Privatizaciones
que niegan la primacía de los derechos humanos*
Estela Garzón
Las políticas
que fomentan la prestación privada de servicios básicos
y no consideran que se puede dañar los medios de
vida y aumentar el sufrimiento de la población más
pobre, por sus repercusiones negativas para el acceso y
el costo colocan a la privatización de servicios
en el centro del debate sobre derechos humanos. Los recursos
nacionales y externos que deberían emplearse hasta
su máximo posible en el bienestar de la población,
tienen un manejo que desconoce y niega la primacía
de los derechos humanos. Quienes alientan la privatización
de servicios básicos ignoran que el acceso al agua,
a la electricidad; a la salud, a la educación, no
es un privilegio de pocos, sino un derecho que asegura un
nivel mínimo de acceso a bienes y servicios que son
necesarios para la subsistencia y la dignidad.
El Comité
de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Culturales
y Sociales declaró, en noviembre de 2002, que el
acceso al agua es un derecho fundamental. También
señaló que el agua es un bien social y cultural,
y no sólo una mercancía que se compra y que
se vende. Los estados que ratificaron el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Culturales y Sociales ahora
están obligados por el acuerdo a promover el acceso
al agua segura "equitativamente y sin discriminación."
A pesar de
estos avances, la lógica de mercado exige incluso
que los pobres deban hurgar en sus bolsillos y dediquen
una mayor parte de sus exiguos ingresos para pagar el agua
o los servicios médicos, mientras el gobierno puede
gastar los recursos públicos en otros ámbitos
que no benefician a la población más pobre
del Continente. Los criterios de la ganancia corporativa,
expansión de intereses transnacionales y apropiación
privada de lo público, priman sobre el bien común.
Una firma privada que aumente la "eficacia" subiendo
los precios fuera del alcance de los hogares más
pobres, termina limitando el acceso a servicios que más
importan a la vida de la gente: agua potable, electricidad,
educación básica o atención médica.
El impacto más penetrante de la privatización
de los servicios, identificado en los informes de Social
Watch procedentes de los países en desarrollo, ha
sido el aumento de precios, que inevitablemente conduce
a la exclusión social y es contrario al fomento de
la equidad y el acceso universal cuando se trata de bienes
esenciales.
Los ciudadanos
decepcionados, asocian la privatización con altas
tarifas para ellos y mayores beneficios para compañías
extranjeras y funcionarios corruptos. La subida de tarifas
ha provocado violentas manifestaciones en Bolivia, Perú,
y otros países latinoamericanos. En el año
2002, en Bolivia se desencadenó un conflicto con
el trágico saldo de una decena de muertos, 11 días
de estado de sitio y violentos disturbios después
que triplicaron los precios del agua en Cochabamba, cuando
el líquido fue privatizado a favor de empresas extranjeras,
como la Tunari, subsidiaria de International Water Limited.
Una crónica del Wall Street Journal, WSJ, del 22
de julio de 2003, dice que el Banco Mundial está
cambiando sus recomendaciones financieras, luego de reconocer
que la privatización de servicios públicos
no siempre funciona. Una reciente encuesta realizada en
17 naciones de Latinoamérica muestra que 63 por ciento
de los consultados opina que la privatización de
compañías estatales no ha sido benéfica,
indica Dealogic, firma británica de información
de mercado. Como resultado de una amplia decepción
en América Latina, África y Asia, se están
renegociando varios contratos de venta, y se ha cancelado
un puñado de proyectos centrados en carreteras de
peaje, gestión energética y de aguas.
"El Banco
Mundial, apóstol de la privatización, está
en medio de una crisis de fe. Lo que en los años
90 parecía una idea de cajón ya no parece
tan obvio, especialmente cuando se refiere a energía
y gestión de aguas. Los funcionarios del BM han decidido
ahora que no importa tanto si la infraestructura está
en manos públicas o privadas, sino que se maneje
con criterio empresarial". Sobre todo, agrega el WSJ,
"se debe prestar mucha atención a las encendidas
políticas de privatización y especialmente
al efecto de la subida de precios sobre los pobres y los
que disienten".
Como la prestación
privada de servicios se aceleró en los últimos
cinco a diez años, más episodios de aumento
de precios, mala calidad y corrupción se suman al
registro público, generando controversia política
y movilización social. La exclusión socio
cultural y e! crecimiento de la pobreza provocan la protesta
social por la prestación de servicios básicos
más adecuados a las demandas, la cual es criminalizada
por las políticas oficiales. Las organizaciones de
la sociedad civil resisten cada vez más a la adopción
de políticas que coloquen los servicios básicos
en manos privadas; no sólo porque éstos son
necesarios para la supervivencia y la realización
humanas, sino también debido a la forma antidemocrática
e indiscriminada en que se ha emprendido la privatización,
en ciertos casos, mediante pactos secretos, ocultos a la
vista pública.
En los años
90, e! Banco Mundial, el FMI y el BID otorgaron importantes
paquetes de créditos a Ecuador condicionándolos
a la privatización de la empresa pública del
agua. Las negociaciones secretas de contratos garantizaban
altos rendimientos y condujeron a la subida de precios del
agua.
El proceso
de privatización en Guayaquil- Ecuador se inició
con la fusión de la Empresa Provincial de Agua Potable
de Guayaquil y la Empresa Municipal de Alcantarillado en
la compañía mixta ECAPAG que operó
6 años antes de ser concesionada. En el lapso se
sentaron las bases para la privatización. La licitación
la ganó la empresa Interagua, subsidiaria de International
Water Group of Netherland o Bechtel, responsable de la "guerra
del agua' en Bolivia y que en los últimos meses ha
sido una de las beneficiarias de contratos en Irak. La privatización
del agua potable y alcantarillado en Guayaquil es una realidad
a partir de agosto de 2001. Los trabajadores de ECAPAG han
entablado demandas aduciendo que fueron engañados
pues la Empresa Interagua no contrató a la mayor
parte de trabajadores, pese a que se comprometió
mediante un programa de reconversión laboral. El
incremento de las planillas con las respectivas restricciones
del servicio a quienes se atrasan en los pagos ha ocasionado
problemas individuales y colectivos. La Escuela República
de Chile, con 600 alumnos, empezó el año lectivo
2003-2004 sin una gota de agua, la que no tienen desde febrero.
A principios de abril de 2003, en la Penitenciaría
del Litoral, los internos se amotinaron debido, entre otras
causas, a la falta de agua, en condiciones de severo hacinamiento.
La postura
de "privatizar primero y preguntar después"
ha causado sufrimientos precisamente a aquellos grupos que
esas corporaciones tienen el cometido de aliviar la pobreza.
A juicio de Oscar Ugarteche: "Privatizar para ser más
eficaces es desde el punto de vista teórico tan lógico
como afirmar que para cocer el pan, basta ponerlo al sol."
*
Artículo publicado originalmente en Derechos del
Pueblo, Edición N° 136, Agosto 2003. Publicación
Bimestral de la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos, CEDHU.
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