El malestar social que prima en el país, entre otros factores, se debe a la disconformidad de amplios sectores sociales respecto a las decisiones políticas que tomaban los poderes del Estado y los partidos políticos encumbrados en el poder desde agosto de 1982. Este comportamiento político tuvo efectos drásticos ya que la llamada clase política fue sistemáticamente excluyendo a la sociedad, generando círculos de poder y de intereses económicos que atentaron no sólo los intereses del Estado sino, principalmente, de la sociedad.

El proceso que germinó la emergencia de los movimientos sociales, cuyo momento trascendental fue octubre de 2003, tuvo entre sus demandas principales el de participar directamente en las decisiones fundamentales que hacen al futuro del país, por esa razón se incluyó el Referéndum vinculante, como nueva forma de hacer política y transitar a la llamada democracia participativa. Por supuesto, en el debate nacional previo al desenlace fatídico de octubre el sistema político, en especial los partidos que administraron el Estado los últimos 22 años tuvieron posiciones encontradas sobre el tema, la mayoría tenia reticencia a aceptar, en especial el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que en los últimos días de su gobierno sólo mostró sensibilidad para comprometerse con el Referéndum consultivo y no vinculante como era la demanda de una parte importante de la población boliviana.

El 18 de julio de 2004 se llevará a cabo el Referéndum vinculante sobre el tema hidrocarburífero con características contextuales especiales, por una parte, el país todavía se encuentra sumido en una profunda crisis política cuyas formas de manifestación se vislumbran en la presencia de expectativas diferentes acerca de la política hidrocarburífera, a nivel de los sectores sociales y regiones del país. Empero este será un hecho histórico sin precedentes ya que por primera vez en la vida democrática de Bolivia se ejercitará el derecho de los bolivianos encumbrados en la búsqueda de hacer políticas en un nuevo contexto que podría cambiar drásticamente la concepción y el ejercicio de la política.

El 18 de mayo el presidente Carlos Mesa presentó a la población cinco preguntas alrededor de las cuales se realizará el Referéndum vinculante, tiene esta denominación porque las respuestas de los ciudadanos deberán ser respetadas en las instancias de poder, en especial en el ejecutivo y legislativo, esto quiere decir que las respuestas no sufrirán modificaciones y orientarán el diseño de la Ley de Hidrocarburos que estará a cargo de estos poderes, en particular del legislativo.

La lectura global e integral de las preguntas lleva a realizar algunas consideraciones generales. Por una parte, si bien el presidente Mesa a través de las encuestas tiene un apoyo ciudadano significativo que fluctúa entre el 60 y 70 por ciento, por el contexto de crisis e incertidumbre requiere un espaldarazo de la sociedad que le permita continuar con su gestión gubernamental en particular con los compromisos asumidos en octubre de 2003. Bajo estas circunstancias, es posible afirmar que la intención del presidente es convertir este Referéndum en un plebiscito cuyas expectativas girarían en torno a recibir un apoyo contundente de la población lo cual legitimaría su gobierno y apoyaría la agenda gubernamental hasta la finalización de su mandato.

Por otro lado, el contenido y la orientación de las preguntas no hacen otra cosa que poner en consideración de la población boliviana la política energética plasmada en el anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que presentó el gobierno del presidente Mesa, cuyo objetivo es la venta o monetización de las reservas certificadas hoy en día propiedad de las empresas transnacionales. En consecuencia, el gobierno deriva al Referéndum aspectos centrales de su agenda inclusive, sin ninguna exageración, el futuro de su gestión gubernamental y permanencia del presidente Mesa en la primera magistratura.

Por estas razones, el diseño y las opciones de las preguntas son absolutamente cerradas, esto quiere decir que tienen una fuerte inclinación a inducir a la población por la respuesta afirmativa ya que la opción o respuesta negativa implicaría el aceptar el statu quo, el cual fue ácidamente criticado por amplios sectores de la población a lo largo de los últimos años.

Preguntas del referéndum

1.- ¿Esta usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se aprobó e implementó todo un marco jurídico con la finalidad de cambiar drásticamente las reglas del juego favoreciendo con creces la radicatoría de las empresas petroleras extranjeras y, asimismo, permitiendo la concesión o transferencia de la propiedad de la producción en boca de pozo a favor de las mismas. Este marco jurídico está conformado por la Ley de Hidrocarburos No. 1689, promulgada el 30 de abril de 1996, la Ley de Hidrocarburos No. 1731 del 26 de junio de 1996, el Decreto Supremo No. 24806 del 4 de agosto de 1997 y el contenido de los Contratos de Riesgo Compartido.

La primera pregunta resuelve la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689, empero es insuficiente porque quedan intactos otros componentes del mencionado marco jurídico, en particular la Ley 1731 cuya característica es la de efectuar una atípica clasificación de Hidrocarburos existentes y nuevos con connotaciones adversas en materia de captación por concepto de regalías, las primeras cancelan el 50% mientras que las segundas sólo el 18%, quedando afectado el Tesoro General de la Nación ya que deja de percibir ingresos por un monto equivalente al 32%. Por esta situación, se considera insuficiente la primera pregunta y urgente también la anulación de esta Ley. El gobierno señaló que en esta fase no se puede incluir otra pregunta ni efectuar modificaciones a las planteadas, por lo tanto, el escenario futuro apropiado tendrá que ser el Parlamento, cuando se discuta la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos deberá anularse la ley 1731.

Una vez finalizado el Referéndum la siguiente fase consistirá en el diseño, debate y aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos en el Parlamento nacional, con alguna participación e influencia del ejecutivo. La aceptación de la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 quiere decir que la población se pronunciará rechazando contundentemente los objetivos y contenidos de la misma, por esa circunstancia no se tendría que admitir ninguna semejanza o aproximación conceptual en la ley que se aprobaría en el Parlamento.

Lo contrario sería concurrir formalmente al Referéndum para que próximamente el Congreso nacional ratifique la intencionalidad y contenido de la ley abrogada, en ese sentido sería conveniente que el anteproyecto de Ley presentado por el presidente Mesa sea completamente anulado porque incluye aspectos relevantes de la ley No. 1689, en especial el espíritu liberal y privatizador de las diferentes fases de la cadena hidrocarburífera.

2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?

La aprobación del marco jurídico vigente se dio en un contexto de violación flagrante a la estructura jurídica vigente en el país, en particular al artículo 139 de la Constitución Política del Estado que suscribe el derecho de propiedad de los recursos hidrocarburíferos a favor del Estado boliviano. El decreto Supremo No. 24806 y la tercera cláusula de los Contratos de Riesgo Compartido conceden o transfieren propiedad de la producción en boca de pozo a favor de las empresas transnacionales.

En los primeros meses de su gobierno el presidente Mesa derogó el Decreto mencionado que hace hincapié sobre todo en la concesión de propiedad de la producción en boca de pozo a favor de las empresas extranjeras, empero el concepto continua vigente porque las empresas están respaldadas por los Contratos de riesgo compartido.

En esta perspectiva esta pregunta se puede reflexionar en tres dimensiones, la primera, si la respuesta es afirmativa el Estado boliviano recuperará el derecho de propiedad, empero es importante advertir que si bien nominalmente esto ocurriría desde el momento de la promulgación de la próxima ley de Hidrocarburos en los hechos será con posterioridad, por un lado, cuando fenezca el plazo de vigencia de los Contratos de Riesgo compartido, es decir, aproximadamente, a partir de 2036 y, por otro lado, podría ser antes siempre y cuando las empresas extranjeras concreten proyectos de venta de gas natural en un plazo perentorio, si este fuese el caso se abrirían posibilidades para el descubrimiento de nuevas reservas de gas natural.

La segunda dimensión, como señalaron insistentemente varias autoridades gubernamentales, en especial el Delegado Presidencial para la Mejora y Revisión de la Capitalización, Francesco Zaratti, los 78 contratos de riesgo compartido, vigentes hoy en día, no sufrirán variaciones de ninguna naturaleza, es decir se respetarán el espíritu, contenidos y propiedad a favor de las empresas petroleras extranjeras, en otras palabras el Estado boliviano garantiza la seguridad jurídica a favor de las transnacionales.

Tercera, la pregunta es taxativa al señalar la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo. Recuperar significa volver a tener algo que se había perdido, en consecuencia si la respuesta es afirmativa el mandato que tendría el Ejecutivo y Legislativo es justamente recuperar la propiedad de todos los hidrocarburos. La interpretación de todos sería las que están actualmente certificadas y las que se descubrirían en el futuro. Si se entiende de esta manera el sentido de la pregunta, en la fase posterior al Referéndum cabe aplicar o generar mecanismos pertinentes para recuperar esta propiedad.

En este contexto, esta pregunta resulta ser una de las más relevantes ya que trata el tema de los derechos de propiedad, si bien se pondera la recuperación aunque sea tardía el aspecto que está generando controversia y polémica es el referido a los contratos de riesgo compartido actuales, en estos se cobijan la propiedad de los 55TCF que fueron certificados en los últimos años y claro está los eventuales recursos que se podrían obtener por los mismos en la medida de prosperar algunos proyectos, en especial los mencionados por el actual gobierno.

Estos son, la consolidación y cumplimiento de las diferentes cláusulas del Contrato de compra y venta de gas por parte del Brasil, la suscripción de un nuevo contrato con la República de Argentina que permitiría la venta de, aproximadamente, 20 millones de pies cúbicos día a partir de 2006 y, asimismo, un contrato de venta a México que implicaría la compra de 30 millones de pies cúbicos día, estos últimos países tendrían interés de comprar gas en los próximos 20 años.

El movimiento de octubre de 2003 y, con posterioridad, algunos sectores sociales tienen una concepción diferente acerca de la recuperación de los hidrocarburos, generalmente asocian con la pertinencia y necesidad de nacionalizar las reservas, es decir transferir a favor del Estado boliviano las reservas certificadas, hoy en día en manos de las transnacionales. Esta percepción acerca de la propiedad permitió que en esta coyuntura se plantee y esté en discusión la probable nacionalización de las reservas certificadas de gas natural.

Acá también es pertinente advertir sobre la orientación de la próxima ley de hidrocarburos. La intención y el contenido de los Contratos de Riesgo Compartido son una de las causales del debate y tensión social que vivió el país a lo largo de los últimos tiempos, esta experiencia debería llevar a cancelar definitivamente Contratos de esta naturaleza. A pesar de estos hechos el anteproyecto de Ley del presidente Mesa incluye un conjunto de propuestas de contratos entre ellos el de Desarrollo Compartido que no es otra cosa que el de Riesgo Compartido, por las connotaciones señaladas es pertinente eliminarlos y rescatar Contratos que en el pasado fueron beneficiosos para el Estado nacional tales como los de Operación y de Asociación e incluir otros que aseguren la propiedad a favor del Estado nacional, es el caso de los Contratos de Producción Compartida, que también propone la ley del presidente Mesa.

3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de hidrocarburos?

La desintegración vertical y horizontal del sector petrolero, en particular de YPFB, la crisis energética que están atravesando la mayoría de los países del MERCOSUR y la búsqueda de un nuevo posicionamiento estatal en el escenario nacional e internacional requiere la fundación de una empresa estatal de hidrocarburos, por supuesto, con una orientación y finalidad empresarial cualitativamente diferente en comparación al pasado.

La crisis energética de los países de Sudamérica y la necesidad de enfrentarlo colectivamente pusieron en el tapete de las decisiones la pertinencia, por una parte, de organizar y fundar empresas estatales en los países cuya privatización significó la casi eliminación de la empresa petrolera estatal, como ocurrió en la Argentina; el presidente Kicshner recientemente suscribió el acta de nacimiento de una nueva empresa de energía y, por otro lado, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia analizando la posibilidad de fundar una empresa petrolera regional, Petroamérica, para, conjuntamente, enfrentar no sólo la crisis sino los intereses entramados presentes en la región por la gran influencia que ejercen las empresas transnacionales del petróleo.

La refundación de YPFB dependería de la respuesta que den los bolivianos acerca de las acciones de las empresas petroleras capitalizadas, resultado de este proceso el paquete accionario de Chaco, Andina y Transredes esta distribuido entre estas empresas, los ex trabajadores que recibieron acciones en sustitución de sus beneficios sociales y los bolivianos, en promedio estos son propietarios del 48% de las acciones. La propuesta gubernamental consiste en aceptar la transferencia de estas acciones para que el Estado boliviano, a través de YPFB, pueda administrarlas. El valor de las mismas ascienden entre 700 y 800 millones de dólares de acuerdo al informe del presidente de la República. El valor de estas acciones respaldarían el inicio de las actividades de YPFB, es decir podría participar de la cadena productiva de hidrocarburos.

Además se requeriría, en un nuevo orden de cosas que quedaría bajo la decisión del Congreso Nacional, revisar los contratos de administración para que YPFB verdaderamente tenga injerencia en la vida de cada una de las empresas, participe en forma real y eficiente en todos los niveles de decisión y asuma los riesgos y beneficios de los proyectos en curso y de los que podría surgir en el futuro. En otras palabras, se debería apostar a un verdadero y genuino resurgimiento de la empresa estatal del petróleo dándole el respaldo político. El anteproyecto de Ley del presidente Mesa contradice este planteamiento, asigna funciones vitales y en cantidad significativa a la Superintendencia de Hidrocarburos de tal manera que ésta tendría mucha potestad en las diferentes fases de la cadena hidrocarburífera, este planteamiento tiene un contrasentido si se tiene la intención de recuperar a YPFB con la solvencia y atribuciones que debería desempeñar.

Asimismo dotarle de mucho poder a la Superintendencia va en contramano a la trayectoria y resultados que obtuvo hasta el momento. La superintendencia debería dedicarse a las actividades centrales para la cual fue creada que es la de regulación, todas las demás funciones tendría que asumir YPFB. Este es otra tema de debate que sin decirlo se deriva al Parlamento para que lo discuta en el momento de la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos.

4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?

Desde la contienda bélica y los tratados de paz suscritos entre los tres países que intervinieron en la guerra del Pacífico, se presenta por primera vez una coyuntura histórica extremadamente favorable para tener una actitud y postura diferente frente a Perú y Chile en torno a obtener una salida soberana al Pacífico. Indudablemente el gas natural, como recurso estratégico del presente y del futuro, posiciona de otra manera a Bolivia y le da un poder de negociación para concretar aspiraciones de la mayoría de la población.

Como el tema es de central relevancia para el país y el mismo no será solucionado en el corto plazo, hubiese sido pertinente que la pregunta más que hacer referencia exclusivamente a la gestión del actual presidente le de el carácter de política estatal, así se ingresaría a otra fase en términos de considerar que el tema no puede ser discutido ni tratado de otra manera por parte de los futuros gobiernos y menos aceptar la discrecionalidad de los mismos como ocurrió en los últimos años.

5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que:
· Cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos,
· Fomente la industrialización del gas en territorio nacional,
· Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y petróleo a favor del país,
· Destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

Esta pregunta resume la propuesta del anteproyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por el actual gobierno, las exportaciones, el consumo interno, el fomento a la industrialización, la mejora de los ingresos a favor del Estado nacional y el uso determinado de los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera son los ejes centrales del mencionado planteamiento.

Exportación

La exportación de gas natural es otro tema de reflexión nacional, las regiones productoras debido a la urgencia de contar con recursos financieros para emprender proyectos que beneficien a su población decidieron y presionan para que se exporte en forma inmediata, en cambio otros sectores sociales con base en la experiencia histórica proponen, por un lado, sentar bases óptimas para la exportación, referidas a precios, regalías, impuestos que, conjuntamente, aseguren un ingreso significativo y, por otro lado, industrializarlo para exportar como valor agregado, el cual redituaría mayores y mejores ingresos.

Si bien este es el debate o las posiciones asumidas por regiones y sectores la pregunta no está orientada a dilucidar la exportación sino más bien da como un hecho que debería viabilizarse en el marco de una política nacional que incorpore varios aspectos.

Consumo interno

Uno de los componentes de esta política es el referido al consumo interno de gas natural, empero no tiene razón de ser. Desde el momento del descubrimiento de la ingente cantidad de reservas de gas natural el Estado nacional asumió como necesidad imperiosa el acceso al consumo de este energético por parte de los ciudadanos bolivianos, por esta razón, está en curso la instalación domiciliaria de gas natural, la conversión de la matriz energética para el parque automotriz y el uso industrial. El problema central que enfrenta el Estado tiene que ver con restricciones financieras y decisiones políticas para que YPFB asuma un rol verdaderamente protagónico en la materialización de estos proyectos.

Industrialización

La industrialización otro tema central que está en el debate nacional, las apreciaciones y expectativas de diferentes sectores discurren por cauces diversos. El movimiento social se inclina fundamentalmente por el diseño de una estrategia y política de industrialización y otros por el fomento a la industrialización, en este grupo está incluido el gobierno. El anteproyecto de ley es contundente al respecto, por una parte, señala la libertad que tienen las empresas para refinar, almacenar e industrializar, por lo tanto, puede o no ocurrir ya que las empresas tomarán decisiones en un marco de irrestricta libertad. Además les concede un conjunto de incentivos para que puedan decidir o no la industrialización del gas natural.

Esta visión no guarda simetría con otras expectativas, esta se centra en el diseño de una estrategia y política de industrialización, la cual debería señalar con claridad la prioridad nacional en el marco de las necesidades nacionales y también dentro de la crisis energética que está viviendo el MERCOSUR. La mayoría de los países están demandando gas natural para su utilización en plantas termoeléctricas, por lo tanto, sería relevante que en esta estrategia se incluya, por ejemplo, una decisión nacional de instalar plantas termoeléctricas en las fronteras con los países limítrofes. Se debería replicar la experiencia del Brasil, en poco tiempo se instalarán plantas termoeléctricas gemelas en territorio nacional y brasileño, asimismo está en curso un proyecto llamado Polo gas/químico para producir un conjunto de derivados cuyo mercado será Brasil.

Impuestos y regalías

Las demandas sociales y la precariedad financiera del Tesoro General de la Nación coincidieron en términos de señalar que las empresas petroleras transnacionales deben aportar al estado boliviano de acuerdo al volumen de las inversiones y las transacciones realizadas. La propuesta del Referéndum gira en términos de que éstas deben pagar hasta un 50% bajo la modalidad de tributos y/o regalías. El gobierno mediante su anteproyecto de Ley propone el establecimiento del Impuesto Complementario de los Hidrocarburos (ICH) cuyo objetivo es el de gravar la primera fase de la comercialización de los hidrocarburos y llegar gradualmente en el tiempo hasta el 32%, que sumando al 18% de regalías se arribaría al 50%.

Además plantea dos opciones, alcanzar el 50% mediante impuestos y regalías y la segunda mediante impuestos o regalías, como se puede apreciar no son equivalentes. La interrogante que surge se centra en identificar la instancia llamada a dilucidar este problema e inclinarse por alguna de las opciones. En el supuesto caso de mejorar los ingresos mediante la elevación de regalías, el gobierno señaló insistentemente que no afectará a los Contratos de Riesgo Compartido vigentes sino a los futuros, por lo tanto también esta posición refuerza la decisión tomada acerca de respetar y no alterar los compromisos contraídos con las empresas petroleras transnacionales.

Además en el planteamiento gubernamental existe una confusión conceptual, regalías e impuestos son dos concepciones diferentes, la primera se refiere al derecho del Estado por cobrar la utilización de recursos naturales no renovables, en cambio el impuesto grava un objeto determinado, por ejemplo, las utilidades de las empresas o la remisión de ganancias al exterior.

Otra lectura tiene una connotación diferente, los sectores sociales mas bien demandan la abrogación de la Ley 1731 y, por lo tanto, la eliminación de la arbitraria clasificación de hidrocarburos nuevos y existentes que tienen fuerte relación con el pago de 18% y 50% respectivamente, de esta manera todos los hidrocarburos pagarían el 50% de regalías.

Destino de los recursos

La utilización de los recursos que provendrán de los proyectos que están en curso y de los probables que se iniciarán en el futuro también es materia de discusión. A lo largo de la historia de Bolivia las materias primas no erigieron un país con una economía y sociedad solventes, mas bien la característica central es su fragilidad, esto se debe al uso de los recursos de las materias primas, generalmente sirvieron para reproducir sistemas de corrupción y prebendalismo, cubrir gastos corrientes, honrar la deuda externa, enviar recursos al extranjero y, en una magnitud menor, potenciar y desarrollar algunas regiones y sectores del país.

Actualmente están presentes lecturas y propuestas en el sentido de que se debe cambiar el curso de la utilización de estos recursos. El gobierno propone orientarlos a salud, educación, caminos y empleo. La mayoría de la población estará de acuerdo con esta priorización, empero en esta lectura no se tomó en cuenta la profunda crisis económica y social, una de las causas es la desestructuración y presencia de niveles acentuados de obsolescencia tecnológica en la mayoría del aparato productivo nacional, hubiese sido conveniente por algún tiempo destinar recursos para solventar y solucionar estas falencias estructurales, así se podría asegurar un aparato productivo con capacidad de absorber inversiones, generar producción, ahorro y empleo, en otras palabras producir un circuito virtuoso que asegure, simultáneamente, viabilidad económica y social.

La priorización realizada por el gobierno no asegura que el uso de los recursos en empleo rompa con la situación actual de insistir en inversiones que producen empleo eventual. Por otro lado, la experiencia de la reforma de la educación tendría que ser una alerta ya que se gastaron recursos provenientes del Banco Mundial, bajo la forma de crédito externo, con resultados que no son los mejores. Entonces es conveniente tener una extrema cautela en el uso y las prioridades de los recursos hidrocarburíferos. Inclusive se debe rechazar terminantemente e implementar mecanismos de control para que no se utilicen en gastos corrientes ni en cubrir el actual déficit fiscal como señala el anteproyecto de Ley de Hidrocarburos propuesto por el presidente Mesa.

En conclusión, como decíamos anteriormente, el gobierno imprimió al Referéndum un carácter que puede convertirlo en plebiscito, si la votación arrojaría en forma mayoritaria la respuesta afirmativa el presidente y su gobierno obtendrían un espaldarazo fundamental lo que permitiría encaramarse en la solución de los problemas centrales del país, así como en la organización de la Asamblea Constituyente.

Después de Octubre de 2003 se pensó que el Referéndum sobre Hidrocarburos iba a solucionar los temas que se pusieron en la mesa del debate, empero por la forma como se diseñaron las preguntas y se orientó el Referéndum es improbable que las respuestas solucionen uno de los temas mas candentes de la última época, mas bien este cuadro deriva para su solución al Congreso Nacional, cuyo mandato fundamental será el de diseñar y aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos, por lo tanto, en esta instancia tendrán que discutirse y solucionarse aspectos centrales de la futura política energética.

La abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 debería tener una lectura contundente, la población no está de acuerdo con el objetivo y contenidos de la misma, es decir con el espíritu liberal y privatizador de la industria petrolera. Esta interpretación debería primar en el Parlamento, el riesgo que se tendrá es que existirán corrientes con la intención de introducir en la nueva ley objetivos, conceptos y contenidos que tuvieron implicaciones adversas para la Industria Petrolera de Bolivia, es el caso de la privatización y entrega del excedente económico a las empresas transnacionales, la fractura de la cadena hidrocarburífera para beneficiar a estas y la casi eliminación de YPFB. Este es un probable escenario que se diseñaría después del Referéndum, para evitar es fundamental que las organizaciones sociales y regionales estén en alerta permanente.

La propiedad de los hidrocarburos es otro tema que quedará pendiente después del Referéndum, el gobierno insistió que la pregunta dos no afecta a los 78 Contratos de Riesgo Compartido que en la actualidad están vigentes. Algunos sectores sociales consideran que esta propiedad debería ser afectada en términos de recuperar a favor del Estado nacional, como esto no ocurrirá, en los sectores sociales esta presente la probabilidad de la nacionalización, expropiación o recuperación de estas reservas certificadas que ascienden a 55 TCF. En consecuencia, el Referéndum dejará esta posición latente, en el tiempo podría diluirse o tomar mayor cuerpo en el conjunto de la población, dependerá no sólo de los resultados del Referéndum sino de la actitud que asuma el Congreso Nacional en torno a la aprobación del contenido de la nueva Ley de Hidrocarburos.

La nacionalización, expropiación o recuperación real es una decisión política, para tal efecto se requiere un población movilizada a lo largo y ancho del país, un gobierno comprometido con esta decisión y un convencimiento del peso específico de las empresas petroleras extranjeras en el país y en el MERCOSUR ya que sus intereses están internacionalizados y conforman un entramado de reproducción de intereses y de ganancias.

*Carlos Villegas Quiroga. Economista. Director del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA).

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