El informe de Franceso Zaratti, Delegado Presidencial para la Mejora y Revisión de la Capitalización, sobre el pozo San Alberto contiene tres puntos:

1) El yacimiento de San Alberto era conocido,
2) Su clasificación como "nuevo" se hizo en virtud del cambio de las leyes durante el Gobierno de Sánchez de Lozada,
3) Habiéndose firmado los contratos dentro del marco de las leyes, sólo queda apelar a los criterios de "ética, buena voluntad y justicia" de las transnacionales para que paguen lo que deben. El pedido alcanza a unos 2 mil millones de dólares a lo que podría añadirse
1.5 mil millones de dólares suplementarios de otros pozos que se encuentran en la
misma situación que San Alberto.

Siendo Francesco Zaratti un hombre honesto y de bien piensa posiblemente que todos
son igual que él y que su pedido podría ser escuchado. Pero, la ética que él reclama a las
transnacionales debería también reclamarla del Estado boliviano, pues hay derecho a
preguntar ¿Quién y por qué dispuso regalar esas sumas tan importantes de un país pobre a las transnacionales del petróleo?, ¿No hay un problema ético por medio?.

Cualquiera sean las leyes que hayan permitido semejante daño a la economía boliviana,
corresponde su rectificación, pero, no apelando a los buenos sentimientos de las
transnacionales sino a la justicia y sus mecanismos. El problema es que las autoridades
parecen tener gran miedo de aplicar la justicia. Alguien les metió en la cabeza de que si
hacían algo que molestase a las transnacionales, Bolivia podría ser víctima de grandes
penalidades.

Es muy sorprendente que incluso el Banco Mundial, en dos documentos oficiales (el
"Per" y el "Cas"), emite su criterio de que Bolivia definió y aplicó mal las disposiciones
fiscales en lo que concierne al sector hidrocarburos. El Banco Mundial sugiere
implícitamente un cambio en las disposiciones tributarias que afectan a las
transnacionales. Pero, el Gobierno de Bolivia tiene miedo de decir y hacer algo para
defender los intereses nacionales. ¿No debería, por ejemplo, proceder a la anulación de
las leyes y decretos de Sánchez de Lozada e instruir una investigación sobre la posible
existencia de corrupción en las operaciones que comentamos? Si se demostrase la
existencia de corrupción al regalar 3.5 mil millones de dólares a las transnacionales, ello
debería llevar a la rescisión de los contratos con las empresas que fuesen halladas
culpables y al resarcimiento de daños y perjuicios amén de penalidades para los
bolivianos que hayan participado en esos actos.

En oposición a la actitud timorata del Gobierno, en medios populares está cada vez más
enraizado el clamor por la justicia. Y, esto es comprensible. No olvidemos que el año
pasado murieron más de 200 compatriotas oponiéndose al impuestazo mientras que el
Gobierno y los parlamentarios regalaban a las transnacionales más de 3 mil millones de
dólares. Una de las peores consecuencias de esta situación es que se está abriendo una
brecha muy profunda entre los planteamientos de los movimientos populares en
búsqueda de una mayor justicia y las posiciones tibias, prudentes y timoratas del
gobierno.

Luego, sería muy bueno que el Gobierno asuma una posición enérgica con relación al
tema de San Alberto mostrando que está del lado de la justicia y que tiene la disposición
de aplicarla.

*Rolando Morales Anaya. Doctor en Econometría por la Universidad de Ginebra. Docente del Programa Andino de Derechos Humanos en Bolivia.

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