados de 11 gobiernos, 17 representantes de los Empleadores y 15 representantes de los Trabajadores, al igual que 15 observadores. Los participantes intercambiaron opiniones y experiencias sobre el tema de la reunión y adoptaron unánimemente conclusiones, incluyendo las políticas apropiadas para tratar los siguientes temas generales: la prestación de servicios de utilidad pública y su repercusión en el empleo; gobernanza, responsabilidad social de las empresas y eficiencia en los servicios públicos; el diálogo social en la prestación de servicios públicos; y acción de la OIT. Una resolución sobre las actividades futuras de la OIT en el sector también fue adoptada unánimemente.

El principal desafío para los proveedores de agua, gas y electricidad es mantener un equilibrio entre los objetivos comerciales y económicos, que exige la eficiencia en función de los costos y la rentabilidad de las operaciones, y los valores más amplios de los servicios públicos, que se proponen sobre todo ofrecer servicios baratos, fiables y ampliamente accesibles, independientemente de que la propiedad sea pública o privada. Para las empresas públicas o privadas, se encuentran inevitablemente algunos desafíos y oportunidades cuando se intenta proteger e invertir en los trabajadores, atender las necesidades de diversificación de la energía y la protección del medio ambiente con energía más limpia y más "verde", y prestar servicios a las zonas rurales y más pobres, como se pone de manifiesto en los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM) y en las cumbres sobre el desarrollo sostenible.

Es un hecho ampliamente reconocido que la electricidad y el agua son esenciales para el crecimiento económico. La regularidad del suministro y, por lo tanto, el nivel de oportunidades de empleo en todos los servicios dependen de la existencia de un abundante abastecimiento de agua y energía eléctrica. Sin embargo, más de 1.600 millones de personas carecen de electricidad, por lo menos 1.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable, no menos de 5 millones fallecen cada año por enfermedades relacionadas con el agua y, para el año 2025 es probable que dos tercios de la población mundial viva en países con situaciones de escasez moderada o grave de agua. Estas estadísticas representan un grave desafío para los proveedores de agua, gas y electricidad.

La liberalización y globalización han favorecido la concentración de las inversiones en grandes compañías multinacionales de servicios públicos a través de fusiones y adquisiciones, lo que ha originado preocupaciones acerca de su excesivo poder de mercado, los posibles despidos, tarifas crecientes y acceso desigual. No obstante, las empresas multinacionales pueden ser una importante fuerza positiva en el mundo, ya que difunden la riqueza, el trabajo y tecnologías que permiten aumentar la eficiencia y elevar los niveles de vida en general. Aunque la participación del sector privado es una tendencia constante, conviene tener presente que las empresas de servicios públicos de propiedad estatal mantienen una fuerte presencia en todo el mundo.

Sin tener en cuenta quién está proporcionando servicios, cada vez se pide más a las empresas, por iniciativa de los grupos de consumidores, los inversores, los trabajadores, los gobiernos y la comunidad internacional, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, que den muestras de buen gobierno y de responsabilidad social. Mientras estas industrias cambian, la OIT puede desempeñar un útil papel para facilitar el diálogo entre los interlocutores sociales y otros actores acerca de las maneras de dirigir ese cambio de una manera responsable desde el punto de vista económico, medioambiental y social, es decir, de una manera sostenible.

*Flor Alba Romero. Coordinadora Nacional PADH, Colombia. Antropóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derechos Humanos. Ganadora del Premio UNESCO 2000 como Educadora en Derechos Humanos. Docente universitaria e investigadora.

**Fuente: OIT, Naciones Unidas

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