|
El conflicto armado en Colombia entre guerrilla y ejército
lleva más de cuatro décadas y su prolongación
e intensidad han ocasionado una verdadera crisis humanitaria.
Desde 1992, con el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia
como otro actor armado en contra de la insurgencia, el conflicto
se agudizó y profundizó.
El Comisionado de Paz del gobierno del presidente Álvaro
Uribe, Siquiatra Luis Carlos Restrepo, inició, desde hace
año y medio, conversaciones y acercamientos con las AUC,
con el fin de buscar salidas negociadas que permitieran su desmovilización
y reinserción a la sociedad civil.
Para llevar a cabo los diálogos entre el Gobierno nacional
y las Autodefensas Unidas de Colombia, diez jefes de las AUC y
400 de sus hombres se concentraron desde el pasado 16 de junio
en una zona de 368 km2 creada por el gobierno en el municipio
de Tierralta, cuyo epicentro es la localidad de Santa Fe de Ralito
(740 Km. al norte de Bogotá), en el departamento de Córdoba.
En esta zona no rigen las órdenes de captura -incluso
con fines de extradición-. con miras a desmovilizar a unos
20.000 combatientes antes de 2006.
Hubo un hecho que enturbió el proceso de acercamiento
y diálogo con las AUC: el 27 de junio, el jefe paramilitar
del "Bloque Norte" Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40',
secuestró al ex senador José Gnecco, quien fue liberado
luego de cuatro días de retención, cerca de la ciudad
de Santa Marta. Tovar afirmó en un comunicado que el ex
senador es un "delincuente de cuello blanco", al igual
que varios de sus familiares, uno de ellos su hermano Hugo Gnecco,
ex alcalde de Santa Marta, quien está prófugo de
la justicia por los delitos de peculado por apropiación
de recursos públicos que sustrajo del presupuesto de inversión
social y que deben ser investigado por las autoridades.
La liberación de dicho ex senador despejó el ambiente
para la instalación de la Zona de ubicación en Santa
Fe de Ralito; el señor Sergio Caramagna, delegado de la
OEA para el proceso de diálogo con los paramilitares, había
advertido que el secuestro de ex senador "Altera el curso
de los acontecimientos, la espera y los preparativos e incluso
la posibilidad del inicio de la Mesa. No podemos, por un lado,
estar negociando, buscando una salida pacífica al conflicto
y, por otro lado, sectores o grupos vinculados a las personas
que negocian, cometiendo este tipo de delitos gravísimos".
Pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
Ante los hechos de violencia y el secuestro del ex senador Gnecco,
la Oficina de Naciones Unidas emitió el siguiente comunicado:
"Bogotá, 30 de junio de 2004
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos condena el asesinato del líder
comunitario Jorge Luis Rodelo Vargas y el secuestro del ex senador
José E. Gnecco, en hechos ocurridos, respectivamente, el
lunes 28 de junio en Valledupar y el domingo 27 del mismo mes
en la vía Santa Marta-Riohacha. Ambos crímenes han
sido atribuidos por las autoridades a miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia -AUC-, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo,
más conocido como "Jorge 40".
El señor Rodelo recibió varios disparos mientras
se encontraba en el comedor comunitario del barrio Ciudadela 450
años de la capital del Cesar. Su muerte fue presenciada
por varios de los niños a quienes todos los días
el señor Rodelo servía el almuerzo. A su vez, junto
con el ex senador Gnecco, fueron secuestrados su esposa, sus tres
hijos, su sobrino, otros dos jóvenes y el conductor del
vehículo en el que viajaban. En la mañana del martes
fueron dejados en libertad los acompañantes del político,
pero éste continúa en poder de sus captores.
La Oficina desea poner de presente que estos dos hechos de
violencia demuestran lamentablemente el incumplimiento de los
compromisos adquiridos por los grupos paramilitares involucrados
en el proceso de paz con el Gobierno.
La Oficina insta a los comandantes que participan en dicho
proceso a impartir entre todas las personas bajo su mando la orden
de dar cumplimiento estricto al derecho internacional humanitario,
absteniéndose de atacar a la población civil y de
tomar como rehenes a integrantes de la misma.
Al censurar y deplorar estos actos atroces, la Oficina exige
de las AUC un rápido y perentorio pronunciamiento sobre
el asesinato del señor Rodelo, y la liberación,
sano y salvo, inmediata y sin condiciones, del ex senador Gnecco.
La Oficina invita nuevamente al Gobierno de Colombia a que
estudie la conveniencia de retirar la salvedad formulada al Estatuto
de Roma, en virtud de la cual quedan sustraídos de la competencia
de la Corte Penal Internacional los crímenes de guerra
cometidos en territorio colombiano".
Las declaraciones gubernamentales en torno a estos hechos señalados
por la Oficina de Nacionales Unidas tuvieron que ver solamente
con el ex senador Gnecco, mientras que por el asesinato del líder
comunitario no hubo ningún pronunciamiento.
Los ataques a los indígenas WIWA y WAYUU
El senador Jumí radicó en la Casa de Nariño
una carta firmada por 185 líderes indígenas de diferentes
regiones y ONG nacionales e internacionales en la que le piden
al presidente Álvaro Uribe condicionar el inicio de los
diálogos con las AUC al cese de asesinatos y amenazas contra
los indígenas wiwa y wayuu en la Media y Alta Guajira.
Dicho senador rechazó el silencio del Gobierno frente al
asesinato paulatino de 50 wiwas, a manos de actores armados, y
la muerte de 5 wayuu, la desaparición de otros 30 y el
desplazamiento de unos 500, en los últimos meses. Estas
muertes han sido atribuidas por autoridades militares y organismos
de seguridad a hombres de 'Jorge 40', que operan en Cesar y La
Guajira.
En la carta, se reitera la preocupación porque el conflicto
tiene como escenario una zona donde se desarrollan grandes megaproyectos,
como las concesiones marítimas petroleras y de gas, la
expansión de la producción carbonífera y
el parque eólico.
Organismos oficiales de seguridad han reconocido que la zona es
clave para las Auc por los puertos naturales, así como
por La Majayura, la franja fronteriza por la que se accede a Venezuela
donde se trafica contrabando, drogas, gasolina y armas.
Veeduría de la OEA
La Organización de Estados Americanos envío al
señor Sergio Caramagna, quien acompañó el
proceso de desmovilización de los combatientes antisandinistas
en Nicaragua, para verificar el proceso de desmovilización
de las AUC en Colombia. El diplomático expresó que:
"Se le puede decir al país que esté tranquilo
y que esté atento, que habrá una zona de ubicación
absolutamente regida por la fuerza pública y el estado
de derecho, que por primera vez habrán unos mecanismos
de verificación internos, y que habrá un ingreso
irrestricto a la zona de todas las instituciones del Estado";
además advirtió, que "estos procesos de paz
son largos y complicados precisamente porque la agenda es complicada,
y porque siempre hay que estar atentos a no perder el horizonte
de la negociación, que es la población afectada
por el conflicto. Así que más allá de los
actores circunstanciales, de cualquier sector armado en una mesa
de negociación, no hay que perder de vista la dimensión
social del conflicto", insistió.
El delegado de la OEA tendrá a su cargo el inventario
de las armas con que se concentrarán los diez comandantes
paramilitares y 400 de sus hombres, y dijo que no permitirá
que el sitio se convierta en un depósito de armamento o
que desde allí se preparen acciones de violencia.
Postura de los Estados Unidos frente a diálogo con
Autodefensas
El señor William Wood, Embajador de los Estados Unidos
en Colombia expresó sus dudas frente al proceso de diálogo
y desmovilización de las AUC:
"El valor del proceso depende cien por ciento del cumplimiento
de las condiciones por parte de los paramilitares y ellos no han
cumplido; no estoy seguro que las autodefensas tengan como meta
algo político... Sólo tienen un programa: narcoterrorismo
y una sola agenda: destrucción". Además
advirtió que los paramilitares no pueden continuar en actividades
ilícitas y deben estar preparados para afrontar las consecuencias
si no cumplen.
"Esto es muy difícil. No podemos tomar posiciones
cuando hay un grupo que no respeta el cese de hostilidades, cuando
no sabes si se concentrarán o no, cuando continúan
con sus actividades criminales. Hasta que no haya más claridad,
no podremos apoyar el proceso salvo a través de un filtro
confiable como lo es la OEA", dijo el funcionario.
Además el señor Wood señaló: "Algunos,
indicó, solo están en esto para lavar sus
fortunas o para seguir delinquiendo... Pero el hecho de poder
sacar a 1.000, 5.000 o siendo optimistas 10.000 del campo de batalla
es una meta por la que vale la pena trabajar".
El gobierno presentó un proyecto de ley, conocido como
"de alternatividad penal", que permitiría que
los jefes paramilitares no pagaran con cárcel por sus crímenes,
a pesar de estar acusados de delitos de lesa humanidad.
Financiación de la desmovilización de las AUC
El año pasado, cuando el gobierno colombiano y las AUC
señalaron la intención de dialogar, la entonces
embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, ofreció
unos recursos para dicho proceso, los cuales aún están
pendientes de ser recibidos.
El gobierno colombiano le ha pedido a la comunidad internacional
unos 5.700 dólares en asistencia por cada miembro que abandone
las armas.
JUL suspendió los aportes prometidos de 2 millones de
dólares, después de abogados del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos concluyeran que podía ser
ilegal dar aportes para asistir a grupos considerados terroristas
por JUL como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El Departamento de Justicia sostiene que si se entregan US $
2 millones prometidos y se usan 3 aviones recién comprados,
se estaría respaldando a terroristas, calificativo dado
a las AUC por el gobierno norteamericano.
Estos aviones transportarían a los reinsertados que participan
en un programa del gobierno del presidente Álvaro Uribe
para erradicar manualmente cultivos ilícitos.
El gobierno colombiano tuvo que girar 1 millón de dólares
para que la misión de la OEA pudiera empezar a funcionar,
haciendo la veeduría del proceso de negociación
con las autodefensas, con su delegado, el señor Sergio
Caramagna.
Todo esto está demostrando que la financiación
de Estados Unidos y de la comunidad internacional para el proceso
de negociación del gobierno nacional con las AUC está
aplazada.
Antecedentes Jurídicos de los miembros de las AUC
Los paramilitares figuran en la lista de terroristas del gobierno
estadounidense, junto con las dos principales organizaciones guerrillas
colombianas. Hay unas solicitudes de extradición pero todo
parece indicar que el tema está congelado. Algunos miembros
de la Iglesia Católica como Monseñor Pedro Pubiano
Sáenz, han expresado que conviene negociar otros aspectos
y dejar este polémico tema para el final.
El presidente Álvaro Uribe por su parte expresó
que "Quienes quieran evitar (la extradición) deben
demostrar (...) su propósito de enmienda".
El periódico EL TIEMPO reveló las identidades,
alias, poder y prontuario de los jefes de las AUC que se unieron
a los diálogos.
Antecedentes Jurídicos de los miembros
de las AUC
|
Nombre
|
Apodo
|
Hechos
|
| Salvatore Mancuso |
'Santander
Lozada' o 'Triple cero'
|
Jefe del Estado Mayor y
jefe militar de las AUC que heredó de Carlos Castaño,
de quien siempre fue su segundo. Tras ingresar a las AUC se
especializó en guerra de guerrillas, en Vietnam y es
piloto de helicópteros gracias a las enseñanzas
de un capitán retirado del Ejército. En el 2003
fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre
de El Aro (Antioquia). En total, la Fiscalía General
le ha dictado 8 órdenes de captura por su participación
en masacres y asesinatos selectivos. JUL lo solicitó
en extradición por Estados Unidos por cargos de terrorismo
y narcotráfico. |
| Ramón Isaza Arango |
"El Viejo" |
Lidera las autodefensas del
Magdalena Medio. Aparece en la lista de grandes narcotraficantes
expedida por el Gobierno de JUL. Seis de sus ocho hijos son
comandantes paramilitares. En 1997 el gobierno de turno le
puso precio a su cabeza: 500 millones de pesos. En el 2000
la Fiscalía lo llamó a juicio por paramilitarismo.
Tiene dos órdenes de captura. |
| Rodrigo Tovar |
'Jorge Cuarenta' |
Pertenece al estado mayor;
es el responsable del secuestro del ex senador Gnecco. Es
el segundo al mando del bloque norte de las AUC; antes de
entrar a las AUC fue funcionario público. Zona de influencia;
parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y Valledupar. Jefe
de los frentes Resistencia Tayrona y Contrainsurgencia Wayuu,
que operan en Cesar, Magdalena y La Guajira. Informes en poder
de las autoridades señalan que maneja el negocio del
narcotráfico en la Costa Atlántica, actividad
que él niega tajantemente. Tienen órdenes de
captura por paramilitarismo, tráfico de armas, secuestro
agravado y homicidio. |
| Víctor Rafael Triana
|
"Botalón" |
Lidera las autodefensas
del Magdalena Medio boyacense. Según informe del Programa
Presidencial para los Derechos Humanos, perteneció
a la estructura de Gonzalo Rodríguez Gacha, 'El Mexicano',
capo que (en sociedad con otros narcotraficantes) contrató
los servicios de Yair Klein. En 1998 el estado mayor de las
AUC, por unanimidad, expulsó a Triana de la organización
por el asesinato de un capitán de la Sijín.
Aunque no lo culpaban del hecho, lo acusaron de omisión
y le exigieron para su reintegro la entrega de los responsables.
Al igual que Isaza, tuvo acercamientos con los gobierno Samper
y Pastrana. Inicialmente no entró en el acuerdo, y
avanzaron en una mesa independiente que ya se integró
a la mesa única. Fuentes extraoficiales aseguran que
su solicitud de extradición por parte de JUL. ya está
lista. |
| José Vicente Castaño
Gil |
'El Profe' |
Hermano mayor de Carlos
Castaño. Aseguran que es un estratega militar que no
maneja ningún bloque pero que posee un ejército
personal de más de 200 hombres y que cumple cada vez
más un papel de liderazgo. Miembro del estado mayor
de las AUC y del equipo negociador desde el año pasado.
Figura en expedientes que lo vinculan con los hermanos Víctor
Manuel y Miguel Ángel Mejía, 'Los Mellizos',
del cartel del norte del Valle. Según la Fiscalía,
'El Profe' recibió de Los Mellizos 2.000 millones de
pesos por permitirles el negocio de la droga en Arauca. Figura
en la lista de JUL. de grandes narcos. Tienen una resolución
de acusación por homicidio agravado y terrorismo. |
| Diego Murillo Bejarano |
'Don Berna' o 'Adolfo Paz'
|
Tiene a su mando los bloques
Nutibara (desmovilizado) y Pacífico, aliado con el
Calima, con cerca de 600 hombres. Hay una orden de captura
en su contra por secuestro extorsivo. Aparece como el inspector
general de esa organización al margen de la ley. Antes
de llegar a las AUC hizo parte del grupo Perseguidos por Pablo
Escobar (Pepes), que se conformó tras el asesinato
de los hermanos Galeano -narcotraficantes y jefes de 'Don
Berna' durante la década de los 80- asesinados por
Escobar en La Catedral. Posteriormente, pasó a manejar
un grueso grupo de sicarios de la extinta banda La Terraza
de Medellín y, tras conflictos internos, se refugió
en el campamento de Castaño. Está en la lista
de grandes narcotraficantes |
| Sin datos |
Hernán Hernández' |
Aparece en el organigrama
de las AUC como el director general del Bloque Calima, integrado
por cuatro frentes: el Ortega, el Quimbaya, el Occidente y
Héroes de Tolová. Su zona de influencia está
en los departamentos de Cauca, Quindío y Valle del
Cauca. Se cree que tiene bajo su mando cerca de 400 hombres
en armas. Su hombre de confianza es Mario Rodríguez,
jefe político de ese bloque. |
| Iván Roberto Duque
Gaviria |
'Ernesto Báez' |
Ex dirigente político
del Magdalena Medio y, según las autoridades, ideólogo
del denominado partido 'Morena'. Se identifica como el comandante
político del Bcb. Hace presencia a lo largo del río
Magdalena desde el sur de Bolívar hasta cerca de Magangué
(Bolívar). La Fiscalía le dictó medida
de aseguramiento, por el asesinato del concejal de Aguadas
(Caldas) Francisco de Paula López, ocurrido el 30 de
diciembre del 2001. Tienen una orden de captura y dos resoluciones
de acusación por doble homicidio y secuestro extorsivo. |
| Lorenzo González Quinchía |
'Javier Montañez'
o 'Macaco' |
Tiene una orden de captura
por concierto para delinquir. Tiene 34 años. Es el
comandante de un ejército de 5.000 hombres, aglutinados
en el Bloque Central Bolívar (BCB). Aunque inicialmente
solicitó una mesa de diálogos independiente,
en marzo pasado aceptó ingresar a la de las AUC. |
| Sin datos |
'Julián Bolívar'
|
Pertenece a la cúpula
del Bloque Central Bolívar y en documentos de JUL.
Es señalado como narcotraficante. Su verdadera identidad
no se conoce. Fue él quien se encargó de la
toma a Barrancabermeja para desterrar a las milicias del ELN. |
| Ramiro Vanoy Cuco |
'Cuco' |
Tiene cerca de 50 años.
Informantes de la DEA aseguran que se inició como esmeraldero
en la zona de Muzo (Boyacá). También señalan
que trabajó para Pablo Escobar y que posteriormente
organizó un ejército privado de cerca de 400
personas que a principios de los 90 entró a formar
parte de las Auc. Inicialmente, su área de acción
era Jamundí (Valle) pero luego se trasladó a
Antioquia, donde tiene influencia en Caucasia y Tarazá.
Es uno de los comandantes de las AUC con mayores recursos
económicos que, según informes de inteligencia,
provienen del narcotráfico. Aparece en la lista de
extraditables solicitados por JUL. |
| Miguel Arroyave |
|
El mismo reconoció
que maneja las llamadas 'oficinas de cobro' en los sanandresitos
de Bogotá. Según él, tiene bajo su mando
5.600 hombres en Boyacá, Cundinamarca, Meta, Guaviare
y Casanare. Estuvo detenido por enriquecimiento ilícito
y figura con una orden de captura cancelada, por el delito
de narcotráfico. Documentos no oficiales -incluido
uno de JUL.- lo señalan de ser un importante narcotraficante
versión que él y demás comandantes niegan.
Tiene dos órdenes de captura por hurto de ganado y
paramilitarismo. Un pariente cercano (dice que su primo) está
en la lista de grandes narcotraficantes. Está enfrentado
a las Autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de Martín
Llanos, quien permanece al margen de la negociación
con el Gobierno Uribe |
| Guillermo Pérez |
"Memo Fantasma"
|
Jefe Frente Libertadores
del Sur - Nariño, de 700 hombres. Investigación
Fiscalía por incautación 11 toneladas de coca,
febrero 2002. Está en la lista de grandes narcotraficantes. |
| Éver Cobos |
"Diego Vecino" |
Jefe Bloque Norte, cercano
a Salvatore Mancuso, fundador de las AUC; opera en San Onofre
y María La Baja. |
| Pablo Mejía |
Pablo Arauca" |
"Jefe Bloque Vencedores
de Arauca |
| Sin dato |
"Francisco Tabares" |
Jefe Autodefensas de Santander
y sur del Cesar. Se le atribuyen masacres en el nororiente
de Barrancabermeja. |
| Sin dato |
Guillermo Torres |
Jefe Autodefensas Campesinas
de Meta y Vichada. Tiene bajo su mando 1.500 hombres. |
| Sin dato |
"Rafael Mesa" |
Jefe AUC del Putumayo |
| Sin dato |
"Rafael Mesa" |
Jefe AUC del Putumayo |
| Sin dato |
"Gabriel Galindo" |
Comandante Político
Bloque Pacífico |
| Sin dato |
"Ramón Mojana" |
Miembro del Bloque Norte |
| Sin dato |
"Gabriel Zapata" |
Miembro del Bloque Mineros |
| Sin dato |
"Daniel Ángel" |
Miembro del Bloque Héroes
de Granada |
Fuente: Periódico El Tiempo, Bogotá
Instalación oficial de la mesa de negociación
El 1º. De julio, se protocolizó la firma
oficial de negociación del Gobierno colombiano y las AUC,
que tendrá como efecto la desmovilización, en el
2005, de al menos 15.000 combatientes de ese grupo ilegal armado.
El acto duró dos horas que contó con
la presencia de más de 700 invitados; tanto el gobierno
como las AUC aceptaron que uno de los temas más polémicos
de la negociación es el cese de hostilidades.
La representación diplomática fue
reducida; estuvieron los embajadores de Panamá y El Salvador,
el nuncio apostólico Beniamino Estella, el agregado militar
de la embajada de Estados Unidos, William Greiff, y un agregado
del gobierno de Costa Rica. No asistió ningún representante
de la ONU, ni de países de la Unión Europea. Con
esta actitud se puede inferir que la comunidad internacional prefiere
observar con cuidado el proceso y exigir un real compromiso de
los paramilitares.
El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el
jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, el obispo de Montería,
Julio César Vidal Ortiz, y Sergio Caramagna, delegado de
la OEA pidieron a la comunidad internacional un acompañamiento
más decidido en estas negociaciones.
Asistieron 7 congresistas, 3 gobernadores, algunos
dirigentes gremiales y 2 directivos de ONG promotoras de paz.
Muchos de los asistentes eran desmovilizados del Bloque Cacique
Nutibara, cien paramilitares mutilados y ataviados con camisetas
blancas y sudadera negra y unos 40 niños de las escuelas
de la región.
En la tarima de madera estaban el Alto Comisionado
de Paz, Luis Carlos Restrepo, Salvatore Mancuso, máximo
jefe de las AUC, el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt,
el vicecanciller Camilo Reyes, Sergio Caramagna, delegado de la
OEA y siete miembros más de la cúpula de las AUC.
El Alto Comisionado de Paz, insistió en su
discurso en que la zona de Ubicación deber servir principalmente
para el cumplimiento del cese de hostilidades por parte de las
AUC, el abandono de sus actividades ilícitas, y en la necesidad
de fortalecer los mecanismos de verificación:
"Llegó la hora de la verdad. En la
medida en que las autodefensas cumplan con este compromiso se
abre la posibilidad para una interlocución seria (...)
El cumplimiento efectivo y real del cese de hostilidades así
como el abandono de las actividades relacionadas con el narcotráfico
constituye un imperativo para la legitimidad y credibilidad del
proceso en marcha".
Además, tomaron la palabra el ministro Pretelt,
monseñor Vidal, y Miguel Ángel Clavijo, uno de los
combatientes mutilados y exhortaron a que el país apoye
el proceso.
Luego habló el gobernador de Córdoba,
Libardo López Cabrales, quien afirmó que el proceso
no debe terminar con la entrega de las armas, sino con el pacto
de políticas sociales.
El discurso de las AUC
Salvatore Mancuso, máximo jefe de las AUC,
luego de una amplia justificación sobre el nacimiento,
desarrollo y existencia de su organización como estrategia
de defensa del Estado frente a los ataques guerrilleros y cumplimiento
de la orientación de Dios, planteó la siguiente
agenda básica, para la negociación con el gobierno
nacional:
1) Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, redefinición
y verificación del cese de hostilidades.
2) Implementación y aplicación de políticas
integrales de seguridad democrática, en las regiones de
influencia de las Autodefensas Campesinas.
3) Definición, ubicación y reglamentación
de las zonas de concentración.
4) Erradicación y sustitución de cultivos ilícitos,
en las zonas de influencia de las Autodefensas Campesinas.
5) Seguridad jurídica, derechos civiles, políticos
y garantías de reincorporación a la vida civil.
Acerca de los temas de verdad, justicia y reparación,
los cuales han sido reclamados con insistencia como puntos centrales
de la negociación, por las entidades de Derechos Humanos,
Mancuso expresó que estos temas se abordarán con
"la mesura y desaprensión propias de quienes no
nos sustraemos ni a los imperativos éticos y jurídicos
del Estado Social de Derecho, ni tampoco a las concesiones o excepciones
que el gran consenso nacional aconseje, con respecto a la prelación
del interés supremo de la paz y la reconciliación".
Mancuso señaló que las AUC harán
su propia transformación para convertirse en fuerza política:
"Para eliminar toda posibilidad que conduzca
a un nuevo resurgimiento de la opción armada antisubversiva,
nosotros como Autodefensas Campesinas avanzaremos, no hacia la
desaparición como Organización, sino hacia la transformación
en un movimiento político de masas a través del
cual la retaguardia social de las Autodefensas pueda constituirse
en una alternativa democrática que defienda, custodie y
proteja los intereses, derechos y demandas de nuestras comunidades
ante los poderes del Estado".
Según Mancuso, con la apertura formal del
proceso de negociación, "damos hoy un paso definitivo
hacia la paz total" y expresó "no queremos más
guerras entre hermanos".
Los pasos siguientes a este acto oficial, el comportamiento
de las AUC, la veeduría de la OEA y el desarrollo mismo
de las conversaciones, mostrarán los verdaderos resultados
de este proceso de negociación que se inicia con una gran
desconfianza y preocupación por parte de la comunidad internacional,
las organizaciones de Derechos Humanos y el movimiento social
colombiano.
*Flor Alba Romero.
Coordinadora Nacional PADH, Colombia. Antropóloga por la
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derechos Humanos.
Ganadora del Premio UNESCO 2000 como Educadora en Derechos Humanos.
Docente universitaria e investigadora.
Descargar
archivo en formato PDF
|
